Por: Circuito Éxitos
Los recientes acontecimientos en la cárcel de San Antonio en Nueva Esparta desencadenaron el análisis y la inquietud de los especialistas.
El sociólogo, Luis Cedeño expresó su preocupación por la extensión del problema carcelario en Venezuela y las comodidades donde cumplen condenas los reos "el control que tiene el delito organizado con el sistema penitenciario es un claro indicador de que Venezuela está permeado por estos agentes".
Describe al país como una "suerte de estado mafioso" por no tener la capacidad de revertir la situación, por beneficiar la dinámica y no tener una voluntad de política real.
El ex ministro de la defensa, Raúl Salazar conversó sobre las funciones que deberían cumplir las cárceles y no se están haciendo "estas son para reformar, cambiar y los presos deben salir con otras cualidades" comentó que a diferencia de esto se están creando ídolos de barro. Se debe corregir y convocar un comité para ver la responsabilidad en lo sucedido en Margarita "Los pranes no deben existir".
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viernes, 29 de enero de 2016
jueves, 21 de enero de 2016
Venezuela vive una guerra no declarada
Una bala perdida mató a un niño en su casa, a un joven lo asesinó un ladrón forzándolo a 'jugar' a la ruleta rusa... Caracas ha registrado más de 5.180 homicidios en el año más violento que se recuerda.
Desde muy temprano por la mañana la morgue de Bello Monte, en Caracas, comienza a recibir a los familiares de las personas que han muerto en hechos violentos. Accidentes de tránsito, sí, pero sobre todo asesinatos. La rutina diaria en la capital venezolana.
Alejandro Mantilla, un joven de 25 años, murió de un disparo en la cabeza. Días atrás fue víctima de un robo. Lo despojaron de su coche. En él estaban las llaves de su casa. La madrugada del 30 de diciembre, cinco personas entraron en la vivienda de Mantilla. Robaron lo que pudieron, destrozaron algunas cosas. A la madre, tía y abuela las retuvieron en una de las habitaciones. Alejandro y un amigo fueron llevados al baño. Ambos fueron amarrados. Su verdugo decidió jugar a la ruleta rusa con ellos. Gatillo. Disparo. Y allí estaba la bala que perforó el cráneo de Alejandro.
Algunos dirían que el azar; sus allegados, en cambio, señalan a la delincuencia desatada. “No hay justicia”, se escucha decir a uno de los compañeros que asiste a la familia en los trámites para retirar el cadáver. “Aquí da miedo salir para la calle”. Ni en casa se está seguro.
Caracas es una ciudad peligrosa, el reflejo de un país violento. Las cifras de 2015 así lo demuestran. El año finaliza con una tasa histórica de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en su informe publicado el 28 de diciembre, en el cual precisan que durante el año se registraron 27.875 muertes violentas. Esto se traduce en aproximadamente 76 muertos cada día, unos 3 asesinatos cada hora.
El OVV es una organización conformada por investigadores de siete universidades del país, que le ha seguido el pulso a la criminalidad en Venezuela y se ha convertido en referencia sobre las estimaciones anuales de homicidios, sobre todo tras la restricción de información oficial sobre el tema, que comenzó desde 2004.
Cuando la “revolución bolivariana” llegó al poder, en diciembre de 1998, Venezuela tenía una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, con una cifra de 4.550 muertes violentas al año. Poco a poco los números han ido aumentando. En el año 2000 ya superaba los 8.000 homicidios, en 2002 los 9.600 y registró un gran brinco en 2003.
Ese fue el último año en el que hubo acceso libre a estadísticas sobre criminalidad, como recuerda el Observatorio en el informe de ese período. En 2003 se registraron 11.342 homicidios en todo el país (44 por cada 100.000); en los dos años siguientes las estadísticas bajaron pero a partir de 2006, cuando se superó la barrera de 12.200 asesinatos, no ha bajado más.
En 2013, diez años después de la censura de la información, la cifra se había elevado a 24.763 muertes violentas (79 por cada 100.000 habitantes) y en 2014 se incrementó levemente a 24.980 fallecidos (la tasa de homicidios subió a 82 por cada 100 mil habitantes).
Pero la violencia en 2015 no tiene precedentes.
“Esta tasa pudiera colocar a Venezuela como el país más violento de América, luego de conocer las cifras de Honduras y El Salvador, pues Honduras, que el año pasado se encontraba en ese primer lugar, ha tenido un descenso importante en el número de homicidios; pero El Salvador ha sufrido un incremento importante, que lo pudiera colocar con una tasa igual o superior a la de Venezuela”, indica el documento.
Solo en el Área Metropolitana de Caracas se habían registrado unas 5.180 muertes violentas hasta el último domingo del año (27 de diciembre), cifra que ya superaba el total de homicidios ocurridos en la capital venezolana en 2014, cuando se contabilizaron 5.058. Esto según registros llevados por los periodistas que cubren la fuente de sucesos y acuden a diario a la medicatura forense de Bello Monte, la principal de la capital, en donde aún se pueden obtener cifras extraoficiales y se confirman los fallecimientos con las personas que acuden a retirar el cuerpo de su familiar.
“La violencia se ha incrementado en el país por ausencia y exceso de Estado. Por ausencia de la protección de las personas y del castigo de los delincuentes; en exceso por el incremento de controles y regulaciones que han llevado al incremento de los abusos de los encargados de su aplicación y al surgimiento de mercados y conductas paralegales o ilegales”, han indicado los especialistas en el informe anual.
POLICÍAS ASESINADOS
En Venezuela los encargados de la seguridad ciudadana se han convertido en un blanco apetecible y nada temido por los delincuentes. Al menos 145 funcionarios policiales han sido asesinados en Caracas en 2015, un promedio de 12 cada mes. La cifra, contabilizada por la Policía del estado Miranda (de la región capital), incluye a integrantes de las Fuerzas Armadas y policías. 2014 culminó con poco más de 130 uniformados asesinados en la capital del país.
Los hechos más recientes ocurrieron en vísperas de Navidad. Entre el 23 y 26 de diciembre mataron a cinco y tres de ellos murieron en hechos ocurridos el 24 de diciembre: dos policías fallecieron al ser acribillados por delincuentes que dispararon contra la sede de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en San Agustín del Sur, una de las zonas populares de la capital, y otro fue asesinado en su casa por unos hombres que llegaron a robar. A ellos se suma un funcionario asesinado tras ser robado cuando llegaba a su casa y un teniente del Ejército venezolano que fue secuestrado junto a un familiar y posteriormente lo hallaron muerto con impactos de bala.
Sobre estos casos el Gobierno venezolano pocas veces se pronuncia, por lo que tampoco se publican datos oficiales al respecto. Hasta el 1 de octubre pasado, la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) llevaba la cuenta de 250 policías asesinados en el país y más recientemente, la Fundación de Ayuda al Policía (Fundapol), ha informado que 2015 ha terminado con 600 uniformados de baja, entre funcionarios de todos los cuerpos de seguridad, tanto civiles como militares.
Para los delincuentes es más importante matar al funcionario que quitarle el arma y dejarlo vivo, porque esa muerte les da estatus.
A la mayoría los matan de varios tiros, para robarles el armamento y la moto. Sin embargo, los motivos van más allá. Rafael Graterol, jefe del Centro de Coordinación Policial nº 7 de la Policía del estado Miranda, con jurisdicción en cuatro de las cinco municipalidades del Área Metropolitana de Caracas, ha explicado que para los delincuentes ahora es más importante matar al funcionario que quitarle el arma y dejarlo vivo, porque esa muerte “les da estatus”.
Pero este año se sumó otra modalidad de ataque a uniformados y es el lanzamiento de granadas. Este armamento de guerra comenzó a ser empleado por los delincuentes con mayor frecuencia desde el primer trimestre de 2015 y ya en abril se habían registrado 18 ataques con granadas, la mayoría contra sedes policiales o comisiones desplegadas en la vía pública, pero también en enfrentamientos entre bandas y uniformados.
El uso de estos explosivos en 2015 ha sido desproporcionado, a juicio de Graterol, quien ha recordado el empleo de granadas en años anteriores pero de manera aislada. Además los delincuentes están equipados con otras armas de guerra como las subametralladoras HK, fusiles AK-103, AK-47 y AR-15, que desde hace tres años, aproximadamente, están siendo empleadas por bandas criminales. En 2012 comenzaron las denuncias sobre robos masivos y secuestros con el uso de armas largas, ha informado el abogado criminalista Fermín Mármol García.
Se han reportado al menos 40 ataques con granadas en un año. El domingo 27 de diciembre un puesto itinerante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en la plaza La Concordia, en el sector Santa Rosalía del centro de Caracas, fue atacado con uno de estos explosivos cerca de las 23:00 horas.
Dos personas fallecieron tras el suceso, un sargento de la GNB y una bebé de 8 meses. Ocho más resultaron heridos. Según las investigaciones policiales el artefacto pudo ser lanzado desde lo alto de un edificio.
IMPUNIDAD DEL 90%
Los índices de violencia y el uso de armamento de guerra por bandas criminales responden a dos hechos, según investigadores del área: la corrupción y la impunidad.
En Venezuela, organizaciones no gubernamentales como el Observatorio del Delito Organizado y Paz Activa, así como criminólogos, han determinado que la impunidad en el país supera el 90%. Es decir, de cada 100 delitos no se castigan más de 10, aunque Mármol García estima que de esos 100 no se castigan más de cinco o seis.
Esto abona el terreno para la exacerbación de los delitos y de la corrupción, a través de la que los delincuentes han podido obtener armamento que debe estar en manos de funcionarios militares. De hecho, una resolución del año 2011, del Ministerio de Defensa, restringió el uso de escopetas a las policías municipales y regionales, de ahí que los delincuentes estén mejor armados que los policías.
Entre julio y agosto de 2015, el OVV, Paz Activa y el Observatorio del Delito Organizado realizaron una encuesta a 3.500 personas, en 22 estados del país, para conocer la opinión de los venezolanos sobre la criminalidad y delincuencia. De esa consulta obtuvieron que 66% de los venezolanos considera que los policías y los militares son quienes le venden armas al delito organizado.
El 64% aseguró que en su comunidad es fácil o muy fácil conseguir drogas; 58% informó que es fácil o muy fácil conseguir un arma de fuego en el lugar donde vive (el porcentaje aumentó 16% con respecto a 2013), y un dato dramático, a juicio de los investigadores, fue que 50% de los venezolanos indicara que es fácil o muy fácil mandar a matar a alguien en su comunidad, porcentaje que hace dos años alcanzó el 35%.
El 50,5% de los encuestados dijeron haber sido víctimas de robo o hurto en los últimos 12 meses, mientras que 43,5% dijo que alguna de las personas de su núcleo familiar sufrió por lo mismo en el último año. Además, tres de cada cuatro venezolanos (76%), aseguró que la inseguridad había aumentado en el país entre agosto de 2014 y agosto de 2015.
LA VIDA DESPUÉS DE UN SECUESTRO
A partir de las 19 horas las calles de Caracas van quedando vacías. La gente apresura el paso para llegar a casa y a las 21 horas es difícil ver a alguien caminar por las vías. Avenidas desoladas, a oscuras. Parece la escena de un toque de queda no decretado. Los negocios están cerrados, la gente encerrada en sus hogares. El temor por ser víctima de la delincuencia limita a los caraqueños que tienen a flor de piel el relato de algún crimen padecido en primera persona o con algún familiar o conocido como protagonista.
Rafael Arcia dice que su vida ya no es la misma desde que fue secuestrado. Cuenta que aquella noche un vehículo lo interceptó mientras transitaba en el coche de un amigo en una zona residencial de clase media. Cuatro sujetos con armas largas los bajaron del auto, los vendaron y en una camioneta los trasladaron hacia un lugar que no ha podido determinar con exactitud, pero que está seguro era en un barrio populoso del oeste caraqueño.
El traslado se prolongó durante una hora. Rafael sentía que subían hacia un cerro, de los muchos que componen el cinturón de miseria capitalino. Otro grupo de maleantes los esperaba en una chabola, donde permanecieron por cuatro horas mientras se negociaba el rescate con sus familiares. Al sitio le decían “la nevera”.
Me quitaron la venda de los ojos, pero preferí no verles la cara. Pensé que si los veía, podrían asesinarme.
“Me quitaron la venda de los ojos, pero siempre mantuve mi mirada hacia el suelo. Ellos decían que les podía ver la cara, pero yo preferí evitarlo. Pensé que si los veía podrían asesinarme por temor a que los reconociera después. Pasaban los minutos y me iba poniendo nervioso. No sabía de dónde mi familia iba a sacar el dinero que pedían por mí. Mis captores lo sabían y me decían: ‘hoy como que te vas a morir".
Los familiares de Rafael lograron pagar el rescate. Juntaron joyas, dinero en efectivo y algunos dólares con ayuda de los vecinos. Pactaron la entrega vía telefónica y el joven de 29 años fue liberado en un barrio. Nunca hizo la denuncia formal ante la policía. El miedo lo superó. “En Caracas uno siempre tiene que estar alerta, ver para todos lados. Todos los días de mi vida recuerdo cuando fui secuestrado. Esa experiencia me ha dejado un trauma. He dejado de salir, de hacer muchas cosas por miedo. Estos no son juegos”.
Según la organización Control Risk, Venezuela ocupó el 5º lugar entre los países del mundo con mayor incidencia de secuestros para diciembre de 2014. México, India, Nigeria y Pakistán estuvieron en los primeros cuatro puestos de la clasificación, mientras que el Líbano, Filipinas, Afganistán, Colombia e Irak completaron el listado de los primeros 10 países.
El especialista en criminalidad y delincuencia organizada, Marcos Tarre Briceño, ha informado que si bien México supera al país suramericano en el número de secuestros por año, con un promedio de 2.340 frente a 1.000 secuestros anuales en Venezuela, cuando se calculan esas cifras según la cantidad de habitantes Venezuela pasa al primer lugar en Latinoamérica, con una tasa de 3,26 secuestros frente a 1,93 de México, 0,49 de Colombia y 0,15 de Brasil. Mientras México tiene una población de 130 millones de personas, Venezuela apenas supera los 30 millones de habitantes.
Tarre, autor del libro Secuestro extorsivo convencional y secuestro exprés: Delitos latinoamericanos, también ha explicado que los delincuentes venezolanos han aprendido de los colombianos en la ejecución de secuestros, pero recuerda que Colombia ha logrado reducir sus cifras de secuestro, reportando en 2014 apenas 300 si se compara con los 3.500 casos que ocurrían en el año 2000.
Fuente: El Español
Desde muy temprano por la mañana la morgue de Bello Monte, en Caracas, comienza a recibir a los familiares de las personas que han muerto en hechos violentos. Accidentes de tránsito, sí, pero sobre todo asesinatos. La rutina diaria en la capital venezolana.
Alejandro Mantilla, un joven de 25 años, murió de un disparo en la cabeza. Días atrás fue víctima de un robo. Lo despojaron de su coche. En él estaban las llaves de su casa. La madrugada del 30 de diciembre, cinco personas entraron en la vivienda de Mantilla. Robaron lo que pudieron, destrozaron algunas cosas. A la madre, tía y abuela las retuvieron en una de las habitaciones. Alejandro y un amigo fueron llevados al baño. Ambos fueron amarrados. Su verdugo decidió jugar a la ruleta rusa con ellos. Gatillo. Disparo. Y allí estaba la bala que perforó el cráneo de Alejandro.
Algunos dirían que el azar; sus allegados, en cambio, señalan a la delincuencia desatada. “No hay justicia”, se escucha decir a uno de los compañeros que asiste a la familia en los trámites para retirar el cadáver. “Aquí da miedo salir para la calle”. Ni en casa se está seguro.
Caracas es una ciudad peligrosa, el reflejo de un país violento. Las cifras de 2015 así lo demuestran. El año finaliza con una tasa histórica de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en su informe publicado el 28 de diciembre, en el cual precisan que durante el año se registraron 27.875 muertes violentas. Esto se traduce en aproximadamente 76 muertos cada día, unos 3 asesinatos cada hora.
El OVV es una organización conformada por investigadores de siete universidades del país, que le ha seguido el pulso a la criminalidad en Venezuela y se ha convertido en referencia sobre las estimaciones anuales de homicidios, sobre todo tras la restricción de información oficial sobre el tema, que comenzó desde 2004.
Cuando la “revolución bolivariana” llegó al poder, en diciembre de 1998, Venezuela tenía una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, con una cifra de 4.550 muertes violentas al año. Poco a poco los números han ido aumentando. En el año 2000 ya superaba los 8.000 homicidios, en 2002 los 9.600 y registró un gran brinco en 2003.
Ese fue el último año en el que hubo acceso libre a estadísticas sobre criminalidad, como recuerda el Observatorio en el informe de ese período. En 2003 se registraron 11.342 homicidios en todo el país (44 por cada 100.000); en los dos años siguientes las estadísticas bajaron pero a partir de 2006, cuando se superó la barrera de 12.200 asesinatos, no ha bajado más.
En 2013, diez años después de la censura de la información, la cifra se había elevado a 24.763 muertes violentas (79 por cada 100.000 habitantes) y en 2014 se incrementó levemente a 24.980 fallecidos (la tasa de homicidios subió a 82 por cada 100 mil habitantes).
Pero la violencia en 2015 no tiene precedentes.
“Esta tasa pudiera colocar a Venezuela como el país más violento de América, luego de conocer las cifras de Honduras y El Salvador, pues Honduras, que el año pasado se encontraba en ese primer lugar, ha tenido un descenso importante en el número de homicidios; pero El Salvador ha sufrido un incremento importante, que lo pudiera colocar con una tasa igual o superior a la de Venezuela”, indica el documento.
Solo en el Área Metropolitana de Caracas se habían registrado unas 5.180 muertes violentas hasta el último domingo del año (27 de diciembre), cifra que ya superaba el total de homicidios ocurridos en la capital venezolana en 2014, cuando se contabilizaron 5.058. Esto según registros llevados por los periodistas que cubren la fuente de sucesos y acuden a diario a la medicatura forense de Bello Monte, la principal de la capital, en donde aún se pueden obtener cifras extraoficiales y se confirman los fallecimientos con las personas que acuden a retirar el cuerpo de su familiar.
“La violencia se ha incrementado en el país por ausencia y exceso de Estado. Por ausencia de la protección de las personas y del castigo de los delincuentes; en exceso por el incremento de controles y regulaciones que han llevado al incremento de los abusos de los encargados de su aplicación y al surgimiento de mercados y conductas paralegales o ilegales”, han indicado los especialistas en el informe anual.
POLICÍAS ASESINADOS
En Venezuela los encargados de la seguridad ciudadana se han convertido en un blanco apetecible y nada temido por los delincuentes. Al menos 145 funcionarios policiales han sido asesinados en Caracas en 2015, un promedio de 12 cada mes. La cifra, contabilizada por la Policía del estado Miranda (de la región capital), incluye a integrantes de las Fuerzas Armadas y policías. 2014 culminó con poco más de 130 uniformados asesinados en la capital del país.
Los hechos más recientes ocurrieron en vísperas de Navidad. Entre el 23 y 26 de diciembre mataron a cinco y tres de ellos murieron en hechos ocurridos el 24 de diciembre: dos policías fallecieron al ser acribillados por delincuentes que dispararon contra la sede de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en San Agustín del Sur, una de las zonas populares de la capital, y otro fue asesinado en su casa por unos hombres que llegaron a robar. A ellos se suma un funcionario asesinado tras ser robado cuando llegaba a su casa y un teniente del Ejército venezolano que fue secuestrado junto a un familiar y posteriormente lo hallaron muerto con impactos de bala.
Sobre estos casos el Gobierno venezolano pocas veces se pronuncia, por lo que tampoco se publican datos oficiales al respecto. Hasta el 1 de octubre pasado, la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) llevaba la cuenta de 250 policías asesinados en el país y más recientemente, la Fundación de Ayuda al Policía (Fundapol), ha informado que 2015 ha terminado con 600 uniformados de baja, entre funcionarios de todos los cuerpos de seguridad, tanto civiles como militares.
Para los delincuentes es más importante matar al funcionario que quitarle el arma y dejarlo vivo, porque esa muerte les da estatus.
A la mayoría los matan de varios tiros, para robarles el armamento y la moto. Sin embargo, los motivos van más allá. Rafael Graterol, jefe del Centro de Coordinación Policial nº 7 de la Policía del estado Miranda, con jurisdicción en cuatro de las cinco municipalidades del Área Metropolitana de Caracas, ha explicado que para los delincuentes ahora es más importante matar al funcionario que quitarle el arma y dejarlo vivo, porque esa muerte “les da estatus”.
Pero este año se sumó otra modalidad de ataque a uniformados y es el lanzamiento de granadas. Este armamento de guerra comenzó a ser empleado por los delincuentes con mayor frecuencia desde el primer trimestre de 2015 y ya en abril se habían registrado 18 ataques con granadas, la mayoría contra sedes policiales o comisiones desplegadas en la vía pública, pero también en enfrentamientos entre bandas y uniformados.
El uso de estos explosivos en 2015 ha sido desproporcionado, a juicio de Graterol, quien ha recordado el empleo de granadas en años anteriores pero de manera aislada. Además los delincuentes están equipados con otras armas de guerra como las subametralladoras HK, fusiles AK-103, AK-47 y AR-15, que desde hace tres años, aproximadamente, están siendo empleadas por bandas criminales. En 2012 comenzaron las denuncias sobre robos masivos y secuestros con el uso de armas largas, ha informado el abogado criminalista Fermín Mármol García.
Se han reportado al menos 40 ataques con granadas en un año. El domingo 27 de diciembre un puesto itinerante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en la plaza La Concordia, en el sector Santa Rosalía del centro de Caracas, fue atacado con uno de estos explosivos cerca de las 23:00 horas.
Dos personas fallecieron tras el suceso, un sargento de la GNB y una bebé de 8 meses. Ocho más resultaron heridos. Según las investigaciones policiales el artefacto pudo ser lanzado desde lo alto de un edificio.
IMPUNIDAD DEL 90%
Los índices de violencia y el uso de armamento de guerra por bandas criminales responden a dos hechos, según investigadores del área: la corrupción y la impunidad.
En Venezuela, organizaciones no gubernamentales como el Observatorio del Delito Organizado y Paz Activa, así como criminólogos, han determinado que la impunidad en el país supera el 90%. Es decir, de cada 100 delitos no se castigan más de 10, aunque Mármol García estima que de esos 100 no se castigan más de cinco o seis.
Esto abona el terreno para la exacerbación de los delitos y de la corrupción, a través de la que los delincuentes han podido obtener armamento que debe estar en manos de funcionarios militares. De hecho, una resolución del año 2011, del Ministerio de Defensa, restringió el uso de escopetas a las policías municipales y regionales, de ahí que los delincuentes estén mejor armados que los policías.
Entre julio y agosto de 2015, el OVV, Paz Activa y el Observatorio del Delito Organizado realizaron una encuesta a 3.500 personas, en 22 estados del país, para conocer la opinión de los venezolanos sobre la criminalidad y delincuencia. De esa consulta obtuvieron que 66% de los venezolanos considera que los policías y los militares son quienes le venden armas al delito organizado.
El 64% aseguró que en su comunidad es fácil o muy fácil conseguir drogas; 58% informó que es fácil o muy fácil conseguir un arma de fuego en el lugar donde vive (el porcentaje aumentó 16% con respecto a 2013), y un dato dramático, a juicio de los investigadores, fue que 50% de los venezolanos indicara que es fácil o muy fácil mandar a matar a alguien en su comunidad, porcentaje que hace dos años alcanzó el 35%.
El 50,5% de los encuestados dijeron haber sido víctimas de robo o hurto en los últimos 12 meses, mientras que 43,5% dijo que alguna de las personas de su núcleo familiar sufrió por lo mismo en el último año. Además, tres de cada cuatro venezolanos (76%), aseguró que la inseguridad había aumentado en el país entre agosto de 2014 y agosto de 2015.
LA VIDA DESPUÉS DE UN SECUESTRO
A partir de las 19 horas las calles de Caracas van quedando vacías. La gente apresura el paso para llegar a casa y a las 21 horas es difícil ver a alguien caminar por las vías. Avenidas desoladas, a oscuras. Parece la escena de un toque de queda no decretado. Los negocios están cerrados, la gente encerrada en sus hogares. El temor por ser víctima de la delincuencia limita a los caraqueños que tienen a flor de piel el relato de algún crimen padecido en primera persona o con algún familiar o conocido como protagonista.
Rafael Arcia dice que su vida ya no es la misma desde que fue secuestrado. Cuenta que aquella noche un vehículo lo interceptó mientras transitaba en el coche de un amigo en una zona residencial de clase media. Cuatro sujetos con armas largas los bajaron del auto, los vendaron y en una camioneta los trasladaron hacia un lugar que no ha podido determinar con exactitud, pero que está seguro era en un barrio populoso del oeste caraqueño.
El traslado se prolongó durante una hora. Rafael sentía que subían hacia un cerro, de los muchos que componen el cinturón de miseria capitalino. Otro grupo de maleantes los esperaba en una chabola, donde permanecieron por cuatro horas mientras se negociaba el rescate con sus familiares. Al sitio le decían “la nevera”.
Me quitaron la venda de los ojos, pero preferí no verles la cara. Pensé que si los veía, podrían asesinarme.
“Me quitaron la venda de los ojos, pero siempre mantuve mi mirada hacia el suelo. Ellos decían que les podía ver la cara, pero yo preferí evitarlo. Pensé que si los veía podrían asesinarme por temor a que los reconociera después. Pasaban los minutos y me iba poniendo nervioso. No sabía de dónde mi familia iba a sacar el dinero que pedían por mí. Mis captores lo sabían y me decían: ‘hoy como que te vas a morir".
Los familiares de Rafael lograron pagar el rescate. Juntaron joyas, dinero en efectivo y algunos dólares con ayuda de los vecinos. Pactaron la entrega vía telefónica y el joven de 29 años fue liberado en un barrio. Nunca hizo la denuncia formal ante la policía. El miedo lo superó. “En Caracas uno siempre tiene que estar alerta, ver para todos lados. Todos los días de mi vida recuerdo cuando fui secuestrado. Esa experiencia me ha dejado un trauma. He dejado de salir, de hacer muchas cosas por miedo. Estos no son juegos”.
Según la organización Control Risk, Venezuela ocupó el 5º lugar entre los países del mundo con mayor incidencia de secuestros para diciembre de 2014. México, India, Nigeria y Pakistán estuvieron en los primeros cuatro puestos de la clasificación, mientras que el Líbano, Filipinas, Afganistán, Colombia e Irak completaron el listado de los primeros 10 países.
El especialista en criminalidad y delincuencia organizada, Marcos Tarre Briceño, ha informado que si bien México supera al país suramericano en el número de secuestros por año, con un promedio de 2.340 frente a 1.000 secuestros anuales en Venezuela, cuando se calculan esas cifras según la cantidad de habitantes Venezuela pasa al primer lugar en Latinoamérica, con una tasa de 3,26 secuestros frente a 1,93 de México, 0,49 de Colombia y 0,15 de Brasil. Mientras México tiene una población de 130 millones de personas, Venezuela apenas supera los 30 millones de habitantes.
Tarre, autor del libro Secuestro extorsivo convencional y secuestro exprés: Delitos latinoamericanos, también ha explicado que los delincuentes venezolanos han aprendido de los colombianos en la ejecución de secuestros, pero recuerda que Colombia ha logrado reducir sus cifras de secuestro, reportando en 2014 apenas 300 si se compara con los 3.500 casos que ocurrían en el año 2000.
Fuente: El Español
jueves, 7 de enero de 2016
PNB requiere revisión por corrupción interna
El cuerpo policial que en un principio se mantuvo "limpiecito" va acumulando denuncias de funcionarios criminales. El brillo no le duró ni 10 años.
La Policía Nacional Bolivariana era necesaria, su nacimiento concretado en 2009, surgió de una recomendación bien fundada de la Comisión Nacional de la Reforma Policial de 2006. Pero, lo que se había propuesto como un cuerpo de seguridad renovado y capaz se ha visto empañado por numerosas denuncias que involucran a sus miembros en hechos delictivos.
En agosto, en una misma semana, el propio Ministerio Público acusó a un PNB por presuntamente participar en un secuestro, junto con cuatro hombres más, de un comerciante de Vargas. Y pocos días antes otros siete efectivos de la misma institución policial estuvieron incursos en hechos escandalosos. Cuatro fueron privados de libertad por su presunta responsabilidad en la muerte de un joven hallado en las inmediaciones de la plaza Los Museos de Los Caobos. Mientras que tres funcionarios, entre ellos una mujer, incurrieron en los delitos de trato cruel al presuntamente abusar sexualmente de un recluso con un objeto punzopenetrante que se encontraba en la cárcel de Uribana, en Barquisimeto.
El director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, confirma que las estadísticas que ha realizado la organización no gubernamental que preside, evidencian que la PNB siendo una policía tan nueva, en corto tiempo ha asimilado una cantidad de vicios por encima de cuerpos de seguridad con mayor tiempo de funcionamiento, como las municipales y estadales.
NACIÓ PODRIDA
El sacrificio de la cantidad por encima de la calidad, por el supuesto ánimo de rescatar el tiempo perdido que transcurrió entre el anuncio del nacimiento y la verdadera fecha de ejecución, a juicio del criminólogo Fermín Mármol García, provocó desde un principio que se cometieran muchos errores. La poca preparación es uno de ellos.
El abogado explica que la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), encargada de la formación académica y práctica de los funcionarios no aplicó correctamente el filtro en relación a los aspirantes, pues a su juicio tuvo mucha carga ideológica y político-partidista. "Más la necesidad de egresar promociones muy robustas (en cantidad) y no era lo que se pretendía. Eso trajo como consecuencia que veamos la cantidad de muchachos que a simple vista se ven inexpertos. En los trabajos de investigación que se han hecho se ha podido evidenciar que no salen con el entrenamiento de uso de armas de fuego, no hubo entrenamiento porque no había suficientes municiones", denuncia el abogado.
Las fallas en las aptitudes de los aspirantes y la excesiva permisología también han jugado en contra. De acuerdo con Mármol García, muchos aspirantes no tienen la vocación, y además tampoco se hacen las pruebas psicotécnicas necesarias. "Por eso la policía nace con un error estratégico de políticas públicas, asfixiando a las policías municipales, cuando la Constitución permite la convivencia de tres modelos de policía", sostiene el criminólogo, quien recuerda que al irrumpir en la actividad pública, la PNB provocó el cierre de academias de policías. "Le dieron toda una publicidad para otorgarle preponderancia y eso le hizo año al estamento municipal", agrega.
Pero la cantidad de uniformados activos tampoco ha correspondido a la promesa hecha. Cedeño denuncia que la PNB no ha crecido lo rápido que ha debido. Dice que no puede precisar la cantidad actual de funcionarios, pues la cifra oficial se suma a la lista de deudas del Estado y a las dificultades del acceso a la información, pero estima que existen entre 15 y 21 efectivos. "Es muy poca la gente que sale de la UNES. Capacitar 800 uniformados por tiempo académico es insuficiente todavía, porque hay un gran déficit agudo a nivel nacional. Si le preguntas a una persona qué es lo que quiere, responde que ver más policías", sostiene el sociólogo de la ONG Paz Activa.
SE DAÑARON LOS FILTROS
En un principio para entrar en funcionamiento, la PNB tuvo que absorber funcionarios de la Policía Metropolitana, sobre todo los de alto rango, y muchos de ellos ya traían vicios, según denuncia Cedeño. Por eso es que tiene problemáticas muy parecidas a las policías nacionales y estadales. "Además, el Estado ha decidido seguir tratando a las personas que trabajan en las fuerzas de seguridad como personal `obreril’, porque se les paga sueldos de obrero y no le ofrece protección social adecuada. La carrera policial no ha sido atractiva económicamente, y la presión popular lo expone en una situación de vulnerabilidad en la cual es fácilmente corrompible" (sic).
Los uniformados, a su criterio, suelen ser infieles pues rompen su juramento de ser policías para hacer otra cosa. "Si no están haciendo servicios de seguridad privada, se dedican a formas de delincuencia que les da más dinero".
La promesa entonces de que la PNB sería la entidad por excelencia que llegaría para acabar con el crimen no se ha cumplido. "Lamentablemente no corrigió los defectos que pudo haber tenido la Policía Metropolitana, no tuvo nada novedoso, de lo cual podamos sentirnos impresionados", apunta Mármol García.
Para Cedeño, la fórmula que puede atacar este cáncer es: Más y mejores policías. Pero para tener eso se necesita entrenarlos mejor, invertir más dinero y pagarles más. Asegura que en el país no existe una política de seguridad pública que funcione porque el Estado dedica a este gran problema que afecta al 80% de los venezolanos solo el 1% del presupuesto nacional. "Uno pone dinero en las cosas que le interesan", concluye.
NO INSPIRAN CONFIANZA
Fermín Mármol García destaca que la II Encuesta sobre Delito Organizado en Venezuela, que publicó el Observatorio Venezolano de Violencia y Paz Activa, tiene un dato interesante: el 80% de los encuestados, tiene el temor de cooperar con los cuerpos policiales y eso incluye a la PNB. "Comparando ese ítem en 2015 con el de 2013, la PNB no pudo lograr conquistar la confianza de la ciudadanía".
Ello a pesar de que con su nacimiento, se reformuló hasta los uniformes de los cuerpos policiales para hacerlos más acordes a una "policía preventiva, humanista", según el MIJ. Por eso, se definió que los colores fueran "pastel, frescos, que irradian seguridad mas no agresividad ni represión", según explicó en 2009 el comisario Liderlis Montero, entonces coordinador del proyecto de estándares del servicio nacional de policía.
Fuente: Tal Cual (KEILYN ITRIAGO MARRUFO / SARAÍ COSCOJUELA OJEDA)
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