En sesión de la CIDH Gobierno no rebatió argumentos de ONG. El Universal. 30 de Octubre 2010

CIDH reiteró su intención de venir al país para constatar situación de DDHH.

"Ahora quieren que un Gobierno que lo que tiene son 11 años mandando resuelva lo que no se ha resuelto desde hace siglos". Así resumió Germán Saltrón, representante venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los esfuerzos hechos por el Gobierno para mejorar la situación en materia de seguridad personal y ciudadana; justicia y situación de las cárceles, y respeto a la diversidad sexual y VIH.

Esos fueron los asuntos que cinco venezolanos, pertenecientes al Foro por los Derechos Humanos y la Democracia, pusieron en el tapete en una audiencia durante el 140 periodo de sesiones de la CIDH, celebrada ayer en Washington y dirigida por Paulo Sergio Pinhero, vicepresidente del organismo.

Luis Cedeño (Paz Activa), Rocío San Miguel (Control Ciudadano), Theresly Malavé (Justicia y Proceso en Venezuela), Carlos Nieto Palma (Una Ventana a la Libertad) y Tamara Adrián (Diverlex) expusieron los puntos agendados en una rápida pero documentada presentación. Seguidamente replicó Saltrón quien admitió la existencia de algunos de esos problemas "como en todos los países del mundo".

En la segunda vuelta tres cuestionamientos plantearon los comisionados de la CIDH: papel de la Fuerza Armada en actividades de seguridad, planes del Estado contra la criminalidad y medidas tomadas para la protección de personas discriminadas sexualmente. Saltrón dijo que respondería si contaba con el tiempo pertinente. Durante los 12 minutos otorgados resaltó que "era peor en la IV República" y que el proceso actual ha traído sus beneficios pero no indicó cuáles.

Al final de su intervención solicitó a la CIDH "no politizar el tema de los derechos humanos" y calificó de mentirosas a las ONG. Pinhero hizo un llamado de atención: "El Estado tiene el derecho de presentar contra argumentación pero no se usa el término de mentira en este espacio". La CIDH exhortó al Estado para que permita la entrada de los relatores del organismo a fin de que constaten la situación que atraviesa el país en materia de DDHH y brinden así sus recomendaciones.