Venezuela prohíbe la venta de armas a la población civil
El país sudamericano tiene una de las
tasas de homicidios más altas del continente
1ro de Junio de
2012
El
ministro del Interior venezolano, Tareck El Aissami, sostiene un rifle durante
una confiscación de armas ilegales en 2009. / JUAN BARRETO (AFP)
Esto es oficial: nueve de cada 10 personas, entre las
14.000 que fueron asesinadas en Venezuela tan solo en 2010, murieron, al menos,
por una bala. Es por eso que el Gobierno venezolano ha decidido ilegalizar la
comercialización e importación de todo tipo de armas de fuego y municiones a
partir de este viernes 1 de junio y durante un año. La
medida forma parte de un plan general para reducir la tasa nacional de
homicidios que, de acuerdo con cifras oficiales, es de 48 entre cada 100.000
habitantes, y que, en el último quinquenio, está
entre las más altas de América Latina.
“Ya nadie va a poder tener armas nuevas. La venta de
armas solo se hará para los cuerpos de policía y para nuestras Fuerzas Armadas.
La tendencia es hacia [sic] desarmar a la
población civil”, ha explicado este viernes el ministro de Interior y Justicia,
Tarek El Aissami, a través de un comunicado. A partir de ahora también deberán
cerrar sus puertas las 80 tiendas de armas que aún funcionan en el país, de las
más de 3.000 que existían en 1998. “En Venezuela nunca existió control sobre
las tiendas de armas, que inclusive podían importar directamente desde las
casas del fabricante. Las armas se vendían sin control, se entregaban y luego
quien la compraba era quien tramitaba el permiso para portar el arma. Eso es
algo propio de la lógica del capitalismo”, ha agregado el ministro. La compra y
venta de armas y proyectiles quedará entonces en manos de la estatal Compañía
Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), que desde 1975 fabrica,
importa y distribuye armamento y explosivos para los organismos de seguridad
del Estado, y será regulada por el Ministerio de Interior y Justicia.
El 29 de febrero pasado, el Gobierno venezolano
también decidió suspender la tramitación de nuevos permisos de porte de armas
para los civiles y ha comenzado a levantar un registro del parque que se
encuentra en manos de ciudadanos y cuerpos de seguridad. El próximo lunes 4
comenzarán a realizarse auditorías en todas las policías del país y comenzarán
a entregárseles municiones marcadas, para evitar su desvío a las redes de
delincuentes.
Pero el problema no parece estar en los 40.000
permisos de armas legales que, se estima, existen hoy en día en Venezuela. De
acuerdo a las últimas cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Interior
y Justicia en 2009, en el país circulan entre 9 y 15 millones de armas ilegales
y es muy fácil tener acceso a ellas. Un revólver calibre .38, por ejemplo, no
cuesta más de 250 euros en el marco negro de armas que funciona en los barrios
más pobre de Caracas. Según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Edwin
Rojas, entre 2003 y 2012, se han incautado y destruido en el país unas 270
armas de fuego que estaban en manos de bandas criminales, pero aún queda mucho
por hacer. De acuerdo a estudios de algunos especialistas, como el sociólogo
Luis Cedeño, director de la organización no gubernamental Paz Activa, al menos
“el 90% de las armas ilegales que hoy existen en Venezuela provienen de los
cuerpos de seguridad del Estado”.
En este país dividido por la polarización política,
más del 80% de los ciudadanos coinciden en que la seguridad ciudadana es el
mayor problema que enfrenta la sociedad. Durante la última década, el
presidente Hugo Chávez ha puesto en marcha, sin éxito, al menos seis planes
distintos de seguridad. El 23 de mayo pasado anunció el más reciente, durante
una reunión televisada del Consejo de Ministros: “En junio comienza la misión
‘A toda vida Venezuela’. Es el nombre que le vamos a dar a lo que una vez
llamamos misión seguridad”. Además del desarme de la población, la reforma del
sistema de justicia, la mejora de las cárceles y el reforzamiento de las
labores de patrullaje, este nuevo programa social contempla la indemnización de
los familiares de las víctimas de la violencia con un monto de dinero que aún
no ha sido estipulado.
La
última vez que el Gobierno venezolano puso en marcha un programa de seguridad,
al menos en la capital, fue en enero de 2008: el Plan Caracas Segura, que
consistió en el despliegue de 800 Guardias Nacionales (policía militar) armados
de fusiles por las barriadas más peligrosas de la ciudad.
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