Luis Cedeño, director de Paz Activa, asegura que los militares no están capacitados para labores de seguridad ciudadana.La seguidilla de crímenes comenzó con la muerte de Diana Patricia Centeno, de 12 años, en el Segundo Plan de La Silsa. La niña recibió un tiro de FAL en el costado izquierdo, el 26 de junio, cuando jugaba con amigas en la calle. Testigos acusaron a guardias nacionales ofuscados al ser agredidos por vecinos con botellas. Los dolientes de la niña todavía esperan la captura de los homicidas. El asesinato de Nino José Pacheco, de 22 años, estremeció a los vecinos de San Juan.
El 15 de octubre iba con un amigo en una moto a su casa cuando recibió varios tiros de funcionarios del Dibise. El sargento segundo de la GN, Junior Oropeza Gómez, fue detenido por el crimen. En los últimos 15 días de octubre otras dos personas murieron en actuaciones de los efectivos adscritos al plan de seguridad.
Luis Cedeño, director de Paz Activa, indica que designar militares para labores de seguridad ciudadana conlleva riesgos. "Originalmente, la Guardia Nacional recibe entrenamiento represivo. Usan técnicas y armas de guerra". En líneas generales, los militares no están preparados para prevenir el delito. Militarizados. La militarización de la seguridad ciudadana fue denunciada el viernes por varias Organizaciones No Gubernamentales venezolanas ante la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Estados Unidos. "Cada vez son más los militares, en el país, que intervienen en labores de seguridad ciudadana. El Dibise es un caso ejemplar", explica Cedeño.
El dispositivo, iniciado el 1 de marzo de 2010, se aplica en 10 estados. El presidente Hugo Chávez, en el lanzamiento del plan de seguridad, aseguró que sería utilizado en las entidades con mayor índice delictivo. En el plan de seguridad participan, entre otros, funcionarios de la Policía Nacional, Cicpc, Oficina Nacional Antidrogas, Guardia Nacional. "El Dibise cuenta con patrullas, presupuesto y equipos propios. Se dota a los funcionarios del plan de seguridad como una fuerza policial. Si es un dispositivo transitorio, ¿por qué se invierte tanto?", reflexiona.
El asunto preocupa a los activistas en Derechos Humanos. Recuerdan que los militares solamente deben ocuparse de la seguridad ciudadana en casos excepcionales. "La Guardia Nacional, que tiene un componente antimotín, debe salir a controlar situaciones de calle cuando éstas superan a la fuerza policial. De lo contrario, representan una clara perversión", concluye Cedeño.
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