martes, 26 de mayo de 2015

De la guerra al crimen: así se mueve una granada en Venezuela



Cual peloticas de goma, las granadas “ruedan” en los barrios, en las calles y en las cárceles venezolanas, bien lejos de los reglamentarios depósitos militares. A pesar de que el monopolio de su uso recae exclusivamente sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada vez son más comunes en las manos de los delincuentes que, como en una guerra, no tienen reparo para accionarlas al enfrentarse contra otras bandas o grupos policiales

Desde enero hasta la tercera semana de mayo de 2015 se contabilizaron 24 hechos delictivos que incluyeron el uso de granadas fragmentarias. “No hay cosa que conmocione más a un policía que un malandro con una granada en la mano”, asegura Luis Godoy, exjefe de la División contra Homicidios del Cicpc.

Un estudio de la Organización de Naciones Unidas para el Desarme, reseñado por el periodista Javier Ignacio Mayorca el 17 de mayo de 2015 en El Nacional, reveló que Venezuela fue la nación con más muertos por el uso de granadas entre enero de 2013 y marzo de 2015. En ese lapso, 18 personas fallecieron a raíz de la manipulación de estos objetos. Venezuela figura, además, en el segundo lugar del ranking de heridos por la explosión de granadas, con 16 víctimas.

Once personas muertas y cuatro heridas (dos civiles y dos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc) se han sumado a la lista de la ONU desde la última semana de abril hasta el cierre de esta edición. Además, tres subdelegaciones del Cicpc sufrieron daños estructurales por ataques con estos explosivos.

La alerta llegó hasta altas esferas del poder. Cuando aún era presidente de la Comisión Presidencial del Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana, Freddy Bernal confesó su preocupación por el auge de estas armas desde 2014. “Dos elementos que empiezan a hacerse frecuentes: el uso de fusiles AR15 y el uso de granadas fragmentarias”, dijo Bernal a Runrunes. El excomisionado subrayó que: “ningún cuerpo policial tiene fusiles, armas de guerra. ¿Quién le da unos fusiles de alta potencia a una banda criminal? Pueden venir de la FANB o del extranjero, o de los perros de la guerra. Exhortamos al Ministerio de Defensa a descubrir el origen de esas municiones y eso sería darle un golpe duro a las bandas criminales”.

Miguel Dao, exdirector del Cicpc, tiene una respuesta: “las granadas se las dan unos malandros a otros malandros. No podemos culpar a todo el sector militar, sino a esos funcionarios que desvían el rumbo”.


¿De dónde vienen estos explosivos?

Juan González, nombre ficticio asignado a un alto funcionario de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) para resguardar su identidad, explica que Venezuela no compra granadas en el exterior desde aproximadamente 15 años. Los explosivos tampoco son fabricados por esta empresa militar.

Sin embargo, revela que en Cavim se está desarrollando tecnología para producir este tipo de armas a largo plazo y así reducir la dependencia de otros países.“Antes, cada componente adquiría sus granadas. De unos años para acá toda la responsabilidad de la importación la asume Cavim”.

Los cuatro componentes de la FANB son los únicos organismos autorizados para el manejo de este tipo de armas, explica Godoy. “Los cuerpos de seguridad no tienen granadas. De hecho, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) solo las utiliza en funciones de resguardo de la frontera”, señala. Entonces, ¿cómo llega una granada a las manos de un delincuente?

Godoy descarta la posibilidad de que sean traídas desde el extranjero por “perros de la guerra”. “Armas que vienen de afuera, puestas en un mercado negro, son difìciles de adquirir por delincuentes de baja monta”, asegura el especialista.

¿Quién las saca del arsenal de la FANB?

En noviembre de 2006, los soldados del Ejército Alexis Antonio Fuentes Soto y Gregory José Espinoza Jhon fueron imputados ante el Ministerio Público sustraer efectos pertenecientes a la FANB. Entre el botín de los soldados, adscritos a la 51 Brigada de Infantería de Selva (estado Bolívar), se encontraron 12 granadas. La consulta a especialistas arroja cinco posibles caminos que “toman” estos explosivos para llegar a los delincuentes.

En primer lugar, a través de algunos jóvenes que ingresan al servicio militar y se retiran en menos de dos años. En ese tiempo, sustraen las armas de los almacenes. Otra posibilidad está en las incautaciones de estas armas no declaradas de los cuerpos policiales.

Una tercera vía es el robo a casas de militares retirados, quienes las almacenan como souvenires de su paso por las FANB. También está la posibilidad de que el material bélico ingrese por las fronteras. La quinta fuente serían los funcionarios de la FANB que se las llevan de las prácticas y entrenamientos.

Miguel Dao advierte que “es una cadena de corrupción bien grande. De ella se conoce el origen, pero difícilmente el final”.

¿Cuántas armas circulan en el país? 

De cada 1.000 armas irregulares que circulan en las calles de Venezuela, una podría ser una granada, de acuerdo con proyecciones de Godoy. La Dirección de Armas y Explosivos (Daex) calculó en 2013 que el armamento ilegal alcanzaría un millón 678 mil. Según esta cifra, más de mil 600 granadas podrían estar en manos de delincuentes.

El gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre estos casos. La responsabilidad recae sobre los ministerios de Defensa y Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MIJP). La Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y el Desarme, creada en 2013, no logró que la FANB revelara el tamaño del arsenal.

Alegó “secreto de Estado” y hasta allí llegaron las averiguaciones. “No rinden cuentas. ¿Les podemos confiar el monopolio de las armas? Lo están cediendo a grupos irregulares”, reflexiona el exjefe de homicidios del Cicpc. González, desde Cavim, corrobora que las cifras se manejan como un tema de seguridad nacional. Sin embargo, destaca que sí hay un registro reservado de las granadas existentes, así como de las faltantes y las “extraviadas”.

Las milicias también pueden pedir granadas

La Milicia Nacional Bolivariana también tiene la potestad de solicitar armamento de guerra al Comando Estratégico Operacional (CEO), según González, funcionario de Cavim, a pesar de que la Constitución de Venezuela establece que la FANB está compuesta por la Armada, el Ejército, la Guardia Nacional y la Aviación. “Hay que entender el concepto de corresponsabilidad. Todos debemos defender al país. En una situación de guerra, ellos (la milicia) deben actuar”, asegura.

¿Cómo detenerlas?

De las 12 granadas incautadas a los soldados Fuentes Soto y Espinoza, 10 eran “polivalentes”, destinadas a misiones ofensivas, defensivas e incluso pueden ser lanzadas con un fusil. Las dos restantes eran ofensivas, menos mortales que las primeras, pero igualmente peligrosas.

El ex Polimirada Rodolfo Contreras (nombre ficticio asignado a un exfuncionario de la Policía de Miranda, quien pidió el resguardo de su identidad) aseguró que la mayoría de las granadas fragmentarias que posee la FANB son de origen estadounidense (modelo M26) y alemán (modelo DM51).

“Venezuela no ha sido un mercado de armas ilegales. Por el contrario, las armas ‘orgánicas’ son extraídas del país y vendidas en los mercados negros internacionales. Es muy fácil corromper el estamento militar”, señala Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa. Las granadas de mano están diseñadas para el combate en frontera, recuerda Cedeño. González justifica su existencia: “sirven para defender la soberanía”. Pero manipulada por delincuentes se convierten en una válvula de emergencia ante el acorralamiento, para amedrentar a la policía”, explica Godoy.

Existen tres tipos de granadas: de ejercicio, de práctica y de guerra, explica el funcionario de Cavim. La última es considerablemente más peligrosa. Se distingue por el color del anillo de seguridad. Quien no conozca esos, puede ser intimidado con facilidad. Dao califica el uso que hacen de ella los delincuentes como “temerario”, pues nada les garantiza que ellos mismos no serán barridos por la onda expansiva.

Encarcelar a quienes sean hallados con estas armas no es suficiente, a juicio de los especialistas consultados. Hacer un inventario claro de las que aún están en los almacenes de la FANB y realizar operativos para “recoger” las granadas son los primeros pasos para que estas armas de guerra dejen de “rodar” por las calles de Venezuela.


Fuente: Adriana Nuñez Moros

Alcaldía municipio Libertador fortalece seguridad ciudadana (Mérida)


Hotel La Pedregosa fue sitial para este primer encuentro sobre Cultura y convivencia.


(22/05/2015).-Debido a la alarmante inseguridad que se ha convertido en un grave problema para los ciudadanos merideños y de los venezolanos en general, la Alcaldía del municipio Libertador hace un aporte a través del Instituto Autónomo de Policía Municipal dando respuesta a este flagelo que afecta a la sociedad.
Durante la mañana de ayer jueves, la Asociación Civil Paz Activa presentó a la comunidad merideña, los “Resultados de la 1ª Encuesta sobre cultura y convivencia ciudadana en la ciudad de Mérida”, un estudio enmarcado en el Programa de Gobernabilidad Local en materia de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que la Asociación Civil lleva a cabo conjuntamente con la Alcaldía del Municipio Libertador.

En tal sentido, el burgomaestre de la ciudad Carlos García expresó, “creemos es necesario tener una agenda compartida con todos los Organismos Públicos ya que gran parte del tema de Seguridad es responsabilidad del Gobierno Nacional y Regional”, “por lo que nos ponemos en plena disposición para que juntos trabajemos en función de esta materia”, dijo.

Por su parte, Luis Cedeño, director ejecutivo de La Sociedad Civil Paz Activa informó acerca de los resultados de esta primera encuesta sobre Cultura y Convivencia, la cual se llevó a efecto en el Hotel La Pedregosa, allí estuvieron presentes el alcalde de la ciudad Carlos García y Víctor Hugo Mora director del Instituto Autónomo de Policía Municipal además de otras personalidades de la entidad merideña.

Indicó Cedeño para concluir, que dicha encuesta se realizó en diferentes puntos de la ciudad preguntando ¿Cómo las personas se relacionan con la ley, con los conciudadanos y con el espacio público?, donde los resultados que arrojó fueron: que existe un divorcio muy marcado entre ley, moral y cultura.

Por tal razón, Paz Activa comenzó conjuntamente con la Alcaldía del municipio Libertador y el Instituto Autónomo de la Policía Municipal, la ejecución de este programa con el propósito de establecer acuerdos y relaciones de colaboración con gobiernos locales para desarrollar acciones novedosas, en materia de seguridad que permitan dar respuestas pertinentes en este tema a la población.



Fuente: Prensa Alcaldía Libertador (Mérida)

El hampa se impone con arsenal Bélico



La presencia de granadas en el parque de armas de grupos delictivos es preocupante y requiere de especial atención, porque los indicadores que se reflejan en la prensa pueden convertirse en una tendencia, asegura Luis Cedeño, director de la Asociación Civil Paz Activa.

De acuerdo a un estudio de la Organización de Naciones Unidas para el Desarme, Venezuela encabeza la lista de países en Latinoamérica con más fallecidos por estos artefactos detonados, reseñó El Nacional.

La investigación, aún en curso, fue presentada el pasado 12 de mayo en Medellín, durante la 13 reunión del Observatorio del Crimen Organizado en América Latina y el Caribe.

Los resultados preliminares se sustentan en registros hemerográficos de la región desde enero de 2013 hasta marzo de 2015. En ese periodo en Venezuela se reportaron 18 muertes por explosivos. El segundo lugar corresponde a Colombia, donde hubo 8 occisos y las bombas fueron accionadas principalmente por las FARC y el ELN.

La mayoría de los casos dentro de la geografía nacional tuvo lugar en Distrito Capital y Aragua y el objetivo fue amedrentar o agredir a personas e instituciones.

El pasado 9 de mayo, en horas de la noche, las sedes del CICPC de Villa de Cura y Turmero, Aragua, fueron blancos de ataques con granadas. Dos efectivos resultaron heridos. Se presume que fue una retaliación por la baja de 15 delincuentes integrantes de dos bandas.

“Detrás de cada hecho delictivo hay un mercado”

El sociólogo y también experto en seguridad, Luis Cedeño, explicó que en Venezuela existe el tráfico de armas de extracción. Los explosivos, así como las armas largas que se han visto en manos del hampa (FAL y AK 47 100), son armas de guerra que deben estar bajo el control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha evidenciado “claras debilidades” en el manejo y custodia de sus arsenales y resistencia para reportar robos y pérdidas.

Para Cedeño el problema es de corrupción, que facilita que esas armas, que tienen un precio, pertenezcan a delincuentes. “Detrás de cada acción delictiva hay un mercado”.

Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano sostuvo, según información de El Nacional, que no hay datos oficiales que comprueben en la actualidad la fabricación de granadas, pese a que Cavim (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares) reportó años atrás su producción.

Además supone que desde 2006- año en que el gobierno dejó de reportar la compra de granadas a otras naciones- el suministro a los arsenales militares proviene de compras a China o de una producción “limitada y secreta en el país”. San Miguel también maneja la teoría del contrabando desde Centroamérica.

El desarme

Cuando se incauta una granada hay que hacer “esfuerzos extraordinarios” para precisar el origen de la misma, propone Luis Cedeño. Argumenta que una vez que estalla no se puede conocer el número de lote ni el marcaje del artefacto, que comúnmente no tiene serial, dato que permite determinar con gran facilidad la procedencia exacta de un arma.

El sociólogo comenta que no comprende cómo ha surgido la idea de que el desarme es para “los malandros”, porque la verdad es que esta iniciativa está dirigida hacia el ciudadano común con o sin porte de arma. “Quién desarma a los delincuentes es la policía”, asegura.

El modelo Bacrim

La actuación de bandas con 30 ó 50 miembros y una gran logística que les permite, entre otras cosas, la tenencia de armas largas y explosivos, así como el adiestramiento necesario, arroja semejanzas con las Bacrim colombianas. Las Bacrim son agrupaciones del vecino país conformadas por paramilitares desmovilizados y se dedican al crimen organizado.

Las bandas que operan con fuerza actualmente en Venezuela están vinculadas al secuestro, la extorsión y el cobro de vacuna; y su radio de acción se extiende a varios estados como el caso de la banda de “El Picure” que opera en Aragua, Guárico, al sur de Anzoátegui y se presume ahora en Caracas.

El abogado criminalista, Fermín Mármol García habla de mega bandas criminales y las define como “microestados” que poseen un poder que coloca en una posición de desventaja a los cuerpos de seguridad municipales y estadales.



Fuente: Barómetro Político

Cuando matar a un escolta se convierte en negocio


Ser guardaespaldas es más lucrativo que ser oficial activo, aunque la formación para cuidar a terceros se obtenga en las mismas academias. Al riesgo propio del oficio se le suma el peligro de andar armado y en buena moto, cual carnada apetitosa para la delincuencia sin freno.

No es mientras ejercen su trabajo que asesinan a los escoltas en Venezuela, es por portar un arma y trasladarse en una moto de alta cilindrada. En lo que va de año han asesinado a 8 guardaespaldas en todo el territorio nacional. Más de uno por mes, según los cálculos y reportes de prensa. De todos ellos, solo tres prestaban sus servicios al sector privado y el resto eran integrantes del personal de seguridad de altos funcionarios del gobierno.

Así, se cuentan los casos de quienes resguardaban a Winston Vallenilla, presidente de Tves; Héctor Rodríguez, ministro de Educación; Tarek William Saab, defensor del Pueblo; Ángel Rodríguez, presidente del Parlatino; y Mario Silva, presentador de VTV.

En ninguno de los casos registrados, el asesinado cayó cumpliendo su deber. Sus empleadores no estuvieron amenazados porque estaban "francos de servicio". El objetivo eran "el hierro" y "las bichas".

De esos hechos, todos protagonizados por hombres menores a 45 años, la mayoría fueron asesinatos en Caracas o en el estado Miranda. En el caso del escolta de William Saab, el cadáver fue encontrado calcinado con cinco impactos de bala en la población de Villa de Cura (Aragua).

Mientras que al de Héctor Rodríguez lo mataron detrás de la maternidad Concepción Palacios en plena capital, luego de que dejara a su hijo de seis años en una guardería que está ubicada por el sector.

El más reciente suceso ocurrió el pasado domingo cuando Eldemar José Bermúdez Patiño, funcionario de la Policía de Caracas, adscrito como escolta al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fue asesinado de tres tiros para el robarle el arma de reglamento, en Turmero, estado Aragua. El sujeto, de 27 años, se desempeñaba como escolta del presentador de La Hojilla, Mario Silva, quien ha perdido a manos del hampa a tres guardaespaldas desde 2010.

"Matar a un escolta lamentablemente se convirtió en un negocio", explica Luis Cedeño, director de la asociación civil Paz Activa. "Un arma usada puede costar mil dólares, y una moto KLR cuesta millón y medio de bolívares". Es decir, un delincuente obtiene casi dos millones de bolívares por cada golpe.

A la situación que viven los guardaespaldas hay que agregarle los funcionarios de la policía que también mueren para ser despojados de su armamento. Según la Fundación para el Debido Proceso (Fundrepro), en lo que va de año van 126 funcionarios caídos y se calcula que en 2014 mataron al menos 25 escoltas en Caracas.

TRABAJO POR LA LIBRE

En Venezuela no hay ninguna figura legal que proteja o regularice el trabajo de los escoltas. A diferencia de otros países, para formar parte del equipo de seguridad de una persona solo hay que tener la confianza del cliente y una licencia de porte de arma.

En Venezuela, la mayoría de los escoltas son entrenados en los cuerpos de seguridad del Estado. La Guardia Nacional y las policías municipales son las principales canteras. De allí salen huyendo de los bajos salarios institucionales para poner el pecho por otro y tener más ingresos.

Mientras un oficial de la Policía de Sucre gana 11.600 bolívares al mes o un funcionario del municipio Baruta recibe una remuneración mensual de 11 mil bolívares; un escolta gana mínimo 25 mil bolívares, pero si es jefe de grupo su sueldo puede llegar a 60 mil.

Manuel Tangir, director de Seguridad Ciudadana de Baruta, explica que "esta situación representa una de las pérdidas más importantes de todas las policías porque luego que el Estado los formó, el recurso humano prefiere irse al sector privado".

El detalle es que en Venezuela no hay ninguna legislación que indique qué requisitos deben tener los escoltas. Lo que quiere decir que los 6.800 escoltas agremiados a la Asociación Bolivariana de Escoltas, y los que están por fuera de esta agrupación, están al margen de la ley y totalmente desprotegidos.

Además, Luis Cedeño, director de la asociación civil Paz Activa, explica que en el caso de que un escolta asesine a otra persona en el trabajo "debe demostrar que lo mató en defensa propia y no defiendo a su cliente", porque de lo contrario iría a prisión por homicidio.

A su juicio, esta situación representa "un hueco legal gigantesco sobre todo ahora que hay un auge de esta actividad producto de la inseguridad".

LA CONFIANZA MATA

Para Francisco Rodríguez, un escolta que trabaja para el sector privado y que prefirió mantener su anonimato, estar bajo perfil es la clave en momentos en los que la inseguridad se ha recrudecido.

"El 90% del trabajo de un escolta es prevención y la rutina es el principal enemigo", asegura. "Siempre he dicho que la confianza es quien mata a un policía o a un escolta", dice.

El argumento también es válido para quienes contratan este tipo de servicio debido a que se han reportado casos en que los propios guardaespaldas son los que aportan información sobre el cliente para robarlo o agredirlo.

De los casos recientes más sonados, es el del diputado por el PSUV Robert Serra, que de acuerdo con la investigación oficial fue asesinado dentro de su casa después que su jefe de escoltas lo traicionó.

En nuestra experiencia de acompañamiento a familias víctimas de violaciones a los derechos humanos, la palabra impunidad ha adquirido diferentes significados: "(...) es un silencio profundo" expresó Graciela Fajardo, líder del Comité de Familiares de Víctimas de abusos policiales y militares del estado Anzoátegui COFIVANZ.

DOS CARAS DE LA MONEDA

Francisco Rodríguez 
Escolta
"Las armas están tan caras que nos volvimos objetivo de los malandros. Esto es el país al revés. En mi caso vivo en Los Valles del Tuy (Miranda), pero ahora resulta que prefieren venir por mí que por la gente que sí tiene plata de verdad".
Francisco Rodríguez es escolta, no alcanza los 30 años de edad y prefiere mantener su nombre real en reserva.

José Acosta 
Policía de Sucre
"Yo salgo de mi casa (en Charallave) sin el uniforme. Me tengo que cambiar cuando llego a la Comandancia porque por mi sector no saben que soy policía. Piensan que tengo un puesto en la redoma de Petare de alquiler de celulares. En Venezuela quien es policía es por amor al arte. A uno le da miedo andar por la calle con su uniforme".



Fuente: MARISELA CASTILLO APITZ (Tal Cual)

martes, 19 de mayo de 2015

Seminario Internacional “Delito Organizado en las Américas y su impacto en Venezuela”

(Caracas, 2015) – El pasado 23 de abril, se llevó a cabo en Caracas, el “Seminario Internacional sobre Delito Organizado en las Américas y su impacto en Venezuela”, con la presencia en el país de Jeremy McDermott, Director de Investigación de InSight Crime para Colombia y América del Sur, quien conjuntamente con un reconocido grupo de expertos nacionales: Luis Cedeño, Alejandro Rebolledo, Marcos Tarre y César Marín, analizaron el tema en profundidad y desde diferentes enfoques.

Cedeño recordó que “Venezuela no escapa a esta realidad, por lo que se requiere atención inaplazable sobre el tema para proteger a las poblaciones vulnerables a esta amenaza”. Por tal razón, considera que “la realización de este tipo de encuentros es esencial para definir acciones y propuestas que contribuyan a enfrentar este flagelo que no conoce fronteras” precisó.



miércoles, 13 de mayo de 2015

En Valles del Tuy hay 52,5% más homicidios que en 2014


El estallido de la criminalidad violenta también se refleja en el incremento del robo y hurto de vehículos

Los residentes de los Valles del Tuy viven la mayor ola de criminalidad violenta de los últimos tres años. La matanza de nueve personas en la planta baja del conjunto Lomas de Guadalupe, un desarrollo de la Misión Vivienda en el municipio Tomás Lander, y del teniente de la GNB Ángel Villegas en el sector El Calvario del mismo municipio son apenas muestras de una situación que ha obligado al Ejecutivo a tomar medidas urgentes.

Cifras de la policía judicial conocidas extraoficialmente indican que en los primeros 4 meses de este año han sido reportados 328 homicidios en los Valles del Tuy. Se incluyen 3 casos ocurridos en prisiones y 34 de supuestas "resistencias a la autoridad". Del total de crímenes, 9 han ocurrido en las vías públicas. Eso representa un incremento general de 52,5% con respecto al primer tercio del año pasado en la misma zona.

En abril cerró con 81 homicidios en los Valles del Tuy, lo que indica un alza de 22,7% en este delito con respecto al mismo mes de 2013, y de 58,8% si se toma en cuenta el total de abril de 2014. Las cifras mensuales de homicidios en esa zona mirandina se han mantenido estables todo el año. El promedio diario casi alcanza los 3 casos. De mantenerse a ese ritmo, 2015 finalizará en la región tuyera con más de 920 homicidios.

Más frecuente, más violento. Los seis municipios de los Valles del Tuy figuran entre los que ameritan mayor atención de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela. Aún así, la violencia no ha disminuido desde que comenzó a ponerse en marcha ese programa, en 2012.

Para 2014, Tomás Lander tenía la séptima tasa de homicidios más alta del país (126 casos por 10.000 habitantes); Cristóbal Rojas la novena; Simón Bolívar, Urdaneta e Independencia estaban respectivamente en los lugares 16, 17 y 18, mientras que Paz Castillo figuró en el puesto 21, con 88,4 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Atrás de cada homicidio hay una estela de delitos que van desde el robo genérico hasta la extorsión. Ha llamado la atención de las autoridades el robo y hurto de vehículos. El Cicpc creó un grupo especial para atender esos delitos. En marzo fueron procesadas 158 denuncias por la policía judicial, y otras 114 en abril. En 75% de los casos hubo acciones armadas contra las víctimas.

Según el consultor Fermín Mármol García, el crecimiento de la violencia criminal en los Valles del Tuy es producto de dos factores. Por una parte, esta ha sido una de las zonas preferidas para las construcciones de complejos habitacionales a través de la Gran Misión Vivienda, donde no hay presencia de las instituciones del Estado.

"En edificios de la Misión Vivienda ocurre el traslado de la cultura carcelaria. La autoridad a menudo está ligada al mundo criminal. Por eso, algunos conjuntos tienen los seudónimos de internados judiciales".

Cifras de Corpomiranda indican que en los Valles del Tuy han entregado más de 45.000 viviendas desde 2012.

El director de la asociación Paz Activa, sociólogo Luis Cedeño, indicó que esos inmuebles generalmente son ocupados por personas que vivían en otras localidades: "La gente llega allí de distintos lugares y con costumbres diferentes. Ese choque genera muchas tensiones sociales y conflictos. Además, hay personas que vienen con problemas delictivos, y la gente lo percibe", señaló.

Luego de la matanza en Lomas de Guadalupe, el propio presidente Maduro reconoció la presencia de bandas en los desarrollos de la Misión Vivienda, y amenazó con ordenar el desalojo de los apartamentos o casas a las personas incursas en hechos delictivos.

Otro factor observado por Mármol es que los nuevos asentamientos urbanos están incluidos o reciben la influencia de las llamadas "zonas de paz", en las que no hay presencia de las autoridades. Indicó que ese programa está inspirado en otros aplicados en El Salvador.

"Los convenios con bandas para que sigan el camino del bien y la legalidad son utopías. El criminal siente que gana más dinero en el delito, especialmente en un país con más de 90% de impunidad", señaló.

En las "zonas de paz" la autoridad a menudo es ejercida por criminales. En diciembre, por ejemplo, una organización ilegal desalojó de su apartamento en Ciudad Betania a una funcionaria del Cicpc. Cuando pidió ayuda de la GNB le indicaron que no podían incursionar allí. La mujer tuvo que mudarse a la residencia de familiares.

Saturación e inteligencia humana. La ola de criminalidad violenta en los Valles del Tuy obligó al Ejecutivo a ordenar el despliegue de 1.000 efectivos de la GNB en refuerzo a las policías preventivas.

La medida comenzó a aplicarse desde la última semana de abril. Pero aún no se traduce en una disminución de los índices delictivos.

Los militares, además, activaron redes de "patriotas cooperantes", para que señalen la ubicación de los líderes de las bandas que operan en este sector de Miranda.Cedeño advirtió que la criminalidad en los Valles del Tuy también es producto de la falta de continuidad en los planes de seguridad: "Esa población es más sensible a los planes de seguridad. Si son buenos, el crimen disminuye. Si no, el alza es muy rápida", dijo.

Déficit

El Censo Nacional de Población y Vivienda proyecta que para este año residirán en los Valles del Tuy más de 801.000 personas. Para cumplir con el estándar mínimo fijado por el Consejo General de Policía de 3,6 agentes preventivos por cada 1.000 habitantes serían necesarios 2.883 uniformados en las calles permanentemente.

Esa cifra nunca ha sido alcanzada, ni siquiera durante los operativos de Carnaval y Semana Santa cuando se llega a 2.400 funcionarios gracias a los refuerzos de la GNB y la PNB. Usualmente se dispone de 1.890 uniformados.

Esos contingentes trabajan en turnos de 8 horas. En la práctica, solo se cuenta en el mejor de los escenarios con 800 agentes de los cuerpos municipales, estatales y nacionales. A esa cifra se debe restar los grupos de permiso y los usados para escolta de personalidades y cuidado de instalaciones.


Fuente: Javier Mayorca (El Nacional)


martes, 12 de mayo de 2015

Situación del país debilita la moral del venezolano


Luego de que la semana pasada una gandola cargada con harina Pan se volcara y se generara un evento de saqueo colectivo, sin tomar en cuenta la salud del conductor quien resultó fatalmente herido, fotos y videos fueron difundidos por las redes sociales.

No es la primera vez que un camión de carga involucrado en un accidente es asaltado, sin embargo eso ha llevado a muchos a preguntarse si se han perdido los valores. ¿El venezolano ha dejado de ser bondadoso y se ha vuelto inmoral?, sociólogos y psicólogos especialistas en la conducta social ofrecieron su opinión para el Diario 2001.

Impunidad

El sociólogo representante de la ONG ‘Paz activa’, Luis Cedeño, indicó que lo que sucede en la actualidad es que las personas ven dentro del estado y la sociedad una anomia total (ausencia de ley). “La gente cree que puede hacer lo que dé la gana. Cuando un venezolano reside en otro país respeta las leyes, pero viene a Venezuela y las pasa por alto”, expresó Cedeño.

En este sentido, cataloga la conducta como el divorcio entre la ley, la moral y la cultura. Hablando sobre lo que el individuo evalúa como lo que está bien o mal y una cultura que te premia o no te sanciona frente a lo que puedas hacer, según explicó Cedeño.

Oportunismo

El bachaqueo es una de las manifestaciones de esta pérdida de valores. Para el sociólogo la actual distorsión económica genera muchísimas oportunidades de lucro y fomentan el carácter individualista.

“Eso hace que la moral de cualquiera se vea debilitada frente a una economía hiperinflacionaria que requiere un circulante de dinero y un ingreso cada vez mayor”, dijo Cedeño.

Adicional a esto resalta la falta de un ejemplo o norte moral a seguir. “Si la hubo en algún momento en este gobierno fue Chávez, sin embargo, el admitía ciertas desviaciones por el ‘bien común’”, señaló el especialista.



Fuente: Nayzai Saavedra (Diario 2001)