miércoles, 13 de mayo de 2015

En Valles del Tuy hay 52,5% más homicidios que en 2014


El estallido de la criminalidad violenta también se refleja en el incremento del robo y hurto de vehículos

Los residentes de los Valles del Tuy viven la mayor ola de criminalidad violenta de los últimos tres años. La matanza de nueve personas en la planta baja del conjunto Lomas de Guadalupe, un desarrollo de la Misión Vivienda en el municipio Tomás Lander, y del teniente de la GNB Ángel Villegas en el sector El Calvario del mismo municipio son apenas muestras de una situación que ha obligado al Ejecutivo a tomar medidas urgentes.

Cifras de la policía judicial conocidas extraoficialmente indican que en los primeros 4 meses de este año han sido reportados 328 homicidios en los Valles del Tuy. Se incluyen 3 casos ocurridos en prisiones y 34 de supuestas "resistencias a la autoridad". Del total de crímenes, 9 han ocurrido en las vías públicas. Eso representa un incremento general de 52,5% con respecto al primer tercio del año pasado en la misma zona.

En abril cerró con 81 homicidios en los Valles del Tuy, lo que indica un alza de 22,7% en este delito con respecto al mismo mes de 2013, y de 58,8% si se toma en cuenta el total de abril de 2014. Las cifras mensuales de homicidios en esa zona mirandina se han mantenido estables todo el año. El promedio diario casi alcanza los 3 casos. De mantenerse a ese ritmo, 2015 finalizará en la región tuyera con más de 920 homicidios.

Más frecuente, más violento. Los seis municipios de los Valles del Tuy figuran entre los que ameritan mayor atención de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela. Aún así, la violencia no ha disminuido desde que comenzó a ponerse en marcha ese programa, en 2012.

Para 2014, Tomás Lander tenía la séptima tasa de homicidios más alta del país (126 casos por 10.000 habitantes); Cristóbal Rojas la novena; Simón Bolívar, Urdaneta e Independencia estaban respectivamente en los lugares 16, 17 y 18, mientras que Paz Castillo figuró en el puesto 21, con 88,4 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Atrás de cada homicidio hay una estela de delitos que van desde el robo genérico hasta la extorsión. Ha llamado la atención de las autoridades el robo y hurto de vehículos. El Cicpc creó un grupo especial para atender esos delitos. En marzo fueron procesadas 158 denuncias por la policía judicial, y otras 114 en abril. En 75% de los casos hubo acciones armadas contra las víctimas.

Según el consultor Fermín Mármol García, el crecimiento de la violencia criminal en los Valles del Tuy es producto de dos factores. Por una parte, esta ha sido una de las zonas preferidas para las construcciones de complejos habitacionales a través de la Gran Misión Vivienda, donde no hay presencia de las instituciones del Estado.

"En edificios de la Misión Vivienda ocurre el traslado de la cultura carcelaria. La autoridad a menudo está ligada al mundo criminal. Por eso, algunos conjuntos tienen los seudónimos de internados judiciales".

Cifras de Corpomiranda indican que en los Valles del Tuy han entregado más de 45.000 viviendas desde 2012.

El director de la asociación Paz Activa, sociólogo Luis Cedeño, indicó que esos inmuebles generalmente son ocupados por personas que vivían en otras localidades: "La gente llega allí de distintos lugares y con costumbres diferentes. Ese choque genera muchas tensiones sociales y conflictos. Además, hay personas que vienen con problemas delictivos, y la gente lo percibe", señaló.

Luego de la matanza en Lomas de Guadalupe, el propio presidente Maduro reconoció la presencia de bandas en los desarrollos de la Misión Vivienda, y amenazó con ordenar el desalojo de los apartamentos o casas a las personas incursas en hechos delictivos.

Otro factor observado por Mármol es que los nuevos asentamientos urbanos están incluidos o reciben la influencia de las llamadas "zonas de paz", en las que no hay presencia de las autoridades. Indicó que ese programa está inspirado en otros aplicados en El Salvador.

"Los convenios con bandas para que sigan el camino del bien y la legalidad son utopías. El criminal siente que gana más dinero en el delito, especialmente en un país con más de 90% de impunidad", señaló.

En las "zonas de paz" la autoridad a menudo es ejercida por criminales. En diciembre, por ejemplo, una organización ilegal desalojó de su apartamento en Ciudad Betania a una funcionaria del Cicpc. Cuando pidió ayuda de la GNB le indicaron que no podían incursionar allí. La mujer tuvo que mudarse a la residencia de familiares.

Saturación e inteligencia humana. La ola de criminalidad violenta en los Valles del Tuy obligó al Ejecutivo a ordenar el despliegue de 1.000 efectivos de la GNB en refuerzo a las policías preventivas.

La medida comenzó a aplicarse desde la última semana de abril. Pero aún no se traduce en una disminución de los índices delictivos.

Los militares, además, activaron redes de "patriotas cooperantes", para que señalen la ubicación de los líderes de las bandas que operan en este sector de Miranda.Cedeño advirtió que la criminalidad en los Valles del Tuy también es producto de la falta de continuidad en los planes de seguridad: "Esa población es más sensible a los planes de seguridad. Si son buenos, el crimen disminuye. Si no, el alza es muy rápida", dijo.

Déficit

El Censo Nacional de Población y Vivienda proyecta que para este año residirán en los Valles del Tuy más de 801.000 personas. Para cumplir con el estándar mínimo fijado por el Consejo General de Policía de 3,6 agentes preventivos por cada 1.000 habitantes serían necesarios 2.883 uniformados en las calles permanentemente.

Esa cifra nunca ha sido alcanzada, ni siquiera durante los operativos de Carnaval y Semana Santa cuando se llega a 2.400 funcionarios gracias a los refuerzos de la GNB y la PNB. Usualmente se dispone de 1.890 uniformados.

Esos contingentes trabajan en turnos de 8 horas. En la práctica, solo se cuenta en el mejor de los escenarios con 800 agentes de los cuerpos municipales, estatales y nacionales. A esa cifra se debe restar los grupos de permiso y los usados para escolta de personalidades y cuidado de instalaciones.


Fuente: Javier Mayorca (El Nacional)


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