Resulta paradójico y desconcertante. La inseguridad es, según todas las encuestas de opinión, el principal problema que agobia a los venezolanos y constituye una fuerte traba al desarrollo; sin embargo, lejos de impulsar la indispensable investigación social, sanitaria, económica, familiar o psiquiátrica que nos permitiría conocer mejor el problema, el Estado no tiene ni promueve centros de investigación y, peor aún, desestimula las pocas iniciativas existentes, amenazando con criminalizar la recepción de recursos internacionales.
La criminalidad en cada país tiene matices propios. En Venezuela no existe un conflicto interno, ni bandas o pandillas estructuradas; nuestra delincuencia común no está tan bien organizada, ni es tan espectacularmente sanguinaria como los carteles de la droga mexicanos; sin embargo, nuestros índices delictivos y porcentaje de homicidios por 100.000 habitantes son peores que los de Colombia, Brasil o México. Esto significa que las experiencias exitosas de otras ciudades no necesariamente funcionarán aquí, y que es preciso conocer, profundizar, analizar e investigar todas las facetas de nuestra criminalidad para dar con soluciones preventivas y represivas eficientes.
En la mayoría de los países la investigación en materia de criminalidad y violencia la realizan centros de estudios de universidades públicas o privadas, observatorios, organizaciones no gubernamentales u organismos internacionales Lo más común y eficiente es que el Estado, principal interesado en que se investigue, se estudie, se discuta, se publique, apoye directa o indirectamente a estas instituciones para que cuenten con recursos suficientes para realizar sus labores, o promueva y canalice la recepción de fondos privados o de fundaciones internacionales.
En Venezuela, a pesar de la gravedad del problema, no es así. Las pocas instituciones dedicadas a estos temas tienen que trabajar con las uñas, sin apoyo del Estado y muchas veces enfrentadas al Gobierno.
Detrás de las instituciones, el Laboratorio de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, el Centro de Investigaciones Populares o el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadano, están o han estado hombres y mujeres que por su tenacidad y esfuerzo han logrado producir material de primera necesidad para entender qué ocurre con la violencia en Venezuela. El doctor Roberto Briceño León ha participado en investigaciones nacionales y continentales y produce continuamente libros, cuadernos y estudios sobre inseguridad.
El padre Alejandro Moreno ha sabido arrojar una visión distinta, testimonial y profunda de los delincuentes "estructuralmente violentos" de Petare. Luis Cedeño ha dedicado esfuerzos en profundizar sobre los costos de la violencia, tema sobre el que casi no se ha escrito ni dicho nada en nuestro país. Carlos Nieto Palma y Humberto Prado en materia penitenciaria; Liliana Ortega, Rocío San Miguel, Margarita Tablante, Héctor Faúndez, Jesús Ollarve, en Derechos Humanos; Ofelia Álvarez y tantos otros dedicados a erradicar la violencia contra la mujer y los menores.
Si estas personas y las instituciones en las que laboran dejaran de ser vistas como "enemigas" por el actual gobierno, simplemente por denunciar tristes realidades existentes, y recibieran apoyo en recursos, infraestructura, facilidades, sin duda se multiplicaría el material y las áreas de investigación, indispensables para lograr salir del drama de la violencia que hoy tan intensamente padecemos.
MARCOS TARRE
