jueves, 16 de octubre de 2014

Luis Cedeño: Ley Desarme no sirve de nada sin aplicación de la normativa

Publicado el Jueves, 16/October/2014

El director de la asociación Paz Activa, Luis Cedeño, declaró en exclusiva a El Diario de Caracas, que el establecimiento de la Ley Desarme no "serviría de nada" sin aplicación de la normativa, además de que el gobierno no ha correspondido con la entrega de beneficios prometidos a cambio de la entrega de armas. "La Ley Desarme se aprobó y fue no hace mucho que se aprobó la normativa, sin la normativa la Ley no serviría de nada... El Ejecutivo activó los centros de recolección de amas y se recolectaron armas en esos centros, pero lo que no ha sido muy claro es conocer cuáles son los beneficios. Se habla de algunos que recibieron motos, algunos otros han pedido como beneficio operaciones médicas, o becas, o inclusive, apartamentos, cosa que obviamente no se ha dado".



"El tema del beneficio otorgado es complejo porque dentro de la normativa se dio como una gran amplitud, en cuanto al tipo de beneficios que se pudiera otorgar, entonces allí hay un vacío en la normativa que puede generar mucha incertidumbre, a lo que uno puede pedir o no, con respecto al entrega de un arma voluntariamente", aseveró.

Cedeño añadió que en términos de resultados, se han recolectado casi 750 armas, "en las dos semanas que lleva esta política, es una Ley y en teoría se debe mantener como programa del Estado para recolectar armas… 750 armas es un número, digamos, modesto, porque no sabemos exactamente todavía a estas alturas, no sabemos realmente cuántas armas hay en el país".

"En realidad a sabiendas que el Estado ha sido el único importador de armas, de suma importante, cerca del 95% de todas las armas que se han traído al país en los últimos 30 años, las ha traído el Estado, en base a ese cálculo, se estima que en Venezuela no hay más de 3 millones de armas… Lo grave es que tengamos un número realmente muy pequeño de armas registradas, se hablaba de 75 mil a 100 mil armas permisadas, frente a 3 millones, eso es muy poco", advirtió.

Aseguró que las armas están en diversas manos, las que pertenecen en "manos legales" al Estado y en las Fuerzas Armadas, y también las están en "manos ilegales", pero se desconoce en qué proporción. "Podemos decir que puede haber un número importante cerca del millón y medio, dos millones de armas que pueden estar no reguladas".

"Lo que se estima en algunos esfuerzos de cálculo que se han hecho en otros países, es que para tu disminuir la estadística en un homicidio se debe recolectar y destruir 7 armas de fuego. Ahora, si el Estado o el gobierno mediante esta Ley y este programa ha recolectado hasta ahora 700 armas más o menos, eso significa que podemos esperar una reducción el año que viene de 100 muertes, 100 homicidios menos… Claro, eso es apenas digamos solo el comienzo del programa", estimó.

Cedeño sostiene el planteamiento de que "hay que apostar el éxito del desarme, las personas que tienen armas que no son parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que son personas civiles, y que las tengan legal o ilegalmente, realmente esas armas no los protegen, está comprobado que se tiene 10 veces más posibilidades de terminar muerto frente a un delincuente si estás armado, que si no lo estás, si estás armado no le das ningún tipo de opción al delincuente sino de matarte, inclusive con tu propia arma. Por eso creemos desde Paz Activa que una sociedad con menos armas es una sociedad más segura".

El Diario de Caracas

lunes, 13 de octubre de 2014

Venezuela es blanco de las balas perdidas

191 cadáveres han sido ingresados a la morgue de Bello Monte en lo que va de mes | Foto Archivo

Un estudio de la ONU indica que entre 2009 y 2013 hubo por lo menos 67 víctimas, casi el doble de los reportados en Colombia

JAVIER IGNACIO MAYORCA
12 DE OCTUBRE 2014 - 12:01 AM

Hace dos años y cinco meses que un proyectil anónimo cercenó a la familia Molina. La bala presumiblemente salió de un arma disparada por uno de los guardias nacionales que intentaba retomar el internado judicial de La Planta, en El Paraíso.

Henry Molina, de 48 años de edad, estaba en la habitación de su apartamento, en el piso 9 de las residencias Las Piedras, en la avenida Oeste 18, a 300 metros del lugar donde ocurría la refriega. Se asomó por una de las ventanas y el proyectil lo impactó en la cabeza.

El hombre murió en el hospital Vargas. Era mensajero jubilado del Ministerio de Finanzas. Al conocer la noticia, su mamá María Ropero quedó postrada en medio de una profunda depresión. Sus familiares aún corren con los gastos del tratamiento.

En ese caso las instituciones del Estado no determinaron responsabilidades. Tampoco ayudaron a los deudos. Lourdes Molina, hermana de la víctima, recordó que la ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, les aseguró que la familia sería indemnizada. Durante un mes hubo conversaciones con un abogado de ese despacho.

“Esto se quedó en el olvido. Ellos querían que les rindiéramos pleitesía”, afirmó.

En el apartamento aún hay dos ventanales rotos por igual número de proyectiles disparados en esa batalla campal. Dos fotografías en el recibo del inmueble recuerdan a la víctima de la bala perdida.

Venezuela primero. Un informe de la Organización de Naciones Unidas presentado en junio pasado revela que los cuerpos de seguridad latinoamericanos son responsabilizados por 14% de las muertes por balas perdidas, como la que mató a Henry Molina.

El documento “Análisis de los reportes de medios sobre muertes y lesiones ocasionadas por balas perdidas en Latinoamérica y el Caribe (2009-2013)”, fue elaborado a partir de las noticias divulgadas por la prensa escrita de 29 países.

En esos 5 años fue posible documentar 550 reportes en los que alguna persona murió o fue herida a consecuencia de proyectiles que inicialmente no iban dirigidos hacia esas personas. En total se registraron 617 víctimas. De ellas 292 resultaron muertas. De todos los países revisados, Venezuela acumuló la mayor cantidad de casos reportados, con un total de 74, así como el número más alto de muertes por esa causa, al reportar 67 víctimas. Llama la atención que la cifra de fallecidos en el país es 86% más alta que la correspondiente a Colombia, que aparece en el segundo lugar en el estudio.

El director de la asociación Paz Activa, Luis Cedeño, dijo que las cifras de muertos por balas perdidas son consistentes con las tasas de homicidios de cada país. En el caso venezolano, dijo que la alta cifra de víticmas con respecto al resto de Latinoamérica podría ser consecuencia del uso generalizado de municiones de guerra tipo parabellum, tradicionalmente fabricadas por Cavim.

“En otros contextos esta munición no se usa tanto, sino que se le da preferencia a la de baja velocidad y más poder de parada. La idea es detener al agresor. La munición parabellum tiende a atravesar al objetivo y sigue”, explicó.

Indicó que la gran cantidad de muertos y lesionados por balas perdidas es un indicador de la alta disponibilidad de municiones, lo que permite usos “recreativos” tales como hacer disparos al aire durante celebraciones.

De las víctimas reportadas en Venezuela, 61% fueron de sexo masculino. Eso es 8% más que el promedio de víctimas de ese género en los años analizados en los países de la región.

En cuanto a las edades de las víctimas, 47% tenía menos de 18 años. 30% era de entre 19 años y 29 años de edad.

En la mitad de los casos de Venezuela se desconoce quién pudo haber disparado. Otro 32% de los reportes atribuyó las balas perdidas a luchas entre bandas, y 4% a la actividad del crimen organizado.

Llegar al origen. América Latina es la región del mundo que acumula la mayor porción de homicidios con 27%. Según ONU, eso es en parte consecuencia de la gran cantidad de armas que circula por esa región sin control alguno.

“Con tales niveles de violencia armada resulta comprensible que muchas balas disparadas no impacten su destino previsto y terminen hiriendo o matando a personas inocentes”, indica el informe.

Para el exjefe de la División contra Homicidios del Cicpc comisario Luis Godoy, las pesquisas sobre muertes por balas perdidas tienen especial dificultad, pues no existe un nexo entre el victimario y su víctima. Se determina que el deceso fue ocasionado por una bala perdida cuando se ve una trayectoria balística que generalmente es descendente en el cuerpo de la víctima.

“Esos casos son muy frecuentes en los días de Navidad y Año Nuevo. La gente sale a echar tiros al aire sin pensar que todo lo que sube tiene que bajar, y en este caso con la misma velocidad que tenía cuando subió”, explicó.

Las pesquisas en estos casos intentan determinar cuál pudo ser el punto de origen del disparo, utilizando cálculos de trayectoria balística que parten desde el punto donde cayó el proyectil mortal.

Además, las balas generalmente tienen marcas a los lados hechas por el cañón del arma. Se les conoce como campos y estrías. Eso permite determinar el tipo de arma que las expulsó. También contribuye a precisar el punto de origen.

Una vez hecho el cálculo, los investigadores hacen un trabajo de campo en el sitio donde se supone que salió el tiro. Las balas perdidas en su mayoría fueron disparadas por personas descuidadas, que no esperan que un agente policial toque a su puerta.

La cifra

22,9% de todas las muertes por balas perdidas reportadas en Latinoamérica durante el lapso 2009-2013 ocurrieron en Venezuela

Sorprendidos

* 1° de enero. En La Pedrera de Antímano y en la laguna de Catia fueron reportados heridos por balas perdidas. En el último caso, la víctima fue un niño de 11 años. El proyectil se alojó en un pulmón.

*19 de marzo. En el piso 8 de la clínica Asistanet una bala perdida chocó en el marco de una puerta e hirió a una empleada.

*25 de abril. Aida Alzuru de 72 años de edad murió luego de ser alcanzada por un proyectil cuando recogía la ropa en su casa de la calle 18 de El Valle.

*2 de junio. Una bala perdida hirió a Naybelis Zambrano de 11 años de edad cuando caminaba hacia su casa en Nueva Cúa. Murió luego de cuatro días de agonía en el Pérez Carreño.

*13 de junio. Proyectil entró a vivienda en el barrio Unión de Petare e hirió en la frente a una niña de ocho años de edad que estaba acostada.

* 27 de julio. Nayibis Carolina Riera, de 27 años de edad, murió al ser alcanzada por bala perdida en la espalda, en la zona sur de Cabimas.

* 17 de septiembre. Murió niña de un año de edad al ser impactada por proyectil perdido en Colinas de la Guacamaya, Valencia.

lunes, 6 de octubre de 2014

Expertos piden no apresurar conclusiones sobre sicariato

Mientras se adelantan las investigaciones del homicidio del legislador Robert Serra, y su compañera, voceros oficiales señalan que fue un grupo de sicarios el que lo mató.



Caracas.- Horas después del asesinato del diputado Robert Serra y su acompañante, voceros  del Gobierno insistieron en adelantar que este hecho fue ejecutado por sicarios.   

No es la primera vez que esto ocurre. Tras el  homicidio  del concejal Eliézer Otaiza en abril  pasado, el jefe de Estado, Nicolás  Maduro, lo calificó de político y posteriormente el 30 de abril -durante un acto en Propatria-  dijo que fue un caso de sicariato. La investigación posterior demostró que un grupo de delincuentes lo había cometido.   

Algo similar ocurrió tras  las manifestaciones del 12 de febrero, cuando Juan  Montoya, coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela, -que agrupa a colectivos de Caracas-, recibió un impacto de bala que segó su vida.  En ese momento el presidente del parlamento,  Diosdado Cabello, apuntó que se trataba de un asesinato  perpetrado por el fascismo.  

Especialistas advierten que solo las investigaciones pueden arrojar la resolución del caso. El criminólogo Francisco Javier Gorriño y el director ejecutivo de la ONG, Paz Activa, Luis Cedeño, consideran que ante un homicidio de tanta exposición pública  como el de Serra las autoridades deben actuar apegadas a lo que dicten las averiguaciones, y por ninguna razón o circunstancia apresurar la resolución del caso, pues se pueden arriesgar a exponer una tesis que luego no pueda ser probada.   

Este jueves, tanto el presidente Nicolás Maduro, como el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, señalaron que el homicidio de  Serra  fue encargado. El jefe de Estado dijo que “estaban cerca de dar un fuerte golpe a la banda de sicarios”, y Samper sostuvo que el hecho es una “señal de infiltración del paramilitarismo colombiano”, donde abunda el sicariato. 

Modus operandi   

De acuerdo con la información ventilada sobre el caso Serra, un grupo de seis personas entró a su residencia. Tanto al parlamentario  como a su compañera le propinaron múltiples heridas con arma blanca.   

Cedeño sostuvo que los aspectos descritos  no concuerdan con la tesis del sicariato, pues “no sigue el guión típico”, ya que “un sicario suele trabajar solo o con una persona, y a Serra lo atacó un grupo”.   

Gorriño enfatizó que en los casos de sicariato, el asesino busca causar la muerte de forma rápida (arma de fuego), lo que contrasta con lo ocurrido con Serra y su compañera.   

Para Cedeño, el asesinato del diputado parece un ajuste de cuentas “muy personal”, un caso en el que un individuo  con diferencias con Serra pudo haberse convertido en el homicida. Sin embargo insistió en la necesidad de esperar los resultados de la averiguación.   

Pese a eso, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, insistió -ayer- en la tesis de la muerte por encargo, al calificar el crimen de “sicariato político”, mientras el diputado William Fariñas (Psuv) declaró que “hubo una reunión el martes, donde se decidió la muerte de Serra y participó el paramilitarismo”.

Maduro retoma plan de desarme para frenar la delincuencia en Venezuela

El Gobierno venezolano busca que la población entregue sus armas para disminuir la violencia en el segundo país de América Latina con la mayor tasa de homicidio.

El plan nacional de desarme fue firmado por Maduro durante un acto para conmemora el día internacional de la paz. (Prensa Presidencial Venezuela)

Términos como “ofensiva económica”, “guerra económica” o “guerra bacteriológica” son de uso común por parte de los voceros del Gobierno venezolano. Pero el lenguaje belicoso del régimen para referirse a las acciones y reacciones de la política nacional no condice con la cultura de desarme que ahora se quiere implementar en Venezuela.

En sintonía con las nuevas tecnologías, y confiando en la buena voluntad de los portadores de armas, el Gobierno presidido por Nicolás Maduro anunció en la última semana dos nuevas acciones para contrarrestar la delincuencia que azota al país petrolero.

La primera de ellas es el Plan Desarme, cuyo propósito es destruir armas ilegales, y la segunda viene en formato 3.0: una aplicación de celular llamada Patrullaje Inteligente con la que los ciudadanos podrán denunciar presuntos actos delictivos.

Venezuela ostenta el penoso récord de ser el segundo país con más homicidios en la región, siendo superada sólo por Honduras. La tasa de homicidios en el país suramericano es de 53,7 por cada 100.000 habitantes, según el Informe Global de Homicidios 2013 de la Organización de Naciones Unidas.

La cifra es respaldada por los datos que presenta el Observatorio Venezolano de Violencia. De acuerdo con esta ONG venezolana, el país culminó el año 2013 con 24.763 homicidios, que en comparación a los 21.692 decesos ocurridos en el año 2012, representan una variación de 3.071 muertes más entre ambos años.

Sin embargo, en materia de seguridad ciudadana, para 2014 el Gobierno venezolano sólo destinó 1% del presupuesto anual, según el análisis de Transparencia Venezuela.

Desde 1999, año en el que el fallecido Hugo Chávez asumió por primera vez la presidencia, se han implementado al menos 20 planes de seguridad. A pesar de estos esfuerzos, en Venezuela han ocurrido más de 200.000 asesinatos durante los últimos 14 años.

Ante esta realidad, la incertidumbre se cierne sobre las nuevas medidas que se ejecutarán para combatir la inseguridad en el país en el marco del plan nacional de seguridad Gran Misión A Toda Vida Venezuela.

En un acto realizado en el centro de Caracas, el mandatario venezolano Nicolás Maduro firmó el nuevo Plan Desarme, al cual dotó con Bs. 300 millones para la creación de un Fondo Nacional de Desarme, el cual, sin embargo, debía haberse constituido en junio de 2013, cuando entró en vigencia la legislación en la materia.

Y es que esta iniciativa no es novedosa. El anuncio de Maduro se trata más bien de un relanzamiento. La ley en cuestión, llamada Ley De Desarme, fue promovida por el expresidente Hugo Chávez con el fin de derogar una norma existente desde 2002 que, a juicio de los mismos oficialistas, era inaplicable y no correspondía a la realidad venezolana.

Ahora, bajo la remozada norma de desarme, se plantea el desarrollo del plan en 10 de los 24 Estados del país. Serán cuatro las modalidades de entrega de las armas: de manera confidencial voluntaria con y sin incentivo; y de manera no confidencial con y sin incentivos.

Entre las opciones ofrecidas por el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, para todos los que se atrevan a entregar voluntariamente sus armas, está la entrega de medicamentos y el pago de intervenciones quirúrgicas. Incluso están contempladas becas universitarias para las primeras 10 personas que entreguen sus armas voluntariamente.

El primer mandatario venezolano anunció que para complementar esta iniciativa, desde el mes de octubre se incorporaron al Plan Patria Segura 2.000 nuevas patrullas para reforzar los cuadrantes de seguridad activos en el país, en conjunto con el lanzamiento de la aplicación Patrullaje Inteligente, con la que se espera que sean los ciudadanos quienes denuncien hechos irregulares desde sus celulares.

Radio de acción insuficiente

Para el sociólogo y director ejecutivo de la ONG venezolana Paz Activa, Luis Cedeño, el Plan Desarme es sólo uno de los elementos que pudiera garantizar una política exitosa y coherente en términos de disminución de criminalidad y homicidios.

“El plan concebido como desarme voluntario está dirigido a personas portadoras de armas legales o ilegales que las poseen por un tema de defensa personal. No va dirigido al delincuente, a estos sólo los desarma la policía. La estadística va en contra de la persona que tiene el arma, ante un delincuente entrenado y con voluntad: estando armadas, nueve de cada 10 veces la víctima va a terminar muerta frente a un victimario”, explicó Luis Cedeño para PanAm Post.

El director ejecutivo de Paz Activa sostuvo que la entrega voluntaria de armas debe ir acompañada de otras condiciones, como su destrucción pública y la garantía del anonimato para quienes las entreguen, que generalmente son viudas, hermanas y madres de sus antiguos portadores. Reiteró que los esfuerzos para disminuir la criminalidad en el país no deben ser esporádicos, ni ser reactivos, como suelen ser, sino continuos.

No hay cifras oficiales sobre el número de armas que circulan en el país, pero los números más conservadores señalan que al menos hay 3 millones, de las cuales menos de 100.000 son de porte legal. “Para que se note el esfuerzo, se deben al menos inutilizar 200.000 armas anualmente, pero no estamos ni cerca de ese número”, sentenció Cedeño.

Coincide con él el abogado y criminólogo Luis Izquiel, quien declaró para Unión Radio que “tiene que haber una campaña de concienciación para que el Plan Desarme sea efectivo. En Brasil, por ejemplo, las armas no se entregaban a los cuerpos policiales. Actuaron las ONG y la Iglesia [católica] en esas entregas voluntarias. Otro punto para que tenga éxito es que sean destruidas, en Brasil se les daba un martillazo para inutilizarlas”.

El escepticismo continúa en un país donde el índice de impunidad en homicidios alcanza la alarmante cifra de 90%. No hay suficientes funcionarios y las fuerzas de seguridad no están adecuadamente dotadas para hacer frente a criminales mejores armados. La ecuación de la lucha contra la delincuencia en Venezuela tiene más de una incógnita por ser develada.