La Ley establece de 10 a 15 años de prisión para quien cometa ese delito
El pasado 3 de abril ante el Grupo Antiextorsión y Secuestros de Carabobo fueron denunciados seis funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia que pretendían cobrar una fuerte cantidad de dinero a un comerciante chino, de apellido Mok, a cambio de no abrir una investigación por la importación de nueve contenedores que se encontraban retenidos en Puerto Cabello.
"Tenían una copia del manifiesto de importación y alegaron que presentaba una serie de irregularidades (...) me informaron que iban a abrir una averiguación (...) luego me hacen una observación de que el 'chinito' les agradó y que podíamos llegar a un acuerdo", declaró la denunciante, que es la administradora del comerciante, ante el Gaes, señalando además la cantidad de dinero que le solicitaron.
Las extorsiones se basan en un esquema que suplanta la autoridad para la obtención de algún beneficio económico. Cuando son cometidas por funcionarios del Estado, suceden porque estas personas utilizan su autoridad para tener el control y ejercer algún tipo de presión, fue una de las consideraciones del sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, quien advirtió que este tipo delictivo utiliza mecanismos de presión muy perversos.
"Para cada tipo de extorsión hay una víctima y lo que sucede en casos en el interior, en zonas rurales, es que se aprovechan de personas de bajos recursos que se ven obligados a conseguir sumas de dinero a cambio de que no les agredan a un familiar", explicó Cedeño.
Otro de los casos reportados este año fue el de Félix Ezer Hidalgo, un comerciante que fue secuestrado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en el kilómetro 12 de El Junquito el pasado 6 de abril, cuando llegaba a su casa.
Al día siguiente su esposa coordinó con las autoridades del Gaes un pago controlado que se efectuaría en la Plaza Catia y para el momento en que iban a entregar el dinero, se percataron de que eran los oficiales Stevenson Gregorio Carrillo Ospino y Richard Adrián Zambrano Pincay.
La víctima en su declaración contó que lo mantuvieron secuestrado en una sede de la PNB en Catia y que varios uniformados se percataron de la irregularidad.
"Cada cuerpo de seguridad tiene una dirección que se encarga de supervisar a los funcionarios y sus actuaciones y sancionar a administrativamente a los que incurran en faltas o delitos", expresó el comisario Vicente Álamo, ex subdirector del Cicpc.
El experto indicó que parte de la solución del problema es incentivar la denuncia por parte de las víctimas.
"La gente a veces no denuncia, pero debe saber que si no lo hace, el funcionario se siente impune, mientras que si las víctimas acuden a los organismos de seguridad, el funcionario sabe que será sancionado y terminará preso", dijo.
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