Violencia como política: fracaso del Dibise
Una de las cosas que más llama la atención del venezolano es cómo la violencia se ha convertido en una presencia cotidiana en los últimos once años. Las estadísticas son estremecedoras no sólo porque cuantifican y señalan el límite entre el terror y la muerte para el ciudadano de a pie, sino porque crecen como una plaga que lo devora todo.
Los 67 homicidios en Caracas el pasado fin de semana marcan un nuevo record porque supera la altísima cifra del fin de semana del 31 de diciembre de 2009, que era la más alta. Y ello ocurre en el marco de otro plan de seguridad de los tantos que ha iniciado el Gobierno nacional, esta vez renombrado como "Bicentenario", para darle cierta fuerza histórica. Lo cierto es que el Dispositivo Bicentenario de Seguridad estaba destinado al fracaso desde su concepción. No sabemos si con alevosía, por ignorancia o por ineptitud, involucraron en este plan a la represiva Guardia Nacional Bolivariana, que ha demostrado su ineficacia en labores de seguridad ciudadana en repetidas oportunidades. De allí el enfoque oficial casi exclusivamente represivo y de control, donde el énfasis subyace en las alcabalas y el patrullaje. Tampoco se observa alguna acción en los otros ejes del programa tales como la de disminuir la violencia de sexo y la que existe en escuelas y liceos. El trabajo de prevención, el cual tendría un verdadero impacto en la reducción del delito, es inexistente.
Si analizamos las cifras de este dispositivo bicentenario, encontramos que los resultados son ridículos con respecto a la magnitud del problema. Que se le dé publicidad a la retención de 31 armas de fuego es una burla en un país donde circulan ilegalmente millones de armas. El haber detenido a 3 personas vinculadas a homicidios o incautado 23 gramos de crack no son ni pueden serlo resultados satisfactorios porque la realidad exige cifras más contundentes. En suma, el problema de la inseguridad no se está resolviendo sino que está empeorando. El fracaso de esta iniciativa bicentenaria (como el de las anteriores) es cruel y notorio.
Lo único verdadero es que no existe en realidad la voluntad o el interés rotundo por resolver el problema. Destinar apenas 319 millones de bolívares a un asunto tan grave (que merma al país entre 20% a 30% de su PIB y mantiene a 80% de su población en zozobra) lleva un mensaje muy claro a los venezolanos: no existe ningún interés oficial de detener la delincuencia y la violencia, sino más bien fomentarla. Hay que denunciar que se trata de una política alentada desde el poder: mantener durante once años un discurso bélico extremista, adelantar una carrera armamentista, incitar a la polarización política y la destrucción del otro no son iniciativas promotoras de la paz social y de la convivencia, tan necesarias para la disminución de la violencia delincuencial traducida en miles de homicidios cada año. Y eso lo sabe el Gobierno.
Los 67 homicidios en Caracas el pasado fin de semana marcan un nuevo record porque supera la altísima cifra del fin de semana del 31 de diciembre de 2009, que era la más alta. Y ello ocurre en el marco de otro plan de seguridad de los tantos que ha iniciado el Gobierno nacional, esta vez renombrado como "Bicentenario", para darle cierta fuerza histórica. Lo cierto es que el Dispositivo Bicentenario de Seguridad estaba destinado al fracaso desde su concepción. No sabemos si con alevosía, por ignorancia o por ineptitud, involucraron en este plan a la represiva Guardia Nacional Bolivariana, que ha demostrado su ineficacia en labores de seguridad ciudadana en repetidas oportunidades. De allí el enfoque oficial casi exclusivamente represivo y de control, donde el énfasis subyace en las alcabalas y el patrullaje. Tampoco se observa alguna acción en los otros ejes del programa tales como la de disminuir la violencia de sexo y la que existe en escuelas y liceos. El trabajo de prevención, el cual tendría un verdadero impacto en la reducción del delito, es inexistente.
Si analizamos las cifras de este dispositivo bicentenario, encontramos que los resultados son ridículos con respecto a la magnitud del problema. Que se le dé publicidad a la retención de 31 armas de fuego es una burla en un país donde circulan ilegalmente millones de armas. El haber detenido a 3 personas vinculadas a homicidios o incautado 23 gramos de crack no son ni pueden serlo resultados satisfactorios porque la realidad exige cifras más contundentes. En suma, el problema de la inseguridad no se está resolviendo sino que está empeorando. El fracaso de esta iniciativa bicentenaria (como el de las anteriores) es cruel y notorio.
Lo único verdadero es que no existe en realidad la voluntad o el interés rotundo por resolver el problema. Destinar apenas 319 millones de bolívares a un asunto tan grave (que merma al país entre 20% a 30% de su PIB y mantiene a 80% de su población en zozobra) lleva un mensaje muy claro a los venezolanos: no existe ningún interés oficial de detener la delincuencia y la violencia, sino más bien fomentarla. Hay que denunciar que se trata de una política alentada desde el poder: mantener durante once años un discurso bélico extremista, adelantar una carrera armamentista, incitar a la polarización política y la destrucción del otro no son iniciativas promotoras de la paz social y de la convivencia, tan necesarias para la disminución de la violencia delincuencial traducida en miles de homicidios cada año. Y eso lo sabe el Gobierno.
