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Nadie sabe con exactitud cuántos son. No hay registros oficiales que muestren qué cantidad de venezolanos lesionados por armas de fuego entre 2004 y 2014, por ejemplo
Caracas.- Esa tarde estaba lloviendo en Camatagua (estado Aragua). El cielo estaba furioso. Emerson, de 19 años, tenía la adrenalina a millón. Iba camino al hospital en su moto para ver a su novia que estaba embarazada y había empezado a sangrar, cuando unos encapuchados le salieron al paso para robarlo. Lo bajaron del vehículo de dos ruedas y al amigo que lo acompañaba echaron al suelo. A él comenzaron a golpearlo. Después de la paliza lo obligaron a encender la motocicleta y conducirla.
Unos metros más adelante volvieron a bajarlo y, esta vez, uno de los delincuentes gritó: ¡Mátalo!
“Chamo, por favor, no me mates”, suplicó Emerson. (Otra vez, golpes, cachetadas, cachazos).
“Ponte las manos en la cabeza y camina”, le ordenó uno de los antisociales.
(Emerson comenzó a caminar en dirección a su amigo que aún permanecía tirado en el suelo, dejando atrás a sus agresores).
Lo siguiente fue una tormenta de balas. Un aluvión de proyectiles que acabó con la vida del parrillero y, por poco, también con la suya. A él solo lo alcanzó una. Le entró por la cadera y le rozó la columna. Fue operado de emergencia, pero no pudieron extraerle el trozo de plomo que le había perforado el cuerpo.
Han pasado ocho años desde que Emerson se convirtió en un sobreviviente. Pero el recuerdo del episodio que, asegura, le cambió la vida para siempre, permanece intacto en su memoria. Las secuelas, sobre todo las psicológicas, están vivas. El miedo lo acompaña silencioso a donde quiera que va.
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“Las consecuencias de la violencia son graves y duran toda la vida”, afirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014.
En Venezuela hay miles de Emerson. Pero nadie sabe con certeza cuántos son los sobrevivientes de las balas. No hay estadísticas oficiales. Lo que existe son aproximaciones. “Se estima que por cada homicidio puede haber entre dos y tres heridos”, explicó el sociólogo y director de Paz Activa, Luis Cedeño.
El también sociólogo y director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, dijo a finales del año pasado que en 2014 alrededor de 75 mil ciudadanos resultaron lesionados producto de hechos violentos; es decir, por cada homicidio que registró la organización (24 mil 980) hubo al menos tres heridos. “El derecho a la vida ha sido vulnerado en el país”, advirtió.
El 90% de los asesinatos registrados en Venezuela son cometidos con armas de fuego, según la OMS. Por lo que, en la misma proporción, las víctimas colaterales de la violencia homicida suelen ser baleados.
Entre 2004 y 2014 fueron asesinados en el país, según cifras oficiales (emanadas por diferentes organismos), 136 mil 405 ciudadanos. Si las estimaciones de Cedeño y Briceño León son validas (por cada homicidio hay hasta tres heridos) en ese mismo período de tiempo habrían sido lesionados 409 mil 215 ciudadanos, de los cuales 272 mil 810 habrían sobrevivido. Si el mismo cálculo es hecho con la cifra oficial de homicidios, según la cual entre 2004 y 2014 murieron a manos de la violencia 184 mil 103 ciudadanos, el número de personas heridas por armas de fuego, estaría cerca de los 552 mil 309. De ese total al menos 368 mil 206 no habrían muerto.
En resumidas cuentas, en Venezuela, país que en 2014 figuró, según la OMS, como el segundo más violento del mundo, poco más de 400 mil personas (el escenario más optimista) les metieron una o dos balas en el cuerpo en los últimos 10 años,. Las dos terceras partes de los lesionados “vivió para contarlo”. El número de sobrevivientes supera ocho veces la cantidad de soldados norteamericanos heridos durante la guerra en Irak (32 mil 200).
La violencia cuesta caro
Estaba acordado. Esa noche, un comando de la extinta Policía Metropolitana entraría a un barrio de Coche (oeste de Caracas) a capturar a un delincuente -solicitado y entregado por un familiar- y regresaría triunfante. El plan parecía perfecto. Pero los cálculos fallaron. Inesperadamente el delator se arrepintió y cuando los miembros del cuerpo de seguridad llegaron al lugar, el antisocial los recibió a balazos.
A Leonardo, uno de los policías que integraba el comando, y que estaba a punto de culminar su carrera universitaria y retirarse definitivamente del cuerpo policial, lo atravesaron seis proyectiles, dos a la altura del húmero y cuatro en el estómago.
Las balas hicieron estragos en su cuerpo: le fracturaron la columna, le perforaron 80 centímetros de intestino, le quemaron un riñón, le agujerearon un pulmón y le fracturaron una pierna. Lo siguiente fue: múltiples intervenciones quirúrgicas, paro respiratorio, terapia intensiva, colostomía temporal y meses de recuperación. La condición final: parálisis permanente de los miembros inferiores.
Han pasado casi ocho años desde la noche en que un arma de fuego le cambió la vida a Leonardo. Ahora tiene 31 años, está a punto de graduarse de sociólogo y es coordinador nacional para el trato adecuado de las personas con discapacidad en la Fundación Socialista Revolucionaria para la Defensa de las Comunidades y Pueblos Indígenas (Fredenacional). Llegar hasta allí no le fue fácil: superar el trauma que le produjo el episodio violento y asumir su nueva condición le tomó años.
“Para poder enfrentarlo debes tener un grupo familiar que te apoye; si no te vas a quedar encerrado en cuatro paredes. Volver a la selva de concreto cuando te sobreviene una discapacidad es tres veces más difícil que cuando naces con ella”, contó Leonardo.
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En general, la violencia tiene un costo muy alto. Un estudio realizado por la organización Paz Activa, hace algunos años ,reveló que cada homicidio le costaba al país alrededor de 400 mil dólares. “Las pérdidas se calculan en años de vida productiva: cuando alguien es asesinado deja de producir, así que parte del costo se factoriza por allí. Ahora, un lesionado resulta aún más caro porque: en primer lugar, hay costos asociados a los tratamientos médicos que requiera la persona; y segundo hay costos relacionados a los años de productividad perdida cuando sobreviene alguna discapacidad. Así pues, económicamente hablando, es mas gravoso que alguien resulte lesionado a que muera”, explicó Cedeño.
Según el artículo 30 de la Carta Magna venezolana, el Estado está obligado a “indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que le sean imputables, y a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios (...) el Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados”.
Algunas regulaciones nacionales que procuran favorecer en alguna medida a las víctimas de delitos son el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales. La cuestión es que no hay registros oficiales de cuántas víctimas, específicamente lesionados por armas de fuego, han recibido apoyo del Estado en la última década.
“Estamos muy retrasados. En lo referente a la atención de las víctimas tenemos todavía camino por recorrer. En materia de victimología, Venezuela está en pañales”, afirmó Cedeño.
Impacto aproximado
“Las emergencias están abarrotadas de personas tiroteadas”, aseguró Cedeño. Pero no las de las clínicas privadas. El director de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (Avch), Cristino García indicó que 90% de esos casos son atendidos en hospitales públicos. “Las emergencias de nuestras instituciones no han atendido un volumen importante de heridos de bala el último año (2014)”, puntualizó.
Sacar cuentas es difícil porque si efectivamente existe un registro de cuántos heridos de bala hay en el país cada año, no es de dominio público. El abogado, criminólogo y subcomisario jubilado de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Francisco Javier Gorriño, aseguró que hasta los años 80 había en los centros asistenciales funcionarios policiales que llevaban el registro de los que ingresaban por heridas de balas. “Ahora eso no ocurre. Además, la gente no denuncia. La cifra negra, que no es necesariamente correcta, es muy alta”, afirmó.
Al no haber registros oficiales disponibles, no es posible saber cuántos de los que recibieron una o más balas perdieron alguna de sus facultades físicas.
El director del Consejo Metropolitano de Personas con Discapacidad, Luis Rojas, quien luego de haber sido herido hace 25 años quedó con paraplejía flácida, dijo que de las 100 personas con discapacidad atendidas en 2014 por la organización que dirige, al menos a 70% les había sobrevenido la discapacidad después de haber sido lesionadas con armas de fuego.
“Tenemos muchos compañeros con discapacidad que han sido víctimas de armas de fuego. De ese grupo, la mayoría queda con discapacidad físico-motora, pero también hay quienes han perdido la audición o la visión”, dijo Rojas.
Las estimaciones de Leonardo (coordinador de Fredenacional) y Coromoto Linares, presidenta de la Organización Ayarí Bolívar, abocada a apoyar a personas con discapacidad, son un poco más altas que las de Araujo. Ambos coincidieron en que del número de personas que se atendieron en 2014 entre 80% y 90% recibieron impactos de balas.
“En segundos me cambió la vida”
El 15 de septiembre de 1990, Luis Rojas, quien tenía entonces 23 años, estaba cumpliendo diez días de casado. Recuerda la fecha con claridad, porque ese día un balazo inesperado le arrebató para siempre la movilidad de sus miembros inferiores.
“Hace 25 años fui víctima de una bala. Fui a guardar mi moto y me interceptaron para robarme. Me pidieron los zapatos y cuando fui a quitármelos me dieron un tiro. En cuestión de segundos me cambió la vida”, contó.
El trozo de plomo le produjo una paraplejía flácida.
“A los trece días supe que no caminaría más. Estaba recién casado, mi esposa estaba embarazada y tenía ya una niña de seis años, no podía decaer, sabía que si decaía yo, decaería la familia”, recordó.
Los primeros cuatro o cinco años después del siniestro fueron los más difíciles para Rojas. ” Yo pensé que no lograría vivir ni dos años, pensé que me iba a morir, pero cuando consigues por quien vivir sales adelante”. En su caso, fue su familia quien lo apoyó.
Cuando comenzó a asimilar su nueva condición, Rojas decidió incorporarse a la economía informal. Conoció a otras personas con algún tipo de discapacidad y decidió sumarse a la lucha por los derechos de los ciudadanos con limitaciones.
Aseguró haber participado en la elaboración de la Ley de Personas con Discapacidad que en 2007 derogó la Ley para la Integración de Personas Incapacitadas. “Con (Hugo) Chávez salimos adelante”, afirmó.
Actualmente es líder del Colectivo Antonio Monsalve Sierra, que brinda apoyo a personas con algún tipo de discapacidad y director del Consejo Metropolitano de Personas con Discapacidad desde hace diez años.
En 2014, el Consejo brindó apoyo a aproximadamente unas 100 personas con discapacidad, de las cuales, no menos 70% fueron lesionadas por armas de fuego, aseguró Rojas.
“Nos dedicamos (el Consejo) a buscarle trabajo formal a personas con discapacidad. Dictamos talleres de sensibilización, de lenguaje de señas. Tenemos un equipo multidisciplinario a la disposición de aquellas personas que están comenzando a vivir con discapacidad”.
“Quedé atrapada en la línea de fuego”
Fue hace 18 años. Entonces Coromoto Linares trabajaba en un puesto de comida en la calle y estaba embarazada. De repente, muy cerca de donde ella se encontraba, se armó una acalorada discusión que acabó a tiros. “Quedé atrapada en la línea de fuego”, relató.
Desafortunadamente la bala que ese día tenía escrito su nombre le arrebató la movilidad. Los años siguientes al siniestro fueron un pesadilla. Luego de enterarse de que no volvería a caminar entró en depresión.
“Me quise hasta suicidar. estuve 13 años encerrada sin salir. Vi crecer a mi hija y no pude estar con ella cuando más me necesitaba. Mi familia me rechazó. Me salieron escaras y mi cuerpo se deterioró”, contó.
Un día la voluntad le alcanzó para sobreponerse a la tragedia y tomó una decisión: “Me dije: voy a salir de este encierro y salí a la calle buscando personas en igual condición que yo, salí a la calle a aprender. Ahora soy una mujer sumamente activa”, dijo.
Linares, quien aseguró que durante el gobierno de Hugo Chávez fue beneficiada con una pensión, es ahora presidenta de la Organización Ayarí Bolívar, abocada a prestar apoyo a personas con discapacidad. Invitó a quienes están en una situación similar a la suya a “darse una oportunidad”.
Fuente: El Tiempo (Alejandra Rodríguez Álvarez)
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