martes, 19 de junio de 2012

Martes, 19 de Junio de 2012
Diario El Nacional. Cuerpo Ciudadanos. Página 1.

ESTADÍSTICAS Este mes en la medicatura forense ha recibido 250 fallecidos

Muertes  violentas en Caracas aumentaron 11,7%

En los primeros 5 meses de 2012, en la morgue de Bello Monte fueron ingresados 2.178 cadáveres

THABATA MOLINA SANDRA GUERRERO
tmolina@el-nacional.com sguerrero@el-nacional.com

El número de muertes violentas registradas en Caracas los 5 primeros meses de 2012 se incrementó 11,7% en comparación con el mismo lapso de 2011. Entre enero y mayo de este año, en la morgue de Bello Monte fueron ingresados 2.178 cadáveres, de acuerdo con cifras obtenidas de manera extraoficial; mientras que en el mismo lapso del año pasado, el número de fallecidos en hechos de violencia recibidos en ese organismo fue de 1.950.

Los expertos en el tema de la violencia señalan que 80% de esas muertes son consecuencia de homicidios. De mantenerse constante el incremento todo el año, el número de muertes violentas registradas en Caracas cerraría en 6.284; mientras que en 2011 la cifra de cadáveres que fueron ingresados en esa dependencia de la policía científica fue de 5.256.

El sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, señaló que si bien es cierto que esas estadísticas también incluyen a fallecidos en accidentes de tránsito y suicidios, la realidad es que el problema de la violencia se incrementa los últimos meses del año, como consecuencia de la mayor circulación de dinero.

"La realidad que tenemos en Caracas es que no existe ningún plan efectivo orientado a la disminución de las muertes violentas, y que la iniciativa de desplegar la Policía Nacional Bolivariana ha fracasado, pues actualmente sólo está presente en algunas parroquias del municipio Libertador y ni siquiera en las zonas más conflictivas", subrayó Cedeño.

Tasa en rojo. De acuerdo con las más recientes declaraciones del ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami, ofrecidas en enero de 2011, la tasa de homicidios en Venezuela es de 48 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en febrero, el funcionario reconoció que en el país fueron asesinadas 1.347 personas. Esa fue la única vez en lo que va de año que el responsable de la seguridad de los venezolanos ha hecho referencia a las estadísticas de muertes violentas en el país.

En aquella oportunidad, los cálculos del Observatorio Venezolano de Violencia daban cuenta de que si en todos los meses de 2012 se mantenía constante el número de homicidios ocurridos en enero, el año podría cerrar con un total de 16.164 asesinados, lo que elevaría la tasa de 48 a 56 por cada 100.000 habitantes.

En el informe correspondiente al año pasado de esa ONG se señala que, en promedio, en el país fueron asesinadas 1.611 personas cada mes, es decir, 53 diarias.

Violencia cotidiana. El director de Paz Activa destacó que los venezolanos se han insensibilizado ante la inseguridad y la violencia que se vive en el país. "Aunque ese problema es el principal motivo de preocupación en Latinoamérica, la percepción varía de acuerdo con el país. En Venezuela estamos acostumbrados al homicidio, a las armas de fuego y apenas nos escandalizamos cuando la víctima es una mujer o un niño; pero, en general, el venezolano ya está acostumbrado a su realidad de violencia porque sabe que el Estado no es capaz de brindarle una respuesta efectiva", afirmó.

Víctimas habituales. Extraoficialmente, se conoció que los primeros 18 días de junio fueron llevados a la morgue de Bello Monte 250 cadáveres. El renglón de víctimas habituales que más ha variado es el de mujeres, pues en el mismo lapso del año pasado el número de casos registrados era de 25, mientras que este año la cifra es de 34, lo que representa un incremento de 36%.

Cedeño señaló que esos números deberían hacer sonar las alarmas. Considera que habría que analizar si se trata de feminicidios ­homicidios asociados a la condición femenina­ o de que esas mujeres fueron víctimas de la violencia en general.

lunes, 18 de junio de 2012


Ley ordena crear centros de canje de armas en regiones

El diputado (UNT), Ricardo Sánchez informó que está previsto que la propuesta legal para el desarme, control de armamento y municiones sea discutida el martes en la plenaria de la AN

Por. Diario El Tiempo - Estado Anzoátegui


Caracas.- El proyecto final de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones ordena en su artículo 71 la creación de centros de recepción de armamento en todo el país. Para este fin  deberán trabajar conjuntamente una Secretaría Técnica Permanente (encargada del programa nacional de canje), alcaldes, gobernadores, los comités de seguridad y defensa integral de los Consejos Comunales, las Comunas “y cualquier otra forma de organización social”.  

El mismo artículo establece que  se deben adoptar las medidas de seguridad necesarias para el resguardo del armamento y las municiones. Asimismo, las personas a cargo de los centros de recolección deberán llevar un registro con el día, hora, lugar, descripción de los elementos entregados, los seriales si lo hubiese y enviar la información a la Secretaría.

Queda prohibida la reseña e identificación del ciudadano que voluntariamente haga la entrega de un arma de fuego lícita o ilícita a cambio de lo cual recibirá una constancia, además de una compensación o incentivo que especificará el respectivo reglamento. Vale acotar que el programa nacional de canje tendrá carácter permanente (artículo 70).  

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) y miembro de la comisión mixta que elaboró el texto legal, Ricardo Sánchez (UNT), presentó este viernes la versión final de la propuesta, cuya segunda discusión (por artículos) está previsto que se inicie el próximo martes en la plenaria del parlamento. La ley consta de 102 artículos en total, 10 capítulos, cinco disposiciones transitorias y una final.  

El instrumento jurídico fue aprobado en primera discusión en enero de 2010.  

“Ley chucuta”

El director ejecutivo de la ONG, Paz Activa, Luis Cedeño, advirtió que el tema del canje podría quedar en “letra muerta” así como sucedió con la ley de 2002 porque nunca se dictó el reglamento respectivo.  

“En Venezuela nunca ha habido voluntad para recoger ni una sola arma, entonces lo que no se atreven a resolver en el texto se lo dejan a un marco regulatorio,  por tanto es una ley chucuta”.  

Sánchez dijo que entre los logros del proyecto está el  marcaje de las armas, medida que se ha puesto en práctica en otros países como Brasil y que ha contribuido con la reducción del delito hasta en 30%, el protocolo y rango legal a las salas de evidencia y la destrucción de armas.     Acotó que no es una legislación “milagrosa” pero sí esperan que incida en la disminución de crímenes con armas de fuego.  

Agregó que la disposición transitoria 3 ordena que  armas depositadas en salas de evidencia cuya experticia ya culminó deben ser destruidas en un lapso no mayor a 120 días. Según cifras del Ministerio del Interior y el Daex 150 mil armas se encuentran en esa situación y deben eliminarse.

Auditorías

El diputado Ricardo Sánchez dijo que voceros del Consejo General de Poli cía acudirán a la Comisión de Política Interior el 27 de junio  para dar un balance  de las auditorías a los parques de armas y salas de evidencia de los cuerpos de seguridad del país que están en curso.

Denuncia

El parlamentario, Juan Carlos Caldera (PJ), denunció este viernes  supuestas intenciones del gobierno nacional de aprobar la Ley Desarme vía Habilitante. Acusó a quienes están detrás del negocio de las armas de presionar en Miraflores para que la medida se concrete.

miércoles, 13 de junio de 2012

Seminario Internacional en Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana y Gerencia Policial

A.C Paz Activa y el Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana (CMSC)
invitan


lunes, 4 de junio de 2012


Venezuela prohíbe la venta de armas a la población civil

El país sudamericano tiene una de las tasas de homicidios más altas del continente

1ro de Junio de 2012


El ministro del Interior venezolano, Tareck El Aissami, sostiene un rifle durante una confiscación de armas ilegales en 2009. / JUAN BARRETO (AFP)

Esto es oficial: nueve de cada 10 personas, entre las 14.000 que fueron asesinadas en Venezuela tan solo en 2010, murieron, al menos, por una bala. Es por eso que el Gobierno venezolano ha decidido ilegalizar la comercialización e importación de todo tipo de armas de fuego y municiones a partir de este viernes 1 de junio y durante un año. La medida forma parte de un plan general para reducir la tasa nacional de homicidios que, de acuerdo con cifras oficiales, es de 48 entre cada 100.000 habitantes, y que, en el último quinquenio, está entre las más altas de América Latina.
“Ya nadie va a poder tener armas nuevas. La venta de armas solo se hará para los cuerpos de policía y para nuestras Fuerzas Armadas. La tendencia es hacia [sic] desarmar a la población civil”, ha explicado este viernes el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, a través de un comunicado. A partir de ahora también deberán cerrar sus puertas las 80 tiendas de armas que aún funcionan en el país, de las más de 3.000 que existían en 1998. “En Venezuela nunca existió control sobre las tiendas de armas, que inclusive podían importar directamente desde las casas del fabricante. Las armas se vendían sin control, se entregaban y luego quien la compraba era quien tramitaba el permiso para portar el arma. Eso es algo propio de la lógica del capitalismo”, ha agregado el ministro. La compra y venta de armas y proyectiles quedará entonces en manos de la estatal Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), que desde 1975 fabrica, importa y distribuye armamento y explosivos para los organismos de seguridad del Estado, y será regulada por el Ministerio de Interior y Justicia.
El 29 de febrero pasado, el Gobierno venezolano también decidió suspender la tramitación de nuevos permisos de porte de armas para los civiles y ha comenzado a levantar un registro del parque que se encuentra en manos de ciudadanos y cuerpos de seguridad. El próximo lunes 4 comenzarán a realizarse auditorías en todas las policías del país y comenzarán a entregárseles municiones marcadas, para evitar su desvío a las redes de delincuentes.
Pero el problema no parece estar en los 40.000 permisos de armas legales que, se estima, existen hoy en día en Venezuela. De acuerdo a las últimas cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Interior y Justicia en 2009, en el país circulan entre 9 y 15 millones de armas ilegales y es muy fácil tener acceso a ellas. Un revólver calibre .38, por ejemplo, no cuesta más de 250 euros en el marco negro de armas que funciona en los barrios más pobre de Caracas. Según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Edwin Rojas, entre 2003 y 2012, se han incautado y destruido en el país unas 270 armas de fuego que estaban en manos de bandas criminales, pero aún queda mucho por hacer. De acuerdo a estudios de algunos especialistas, como el sociólogo Luis Cedeño, director de la organización no gubernamental Paz Activa, al menos “el 90% de las armas ilegales que hoy existen en Venezuela provienen de los cuerpos de seguridad del Estado”.
En este país dividido por la polarización política, más del 80% de los ciudadanos coinciden en que la seguridad ciudadana es el mayor problema que enfrenta la sociedad. Durante la última década, el presidente Hugo Chávez ha puesto en marcha, sin éxito, al menos seis planes distintos de seguridad. El 23 de mayo pasado anunció el más reciente, durante una reunión televisada del Consejo de Ministros: “En junio comienza la misión ‘A toda vida Venezuela’. Es el nombre que le vamos a dar a lo que una vez llamamos misión seguridad”. Además del desarme de la población, la reforma del sistema de justicia, la mejora de las cárceles y el reforzamiento de las labores de patrullaje, este nuevo programa social contempla la indemnización de los familiares de las víctimas de la violencia con un monto de dinero que aún no ha sido estipulado.
La última vez que el Gobierno venezolano puso en marcha un programa de seguridad, al menos en la capital, fue en enero de 2008: el Plan Caracas Segura, que consistió en el despliegue de 800 Guardias Nacionales (policía militar) armados de fusiles por las barriadas más peligrosas de la ciudad.
Venezuela le declara la guerra a las armas

Abraham Zamorano
BBC Mundo, Caracas
 Viernes, 1 de junio de 2012


Armas incautadas por la policía.


Un tiroteo en plena ciudad, un niño que muere víctima de una bala perdida, atracos a punta de pistola, un motín carcelario con los presos fuertemente armados, discusiones de tránsito que acaban a los tiros. Noticias como estas forman parte del día a día de los venezolanos.
Todo, por la enorme presencia de armas de fuego en el país: el cálculo más conservador habla de seis millones. Así es difícil no salir a la calle sintiendo cierta paranoia.
La tasa oficial de homicidios es de 48 por cada 100.000 habitantes. La oposición habla de 64. En cualquier caso, es la peor de Sudamérica, lejos de los 33 de Colombia y los 22 de Brasil.
En lo que sí están de acuerdo oficialistas y opositores es que hasta el 90% de los homicidios se perpetran con un arma de fuego. La media latinoamericana ronda el 75% y en Europa esa tasa es de poco más de un 20%.
La Asamblea Nacional lleva diez meses negociando una ley de desarme. Pero el gobierno, con la campaña electoral a punto de comenzar, no ha querido esperar para dar un golpe de efecto contra la cultura de la bala prohibiendo terminantemente la compraventa de armas en territorio venezolano.
El problema, según expertos consultados por BBC Mundo, es que esa medida no hace frente a la que consideran la principal fuente de violencia: las armas ilegales.
Más de 6 millones de armas
Según el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), el 2011 fue el año más muertes violentas desde que se tiene registro. Este 2012 no parece haber mejorado. La situación es tal, que amenaza con ser uno de los ejes centrales de la campaña para las elecciones presidenciales del 7 de octubre.


La inseguridad amenaza con ser uno de los ejes centrales de la campaña electoral.

"Muere un venezolano cada 30 minutos y otro es secuestrado cada ocho horas", denunció el candidato opositor, Henrique Capriles, quien acaba de presentar su "Plan seguridad para todos".
Aunque el gobierno de Hugo Chávez también hizo lo propio con lo que llama "Misión a toda vida", que prevé poner en marcha en junio, antes ha optado por una serie de medidas entre las que destaca la prohibición de la compraventa de armas.
"No se pondrá vender ni comercializar ningún arma de fuego. La medida alcanza a las municiones. A partir del 1 de junio, se prohíbe terminantemente vender armas en todo el territorio nacional", anunció el ministro del Interior, Tarek el Aissami.
De hecho, desde marzo pasado ya Venezuela mantenía suspendida la emisión de permisos para portar armas.
Otras iniciativas son la prohibición de acceder con armas a eventos deportivos, recintos públicos y espectáculos públicos. También están excluidas de "bares, cantinas o tabernas, restaurantes, clubes nocturnos, clubes sociales y salones de baile".
Las empresas tendrán hasta mediados del próximo mes de julio para adaptarse a la nueva normativa que exigirá medidas de control como la instalación de arcos detectores de metales, rayos X o registro manual como el cacheo.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrán que abastecerse a través del Ministerio para las Relaciones Interiores y la Justicia.
El Aissami también habló de un proyecto para que en un año estén marcadas todas las municiones de las fuerzas y cuerpos de seguridad con un número que identifique al funcionario que la disparó.

¿Servirá de algo?
Es imposible saber con certeza cuantas armas circulan por Venezuela. Según la fuente, se habla de un estimado de entre seis y nueve millones.
Los expertos en seguridad consultados por BBC Mundo, si bien tienden a opinar a favor de las políticas que buscan retirar armas de la circulación, también expresaron sus dudas acerca del verdadero alcance de la iniciativa gubernamental.

"Se aplica a las personas honestas que quieren comprar un arma. Los malandros y los asesinos no piden permisos"
Roberto Briceño, Observatorio Venezolano de la Violencia
El director de OVV, Roberto Briceño, le dijo a BBC Mundo que "avanzar a una sociedad sin armas es deseable, como mensaje de desarme es valioso", sin embargo, apuntó que la medida "se aplica a las personas honestas que quieren comprar un arma". "Los malandros y los asesinos no piden permisos".
"Los ciudadanos sienten que el gobierno no cumple y no ofrece seguridad. Las personas buscan su propia protección", le dijo Briceño a BBC Mundo.
Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en apuntar sus sospechas de que, además del contrabando internacional, las armas y sobre todo de las municiones ilegales provienen de las fuerzas de seguridad.
Así, marcar las municiones de los cuerpos de seguridad con un indicador alfanumérico que identifique el cuerpo del que proviene es uno de los proyectos que el ministro El Aissami confía en que sea una realidad en un año.
Según Luis Cedeño, de la ONG Paz Activa, "los cuatro, seis, nueve millones de armas, no pueden haber venido de privados".
"Son los cuerpos de seguridad, por corrupción las fueron vendiendo. Hay mucho descontrol en los cuerpos de seguridad del Estado", afirma Cedeño en conversación con BBC Mundo.
Cedeño coincide en que "el reto es sacar las armas peligrosas de manos de los delincuentes". "Pero la gente no lo percibe así. Los civiles se sienten en indefensión ante los delincuentes y creen que necesitan las armas".
El director de Paz Activa, que está a favor del desarme total de la población, se mostró a favor, sin embargo de la prohibición de venta y la centralización de la distribución.
"El control más estricto debe darse en el interior del Estado. Centralizar la provisión de armas parece una buena idea. Debe haber un registro único que sea descentralizado en cuento a la facultad de alimentarlo".