Retrocederíamos al año 2006 con la supuesta orden sobre la circulación de vehículos oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) sin logos de la institución. La medida estaría basada en la protección de los uniformados, tras los últimos ataques que han sufrido con granadas y armas de alto calibre en manos de antisociales.
Con la decisión se estaría violando el artículo 66 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, la cual entró en vigencia el 7 de diciembre de 2009, y que fue publicada en Gaceta Oficial 5.940, luego del trabajo que realizó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) en los años 2006, 2007 y 2008. El mencionado artículo dice lo siguiente:
De la identificación Artículo 66.
”Los funcionarios policiales están obligados, durante el ejercicio de sus funciones, a utilizar los uniformes, insignias policiales y equipos autorizados, así como portar los documentos de identificación que los acrediten como funcionarios. El uniforme, insignia policial y equipo autorizado deberán encontrarse debidamente identificados de modo visible, con mención expresa al funcionario y cuerpo de policía al cual pertenece, estando obligados a identificarse a solicitud de las personas. Quedan a salvo las normas especiales sobre agentes encubiertos e inteligencia policía”.
Desde que ocurrió la masacre de tres estudiantes de la universidad Santa María en el barrios Kennedy de Las Adjuntas, en Caracas, se prendieron las alarmas sobre la identificación o no de los funcionarios policiales, señala el director de la ONG Paz Activa Luis Cedeño.
Ese 27 de noviembre de 2005 personas sin distintivo alguno y encapuchados asesinaron a Eric Montenegro, Leonardo González y Edgar Quintero e hirieron a tres mujeres que los acompañaban. Posteriormente se supo que los homicidas eran de la policía científica. Dos de los tres asesinados presentaron orificios producto del paso de los proyectiles disparados por armas de fuego a próximo contacto, (menos de 1 metro de distancia).
“De ese caso devino en la ley que todos los cuerpos de policía nacional debían estar uniformados y debían tener nombres en su uniforme para justamente evitar esos anonimatos, porque detrás del anonimato se esconde el abuso de autoridad o la violación de derechos humanos, por eso se estableció de esa manera”, indicó Cedeño.
El sociólogo no cree que la medida de no circular con logos se estaría aplicando para proteger a los funcionarios de ataques. Advirtió que la no identificación contribuye a que “los delincuentes se mezclen con los policías; entonces nadie va a saber exactamente cuando uno de estos cuerpos de seguridad, que no está identificado y se le acerque a la ciudadanía, la gente podría confundirlos con antisociales, como ha pasado, pudiendo generarse situaciones delicadas como un intercambio de disparos sin necesidad”, afirmó.
De hecho, para evitar esto, en la reforma policial, se estableció un solo logotipo para las policías y un uniforme que se diferenciaba entre estadales o municipales, sólo por el color.
Para Luis Cedeño, “esto sería un retroceso porque ya sabemos que cuando no existía la identificación eso generaba una cantidad de problemas, sería regresar y que esos problemas vuelvan a aparecer y por ende aumente la violación de derechos humanos así como las muertes por resistencia a la autoridad”, agregó el director de la ONG.
Esa mezcla entre funcionarios y antisociales, que podría dar el anonimato como menciona Luis Cedeño, lo vivieron los venezolanos en febrero de 2006 cuando en una supuesta alcabala de la Policía Metropolitana (PM) en el sector Vista Alegre, se produjera el secuestro de Jhon, Kevin y Jeison Faddoul de 17, 13 y 12 años de edad respectivamente y su chofer Miguel Rivas.
El 4 de abril de ese mismo año fueron localizados muertos en una localidad del estado Miranda. Cuatro funcionarios de la PM y otras nueve personas fueron condenados a 30 años de prisión. Otros cuatro civiles asumieron los cargos y su sentencia fue menor.
El pasado domingo, la Coordinación Nacional de Investigaciones Penales del Cicpc ordenó a todas las divisiones y subdelegaciones del área metropolitana de Caracas la prohibición de circular las unidades de la policía científica, debido a los ataques con granadas ocurridos durante el fin de semana.
Fuente: El Estímulo
