El escaso apoyo institucional y bajos salarios hacen que los funcionarios opten por reducir los riesgos, afirmó Luis Cedeño, director de Paz Activa
En una calle del este caraqueño un oficial de policía explica la receta para finalizar la jornada a salvo. “Ahora cumplimos con nuestro horario y nuestros puntos de control sin meternos en problemas, a menos que sea algo in fraganti”, dijo, sin perder la vista de los vehículos que pasaban a su lado.
El funcionario, con tres años de servicio, está consciente de que 2014 cerró con 132 agentes ultimados en la misma ciudad donde él trabaja. 32% más caídos que en 2013. El tema, a su juicio, ya no es el “respeto por el uniforme”, sino que los propios delincuentes pueden intentar vengarse de ellos por cumplir con su trabajo, tal y como sucedió en noviembre con Andrés Alejandro Carrizo, oficial de Polibaruta, que capturó a dos delincuentes que mataron a un hombre para robarse la moto y días después lo atacaron cuando cubría una guardia en el patrullaje vial.
“Ya no salimos a buscar al hampa porque ella nos puede buscar a nosotros”, expresó.
En otro municipio capitalino, un oficial agregado con nueve años de servicio cree que ahora los funcionarios están en permanente riesgo. “Te buscan cuando no tienes puesto el uniforme para robarte el arma, pero también cuando lo llevas”, dijo.
Aunque ambos oficiales pertenecen a distintas instituciones de seguridad, coincidieron en que lo mejor para ellos es obtener un título académico con el apoyo del cuerpo y luego buscar un cargo en una empresa privada. A esto lo llaman “abrirse”.
Esta situación fue alertada en el último informe del Observatorio Venezolano de la Violencia presentado el 30 de diciembre. Según Roberto Briceño León, director de esta organización: “Hay un abandono de la carrera policial por muchos funcionarios honestos que opinan que no tienen ni la remuneración ni el respeto que su profesión merece”.
Briceño indicó que los funcionarios están desmoralizados. Por una parte, explicó, son victimizados por delincuentes y, por otra, sienten que trabajan en instituciones que no les brindan apoyo cuando afrontan dificultades legales en el ejercicio de su profesión.
El informe del OVV dice que durante 2014 se incrementaron 30% las muertes por enfrentamientos con los policías. Casi 3.000 homicidios ocurrieron por “resistirse a la autoridad”, lo que denota que los funcionarios policiales que han visto fallecer a sus compañeros tampoco creen en la justicia de los tribunales y han decidido tomar justicia por mano propia, lo que crea un ambiente de más violencia y agresividad en el país.
Mala paga. El abandono de la función policial fue observado por Carlos Ocariz, alcalde de Sucre, al ofrecer su informe de fin de año. Las constantes solicitudes de baja en ese municipio han mermado en 30% desde 2012 el pie de fuerza de la Policía Municipal.
En Baruta hay una situación similar. Extraoficialmente se conoció que solo en diciembre 40 agentes manifestaron su interés de irse a la empresa privada. En Chacao también ocurre lo mismo.
Representantes del municipio Sucre plantearon al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz la necesidad de implantar una norma que obligue al funcionario policial a permanecer por un lapso mínimo en la institución.
Ángel Alvarado, director de Seguridad de ese municipio, indicó que la propuesta fue formulada al anterior ministro Miguel Rodríguez Torres. “Se elaboró un proyecto, pero al final no se hizo nada y eso quedó así”, recordó.
Para compensar esta situación se planteará hacer convenios entre el agente y el municipio. “El tiempo mínimo de servicio para pedir la baja puede ser de cuatro años. En caso de que no lo tengan, el funcionario se obligaría a pagar una compensación”, propuso.
Para Alvarado, el tema salarial es fuente de preocupación para el policía. “Este trabajo tiene un riesgo asociado que no es cubierto por el salario. No sé hasta qué punto las policías puedan mantenerse en esta situación. La función policial se va anulando”, alertó.
Fuente: JAVIER IGNACIO MAYORCA (El Nacional)