miércoles, 24 de octubre de 2012





  Unión Europea y Paz Activa firman convenio para
observar el fenómeno del delito organizado en Venezuela

En alianza con OVV-LACSO, el Observatorio Venezolano generará
 indicadores y recomendaciones sobre el tema con el apoyo
de reconocidas instituciones de América Latina

(Caracas, 23 de octubre de 2012) –  "La firma de este acuerdo de cooperación con la Unión Europea y Paz Activa permitirá una observancia del fenómeno del delito organizado en nuestra sociedad, generando indicadores y recomendaciones desde la imparcialidad de la sociedad civil". Así lo informó el Director Ejecutivo de Paz Activa, Luis Cedeño, quien resaltó la importancia de la creación de un Observatorio Venezolano de Delito Organizado.   

La importancia del Delito Organizado Transnacional (DOT) en su relación con los derechos humanos, es que justamente a través de apariencias legales y socialmente aceptadas, someten al peligro a las poblaciones vulnerables. La trata de mujeres, el tráfico de niños y niñas, el tráfico de órganos, el tráfico de drogas, siempre tienen como objetivo sacar provecho a estas poblaciones vulnerables violando los derechos de los niños y niñas, los de las mujeres y el derecho a una vida digna. Por tal razón, es el Estado el responsable de velar por el bienestar de la población impidiendo la propagación, fortalecimiento o aceptación de redes de delito organizado transnacional en Venezuela, colaborando con las distintas instancias creadas para su vigilancia y erradicación, además trabajar internamente para eliminarlas.

La Asociación Civil Paz Activa estará a cargo de la coordinación de la ejecución del proyecto, en alianza con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) - LACSO (Laboratorio de Ciencias Sociales de la UCV) como socio. También contarán con la colaboración de otras instituciones de algunos países de América Latina que serán identificados en la ejecución del proyecto.

Luis Cedeño explica que “la propuesta metodológica en la cual se sustenta el proyecto consiste en una ‘investigación-acción’, que es una forma de indagación rigurosa  sobre el tema del DOT en Venezuela que está siendo emprendida por Paz Activa y OVV-LACSO, ambos preocupados por el impacto que tiene este delito en el aumento de criminalidad en el país, y que a través de un conjunto de acciones  se puede contribuir a mejorar la situación en la que se encuentra dicho problema”.

Este proyecto se enmarca y está acorde con el marco legal existente en el país.

Desde la sociedad civil se puede brindar apoyo en el análisis y vigilancia del fenómeno, realizando aportes que puedan resultar valiosos e igualmente estimular al Estado y a las instituciones correspondientes a demostrar la voluntad política existente para vencer este problema. Promover la realización de actividades sobre el delito organizado transnacional con un enfoque de derechos humanos, recordando que las consecuencias que trae el delito organizado afectan directamente a la sociedad venezolana.

Entre algunas de las acciones que desarrollará este proyecto se encuentran la identificación de organizaciones de la sociedad civil y/o institutos académicos en los países de la región; recopilar, procesar y analizar información documental sobre la situación del delito organizado transnacional en Venezuela y en los siguientes países: Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Honduras, El Salvador y México.
Igualmente, consultar a expertos para el análisis de los datos y definición de los principales indicadores; realizar 10 entrevistas en profundidad con expertos locales y regionales sobre la situación del delito organizado transnacional; construir una base de datos de indicadores sobre la situación del delito transnacional organizado; elaborar informes anuales sobre la situación del delito organizado transnacional con sus respectivas recomendaciones, entre otras.

Asimismo, está contemplado presentar ante las audiencias de la CIDH, el Informe de la situación del delito transnacional organizado e implementar en la página web de Paz Activa un espacio para dar cuenta sobre los resultados, evaluación, seguimiento y monitoreo de la puesta en ejecución de este proyecto. 






miércoles, 17 de octubre de 2012

jueves, 11 de octubre de 2012

Recolección de Fondos
146° período de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos


Jueves 11 de Octubre de 2012 
11:00 am a 5:00 pm
Plaza de Los Palos Grandes
Esquina noroeste entre 3ra. avenida y 2da. transversal de la Urbanización Los Palos Grandes
Municipio Chacao, Estado Miranda

martes, 2 de octubre de 2012


Violencia en Venezuela

Fecha: Viernes, 28 de Septiembre de 2012
Programa A Nivel del Sur – Telesur Web
Participación del Sociólogo Luis Cedeño


Riesgo para menores de edad aumenta en las vacaciones
http://www.el-nacional.com/sucesos/Riesgo-menores-edad-aumenta-vacaciones_0_49195214.html

  La falta de denuncia oportuna impide a las autoridades evaluar y afrontar el problema con prontitud

Javier Ignacio Mayorca, 22 de septiembre 2012

El Tribunal Primero de Control de Puerto Ordaz, estado Bolívar, ordenó el 14 de este mes la reclusión de una mujer de 27 años de edad, imputada por el homicidio de su hija de 6 años.

La mujer, supuestamente en medio de un arrebato de ira, golpeó con un palo a la menor en una vivienda de Guasipati el domingo 9 en la noche. Le ocasionó una herida contusa de la que no pudo recuperarse, a pesar de que la llevaron al hospital Guaiparo de San Félix. La víctima falleció al día siguiente.

Con ese caso fueron ocho los homicidios de menores de edad reportados ese fin de semana a la policía judicial. La cifra representa 8% de los crímenes ocurridos en el país en esos días. No obstante, de acuerdo con Cecodap, hay una tendencia generalizada a la victimización de los menores de edad, que se ha incrementado en 13% entre 2010 y 2011.

El coordinador general de esa institución, Fernando Pereira, afirmó que el riesgo se incrementa en las temporadas vacacionales.
“Desde hace veinte años hacemos seguimiento a este tema, y en los meses de vacaciones como agosto y diciembre las denuncias aumentan. Los menores están más expuestos a la violencia y a accidentes”, dijo.

En los asuetos y temporadas vacacionales el menor de edad tiene por lo menos seis horas adicionales de ocio, equivalentes a 40% de su jornada. Sin tomar en cuenta que durante el resto del día no tiene que cumplir con tareas o asignaturas académicas.

Eso representa, indicó Pereira, un mayor tiempo de exposición a los riesgos latentes en el entorno doméstico. La posibilidad de muerte o alguna lesión debido al ataque de algún familiar o conocido, o por una circunstancia inesperada, se incrementan notablemente.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Ciudadana reveló que 51,5% de los homicidios ocurre en el barrio o en la urbanización donde habita la víctima. La cifra sube a 57,2% cuando se trata de lesiones personales.

“En vacaciones los niños y jóvenes están más tiempo en casa y, por tanto, hay más posibilidades de sufrir una agresión”, afirmó el portavoz de Cecodap.

Los menores de 12 años, añadió, generalmente son victimizados en sus casas por sus padres, representantes o allegados. Los adolescentes, en cambio, son ultimados o lesionados por individuos de la propia comunidad, que a menudo forman parte de grupos rivales.

Faltan denuncias. Desde el punto de vista policial, la mayor cantidad de denuncias es recibida y procesada durante el año escolar.
La jefe de la Unidad de Atención al Niño, Niña y Adolescente de Polimiranda, Horays Muñoz, destacó que en los meses de vacaciones los reportes sobre agresiones a menores de edad disminuyen 40%.

“No recibimos las denuncias. Es posible que la situación quede represada hasta el inicio de las clases”, dijo.
Muñoz manifestó que en los últimos períodos vacacionales ha sido necesario aplicar planes de vigilancia en los planteles, junto con vecinos y policías municipales, pues se ha descubierto que las instalaciones son vandalizadas por miembros de la propia comunidad educativa.
El portavoz de Cecodap indicó que los casos de violencia que involucran a menores de edad generalmente no son reportados, pues los victimarios suelen estar en su entorno y encubren la situación.

 Trabajo perdido

Los homicidios y lesiones incapacitantes que afectan a menores de edad constituyen un alto costo para cualquier sociedad. En Venezuela, según el director de Paz Activa, sociólogo Luis Cedeño, la carga se distribuye entre los familiares directos y el Estado.

“Mientras más joven es la víctima, mayor es el costo social y económico. En caso de muerte, ocurre una pérdida total de años de vida productiva. Si la lesión es incapacitante, el costo es aún mayor. Se suma el gasto que implica mantener a una persona con cuidados médicos por el resto de sus días. Esto se convierte en una carga familiar muy importante, que también puede incapacitar a otros miembros de la familia, pues alguien debe cuidar a la víctima”, explicó.

Cedeño desarrolla un estudio sobre los costos de la violencia criminal en el país.


Viernes, 21 de Septiembre de 2012

Graciela celebra el Día Internacional de la Paz
Por: Joanna Sambrano

Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, compartió el mensaje con los oyentes

La Red por la Paz firmó un acuerdo de cooperación a favor de la paz con las Naciones Unidas.

 El acuerdo está enfocado a respaldar los esfuerzos que llevan a cabo los miembros de la red para promover la cultura de paz.

También se establecen actividades como el concierto "Loc@s por la Paz", promovido por el Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela y Paz con Todo; la exposición "Postales para la Paz", a cargo de La Rana Encantada; la campaña "Un Granito de Plastilina", impulsada por Plastilinarte; y el Programa "Arte, Convivencia y Oficios para la Paz" de la Fundación TAAP.

Conoce más del tema en el audio adjunto en la web

martes, 14 de agosto de 2012


Esquema militarista avanza en la investigación criminal

Rechazan infiltración de las FFAA en las instituciones del Estado Venezolano


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Los militares están localizándose en puestos estratégicos en la policía científica. FERNANDO SÁNCHEZ/ARCHIVO


TOMÁS RAMÍREZ GONZÁLEZ
Viernes 10 de Agosto de 2012.

"No es posible que alguien que carezca de la formación técnica-científica y de una trayectoria inferior a los 10 años de experiencia de trabajo en el Cicpc pueda desempeñarse en algún cargo de supervisión y mucho menos en uno de dirección". De esta manera, un grupo de funcionarios de alto rango rechazó la designación del coronel retirado del ejército, Carlos Tovar, como nuevo Inspector General Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, mediante un comunicado difundido a través de la web. 

La decisión, la cual se hará oficial mediante su publicación en Gaceta, fue tomada por el viceministro del recién creado Sistema Integrado de Investigación Penal, general activo del Ejercito, Hugo Carvajal. 

El organismo surgió el 3 de julio y está por encima de la policía científica. Depende del Ministerio de Interior y Justicia. 

"Nosotros, funcionarios de jerarquías superiores del Cicpc, ante la pretensión del viceministro de Interior y Justicia de ocupar cargos de la estructura directiva de nuestra institución con funcionarios activos o retirados de la Fuerza Armada Nacional, estamos dispuestos a separarnos de manera masiva de los cargos de jefatura que ocupamos en estos momentos", reza el texto. 

Fermín Mármol García, abogado criminalista, indicó que la medida viola el artículo seis de la Ley de Policía Nacional, el cual establece que "el servicio de policía es de carácter civil y profesional". 

El padre de Mármol García, Fermín Mármol León, fue egresado de la primera promoción del Cuerpo de Policía Técnica Judicial y el primer funcionario en alcanzar el rango de Comisario General, razón por la cual expresó su pesar ante la decisión de incorporar a un militar a la directiva. "Fue una decisión incorrecta porque atenta contra la historia y la moral de la policía y no resuelve sus problemas", destacó al recalcar que existe un déficit de 300% de funcionarios y que le fue despojada la división de Medicina Legal este año. 

Luis Cedeño, director de la Ong Paz Activa, rechazó la militarización de los organismos de seguridad ciudadana, ya que considera que los castrenses han sido formados con una visión de seguridad de la Nación, la cual privilegian frente la seguridad de los ciudadanos. 

A juicio del sociólogo, la decisión le garantiza al Ejecutivo la obediencia de los funcionarios, quienes responderían a los intereses del Gobierno sobre los de la institución. 

Cedeño recordó que organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas recomiendan mantener políticas civiles en materia de seguridad ciudadana. 

martes, 31 de julio de 2012

Reforma legal de seguridad lleva dos años "engavetada" en la AN

La Ley de Control de Armas y el Código Penitenciario son las más emblemáticas


TOMÁS RAMÍREZ GONZÁLEZ. EL UNIVERSAL

Domingo, 29 de Julio de 2012

En 2011, 19.336 personas fueron asesinadas en Venezuela. La cifra representa que 53 venezolanos cayeron diariamente en manos del hampa, según el Observatorio Venezolano de Violencia. El Gobierno admite que en 2010, murieron de manera violenta 14 mil ciudadanos. 

Desde 2010, la Asamblea Nacional está discutiendo tres leyes que rigen la seguridad ciudadana, sin ser aprobadas: La Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme; el Código Orgánico Penal; y el Código Orgánico Penitenciario. 

El director de la organización no gubernamental Paz Activa y miembro de Monitor Legislativo, Luis Cedeño, indicó que la actividad parlamentaria de la Asamblea Nacional se vio limitada, en el 2011, por la usurpación de funciones por parte del ejecutivo nacional a través de la Ley Habilitante. 

"El año pasado aprobaron la ley contra el olvido y la ley de justicia de paz. Con la última, acabaron con la justicia de paz en Venezuela. No han hecho otra cosa". 

Cedeño se refirió a la sexta reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), la cual entrará en vigencia el primero de enero de 2013. El sociólogo destacó que el reglamento se ha tratado de manera reactiva desde 1998, obedeciendo a las circunstancias y no a una planificación estructurada. 

"Cuando la delincuencia está desbordada modifican el texto para tener mano dura y cuando el sistema penitenciario colapsa a consecuencia de esas medidas, cambian la legislación para otorgar mayores beneficios a los reclusos", indica. 

El proyecto de ley de Código Orgánico Penitenciario podría colidir con la nueva reforma del COPP, a juicio del coordinador general de la ONG Una Ventana A La Libertad, Carlos Nieto Palma, quien indicó que el proyecto aprobado en primera discusión y que fue propuesto por el ministro de Interior y Justicia Tareck El Aissami, en febrero de 2011, fue cambiado radicalmente por el equipo de Iris Varela, ministra de Servicios Penitenciarios, a su llegada al nuevo organismo burocrático. "El proyecto presentado por Varela le otorga poderes plenipotenciarios a su oficina. Un asesor cubano fue el responsable de redactar el texto". 

El desarme en la gaveta 

Diez meses de consultas públicas, 24 reuniones técnico-jurídicas con los poderes públicos, una comisión presidencial para el desarme integrada por 112 personas, una comisión mixta y un producto: 125 artículos establecidos en el proyecto de ley para el Control de Armas, Municiones y el Desarme. 

El diputado de Primero Justicia, Juan Carlos Caldera, indicó que la Asamblea Nacional decidió crear una tercera comisión, distinta a la mixta y la presidencial, para fusionar dos proyectos de ley. "no quieren asumir una posición definitiva frente al desame, porque el gobierno tiene un cable pelado con el desarme", declaró en un programa radial. 

Freddy Bernal, parlamentario del PSUV que también integra la referida comisión, había prometido que la ley estaría aprobada en a mediados de julio de 2012. 

Luis Cedeño, de Paz Activa y Monitor Legislativo considera que el proyecto de Ley Desarme necesitaría, como mínimo, once reglamentos con los cuales normar procesos como la entrega voluntaria de armas de fuego, marcaje de municiones y procedimientos relacionados a el otorgamiento de permisos para el porte de armas. 

"La ley puede tener el mismo destino que tuvo la ley Desarme en el 2002, con la cual no se recogió ni una sola pistola. Se requería que se dictara un mecanismo para la entrega de armas pero tenemos diez años de mora. Las comisiones que han creado deberían tener listo esos papeles para la fecha en la que sea aprobada la ley". 

viernes, 20 de julio de 2012

Seminario Análisis de la Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal (COPP)

A.C Paz Activa y Un Estado de Derecho invitan


Para reservar cupos enviar un correo electrónico a la siguiente dirección proyectos.pazactiva@gmail.com, incluyendo apellidos, nombres y la organización que representa.

Cupos limitados



miércoles, 11 de julio de 2012


LUNES, 9 DE JULIO DE 2012
Van mas de 140 efectivos caídos este año
Tal Cual

Funcionarios están en altísimo riesgo porque armados y fuera de funciones confrontan delincuentes más vivos. Especialistas coinciden en que su entrenamiento debería ir a la no intervención o resistencia


KEILYN ITRIAGO MARRUFO
La velocidad con la que viene operando el hampa da evidencia de que el cierre de 2012 será mucho más violento para el grupo de funcionarios policiales y militares con relación al año 2011, cuando el total fue de 200 efectivos asesinados. La muerte del agente del Cicpc, adscrito a la Brigada contra Bandas, Ernesto Ferreira, vino a sumar la cifra de 52 uniformados asesinados en este primer semestre en la Gran Caracas. Y, a nivel nacional, según las estimaciones del criminólogo Fermín Mármol García, el número sobrepasa las 140 víctimas.


"El espiral de violencia no se detiene en Venezuela porque no hay razones para que se pare", señala el experto, quien asegura que no se manejan móviles de sicariato ni venganza ya que los uniformados han caído tal como ha pasado con un ciudadano común. Aclara que el 80% de éstos estaban en franco de servicio, es decir, disfrutando de su día u horario libre.

NO HAY CULEBRA, PERO SÍ IRRESPETO 

Así como pasó con Ferreira, a quien lo atacaron a tiros para quitarle su camioneta Toyota Fortuner, a la gran mayoría de los funcionarios les han arrebatado armas de fuego, celulares, vehículos o motocicletas. Pero, en su contra ha jugado un factor que los hace mucho más vulnerables, que es el hecho de estar armados, según explica el sociólogo y vocero de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño. "Las probabilidades de cualquier persona en un entorno urbano de resultar herido aumentan 10 veces estando armados", señala.

Cedeño asegura que el arma los hace un objetivo más apetecible y robarla termina siendo como una surte de recompensa al delincuente. De esta forma se da la famosa transferencia de armas orgánicas que se ilegalizan en manos de los antisociales.

Mármol García manifiesta que pese a que efectivamente el delincuente mayoritariamente no sabe que se trataba de un funcionario policial o militar, cuando se da cuenta poco le importa. A su juicio, el atracador venezolano es agresivo, violento, temerario y tiene muy poco respeto hacia la autoridad. "La debilidad que tienen las instituciones del sistema de administración de justicia genera una impunidad, que a su vez genera una imitación, en donde la ecuación es: en Venezuela es fácil cometer delitos porque nunca hay castigo", apunta.

MENOS RESISTENCIA 

El entrenamiento en los fuerzas de seguridad del país, que es bastante reactivo según Cedeño, se convierte para él en una de las causas por las que los hechos delictivos terminan dejando saldos de sangre. Al policía le cuesta desprenderse de sus funciones estando fuera de servicio, "caen en una suerte de esquema de hacer un juramento hipocrático. Si ven una situación irregular frente a ellos, suelen intervenir y esto los pone a perder porque están solos, sin chalecos ni protección", agrega Cedeño, quien indica que este apego al ejercicio profesional funciona con los médicos de 24 horas porque ellos no ponen en riesgo su vida, como sí ocurre con los uniformados.

De acuerdo con Cedeño, policías y sobre todo militares, son recursos humanos valiosos, difíciles de entrenar y en los cuales el Estado ha invertido bastante dinero, por lo que la pérdida de cualquiera de ellos es cara. Pero, cada vez se hace difícil cambiar esos patrones actitudinales de entrenamiento en los policías para salvaguardar la vida de ellos y la de los ciudadanos.

También, para el sociólogo, opera una especie de presión grupal de parte de sus pares. "Llegas al día siguiente a tu trabajo y cómo le dices a tus compañeros que te robaron sin tener un chalequeo acostumbrado", indica.

viernes, 6 de julio de 2012


247 muertes violentas hubo el fin de semana en el país
EL NACIONAL - Miércoles 04 de Julio de 2012
Javier Ignacio Mayorca




INSEGURIDAD 

22% de los casos ocurrió en Caracas. El ministro de Relaciones Interiores invitó a todos los jefes policiales a incorporarse a la Gran Misión A Toda Vida Venezuela



Las regiones donde más cadáveres ingresaron en las morgues son el Distrito Capital (55), Carabobo (29), Zulia (17), Aragua (15), Anzoátegui y Lara (11). 

En Caracas ocurrió 22% de casos; no obstante, llama la atención que en los Valles del Tuy fueron reportados 22 homicidios entre el viernes y el domingo, lo cual corrobora que el eje integrado por los municipios Cristóbal Rojas, Independencia, Paz Castillo, Simón Bolívar, Lander y Urdaneta se mantiene como una de las zonas con más alta tasa de crímenes de todo el país. 

En los estados andinos y en la región oriental hubo 28 muertes violentas. En los estados Zulia, Lara y Falcón totalizaron 34 casos. En Cojedes, Delta Amacuro y Apure no se reportaron homicidios durante el fin de semana.

Estas cifras se obtuvieron a través de consultas directas a periodistas que cubren la fuente de sucesos de todos los estados.

Tomará tiempo. El director de la asociación civil Paz Activa, sociólogo Luis Cedeño, afirmó que aún es prematuro hacer un balance sobre los resultados de la misión A Toda Vida Venezuela. Dijo que una política de la envergadura planteada no impactará de inmediato en los indicadores de criminalidad.

"Hay muchas cosas que conspiran contra el éxito del plan. En lo inmediato lo que podrán hacer es incidir sobre las percepciones mediante algún operativo especial", dijo.

El plan gubernamental es tardío y destina muy pocos recursos para atender lo que es visto por la población como el principal problema, según Cedeño.

Advirtió, además, que durante las épocas electorales suele incrementarse la estadística de muertes violentas debido a que hay más circulación de dinero y el aumento en el consumo de alcohol.

Convocatoria. Tareck el Aissami, ministro de Relaciones Interiores, convocó a todos los directores de policías del país, y en especial a la del estado Miranda, para que se incorporen a la iniciativa de seguridad del Ejecutivo.

"Esta es una misión de Estado que involucra a todos los niveles del Gobierno", dijo.

El ministro encabezó la activación de una sala situacional que servirá a la mancomunidad de policías de los municipios Plaza y Zamora. En ese lugar se centralizarán las comunicaciones y estadísticas sobre incidencia criminal de ambas localidades. Otra similar será activada en la región de Barlovento.

El Aissami indicó que las mancomunidades permitirán tener "mayor capacidad para resolver de manera temprana cualquier incidencia criminal".

Esto forma parte de las iniciativas de la misión en los 79 municipios donde las cifras sobre hechos delictivos son más elevadas. 

martes, 19 de junio de 2012

Martes, 19 de Junio de 2012
Diario El Nacional. Cuerpo Ciudadanos. Página 1.

ESTADÍSTICAS Este mes en la medicatura forense ha recibido 250 fallecidos

Muertes  violentas en Caracas aumentaron 11,7%

En los primeros 5 meses de 2012, en la morgue de Bello Monte fueron ingresados 2.178 cadáveres

THABATA MOLINA SANDRA GUERRERO
tmolina@el-nacional.com sguerrero@el-nacional.com

El número de muertes violentas registradas en Caracas los 5 primeros meses de 2012 se incrementó 11,7% en comparación con el mismo lapso de 2011. Entre enero y mayo de este año, en la morgue de Bello Monte fueron ingresados 2.178 cadáveres, de acuerdo con cifras obtenidas de manera extraoficial; mientras que en el mismo lapso del año pasado, el número de fallecidos en hechos de violencia recibidos en ese organismo fue de 1.950.

Los expertos en el tema de la violencia señalan que 80% de esas muertes son consecuencia de homicidios. De mantenerse constante el incremento todo el año, el número de muertes violentas registradas en Caracas cerraría en 6.284; mientras que en 2011 la cifra de cadáveres que fueron ingresados en esa dependencia de la policía científica fue de 5.256.

El sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, señaló que si bien es cierto que esas estadísticas también incluyen a fallecidos en accidentes de tránsito y suicidios, la realidad es que el problema de la violencia se incrementa los últimos meses del año, como consecuencia de la mayor circulación de dinero.

"La realidad que tenemos en Caracas es que no existe ningún plan efectivo orientado a la disminución de las muertes violentas, y que la iniciativa de desplegar la Policía Nacional Bolivariana ha fracasado, pues actualmente sólo está presente en algunas parroquias del municipio Libertador y ni siquiera en las zonas más conflictivas", subrayó Cedeño.

Tasa en rojo. De acuerdo con las más recientes declaraciones del ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami, ofrecidas en enero de 2011, la tasa de homicidios en Venezuela es de 48 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en febrero, el funcionario reconoció que en el país fueron asesinadas 1.347 personas. Esa fue la única vez en lo que va de año que el responsable de la seguridad de los venezolanos ha hecho referencia a las estadísticas de muertes violentas en el país.

En aquella oportunidad, los cálculos del Observatorio Venezolano de Violencia daban cuenta de que si en todos los meses de 2012 se mantenía constante el número de homicidios ocurridos en enero, el año podría cerrar con un total de 16.164 asesinados, lo que elevaría la tasa de 48 a 56 por cada 100.000 habitantes.

En el informe correspondiente al año pasado de esa ONG se señala que, en promedio, en el país fueron asesinadas 1.611 personas cada mes, es decir, 53 diarias.

Violencia cotidiana. El director de Paz Activa destacó que los venezolanos se han insensibilizado ante la inseguridad y la violencia que se vive en el país. "Aunque ese problema es el principal motivo de preocupación en Latinoamérica, la percepción varía de acuerdo con el país. En Venezuela estamos acostumbrados al homicidio, a las armas de fuego y apenas nos escandalizamos cuando la víctima es una mujer o un niño; pero, en general, el venezolano ya está acostumbrado a su realidad de violencia porque sabe que el Estado no es capaz de brindarle una respuesta efectiva", afirmó.

Víctimas habituales. Extraoficialmente, se conoció que los primeros 18 días de junio fueron llevados a la morgue de Bello Monte 250 cadáveres. El renglón de víctimas habituales que más ha variado es el de mujeres, pues en el mismo lapso del año pasado el número de casos registrados era de 25, mientras que este año la cifra es de 34, lo que representa un incremento de 36%.

Cedeño señaló que esos números deberían hacer sonar las alarmas. Considera que habría que analizar si se trata de feminicidios ­homicidios asociados a la condición femenina­ o de que esas mujeres fueron víctimas de la violencia en general.

lunes, 18 de junio de 2012


Ley ordena crear centros de canje de armas en regiones

El diputado (UNT), Ricardo Sánchez informó que está previsto que la propuesta legal para el desarme, control de armamento y municiones sea discutida el martes en la plenaria de la AN

Por. Diario El Tiempo - Estado Anzoátegui


Caracas.- El proyecto final de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones ordena en su artículo 71 la creación de centros de recepción de armamento en todo el país. Para este fin  deberán trabajar conjuntamente una Secretaría Técnica Permanente (encargada del programa nacional de canje), alcaldes, gobernadores, los comités de seguridad y defensa integral de los Consejos Comunales, las Comunas “y cualquier otra forma de organización social”.  

El mismo artículo establece que  se deben adoptar las medidas de seguridad necesarias para el resguardo del armamento y las municiones. Asimismo, las personas a cargo de los centros de recolección deberán llevar un registro con el día, hora, lugar, descripción de los elementos entregados, los seriales si lo hubiese y enviar la información a la Secretaría.

Queda prohibida la reseña e identificación del ciudadano que voluntariamente haga la entrega de un arma de fuego lícita o ilícita a cambio de lo cual recibirá una constancia, además de una compensación o incentivo que especificará el respectivo reglamento. Vale acotar que el programa nacional de canje tendrá carácter permanente (artículo 70).  

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) y miembro de la comisión mixta que elaboró el texto legal, Ricardo Sánchez (UNT), presentó este viernes la versión final de la propuesta, cuya segunda discusión (por artículos) está previsto que se inicie el próximo martes en la plenaria del parlamento. La ley consta de 102 artículos en total, 10 capítulos, cinco disposiciones transitorias y una final.  

El instrumento jurídico fue aprobado en primera discusión en enero de 2010.  

“Ley chucuta”

El director ejecutivo de la ONG, Paz Activa, Luis Cedeño, advirtió que el tema del canje podría quedar en “letra muerta” así como sucedió con la ley de 2002 porque nunca se dictó el reglamento respectivo.  

“En Venezuela nunca ha habido voluntad para recoger ni una sola arma, entonces lo que no se atreven a resolver en el texto se lo dejan a un marco regulatorio,  por tanto es una ley chucuta”.  

Sánchez dijo que entre los logros del proyecto está el  marcaje de las armas, medida que se ha puesto en práctica en otros países como Brasil y que ha contribuido con la reducción del delito hasta en 30%, el protocolo y rango legal a las salas de evidencia y la destrucción de armas.     Acotó que no es una legislación “milagrosa” pero sí esperan que incida en la disminución de crímenes con armas de fuego.  

Agregó que la disposición transitoria 3 ordena que  armas depositadas en salas de evidencia cuya experticia ya culminó deben ser destruidas en un lapso no mayor a 120 días. Según cifras del Ministerio del Interior y el Daex 150 mil armas se encuentran en esa situación y deben eliminarse.

Auditorías

El diputado Ricardo Sánchez dijo que voceros del Consejo General de Poli cía acudirán a la Comisión de Política Interior el 27 de junio  para dar un balance  de las auditorías a los parques de armas y salas de evidencia de los cuerpos de seguridad del país que están en curso.

Denuncia

El parlamentario, Juan Carlos Caldera (PJ), denunció este viernes  supuestas intenciones del gobierno nacional de aprobar la Ley Desarme vía Habilitante. Acusó a quienes están detrás del negocio de las armas de presionar en Miraflores para que la medida se concrete.

miércoles, 13 de junio de 2012

Seminario Internacional en Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana y Gerencia Policial

A.C Paz Activa y el Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana (CMSC)
invitan


lunes, 4 de junio de 2012


Venezuela prohíbe la venta de armas a la población civil

El país sudamericano tiene una de las tasas de homicidios más altas del continente

1ro de Junio de 2012


El ministro del Interior venezolano, Tareck El Aissami, sostiene un rifle durante una confiscación de armas ilegales en 2009. / JUAN BARRETO (AFP)

Esto es oficial: nueve de cada 10 personas, entre las 14.000 que fueron asesinadas en Venezuela tan solo en 2010, murieron, al menos, por una bala. Es por eso que el Gobierno venezolano ha decidido ilegalizar la comercialización e importación de todo tipo de armas de fuego y municiones a partir de este viernes 1 de junio y durante un año. La medida forma parte de un plan general para reducir la tasa nacional de homicidios que, de acuerdo con cifras oficiales, es de 48 entre cada 100.000 habitantes, y que, en el último quinquenio, está entre las más altas de América Latina.
“Ya nadie va a poder tener armas nuevas. La venta de armas solo se hará para los cuerpos de policía y para nuestras Fuerzas Armadas. La tendencia es hacia [sic] desarmar a la población civil”, ha explicado este viernes el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, a través de un comunicado. A partir de ahora también deberán cerrar sus puertas las 80 tiendas de armas que aún funcionan en el país, de las más de 3.000 que existían en 1998. “En Venezuela nunca existió control sobre las tiendas de armas, que inclusive podían importar directamente desde las casas del fabricante. Las armas se vendían sin control, se entregaban y luego quien la compraba era quien tramitaba el permiso para portar el arma. Eso es algo propio de la lógica del capitalismo”, ha agregado el ministro. La compra y venta de armas y proyectiles quedará entonces en manos de la estatal Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), que desde 1975 fabrica, importa y distribuye armamento y explosivos para los organismos de seguridad del Estado, y será regulada por el Ministerio de Interior y Justicia.
El 29 de febrero pasado, el Gobierno venezolano también decidió suspender la tramitación de nuevos permisos de porte de armas para los civiles y ha comenzado a levantar un registro del parque que se encuentra en manos de ciudadanos y cuerpos de seguridad. El próximo lunes 4 comenzarán a realizarse auditorías en todas las policías del país y comenzarán a entregárseles municiones marcadas, para evitar su desvío a las redes de delincuentes.
Pero el problema no parece estar en los 40.000 permisos de armas legales que, se estima, existen hoy en día en Venezuela. De acuerdo a las últimas cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Interior y Justicia en 2009, en el país circulan entre 9 y 15 millones de armas ilegales y es muy fácil tener acceso a ellas. Un revólver calibre .38, por ejemplo, no cuesta más de 250 euros en el marco negro de armas que funciona en los barrios más pobre de Caracas. Según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Edwin Rojas, entre 2003 y 2012, se han incautado y destruido en el país unas 270 armas de fuego que estaban en manos de bandas criminales, pero aún queda mucho por hacer. De acuerdo a estudios de algunos especialistas, como el sociólogo Luis Cedeño, director de la organización no gubernamental Paz Activa, al menos “el 90% de las armas ilegales que hoy existen en Venezuela provienen de los cuerpos de seguridad del Estado”.
En este país dividido por la polarización política, más del 80% de los ciudadanos coinciden en que la seguridad ciudadana es el mayor problema que enfrenta la sociedad. Durante la última década, el presidente Hugo Chávez ha puesto en marcha, sin éxito, al menos seis planes distintos de seguridad. El 23 de mayo pasado anunció el más reciente, durante una reunión televisada del Consejo de Ministros: “En junio comienza la misión ‘A toda vida Venezuela’. Es el nombre que le vamos a dar a lo que una vez llamamos misión seguridad”. Además del desarme de la población, la reforma del sistema de justicia, la mejora de las cárceles y el reforzamiento de las labores de patrullaje, este nuevo programa social contempla la indemnización de los familiares de las víctimas de la violencia con un monto de dinero que aún no ha sido estipulado.
La última vez que el Gobierno venezolano puso en marcha un programa de seguridad, al menos en la capital, fue en enero de 2008: el Plan Caracas Segura, que consistió en el despliegue de 800 Guardias Nacionales (policía militar) armados de fusiles por las barriadas más peligrosas de la ciudad.
Venezuela le declara la guerra a las armas

Abraham Zamorano
BBC Mundo, Caracas
 Viernes, 1 de junio de 2012


Armas incautadas por la policía.


Un tiroteo en plena ciudad, un niño que muere víctima de una bala perdida, atracos a punta de pistola, un motín carcelario con los presos fuertemente armados, discusiones de tránsito que acaban a los tiros. Noticias como estas forman parte del día a día de los venezolanos.
Todo, por la enorme presencia de armas de fuego en el país: el cálculo más conservador habla de seis millones. Así es difícil no salir a la calle sintiendo cierta paranoia.
La tasa oficial de homicidios es de 48 por cada 100.000 habitantes. La oposición habla de 64. En cualquier caso, es la peor de Sudamérica, lejos de los 33 de Colombia y los 22 de Brasil.
En lo que sí están de acuerdo oficialistas y opositores es que hasta el 90% de los homicidios se perpetran con un arma de fuego. La media latinoamericana ronda el 75% y en Europa esa tasa es de poco más de un 20%.
La Asamblea Nacional lleva diez meses negociando una ley de desarme. Pero el gobierno, con la campaña electoral a punto de comenzar, no ha querido esperar para dar un golpe de efecto contra la cultura de la bala prohibiendo terminantemente la compraventa de armas en territorio venezolano.
El problema, según expertos consultados por BBC Mundo, es que esa medida no hace frente a la que consideran la principal fuente de violencia: las armas ilegales.
Más de 6 millones de armas
Según el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), el 2011 fue el año más muertes violentas desde que se tiene registro. Este 2012 no parece haber mejorado. La situación es tal, que amenaza con ser uno de los ejes centrales de la campaña para las elecciones presidenciales del 7 de octubre.


La inseguridad amenaza con ser uno de los ejes centrales de la campaña electoral.

"Muere un venezolano cada 30 minutos y otro es secuestrado cada ocho horas", denunció el candidato opositor, Henrique Capriles, quien acaba de presentar su "Plan seguridad para todos".
Aunque el gobierno de Hugo Chávez también hizo lo propio con lo que llama "Misión a toda vida", que prevé poner en marcha en junio, antes ha optado por una serie de medidas entre las que destaca la prohibición de la compraventa de armas.
"No se pondrá vender ni comercializar ningún arma de fuego. La medida alcanza a las municiones. A partir del 1 de junio, se prohíbe terminantemente vender armas en todo el territorio nacional", anunció el ministro del Interior, Tarek el Aissami.
De hecho, desde marzo pasado ya Venezuela mantenía suspendida la emisión de permisos para portar armas.
Otras iniciativas son la prohibición de acceder con armas a eventos deportivos, recintos públicos y espectáculos públicos. También están excluidas de "bares, cantinas o tabernas, restaurantes, clubes nocturnos, clubes sociales y salones de baile".
Las empresas tendrán hasta mediados del próximo mes de julio para adaptarse a la nueva normativa que exigirá medidas de control como la instalación de arcos detectores de metales, rayos X o registro manual como el cacheo.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrán que abastecerse a través del Ministerio para las Relaciones Interiores y la Justicia.
El Aissami también habló de un proyecto para que en un año estén marcadas todas las municiones de las fuerzas y cuerpos de seguridad con un número que identifique al funcionario que la disparó.

¿Servirá de algo?
Es imposible saber con certeza cuantas armas circulan por Venezuela. Según la fuente, se habla de un estimado de entre seis y nueve millones.
Los expertos en seguridad consultados por BBC Mundo, si bien tienden a opinar a favor de las políticas que buscan retirar armas de la circulación, también expresaron sus dudas acerca del verdadero alcance de la iniciativa gubernamental.

"Se aplica a las personas honestas que quieren comprar un arma. Los malandros y los asesinos no piden permisos"
Roberto Briceño, Observatorio Venezolano de la Violencia
El director de OVV, Roberto Briceño, le dijo a BBC Mundo que "avanzar a una sociedad sin armas es deseable, como mensaje de desarme es valioso", sin embargo, apuntó que la medida "se aplica a las personas honestas que quieren comprar un arma". "Los malandros y los asesinos no piden permisos".
"Los ciudadanos sienten que el gobierno no cumple y no ofrece seguridad. Las personas buscan su propia protección", le dijo Briceño a BBC Mundo.
Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en apuntar sus sospechas de que, además del contrabando internacional, las armas y sobre todo de las municiones ilegales provienen de las fuerzas de seguridad.
Así, marcar las municiones de los cuerpos de seguridad con un indicador alfanumérico que identifique el cuerpo del que proviene es uno de los proyectos que el ministro El Aissami confía en que sea una realidad en un año.
Según Luis Cedeño, de la ONG Paz Activa, "los cuatro, seis, nueve millones de armas, no pueden haber venido de privados".
"Son los cuerpos de seguridad, por corrupción las fueron vendiendo. Hay mucho descontrol en los cuerpos de seguridad del Estado", afirma Cedeño en conversación con BBC Mundo.
Cedeño coincide en que "el reto es sacar las armas peligrosas de manos de los delincuentes". "Pero la gente no lo percibe así. Los civiles se sienten en indefensión ante los delincuentes y creen que necesitan las armas".
El director de Paz Activa, que está a favor del desarme total de la población, se mostró a favor, sin embargo de la prohibición de venta y la centralización de la distribución.
"El control más estricto debe darse en el interior del Estado. Centralizar la provisión de armas parece una buena idea. Debe haber un registro único que sea descentralizado en cuento a la facultad de alimentarlo".