La presencia de granadas en el parque de armas de grupos delictivos es preocupante y requiere de especial atención, porque los indicadores que se reflejan en la prensa pueden convertirse en una tendencia, asegura Luis Cedeño, director de la Asociación Civil Paz Activa.
De acuerdo a un estudio de la Organización de Naciones Unidas para el Desarme, Venezuela encabeza la lista de países en Latinoamérica con más fallecidos por estos artefactos detonados, reseñó El Nacional.
La investigación, aún en curso, fue presentada el pasado 12 de mayo en Medellín, durante la 13 reunión del Observatorio del Crimen Organizado en América Latina y el Caribe.
Los resultados preliminares se sustentan en registros hemerográficos de la región desde enero de 2013 hasta marzo de 2015. En ese periodo en Venezuela se reportaron 18 muertes por explosivos. El segundo lugar corresponde a Colombia, donde hubo 8 occisos y las bombas fueron accionadas principalmente por las FARC y el ELN.
La mayoría de los casos dentro de la geografía nacional tuvo lugar en Distrito Capital y Aragua y el objetivo fue amedrentar o agredir a personas e instituciones.
El pasado 9 de mayo, en horas de la noche, las sedes del CICPC de Villa de Cura y Turmero, Aragua, fueron blancos de ataques con granadas. Dos efectivos resultaron heridos. Se presume que fue una retaliación por la baja de 15 delincuentes integrantes de dos bandas.
“Detrás de cada hecho delictivo hay un mercado”
El sociólogo y también experto en seguridad, Luis Cedeño, explicó que en Venezuela existe el tráfico de armas de extracción. Los explosivos, así como las armas largas que se han visto en manos del hampa (FAL y AK 47 100), son armas de guerra que deben estar bajo el control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha evidenciado “claras debilidades” en el manejo y custodia de sus arsenales y resistencia para reportar robos y pérdidas.
Para Cedeño el problema es de corrupción, que facilita que esas armas, que tienen un precio, pertenezcan a delincuentes. “Detrás de cada acción delictiva hay un mercado”.
Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano sostuvo, según información de El Nacional, que no hay datos oficiales que comprueben en la actualidad la fabricación de granadas, pese a que Cavim (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares) reportó años atrás su producción.
Además supone que desde 2006- año en que el gobierno dejó de reportar la compra de granadas a otras naciones- el suministro a los arsenales militares proviene de compras a China o de una producción “limitada y secreta en el país”. San Miguel también maneja la teoría del contrabando desde Centroamérica.
El desarme
Cuando se incauta una granada hay que hacer “esfuerzos extraordinarios” para precisar el origen de la misma, propone Luis Cedeño. Argumenta que una vez que estalla no se puede conocer el número de lote ni el marcaje del artefacto, que comúnmente no tiene serial, dato que permite determinar con gran facilidad la procedencia exacta de un arma.
El sociólogo comenta que no comprende cómo ha surgido la idea de que el desarme es para “los malandros”, porque la verdad es que esta iniciativa está dirigida hacia el ciudadano común con o sin porte de arma. “Quién desarma a los delincuentes es la policía”, asegura.
El modelo Bacrim
La actuación de bandas con 30 ó 50 miembros y una gran logística que les permite, entre otras cosas, la tenencia de armas largas y explosivos, así como el adiestramiento necesario, arroja semejanzas con las Bacrim colombianas. Las Bacrim son agrupaciones del vecino país conformadas por paramilitares desmovilizados y se dedican al crimen organizado.
Las bandas que operan con fuerza actualmente en Venezuela están vinculadas al secuestro, la extorsión y el cobro de vacuna; y su radio de acción se extiende a varios estados como el caso de la banda de “El Picure” que opera en Aragua, Guárico, al sur de Anzoátegui y se presume ahora en Caracas.
El abogado criminalista, Fermín Mármol García habla de mega bandas criminales y las define como “microestados” que poseen un poder que coloca en una posición de desventaja a los cuerpos de seguridad municipales y estadales.
Fuente: Barómetro Político
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