jueves, 29 de mayo de 2014

Luis Cedeño: “El sistema de justicia en Venezuela es ineficaz producto de la corrupción”

El doctor Luis Ernesto Cedeño, director de la Asociación Civil Paz Activa, quien participó en un Conversatorio sobre el Delito Organizado celebrado en Mérida, señaló que esta es una Asociación Civil que tiene, entre sus programas, el observatorio del delito organizado, que es uno de los elementos que más se han visibilizado en el tema de la inseguridad, porque es la supra estructura que permea todo el delito común el cual, en Venezuela, el de mayor incidencia es el robo y, dentro de éste, el robo de celulares. Agregó que se roban más de un millón de teléfonos móviles anualmente y para procesar esta cantidad de celulares robados en Venezuela se necesita de una supra estructura, donde interviene el pegador que es el que roba, el aguantador, el procesador, y la gente que está dentro de las telefónicas que activan esos teléfonos por lo que es toda una estructura necesaria para que este delito sea un negocio lucrativo.
Dijo el doctor Cedeño que en la Primera Encuesta Nacional sobre Delito Organizado se preguntó qué tipo de actividad delictiva observaba la gente en sus comunidades y encontraron que hay mercado de armas, mercado de drogas, mercado de productos robados e incluso mercado de comercialización de productos regulados a precios no regulados, algo que no habría salido hace 5 años atrás. Esto demuestra que no solo hay las formas tradicionales del delito organizado como el homicidio, sicariato o el secuestro, que es el delito que más se ha incrementado en Venezuela, sino otro tipos delitos los cuales requieren de una concertación de voluntades para atacarlos.
Señaló que una de las aristas del delito organizado es la corrupción, y ésta es uno de los elementos que más debilita al Estado y a la democracia, porque el sistema de justicia hoy día goza de tal ineficacia, debido a la corrupción, que esas estructuras de justicia son infiltradas por el delito organizado, y ello se demuestra, por ejemplo, en el hecho de tener micro estados dentro de estructuras del Estado como las cárceles, donde los reos las controlan, lo cual solo es posible con la facilitación del delito organizado, porque se necesita una gran concertación de voluntades para que una parte del Estado sea controlada por delincuentes y agregó que el dinero de la corrupción es el lubricante que hace posible que el delito organizado permeé las instituciones del Estado y, en consecuencia, las debilite, atentando contra los principios básicos democráticos.

Luis Cedeño dijo que el primer pasó para disminuir el delito organizado ya se dió con la identificación del problema. (Foto: Lánder Altuve)

miércoles, 21 de mayo de 2014

Policías se valen de su autoridad para cometer extorsiones

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La Ley establece de 10 a 15 años de prisión para quien cometa ese delito

El pasado 3 de abril ante el Grupo Antiextorsión y Secuestros de Carabobo fueron denunciados seis funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia que pretendían cobrar una fuerte cantidad de dinero a un comerciante chino, de apellido Mok, a cambio de no abrir una investigación por la importación de nueve contenedores que se encontraban retenidos en Puerto Cabello.

"Tenían una copia del manifiesto de importación y alegaron que presentaba una serie de irregularidades (...) me informaron que iban a abrir una averiguación (...) luego me hacen una observación de que el 'chinito' les agradó y que podíamos llegar a un acuerdo", declaró la denunciante, que es la administradora del comerciante, ante el Gaes, señalando además la cantidad de dinero que le solicitaron.

Las extorsiones se basan en un esquema que suplanta la autoridad para la obtención de algún beneficio económico. Cuando son cometidas por funcionarios del Estado, suceden porque estas personas utilizan su autoridad para tener el control y ejercer algún tipo de presión, fue una de las consideraciones del sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, quien advirtió que este tipo delictivo utiliza mecanismos de presión muy perversos.

"Para cada tipo de extorsión hay una víctima y lo que sucede en casos en el interior, en zonas rurales, es que se aprovechan de personas de bajos recursos que se ven obligados a conseguir sumas de dinero a cambio de que no les agredan a un familiar", explicó Cedeño.

Otro de los casos reportados este año fue el de Félix Ezer Hidalgo, un comerciante que fue secuestrado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en el kilómetro 12 de El Junquito el pasado 6 de abril, cuando llegaba a su casa.

Al día siguiente su esposa coordinó con las autoridades del Gaes un pago controlado que se efectuaría en la Plaza Catia y para el momento en que iban a entregar el dinero, se percataron de que eran los oficiales Stevenson Gregorio Carrillo Ospino y Richard Adrián Zambrano Pincay.

La víctima en su declaración contó que lo mantuvieron secuestrado en una sede de la PNB en Catia y que varios uniformados se percataron de la irregularidad.

"Cada cuerpo de seguridad tiene una dirección que se encarga de supervisar a los funcionarios y sus actuaciones y sancionar a administrativamente a los que incurran en faltas o delitos", expresó el comisario Vicente Álamo, ex subdirector del Cicpc.

El experto indicó que parte de la solución del problema es incentivar la denuncia por parte de las víctimas.

"La gente a veces no denuncia, pero debe saber que si no lo hace, el funcionario se siente impune, mientras que si las víctimas acuden a los organismos de seguridad, el funcionario sabe que será sancionado y terminará preso", dijo.

A la entrega voluntaria de armas le faltan señales claras

La Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme se publicó en la Gaceta Extraordinaria nro 6.129 del martes 8 de abril.
La Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme se publicó en la Gaceta Extraordinaria nro 6.129 del martes 8 de abril.

Caracas.- La ruta ya fue trazada. Luego de diez meses de aprobación de la Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme (que duró en discusión más de dos años y fue sancionada de manera unánime en la Asamblea Nacional en junio de 2013), se publicó en la Gaceta Extraordinaria nro 6.129 del martes 8 de abril el reglamento que define, entre otros puntos, el protocolo para la entrega voluntaria de las armas de fuego y municiones.

La espera fue larga. Desde que en enero pasado fue asesinada a balazos la ex Miss Venezuela y actriz Mónica Spear, voceros del gobierno habían señalado, en varias ocasiones, que el Reglamento estaba listo.

Eso fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro cuando el diputado suplente Ricardo Sánchez –en la reunión que sostuvo el gobierno con sectores de oposición en febrero pasado- le preguntó qué había ocurrido con el documento.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, también lo había afirmado un mes antes, a la salida de un encuentro con la Conferencia Episcopal Venezolana.

En febrero, Julio César Bermúdez y César Marín, activistas de la Organización No Gubernamental (ONG) Amnistía Internacional, así como Jesús Machado, investigador del Centro Gumilla, manifestaron a El Tiempo la necesidad de que el reglamento se publicara, porque en él se debían precisar aspectos de la ley poco claros, lo cual complicaba medir el impacto de la legislación.

La Comisión de Política Interior del Parlamento y la Comisión Nacional para el Desarme Voluntario, conscientes de ello, habían previsto un lapso de 90 días para la elaboración y publicación del reglamento, en la mitad del tiempo establecido en la ley (180 días). La idea era“acelerar el procedimiento legal que permitirá la aplicación oportuna de la ley”, declaró el parlamentario del Psuv Juan Carlos Alemán en el programa A Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión.

Pero el reglamento se materializó diez meses después de la aprobación de la ley. Para Luis Cedeño, de Paz Activa, más vale tarde que nunca. “La aprobación es un gran avance”, sostiene. “Había que lanzar un reglamento de la ley desarme del 2002 y eso nunca ocurrió. Como nunca fue política pública, no se aplicó. Esa ley fue letra muerta ”, recuerda.

Las experiencias internacionales exitosas en materia de desarme apuntan hacia la claridad y contundencia de las medidas. Brasil, México, Guatemala, Argentina, Colombia y El Salvador lograron concretar el desarme a través de planes impulsados por el gobierno, concluye un reportaje publicado en un medio de circulación nacional en enero pasado. Por eso, para Cedeño, que exista un reglamento es una buena noticia.

Sin consecuencias

Una de las grandes expectativas de la ley gira en torno al desarme voluntario. El reglamento precisa el protocolo, paso a paso, que deben seguir quiénes deseen entregar un arma y quienes la reciben (ver infografía).

Cedeño advierte que esta estrategia no es suficiente para desarmar a la población. “Eso no va dirigido a los delincuentes, porque a ellos los debe desarmar la policía y para ello tienen los recursos. Podría aplicar para las bandas y los colectivos armados, pero tampoco van a entregar sus armas”. El experto sostiene que el desarme voluntario podría ser efectivo en las personas que no delinquen, que tienen un arma ilegal en su casa, y la usan para protección personal.

“Los estudios nos dicen que portar un arma de fuego incrementa diez veces el riesgo de morir a causa de esa misma arma”, agrega.

Pablo Fernández, exsecretario de la Comisión Presidencial para el Desarme, le aseguró a El Tiempo que, luego del acercamiento de esta instancia a tres parroquias capitalinas -en las que se intentó implementar un plan piloto de desarme voluntario y fracasó-, muchos jóvenes delincuentes estaban esperando la concreción de los procedimientos del canje para entregar sus armas y reorientar su vida.

Cedeño duda de que el impacto de la ley, ahora con el reglamento, pueda sentirse a corto plazo. Cree que la instalación de la tecnología, la formación del personal necesario (como armeros) y la adecuación de los centros de recepción de armas tomará, incluso siendo eficientes, al menos un año. “Siempre se dijo que esto no era la solución a los problemas de violencia armada. Debe ser parte de una política integral que se concatene con una gran política nacional de prevención de la violencia”.

  • Toma y dame 
La Comisión Presidencial para el Desarme, en su página web, recibió la opinión de más de 7 mil personas sobre los beneficios que le otorgaría el gobierno a quien entregue un arma. Hasta junio pasado, la mitad (50%) pedía oportunidades de estudio o de empleo. En el reglamento este aspecto quedó poco preciso, considera Cedeño. El capítulo V, referente a los incentivos, establece que pueden ser individuales o colectivos. Los primeros, refiere el artículo 181, pueden ser bienes muebles. Al respecto el experto advierte: “A través de artículos materiales pudiera quedar en evidencia quién entregó o no un arma de fuego, lo cual contraviene el principio del anonimato”. También dispone que pueden ser incentivos laborales, educativos, de salud, que el Ejecutivo concederá directamente.

Vicerrectorado Académico ULA participó en apertura del Conversatorio sobre delito organizado en Venezuela

El delito más común en nuestro país es el robo de celulares, cien mil al mes dijo el sociólogo Luis Ernesto Cedeño Villalba.


El Vicerrectorado Académico de la Universidad de Los Andes participó en la apertura del Conversatorio sobre Delito Organizado en Venezuela, el cual se llevó a cabo en el Salón Barquisimeto del Hotel La Pedregosa de Mérida, bajo la organización del Observatorio de Delito Organizado, la Asociación Civil Paz Activa y la Alcaldía del Municipio Libertador del estado Mérida. El evento tuvo lugar el día martes 13 de mayo a las nueve de la mañana.

La licenciada Marlene Bauste, coordinadora de los Servicios Bibliotecarios de la ULA, asistió en representación del vicerrectora académica Dra. Patricia Rosenzweig Levy, e indicó que para el vicerrectorado académico era motivo de orgullo apoyar este tipo de evento en donde se dan a conocer trabajos investigativos que tienen que ver con el delito en nuestro país. En nombre de la profesora Patricia Rosenzweig Levy dio las gracias a los organizadores del evento por la participación en el mismo y los felicitó por el trabajo presentado.

El programa fue bastante condensado, iniciándose con la presentación del Observatorio del Delito Organizado y Resultados del 1er. Estudio Nacional sobre Delito Organizado, el cual estuvo a cargo del sociólogo Luis Ernesto Cedeño Villalba, quien además es el director de la Asociación Civil Paz Activa. Igualmente la abogada Maira Yadhira Duque Ramírez, Criminólogo y Docente de la ULA, disertó sobre Desplazamiento del Delito en Tiempos de Crisis. Cerró el ciclo el abogado Luis Miguel Balza Arismendi, Penalista y representante de la ULA, con  el tema: ¿Existe Política Criminal para Combatir el Delito Informático?

En la presentación de los resultados del primer estudio nacional sobre delito organizado efectuado el año pasado, el sociólogo Cedeño Villalba identifica cinco líneas económicas de estos delitos.  En ese sentido mencionó: el contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas.

“Todos estos elementos contribuyen a la violencia generalizada que tenemos hoy en día en Venezuela.”, señaló Cedeño Villalba. Manifestó que el secuestro es uno de los crímenes de mayor crecimiento en nuestro país.

Entre los delitos comunes que se identificaron en el investigación está el robo, y el más común, el robo de teléfonos celulares. Cien mil aparatos móviles se roban al mes en Venezuela y van a parar al mercado internacional a través de una cadena bien organizada de este delito.

Cuando indagamos cuáles serían las posibles causas del robo en nuestro país, el director de la Asociación Civil Paz Activa, expresó que es el lucro y no el hambre.

El estudio también develó una alta red de corrupción, en la cual se ven involucradas las estructuras del estado. Hay mafias muy bien organizadas en los distintos delitos que se cometen en el país.





Paz Activa en conjunto con la Alcaldía de Mérida realizó Conversatorio sobre Delito Organizado

Venezuela mantiene crisis de Seguridad Pública


(14/05/2014).- Con el objetivo de dar a conocer los resultados del 1er Estudio Nacional sobre Delito Organizado en Venezuela, que se realizó con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea, Laboratorio de Ciencias Sociales y del Observatorio Venezolano de Violencia, se llevó a cabo el conversatorio sobre el Delito Organizado en Venezuela, el cual contó con la presencia de diferentes representantes de entes Gubernamentales.

Carlos García, alcalde del municipio Libertador del estado Mérida, explicó que este evento es el inicio de un plan de trabajo, "agradezco a la fundación Paz Activa por brindarnos asesoría en estos temas que son fundamentales para el desenvolvimiento de la gestión, para que podamos seguir articulando acciones que beneficien al municipio al estado y al país.”

Luis Ernesto Cedeño, Director Ejecutivo de la Asociación Civil Paz Activa señaló que “se realizó un trabajo de campo acerca del delito organizado en Venezuela, crisis de seguridad pública y la percepción de los ciudadanos en sus comunidades, donde se le preguntaba acerca de los robos, sicariato, tráfico de armas, venta de droga y la facilidad de tener acceso a todos estos elementos, y los resultados de estos delitos en la comunidades de Venezuela son alarmantes ”.


Maira Duque, profesora de la Escuela de Criminología de la Universidad  de Los Andes señaló que "el sentimiento de inseguridad en el estado es alto, la población  necesita estar informada de cuáles son los delitos que están ocurriendo en su comunidad para que los propios ciudadanos tomen sus precauciones".