jueves, 30 de noviembre de 2017

La extorsión fue el delito más denunciado en el 3er trimestre de 2017


Un incremento de un 80,5% en la cantidad de reportes sobre delito organizado se registró en el 3er trimestre del 2017, en relación con el mismo periodo del año 2016.

Es decir que en hubo un aumento importante durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año 2017, en comparación con los reportes del mismo período el año 2016. En un año el aumento ha sido considerable.

Zulia se posicionó como el estado con mayor cantidad de reportes de delitos organizados tras concentrar, con 92 casos, el 23,2% de los casos. El estado Miranda, presentando hasta 54 casos menos que Zulia, ocupó la segunda posición con 38 reportes.

La extorsión fue el delito organizado denunciado con mayor frecuencia en los medios de comunicación durante el 3er trimestre del año 2017. Lo sigue el tráfico de drogas y sorpresivamente, el contrabando, llegando a un tercer lugar. El secuestro quedó rezagado en un cuarto lugar.

Durante julio, agosto y septiembre de este año, el 66% de los delitos organizados fueron perpetrados principalmente por jóvenes-adultos de entre 18 y 34 años de edad.

Fueron organismos de seguridad y defensa de la nación, las instituciones cuyos funcionarios se involucraran con mayor frecuencia en crímenes organizados, destacando especialmente los cuerpos policiales (39,5%) y, dentro de ellos, la Policía Nacional Bolivariana (13,2%) y el CICPC (7,9%).

INCREMENTO DEL 80,5% EN REPORTES DE DELITOS EN 3ER TRIMESTRE 2017

  • 174% aumentaron los casos de sicariato
  • 89 personas fueron asesinadas por sicarios, durante los primeros 9 meses del 2017.
  • Zulia concentró el 23,2% de los reportes de delitos organizados en los últimos 3 meses.
  • El secuestro y la extorsión fueron los delitos organizados perpetrados con mayor frecuencia por miembros de bandas organizadas.

Datos Relevantes

  • En los primeros  9 meses del 2017 fueron asesinadas  232 personas, víctimas de sicariato.
  • El 64,5% del tráfico de droga se incauta en estados occidentales, especialmente en  Táchira, Zulia, Falcón y Lara.

martes, 14 de noviembre de 2017

Expertos consideran que secuestros disminuyeron durante ola de protestas opositoras

Al menos 27 casos se registraron en septiembre, mes con más reportes en lo que va de año, según el Observatorio de Delito Organizado. De acuerdo con el abogado criminalista, Fermín Mármol García, 85 % de las víctimas son interceptadas en sus vehículos.


Caracas. El pasado 28 de septiembre, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, durante el avance del Plan Nacional Antisecuestro comentó que 91 % de los secuestros se registran en Miranda, Caracas, Aragua y Carabobo, al tiempo que agregó que en cada uno de estos estados este delito se redujo en 7 %,  50 %, 31 % y 52 %.

El sociólogo y director del Observatorio de Delito Organizado, Luis Cedeño —según cifras preliminares a las que tuvo acceso—, indicó que, si bien se pudiera decir que los secuestros han disminuido a lo largo del año, esto puede deberse a la ola de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro que se realizaron en el territorio nacional entre abril y julio.

"Durante cuatro meses la rutina de las personas cambió. Muchos se quedaban en casa, la dinámica de la ciudad fue diferente. Para realizar un secuestro se necesita de una logística, la cual se pudo ver afectada por las manifestaciones. No obstante, delitos como la extorsión aumentaron, pues estas se pueden realizar a través de llamadas telefónicas”, explicó.

Otra característica que puede explicar la supuesta disminución de este hecho delictivo es que cada vez sean más las personas que dejen de realizar las denuncias ante la desconfianza de los organismos de seguridad. Cedeño indicó que solo 1 de 7 víctimas realiza la denuncia.

Así sucedió con Pablo Guédez —nombre ficticio por seguridad—, secuestrado el 31 de diciembre de 2016, cuyos familiares decidieron quedarse callados ante la situación y esperar la liberación del hombre, la cual ocurrió en plena celebración de feliz año en Hoyo de La Puerta, cuando dos jóvenes lo encontraron perdido en la calle y contactaron a sus hijos.

Tanto Guédez como Ojeda forman parte de las estadísticas manejadas por Mármol García, las cuales indican que 85% de las víctimas de secuestros son abordadas en sus propios vehículos.

Una de las preocupaciones del especialista es que ahora que las calles se calmaron, este delito vuelva a surgir en la cotidianidad. Según un estudio realizado por el Observatorio de Delito Organizado, en septiembre la prensa local registró 27 casos de secuestros a nivel nacional, la cifra más alta durante un mes en lo que va de año.

A sus anchas

Clase alta, media y baja, todos son propensos a ser víctimas de este delito ante los altos niveles de inseguridad e impunidad que se viven en el país, donde los delincuentes se “adaptan” al contexto y lugar en el que se muevan.

Mármol García explicó que ya no hay una hora proclive para que ocurra este crimen. “Los delincuentes se sienten cómodos a plena luz del día, pues saben que son pocos los que realizan las denuncias o porque en las zonas en las que cometen el asalto no cuentan con recorridos policiales”, subrayó.

Igualmente, Cedeño señaló que los secuestradores actúan entre las fronteras de los municipios, esto motivado a que los funcionarios policiales de las entidades correspondientes no están autorizados para actuar en este tipo de hechos, por lo tanto, no habrá una respuesta inmediata para detenerlos.

A pesar de esto, es importante que, en caso de ser víctima de un secuestro, se coloque la denuncia, ya que de esta manera se puede mantener registro del modus operandi de las bandas, así como de los sitios donde esto pueda ocurrir.

martes, 3 de octubre de 2017

Luis Cedeño: Están surgiendo nuevas modalidades delictivas

Debido al contexto económico que sufre el país, observamos el cambio de viejas modalidades de delito y el surgimiento de nuevas.


DOBLE LLAVE – Luis Cedeño, sociólogo y director del Observatorio de Delito Organizado, nos comenta sobre algunas nuevas modalidades delictivas en Venezuela.

“Actualmente debido al muy especial contexto económico que sufre el país, tenemos unas nuevas modalidades delictivas, precisamente que han aumentado en su naturaleza… Por ejemplo, el tema de los hurtos y robos a vehículos… Tenemos el problema de personas que por lo general paran su vehículo en un estacionamiento privado, pero ahora no lo pueden hacer… Ya sea por la contracción económica, la alta inflación o sencillamente la falta de dinero disponible en billetes, es decir, contar con efectivo; se ven imposibilitados de pagar una tarifa de estacionamiento… quedando su vehículo expuesto en la calle”, explica Cedeño.

“Otros delitos que eran usuales, en un ‘contexto normal de país’ son los secuestros, los mismos bajaron, pero la extorsión aumentó, porque básicamente las personas que estaban ejerciendo el modus operandi de secuestro tuvieron que migrar a la extorsión para suplir la falta de ingresos en esa actividad delictiva…”, señala el sociólogo.

“Asimismo, vemos cada vez más compañías que han retirado los servicios de café, de azúcar, de sus oficinas porque están viendo como esos elementos estarían siendo sustraídos de las oficinas y no están siendo servidos justamente para lo que está destinado…”, añade el director del Observatorio de Delito Organizado.

Cedeño se refiere y amplía detalles en esta audio entrevista sobre la modificación de viejas modalidades de delito y el surgimiento de nuevas.

Click para escuchar el Audio de la Entrevista

Fuente: Doble Llave

miércoles, 13 de septiembre de 2017

La violencia acorta opciones de futuro en los jóvenes venezolanos


De acuerdo con especialistas, la impunidad y la ineficiencia del Estado han sido factores determinantes para la violencia que se vive en el país, por lo tanto, los muchachos han cambiado su rutina para evitar ser un número rojo en las estadísticas.

Caracas. Alexandra Mujica —nombre ficticio por seguridad—, de 23 años, se autoimpuso un toque de queda y evita salir de su casa. La paranoia y el miedo surgieron luego de que en los últimos dos meses mataran a cuatro de sus allegados para robarlos.

Aunque siempre había escuchado las historias de atracos, ninguno terminaba en muerte. Y luego de que seis hombres intentaran robarla en el Metro, a inicios de año, siente que en cualquier momento le puede pasar algo malo.

De acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), durante el 2016 contabilizaron 28.479 fallecidos a nivel nacional, de los cuales 18.230 fueron por homicidio.
“Para el 2013, según el Ministerio de Salud, 86 % de las víctimas de homicidios a mano armada fueron jóvenes entre 14 y 35 años. El pico más alto fue entre 18 y 25 años. Pero no sería extraño que ese pico haya bajado a jóvenes de 14, 15 ó 16 años. Ser joven implica energía, vitalidad, búsqueda, curiosidad, compromiso, pasión por hacer las cosas y hoy eso es un  riesgo en el país. Ante esa realidad ¿qué están viviendo los jóvenes? Una vida sin futuro”, comentó la psicóloga social Magaly Huggins Castañeda.

De acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), durante el 2016 contabilizaron 28.479 fallecidos a nivel nacional, de los cuales 18.230 fueron por homicidio.

Ante el clima de violencia e inseguridad perenne, los jóvenes han tenido que modificar sus rutinas, para evitar ser otro número rojo en las estadísticas.

“Las veces que salgo me pasa algo, algún motorizado me persigue, alguien sospechoso me persigue. Si siento que me van a robar, salgo huyendo de alguna manera. Es ridículo pensar que si te roban, ya cumpliste la cuota y no te volverá a pasar, pero no. A los minutos puede aparecer otra persona para robarte también. Yo estoy a punto de graduarme y quiero llegar viva a la ceremonia, por eso evito salir lo menos posible de mi casa”, apuntó la estudiante de Comunicación Social.

Uno de los factores que ha influido para que este mal se mantenga y se extienda es la impunidad, señaló el sociólogo Luis Cedeño, pues garantiza que los hampones se salgan con la suya.

“Un malandro se dice ‘yo puedo asesinar y no pasará nada’. Ese es el mensaje que hay en la actualidad. Y si le añades la alta conflictividad social que hay en el país, la intolerancia, la tensión, hay jóvenes que se resisten a los robos, aún cuando haya un arma de por miedo”, explicó el director de la organización civil Paz Activa.

Con la impunidad ha tenido que lidiar Keneth Barjas, de 23 años, pues luego de dos años del asesinato de su padre, en Catia, no han detenido a los culpables. Le dispararon cuando volvía a su casa, con su familia, de una función de cine.


“Yo le abrí la reja de la casa a mi papá para que guardara el carro y llegó un motorizado con parrillero para robarle el vehículo. Lo apuntaron con el arma, lo mataron y lo bajaron del carro. Ellos se robaron el carro y a él lo dejaron tirado en el piso. No solo te roban algo material, sino que también te pueden quitar la vida”, lamentó.

Uno de los tíos de Barjas también fue víctima del hampa el pasado 31 de julio, en el sector Prado de María, cuando delincuentes le dieron cuatro tiros y luego se llevaron su arma de reglamento, pues era escolta de Empresas Polar.

Este panorama se resume en un deterioro generalizado, tanto de la calidad de vida como de las alternativas de sobrevivencia en los jóvenes, de acuerdo con Huggins Castañeda.

"Los hombres son las principales víctimas pero también los principales victimarios. Es decir, ellos matan y ellos mueren. Venezuela es un país que está en duelo y donde la muerte se ha convertido en una posibilidad cotidiana. El derecho a la vida está negado”, dijo la psicólogo.

Que los negocios que cierren a partir de las 6:00 p. m., los jóvenes salgan cada vez menos y que los ciudadanos vean en el encierro de sus hogares una alternativa para evitar ser víctimas del hampa, son las consecuencias que trae la violencia e inseguridad, dijo el sociólogo Cedeño.


Todos resultan afectados

De acuerdo con Huggins Castañeda, para el 2013, según las estadísticas del Ministerio de Salud, aproximadamente 7 millones de personas son afectadas por el asesinato de una persona por arma de fuego.

“Esto supone que un vecino, un familiar, un amigo, un conocido sintieron la muerte de alguien, de un ser querido. Todos son afectados por la pérdida”, señaló.

Por otro lado, los homicidios implican un costo y gasto tanto para la sociedad como para el Estado, apuntó Cedeño. “Alguien muere y deja familiares e hijos, que crecen con necesidades. También es un gasto porque si la persona estudiaba, son años de vida productiva que se perdieron”, completó.

A pesar de la situación, Albany Delgado, estudiante de Comunicación Social, no ha cambiado su rutina, pero cada día tiene pensamientos teñidos con paranoia. En un mes recibió la noticia de los asesinatos de un profesor de francés y luego el de un trabajador de su universidad. Ambos casos por robo.

Huggins Castañeda indicó que más allá de lo que puede hacer la sociedad civil, la cual no posee la capacidad de atender la demanda de los jóvenes que buscan el sentido de vivir en el país,  también se requiere un cambio en las institucionalidad.

Tenemos que dejar de ver la inseguridad como una obra de la delincuencia. La inseguridad en Venezuela es producto de la delincuencia y la ineficiencia del Estado, de la impunidad ante el delito. Hay que hacer y mucho, pero lo primero es salir de los que no te garantizan los Derechos Humanos. Yo, como ciudadano joven, veinteañero, con sueños, necesito un entorno que me permita ver que mis sueños son posibles”, apuntó.

Fuente: Crónica Uno

jueves, 27 de julio de 2017

¿Sabes qué es el Delito Organizado y cómo afecta al ciudadano venezolano?



El reciclaje de celulares, el llamado bachaqueo de alimentos y el contrabando de gasolina en la frontera son solo algunos ejemplos de actividades criminales que en los últimos años, han aumentado en Venezuela.

El delito organizado fomenta inseguridad y violencia, degrada el tejido social y lastima la integridad de las personas.

Para conocer más, chequee nuestro Video.

lunes, 26 de junio de 2017

El cambio político requiere de una “justicia de transición” para garantizar la gobernabilidad

Expertos y un grupo de ONG abogaron por el debate de esta iniciativa que busca garantizar justicia y reparo a las víctimas y el debido proceso a los investigados.


Caracas. Uno de los elementos que deberán considerar quienes quieren un cambio político en Venezuela será cómo equilibrar las demandas de justicia de la población y la necesidad de que un nuevo Gobierno cuente con estabilidad. Abogados, expertos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) señalaron que la experiencia mundial indica que es necesario establecer una “justicia de transición” o “transicional” temporal que permita que la sociedad cure sus heridas y que, a la vez, las nuevas autoridades cuenten con el piso suficiente para lograr el avance y el desarrollo del país.

“Lo que queremos no es ni impunidad, ni venganza, sino justicia”, indicó que el abogado y director de Paz Activa, Luis Cedeño.

El director de la Fundación del Centro Latinoamericano de Altos Estudios de Gobierno, Flavio Carucci, indicó que este es el único mecanismo que asegura que, sobre los deseos de venganza o los intereses políticos, prevalezca la justicia, cuando se produce un tránsito de un régimen autoritario a uno democrático. “Si no avanzamos ahí, la gobernabilidad se va a ver bien comprometida. Así se tenga el mejor proyecto de Gobierno, y con las mejores intenciones, este va a ser inviable”, señaló.

En un contexto en el que se incrementan las violaciones de los Derechos Humanos, la idea de la llamada “justicia transicional” es cuestionada en la opinión pública. Sin embargo, los expertos señalaron que es necesario que el tema sea introducido en el debate por dirigentes y líderes de opinión, pues este es un paso necesario para que el cambio político tenga bases sólidas.

Los pasos

Herrera explicó que la idea de una justicia de transición empieza por el hecho de que se producen hechos y circunstancias “extraordinarias” que hacen imposibles que la justicia ordinaria de un país resuelvan las controversias. Por ejemplo, en el caso de Venezuela son los mismos tribunales y otras instituciones del Estado los que han violado derechos de los ciudadanos. “Cuando los países llegan a esta situación se requiere de medidas extraordinarias”.

A partir de ahí hay tres pasos fundamentales:

  1. El establecimiento de la verdad de los hechos, tarea que asume la llamada Comisión de la Verdad. 
  2. Establecer las responsabilidades personales, en donde se debe hacer diferenciaciones de acuerdo con las violaciones, sin que se convierta en una “cacería de brujas”. Se establecen atenuantes de las penas a quienes reconozcan y colaboren con las instancias creadas para este propósito. 
  3. La reparación a las víctimas, que puede ser a través de la visibilización de lo sucedido, el otorgamiento de indemnizaciones, la impartición de justicia, entre otras.

A través de un comunicado, diversas ONG se comprometieron a impulsar estas iniciativas y el debate sobre esto en toda la sociedad, al considerar que otorga garantías a las víctimas de ser reconocidas y reparadas y a los investigados el respeto a sus derechos fundamentales.

“La justicia transicional puede tomar muchas formas, y cada país debe construir su propio mapa de ruta para implementar los mecanismos que más se adapten a su realidad”, señalaron en un comunicado.

El texto está firmado por las organizaciones Paz Activa, Acceso a la Justicia, el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Fundepro, El Observatorio Hanna Arendt, el Invesp, el Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso), Un Estado de Derecho, Espacio Público, el Observatorio de Conflictividad Social, entre otras. Las asociaciones llamaron a otras instituciones a sumarse a la propuesta.

Fuente: Crónica Uno

jueves, 4 de mayo de 2017

AC PAZ ACTIVA llama al respeto y defensa de los principios de la Constitución

COMUNICADO

AC PAZ ACTIVA llama al respeto y defensa de los principios
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) vigente

La Venezuela de hoy está lejos de funcionar como una Democracia moderna. A pesar de las maniobras oficiales de esconder y maquillar los indicadores económicos y sociales, la contundencia de estas cifras deja al descubierto la gravísima situación social y humanitaria que sufre el grueso de la población que no tiene memoria de penurias similares en el pasado reciente ni lejano.

A través de estas líneas, nos hacemos eco del rechazo manifestado en los últimos meses por millones de venezolanos pertenecientes a diversos sectores de la población, en relación a la continuada y flagrante violación de la Carta Magna por parte del gobierno nacional.

La Constitución vigente fue impulsada por el finado presidente Hugo Chávez. Sometida a Referéndum Constituyente el 15 de Diciembre de 1999, en el marco de una de las mayores tragedias naturales registradas en el país, los deslaves de Vargas, proceso que no se suspendió para llamar a la emergencia nacional con el costo de miles de vidas de venezolanos. Aunque no fue una constitución popularmente deseada, si contó con una constituyente votada universalmente, que expresaba el pluralismo político del momento y ulteriormente aprobada por votación universal. El voto fue la herramienta endilgada por el oficialismo para impulsar su proyecto político, y siempre que fueron favorecidos en numerosas ocasiones, se escudaron esta figura.

Defendida a ultranza como “la Constitución más moderna del planeta”, no tardaron en querer reformar el principio de alternabilidad consagrado en la CRBV. Este fue el primer precepto en ser atacado, fracasando su reforma en el año 2007, primer revés electoral del gobierno. El mantra que usó Chávez por muchos años fue “todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella” adquiere todo sentido cuando ya plantaban la semilla de su propia destrucción en los artículos 347, 348, 349 de la misma.

Las Democracias saludables no cambian sus constituciones en cada lustro. No son planes que se cumplen y pierden vigencia. No creemos que la CRBV haya cumplido ya su objetivo y por tanto la necesidad de ser sustituida. Es el contrato social marco dentro del cual se desarrolla la vida social de una nación. Los mismos déficits políticos, económicos y sociales que impulsaron la sustitución de la “moribunda” de 1961, siguen vigentes hoy con aún mayor gravedad que en el año 1999.  Ahora la “moribunda” es la actual CBRV, y su verdugo es el “hijo” de Chávez.

Para lograr los objetivos sociales de un país, lo más importante es tener instituciones saludables autónomas, un Estado de Derecho y Sistema de Justicia que responda a las leyes y no a intereses políticos, un sistema electoral que organice elecciones oportunas y transparentes. El sistema económico y social consagrado en la actual CRBV, es adecuado para alcanzar el desarrollo del país; pero sus autoridades electas claramente no fueron capaces, ni poseen las herramientas para llevar adelante ese proyecto. La respuesta: “guerra económica” o mejor dicho, someter al país a una economía de guerra; sin guerra aparente.

Las Democracias tienen el mecanismo adecuado para sustituir a aquellas autoridades electas que no rinden resultados: el voto. Nuestra CRBV cuenta hasta con referéndums revocatorios de mandato, posibilidad que fue claramente negada al electorado vía subterfugios en el 2016.

La Asociación Civil PAZ ACTIVA, llama a respetar y defender la vigente CRBV, que no es el origen de los problemas que actualmente atraviesa el país sino que ha sido el conjunto de políticas impulsadas por el ejecutivo, muchas fuera del marco jurídico, que no tienen el interés y bienestar colectivo como meta, sino el mantenimiento de una élite política agotada, corrupta y desahuciada que se atrinchera en el poder.

En consecuencia, llamamos a la activación de los mecanismos de consulta y voto popular consagrados en la constitución para la resolución de las diferencias en las visiones de cómo se debe gobernar a un país.


Caracas, 2 de mayo de 2017.

jueves, 6 de abril de 2017

El Billetazo: Hechos, implicaciones e impactos


  • Fernando M. Fernández, Abogado penalista: "Venezuela es el único país del mundo que no tiene delitos monetarios".
  • Oscar Torrealba, Economista: "El Billetazo y la realidad no tienen ningún sentido económico". 
  • Luis Cedeño, Sociólogo: "Nunca se explicó cuál era “la estafa”, ni tampoco en qué consistía la supuesta “guerra financiera".

Fernando M. Fernández

- "Esta situación es tan grave como si en el capítulo del Código Penal referido a los delitos contra las personas no existiera el delito de homicidio”.
- "Al mantenerse ese vacío legislativo en materia de delitos monetarios lo mismo que ocurrió con los billetes de 100 va a seguir ocurriendo con los billetes bajo el nuevo cono monetario”.


Óscar Torrealba

- "El Billetazo y la realidad no tienen ningún sentido económico, ya que el Banco Central de Venezuela (BCV) ha continuado emitiendo nuevos billetes de 100 bolívares, mientras que anuncia una próxima prórroga de desmonetización hasta el 20 de abril de 2017”.


Luis Cedeño, Sociólogo.

- “Nunca se explicó cuál era “la estafa”, ni tampoco en qué consistía la supuesta “guerra financiera” que fraguaban contra la nación.
- ¿Cómo sacaron esos billetes? ¿Con qué intención se los llevaron? “Nuestra hipótesis es que esos grupos actuaron con la anuencia de alguna autoridad del Estado”. Las 7 hipótesis sobre el “billetazo” (Runrun.es)

Fuente: Observatorio de Delito Organizado

Un delincuente puede robar hasta 30 celulares en un día


Raymond Orta, especialista en delitos informáticos, indicó que actualmente en el país opera una red internacional de robos y hurtos de equipos móviles, que se apropia de los datos de la víctimas a través de su usuario y contraseña.

Caracas. Según estimaciones de la asociación Paz Activa, al mes se reportan hasta 100.000 celulares robados en el país, por lo que resulta el delito más común.

De acuerdo con su director, Luis Cedeño, los motorizados que cometen este tipo de crimen apenas son una parte del entramado que opera en el robo de celulares, lo que calificó como “crimen organizado”.

“El que roba el equipo no es el mismo que lo procesa y lo vende. Aproximadamente, los motorizados pueden llegar a robar hasta cinco celulares en una cola. Pero también están los pegadores, los aguantadores y los procesadores”, indicó el sociólogo.

Los pegadores son aquellos que usan la fuerza para robar los equipos. Diariamente pueden acumular hasta 30 móviles en sus bolsos, según Cedeño. En la escala le siguen los aguantadores, quienes reciben la mercancía y pagan por los equipos y repuestos de acuerdo a la gama del móvil.

Los procesadores se encargan de clasificar los teléfonos para decidir cuáles van a las cárceles —normalmente los de menor valor— y cuáles vuelven al mercado para ser revendidos.

El pasado 20 de febrero funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana incautaron 500 celulares en tiendas ubicadas en los centros comerciales City Market, Doral Baralt y Metrocenter, ya que los establecimientos compraban y vendían equipos robados.

Tanto Cedeño como Orta no dudan en indicar que el robo de celulares se convirtió en crimen organizado, ya que se manejan altas cantidades de dinero, lo que sugiere que alguien se encarga de las cuentas en todo el sistema.

“Actualmente en el país hay más celulares que personas, por lo que la venta de equipos robados también sale de las fronteras, lo que genera más ganancias”, sostuvo Cedeño.

Secuestros virtuales

El director de Paz Activa también mencionó que otro delito que ocurre por el atraco de celulares son los secuestros virtuales, donde los delincuentes, una vez que roban el aparato, llaman a un familiar de la víctima y le indican que está secuestrada.

“La familia, al no tener cómo comunicarse con la persona, cree lo que dicen los delincuentes y de esta manera entrega el dinero que estén pidiendo”.

Aunque este delito está penado por la ley, son pocas las personas que denuncian el robo de los equipos, pues no ven respuesta de las autoridades, lo que genera impunidad y da margen a que los delincuentes se salgan con la suya. Pese a esto, los especialistas recomendaron acudir a los cuerpos de seguridad y colocar la denuncia.

domingo, 19 de febrero de 2017

Venezuela es una mezcla de cleptocracia, corrupción y narcotráfico


  • “La sociedad venezolana ha sido corrompida y golpeada en su moral y ética por un Gobierno que actúa como un Estado mafioso”, sostuvo Luis Cedeño, Director de Paz Activa y el Observatorio del Delito Organizado” en una entrevista al periódico venezolano La Razón.
  • El estado mafioso funciona como delito organizado que genera diferentes modelos de negocio ilegales dentro del propio Estado y a su vez, los mecanismos para permitir tales ilícitos.


Según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), Venezuela se ubica por segundo año consecutivo, como el país más corrupto de América Latina. “El país repitió su pobre calificación de 2015, 17 puntos sobre 100, con lo que quedó relegado al último puesto de la lista de 32 naciones de la región y a solo 10 lugares de la peor posición en la lista global de 176 que integran la edición 2016 del IPC, considerado como el indicador de corrupción más usado en el mundo”, según informa Transparencia Venezuela.

“Venezuela no es un narcoestado”, afirma Luis Cedeño, “sino una mezcla de varias cosas: cleptocracia, corrupción y narcotráfico. Además considera que el Gobierno busca llevar al pueblo venezolano a un estadio de debilidad moral, donde no puedan reclamarle a sus líderes sus faltas morales porque ellos también las han cometido”. (La Razón)

Como hemos señalado en anteriores trabajos, en algunas de las Ex Repúblicas Soviéticas se han instaurado nuevas formas de gobierno e instituciones que surgieron a partir de sus revoluciones. Tales gobiernos presentan algunas debilidades en cuanto a la solidez de su estado de derecho, así como de sus sistemas de contraloría, dejando el control de la institucionalidad del estado en manos de las nuevas élites, algunas corruptas y con poca formación política que vieron en el manejo del estado grandes oportunidades de enriquecimiento. Estas son llamadas en algunos casos “Estados Mafiosos”. 

Estos “estados” son controlados por una pequeña élite que puede estar conformada por familias dominantes (estilo la Cosa Nostra) o pequeños grupos de poder que se identifican con un “Poligarca”, que se define como un oligarca con poder político y gran poder económico oculto a través de testaferros, o una mezcla de estos.

CLEPTOCRACIA = Dominio de los ladrones
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra CLEPTOCRACIA viene del griego clepto, 'ROBO'; y cracia, 'FUERZA' = DOMINIO DE LOS LADRONES. Es el “Sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos”.

En julio de 2016, la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado realizaron el Foro “El desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela” ¿Qué tipo de estado somos?, donde se profundizó en el análisis de la compleja problemática del impacto del crimen organizado en los diferentes ámbitos de Venezuela, no sólo como estado sino como país, con una situación socio-económica y política que cada día nos hace más vulnerable a este flagelo. En ese contexto Cedeño, comentó que existen algunos signos de la presencia de la Cleptocracia en Venezuela y enumeró algunos Indicadores que ilustran tal afirmación:

  1. Maximizan los impuestos y el endeudamiento del país.
  2. Monopolizan los actos de corrupción de gran volumen: Poligarquía y Nepotismo.
  3. Usan fondos del Estado para pagar coimas a cambio de apoyos incondicionales de políticos, diputados, medios, periodistas, jueces y similares.
  4. Capitalismo de Estado e Ideología totalitaria –de derecha o izquierda. 5. Reducen los servicios públicos, las calles se llenan de hoyos, las medicinas escasean, la educación empeora.

Como vemos Venezuela empieza a parecerse a esos “Estados Mafiosos”, donde participar en el gobierno, es una oportunidad para desarrollar negocios ilegales. “En la misma medida en que el Gobierno crea la gran oportunidad de generar dinero de forma muy rápida y muy fácil, a través de la distorsión económica y del control, hace que todo el mundo quiera hacerlo también. Es en este sentido que afirmamos que este Gobierno es un Gobierno criminógeno, que promueve la  criminalidad o desviación, en este caso”, precisó el Director de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado.

El estado mafioso funciona como delito organizado que genera diferentes modelos de negocio ilegales dentro del propio Estado y a su vez, los mecanismos para permitir tales ilícitos. En nuestro caso, lo están facilitando porque prácticamente el Sistema de Justicia y todos los jueces están controlados por estos poligarcas, lo que hace imposible que se haga justicia, o por lo menos que se haga justicia en Venezuela. Se hizo justicia en una corte norteamericana con estos sobrinos porque está fuera del control del Estado mafioso venezolano.

En Venezuela hay muchas otras oportunidades de estar al margen de la ley y de generar grandísimas fortunas, sea porque te dan un dólar a 10 bolívares y lo vendes a 4.000 bolívares, y eso en ninguna parte del mundo sucede. Venezuela no es un narcoestado por esta razón. Nos convertimos en un rompecabezas de actividad delictiva boyante, que además permea todas las instancias del Estado.

lunes, 16 de enero de 2017

Armas de guerra en una Venezuela sin guerra


Ya para finales del 2015, Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado, llamaba la atención en relación a que “nadie fuera de la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX), que es la división de armamento de la FANB, puede comprar o vender armas en Venezuela; no existe fuente privada que compre o venda armas en el país, eso está prohibido por la Ley, es un monopolio exclusivo del Estado”.

Resaltó que el monopolio de las granadas y de las armas de guerra es el mismo Estado, la FANB. “Hay que estar muy pendiente de si los arsenales que ellos administran, si hay algún tipo de corrupción que está permitiendo justamente que esas granadas lleguen a manos de grupos criminales”, puntualizó Cedeño. 

Como hemos visto la situación ha empeorado en el transcurso del año 2016. 

Según reseña la Oficina de Naciones Unidas para el Desarme en América Latina y el Caribe (Unlirec): Venezuela es el país con más muertes por estallidos de granadas en toda Latinoamérica. 

El pasado mes de agosto, el portal Runrun.es, reseñó que entre 2015 y 2016 las muertes aumentaron un 33% y los heridos se situaron en un 60% más en cuestión de un año. “De enero a agosto de 2016, ocurrieron 32 ataques con granadas, según registro de prensa recopilado por Runrun.es, en los cuales murieron 49 personas y 155 resultaron heridas”.

El reportaje de Lisseth Boom (Runrun.es), indica que “Caracas y Aragua son las zonas donde más se usan estos artefactos en ataques contra sedes policiales, enfrentamientos entre bandas pero también para cometer robos y secuestros. Las granadas, armas de uso confinado constitucionalmente a las Fuerzas Armadas de Venezuela,  están cada vez más presentes como instrumento criminal fuera de los cuarteles”. Asimismo, precisan que “si bien hasta agosto de 2016 hubo un número menor de ataques  al registrado entre enero y octubre de 2015 (cuando ocurrieron 60 sucesos con granadas, según el último informe de Transparencia Venezuela), se han reportado más víctimas que en 2015, específicamente un incremento de 33% en comparación a los primeros 10 meses de 2015, cuando fallecieron 33 personas y 62 resultaron heridas”.


Por su parte, en un informe elaborado por Javier Ignacio Mayorca, GRANADAS AL VUELO - Auge del uso de armas explosivas militares por civiles en Venezuela, publicado por Transparencia Venezuela en 2015: “Entre 2013 y 2015 más de 18 personas fallecieron a raíz de la manipulación de este artefacto en el país. Le sigue Colombia con 8 muertes, país que registra una tendencia a la disminución de muertes y heridas por granadas, al igual que México”.

Mayorca resalta que “Las granadas son por definición armas de guerra, pero en Venezuela se han transformado en moneda común en los enfrentamientos entre funcionarios de los cuerpos de seguridad y delincuentes de todo el país. También han sido usadas para reemplazar a los explosivos de fabricación casera (IED, por sus siglas en inglés) en los ataques a instalaciones de estas instituciones. Esto añade un componente de violencia a tales acciones que las acerca más a conflictos armados como los vistos en Colombia y países centroamericanos”.



El gobierno nacional, en reiteradas oportunidades, ha aseverado que dichos crímenes están directamente asociados con bandas organizadas vinculadas con el paramilitarismo. Se presume que este nuevo modus operandi tiene como objetivo atemorizar a los efectivos policiales, desprestigiar a los cuerpos de seguridad, generar deserciones y, lo más importante, promover una matriz de opinión vinculada a la supuesta incompetencia de los funcionarios.

A continuación, a manera de recapitulación, y para sustentar las teorías expuestas, presentamos una breve cronología con los casos de ataques a instalaciones policiales, que más han dado de qué hablar en los últimos meses:
  • 24 de mayo de 2015: Una granada fue arrojada contra la sede del Cicpc en la Cañada de Urdaneta, estado Zulia. Solo hubo daños materiales.
  • 22 de agosto de 2015: Delincuentes lanzaron granadas contra una patrulla policial en la Cota 905, al final de la avenida Los Laureles, Caracas. Al sitio acudieron varias unidades del SEBIN.
  • 27 de septiembre de 2015: Motorizados lanzaron granadas a la comandancia de Polibaruta en Las Mercedes, Caracas. Se reportaron 6 funcionarios y 4 civiles heridos.
  • 2 de octubre de 2015: Cuatro motorizados lanzaron granadas a la sede del Cicpc en Catia, Caracas. Los artefactos no explotaron. Fueron capturados dos de los sujetos.
  • 6 de octubre de 2015: Dos desconocidos en un vehículo gris, marca Dodge, atacaron con granadas y con armas de fuego la sede del Cicpc en Higuerote, estado Miranda. No hubo muertos ni heridos. Se desconoce el paradero de los atacantes.
  • 17 de octubre de 2015: Atacaron con una granada y con armas de fuego la estación de la PNB en la calle Los Alpes de El Cementerio, Caracas. Dos efectivos resultaron heridos. Los delincuentes iban a bordo de un jeep de pasajeros.
  • 12 de diciembre de 2015: Una mujer, apodada "Piel Canela", muere durante un operativo de las OLP luego de arrojar una granada a efectivos del Cicpc. El hecho ocurrió en El Cementerio, Caracas. Varios funcionarios resultaron heridos.
  • 19 de enero de 2016: Motorizados lanzaron dos granadas contra el Centro de Atención al Detenido en Maracay (penal de Alayón), estado Aragua. El saldo fue 25 heridos y 6 muertos. Se desconocen las causas del ataque, aunque se presume ajuste de cuentas.
  • 5 de abril de 2016: Dos motorizados lanzaron tres granadas contra la sede principal del Cicpc en Maracay, estado Aragua. No se reportaron muertos ni heridos. Se presume que los atacantes formaban parte de El Tren de Aragua.
  • 11 de abril de 2016: Luego de intentar detonar una granada fragmentaria contra funcionarios de Poliguárico, murieron tres delincuentes en el barrio Tacope de Calabozo. Los antisociales, según se informó, intentaban robar una casa del sector.
  • 21 de junio de 2016: Reos del Centro de Coordinación Policial de El Tigre, estado Anzoátegui, accionaron una granada que hirió a 6 personas. Se presume que se trató de pugna entre bandas.
  • 8 de julio de 2016: Dos motorizados lanzaron dos granadas fragmentarias contra las instalaciones del Centro de Coordinación Policial de Los Próceres, en la ciudad de Guanare. El suceso dejó como trágico saldo 25 funcionarios heridos y uno fallecido.
El modus operandi de este tipo de organizaciones delictivas, según las autoridades, se asemeja mucho al de las células "convivir" que se instauraron en la década de los 90 del siglo pasado en la ciudad de Medellín, Colombia. No se descarta la complicidad y el suministro de armamento de parte de algunos funcionarios desertores o corruptos. Los ataques serían llevados a cabo bajo la orden de líderes negativos o pranes que operan en las distintas regiones del país.

Uno de los últimos sucesos ocurridos en el 2016 con granadas fue el de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), donde “84 granadas fragmentarias modelo M26 fueron hurtadas fueron hurtados del Servicio de Armamento del Ejército fuerte Conopoima. Tal situación fue detectada el lunes 19 de septiembre”, como lo reseñó el periódico Últimas Noticias.

Una comisión mixta compuesta por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y Guardia Nacional inició un operativo en los alrededores de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) en busca de las 84 granadas hurtadas del fuerte Conopoima ubicado en San Juan de los Morros (Guárico), dijeron fuentes castrenses.