14.12.2014 | La Defensoría del Pueblo requirió información pero no se la suministraron. La falta de estadísticas sobre ese tipo de siniestros frena las políticas de protección y prevención.
Caracas.- Los ruidos de una moto son característicos: cuando la encienden, cuando su conductor arranca y acelera, cuando pasa a toda velocidad. En Venezuela, esos sonidos hacen eco en cada ciudad, en cada pueblo, en cada rincón.
Este medio de transporte es cada vez más popular en el país, no solo por ser más económico que un carro o por representar una opción de desplazamiento rápido en las urbes de mayor tráfico. También es un hecho que por la aguda crisis de producción nacional de autos y escasez de repuestos, miles de venezolanos han apelado al vehículo de dos ruedas.
La moto ya no solo le funciona a algún solitario con prisa: se ha convertido hasta en un vehículo para toda la familia. Esta situación motivó a la Defensoría del Pueblo a poner la lupa sobre sus pasajeros más vulnerables: niños y adolescentes.
A finales del mes pasado, el órgano del Poder Ciudadano arrancó una campaña para sensibilizar y educar a la población. También llama la atención del resto del Estado ante una inquietante realidad: en quince meses, 4 mil 640 niños y adolescentes han fallecido o resultado lesionados, o con alguna discapacidad, a causa de siniestros con motocicletas.
Combinación letal
En 2013 se contabilizaron 17 muertes por accidentes con este tipo de vehículos. En los primeros tres meses del 2014, la cifra repuntó hasta 44 casos, casi se triplica.
La investigación de la Defensoría del Pueblo, titulada “Motocicletas, niños, niñas y adolescentes: una combinación letal”, abarcó sólo 14% de la red hospitalaria nacional (40 hospitales) sin incluir clínicas, ambulatorios o centros diagnósticos integrales. Luego de consultar a los centros asistenciales más representativos de cada entidad, éstos suministraron datas entre enero de 2013 y los primeros tres meses del presente año.
Las variables requeridas para la investigación fueron: nombre del hospital, nombre y apellido del niño, niña o adolescente, edad, sexo, fecha de ingreso-egreso, severidad y tipo de lesión (fatal, grave, leve, ileso) y diagnóstico-observaciones.
En algunos casos se tuvo que acudir a la fuente primaria de información como las historias médicas de los pacientes, pues un porcentaje importante de los hospitales no registran la naturaleza específica de la víctima de accidentes, vale decir, no incorporan variables como la edad, que queda registrada como población general.
Carlos Molina, director general de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, es el encargado de la campaña y advierte que los números obtenidos solo representan la punta del iceberg.
“Las cifras son mucho más altas considerando, entre otros aspectos, que no incluimos a las víctimas fallecidas en el lugar del siniestro”. Éstas - explica- son trasladadas directamente a las morgues. Los números a mano son los obtenidos en los hospitales donde los niños y/o adolescentes ingresan con vida y luego fallecen.
“En la medida en que se lleve un buen registro, se podrán aplicar políticas públicas efectivas”
No llevan cifras
El funcionario recalca que hay regiones, como el estado Anzoátegui, donde las que están a ciegas con la información oficial. No hay estadísticas, por lo que se dificulta la toma de medidas adecuadas para prevenir y disminuir los accidentes.
Molina señala que a través de solicitudes por escrito se les pidió la información a directores de hospitales en la entidad y luego a la Dirección de Salud, pero en ninguno de los casos obtuvieron respuesta. Sin embargo señala que pudieron observar la realidad de primera mano en las calles, al visitar la entidad, y lograr testimonios propios y de noticias publicadas en la prensa regional.
“Únicamente hace falta saber de un caso para ponerle atención a ese fenómeno en cualquier locación. Recuerdo una noticia sobre una mujer embarazada de ocho meses que iba en moto, hubo un choque y ambos murieron. Ahí estaba un bebé al que se le vulneró su derecho a la vida”, dice el funcionario al referirse a un percance ocurrido en 2013 en El Tigre.
El estudio difundido por la Defensoría registró el año pasado un solo siniestro en Anzoátegui, 603 en Monagas, 14 en Sucre y 12 en Nueva Esparta. En el primer trimestre de 2014, las cifras son: cero, 238, tres y seis, respectivamente.
El único accidente contabilizado en Anzoátegui fue el de la embarazada de El Tigre, porque el organismo del Poder Ciudadano lo incluyó luego de una revisión hemerográfica. No hay cifras estadales de 2014 debido a que los hospitales anzoatiguenses carecen de registros.
El antropólogo subraya que existen inconvenientes para sistematizar la información y mantenerla lo más actualizada posible, lo que contribuye a la vulneración de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. “En la medida en que se lleve un buen registro, se podrán aplicar políticas públicas efectivas”, asegura.
El estudio de la Defensoría del Pueblo mostró que entre las entidades con mayor cantidad de siniestros está Distrito Capital (incluyendo los cinco municipios de la Gran Caracas), Táchira y Monagas.
“No existen registros oficiales que nos permitan discriminar la cantidad de víctimas anuales por accidentes en motos, tipos de traumatismo causados, género de las víctimas; que facilitarían al Estado producir políticas adecuadas a partir de necesidades concretas”, precisa el informe.
Foros y talleres en diversos lugares del país son las herramientas que desea aplicar la campaña “Baja al niñ@ de la moto”. En principio, Molina ha realizado una gira nacional para difundir los alarmantes resultados del estudio.
“La idea es que en cada entidad, los actores que deben velar por los derechos humanos de los más jóvenes instalen mesas técnicas y ahí planifiquen ese tipo de actividades, como conversatorios, dirigidos a funcionarios, al personal médico, a la comunidad”, señala.
Una de las premisas esenciales de difusión es que el diseño de las motos y la anatomía de un niño son incompatibles, ya que ellos no pueden alcanzan los posapies. “Las motocicletas que se ofertan en el mercado venezolano no están diseñadas bajo circunstancia alguna para el traslado de niños”, añade.
En segundo lugar, el pequeño no tiene autonomía para garantizarse seguridad a sí mismo, depende de otra persona para su estabilidad y en tercer término, no existen implementos de seguridad adecuados para transportar niños en moto.
“Necesidad”
José Palacios está consciente de esos tres hechos; aun así un par de piernitas lo acompañan cuando conduce su Suzuki HJ 125 automática por Caracas: Las de su hijo Jesús, de año y medio de edad. Nunca van solos, con ellos va la mamá del bebé, quien viaja –como el relleno de un sándwich– entre los cuerpos de sus padres. El bebito no lleva casco porque no existen para el tamaño de su pequeña cabeza.
Palacios está de acuerdo con la campaña de la Defensoría, pero dice que monta a su hijo en moto para evitar el fuerte tráfico de la ciudad y porque considera que el transporte público se ha vuelto muy inseguro.
Eso sí, aclara, cuando Jesús está a bordo de la moto, él conduce con mucho más cuidado, además que procura trasladarlo una distancia corta: desde su casa en Parque Central hasta La Candelaria donde queda la guardería. El joven asegura que nunca ha sido detenido por ninguna autoridad aunque viajar en esas condiciones es ilegal.
El reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre, en vigencia desde 2012, prohíbe, en su artículo 31, numeral 7, la circulación de más de dos personas y de niños menores de diez años en motocicletas.
Desde la Defensoría se advierte sobre la precaria intervención de las autoridades frente a la abierta transgresión de la mencionada ley.
Molina es categórico al señalar que la iniciativa de la institución no implica estar en contra del uso de motos ni de los motorizados, sino en contra del empleo inadecuado del vehículo.
Agrega la necesidad de jerarquizar las responsabilidades: en primer orden está el Estado, a través del sistema rector de protección de niños, niñas y adolescentes, integrado por el Ministerio de las Comunas, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otras instancias que también tienen competencia para garantizar un traslado seguro a los menores de edad.
El informe de la Defensoría concluye con varias recomendaciones. La principal es la que abandera en su campaña: bajar a los niños de las motos.
Usuarios insistentes
En la línea de mototaxistas Centro Parque Caracas, en la capital del país, sus trabajadores procuran respetar la ley. Yorman Lovera, uno de los conductores de la organización, acota: “…pero muchas veces llegan clientes con sus hijos y se molestan cuando se les dice que no pueden viajar con ellos. Si vamos con niños, en ocasiones nos paran (las autoridades) y nos multan. Si alguien es muy insistente y va a una distancia corta a veces los llevamos, aunque en la mayoría de los casos, no”. Otro de los mototaxistas, Gustavo Díaz, afirma que transportar a un menor es muy engorroso. “Hay que estar pendiente de sus movimientos y existe la presión de saber que corren peligro”.
Costo
900 bolívares es el precio mínimo de un casco tamaño estándar para niños. No vienen por tallas, explica Mónica Maldonado, encargada de la tienda Suministros Dakota 1107, que vende accesorios para motos. En la vitrina del establecimiento destacan unos cascos pequeños, de colores y con diseños vistosos. Algunos de estos cuestan hasta 1 mil 500 bolívares.
Táchira por el carril
El director de Divulgación y Promoción de la Defensoría del Pueblo, Carlos Molina, indicó que Táchira es uno de los estados más organizados respecto a la sistematización y suministro de los datos sobre siniestros en moto. Las estadísticas de la entidad andina, recabadas por la Coordinación Regional de Prevención de Accidentes y Hechos Violentos de la Corporación regional de Salud, precisan –entre otros- los casos en los que la persona afectada es conductor o pasajero.
Campaña necesaria
Luis Cedeño, director de Paz Activa, asociación civil que tiene un Observatorio de Seguridad Vial, opina que la campaña “Baja al Niñ@” de la moto, promovida por la Defensoría, es necesaria porque la ley vigente aún no ha calado en la comunidad de motorizados. El sociólogo considera pertinente que los organismos competentes establezcan precedentes en la opinión pública, publiciten las sanciones y las razones por las cuales existen. “Por ejemplo, en una alocución presidencial se podría hablar de los riesgos que representa un viaje en moto para los niños”.
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