"La selva amazónica esconde grandes riquezas minerales en su subsuelo. La lejanía y el abandono por parte del estado en estas regiones, es una combinación perfecta para el surgimiento de bandas criminales. Las autoridades locales pueden en algunos casos trabajar con criminales a favor de intereses económicos, violando así los derechos humanos fundamentales”. Luis Cedeño, Director Ejecutivo de
Paz Activa y el
Observatorio de Delito Organizado.
“El Estado venezolano ha debilitado su soberanía sobre la extensa geografía de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. La delincuencia organizada en sus diferentes versiones ejerce el dominio en puntos estratégicos de las cuencas de los grandes ríos y fronteras, sin control de las instituciones oficiales”. Abogado Fernando M. Fernández.
Con suma preocupación vemos los sucesos ocurridos el pasado fin de semana en Tumeremo (estado Bolívar), donde familiares de 28 mineros los reportan desaparecidos desde el pasado viernes 4 de marzo y presuntamente asesinados por grupos irregulares.
Aún hoy, los familiares y el país no tienen información clara sobre lo que ocurrió con estas personas.
Desde el Observatorio de Delito Organizado, queremos llamar la atención no sólo sobre la gravedad de la desaparición y supuesta muerte de estas 28 personas, sino de las causas y razones por las cuales se registran sucesos de esta naturaleza en territorio venezolano, así como sobre las implicaciones que esto representa a nivel de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Soberanía Nacional.
Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, considera que “
de comprobarse la participación de elementos pertenecientes a cuerpos de seguridad del estado, en la desaparición y supuesta muerte de los 28 mineros, estaríamos frente a la violación flagrante de los Derechos Humanos por parte del estado venezolano, lo que implica una instancia mayor de denuncia ante los mecanismos regionales e internacionales de defensa de DDHH y la no prescripción del caso”.
Asimismo, en cuanto a denuncias previas, Cedeño resalta que “
no es la primera vez que se denuncia la extracción y contrabando de oro y diamantes como parte de la operación de bandas delictivas y grupos irregulares, también ha sucedido con otros minerales estratégicos como el coltán, que como es bien sabido abunda en las ricas tierras del estado Bolívar, lo que deja de manifiesto la ausencia total del Estado para resguardar las riquezas y la soberanía nacional en esa zona tan importante geopolíticamente hablando”.
Como bien lo señala el abogado Fernando M. Fernández experto en el tema y autor de una de las Monografías ‘Visibilizando el Delito Organizado’ sobre
“Materiales de Sangre”: “El punto de partida del problema se ubica en el desplazamiento de empresas formales y responsables legal y financieramente, así como la penetración del crimen organizado en la extracción de los minerales estratégicos. En tal sentido,
las bandas y grupos irregulares hacen uso de instalaciones del Estado, las cuales fueron abandonadas, previamente, por las empresas mineras expropiadas. No se trata de mineros informales, individuales ni casuales, sino de grupos organizados y fuertemente armados”.
Precisa Fernández: “No existen cifras oficiales que midan la magnitud del problema del contrabando en Venezuela, pero las aproximaciones más cercanas a la realidad hablan de enormes pérdidas económicas y fiscales (un ejemplo: se calcula que se extraen y contrabandean entre 11 toneladas y 270 toneladas de oro al año). El contrabando, entonces, ha dejado de ser un delito común realizado por pobladores pobres de las zonas fronterizas y pasó a ser
un delito organizado que moviliza cantidades de dinero impresionantes, masas humanas que se desplazan en el intercambio ilícito, lo cual afecta a la sociedad en su conjunto e impide la gobernanza del Estado y sus instituciones”.
Hoy más que nunca está vigente la recomendación que el Observatorio de Delito Organizado hiciera a través de la publicación sobre “Materiales de Sangre”: “El marco jurídico vigente en contra de la delincuencia organizada y el contrabando, ha creado un espacio corrumpente dentro de las estructuras y empresas del Estado, al crear la total inmunidad legal, penal, civil y administrativa de tales personas jurídicas. Se trata de un velo corporativo que impide hacer una investigación a tales entidades, las cuales no están obligadas a cooperar, debido a que han sido excluidas de toda responsabilidad legal: penal, civil y administrativa.
El Estado y sus empresas, al no ser punibles tampoco son investigables.
