lunes, 12 de diciembre de 2016


  • Política Policial y Militarización de la Seguridad Ciudadana.

El gran problema que representa la actividad delictiva se debe a una multitud de causas, y el sistema de policía juega un papel importante en el modelo multifactorial de la seguridad. El modelo policial implementado en Venezuela siempre ha sido uno reactivo/represivo sujeto a intereses políticos. El más notable fue la Seguridad Nacional, que funcionaba como policía política (1948-1958); su función era la de vigilar a líderes oposición, torturar y encarcelar cuando lo consideraban necesario. Modelo que se reprodujo en cuerpos como la Dirección General sectorial de Servicios de Inteligencia (DISIP) actualmente el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Es un modelo represivo diseñado para mantener el status quo del gobierno de turno donde prevalece el modelo de seguridad nacional sobre el de seguridad ciudadana.

En el 2006, el gobierno nacional realizó un esfuerzo único para evaluar el sistema policial en Venezuela. La Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) sobrevino sobre tres casos claves que sacudieron a la opinión pública. La masacre en el barrio Kennedy, con la ejecución extrajudicial de estudiantes. Una investigación condenó a más de 23 agentes de policía. El segundo caso se refiere al secuestro y asesinato de los tres hermanos Foudoul, así como su chófer. El tercer y último caso giraba en torno al secuestro y posterior asesinato de Filippo Sindoni, reconocido dueño de una compañía local de pasta. Autoridades señalaban que cerca del 20% de todos los delitos contaban con participación de funcionarios policiales.

A 10 años de este esfuerzo, pocas cosas se han logrado. Una de las conclusiones extraídas de estos estudios fue la necesidad de crear una Policía Nacional que serviría como fuerza unificada para la investigación de la delincuencia a escala nacional y ayudar a la policía local y estatal. Se necesitaron tres años para que se aprobara la ley y en 2009 finalmente permitió que la Policía Nacional naciera. Como muchas instituciones durante el régimen de Chávez, que tenía que tener el sello de la revolución y en contra de las recomendaciones de muchos, la nueva policía nació con el apellido Bolivariana. Chávez se aseguró de que la formación de la nueva policía respondiera a la ideología revolucionaria y a un mando centralizado militar. Las instituciones creadas por la nueva ley de policía incluyeron Policía Nacional Bolivariana (PNB)  y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Hubo algunas disposiciones sobre cómo los diferentes niveles de la policía deben operar y coordinar los esfuerzos; cosa que no se vio en la práctica.

El mejor ejemplo de esto es Caracas. Se divide en cinco municipios, cuatro de ellos están bajo control de la oposición, y el más poblado y con mayor criminalidad, Libertador, es un bastión chavista. La policía del estado de Miranda también cubre esos cuatro municipios bajo su jurisdicción, y la PNB tiene jurisdicción sobre toda la zona metropolitana. Esos son siete cuerpos de policía que trabajan en Caracas con poca o nula colaboración entre ellos.

  • Retos al Modelo Policial Civil.

Hay muchos retos para el servicio policial en Venezuela. La Guardia Nacional Boliviana (GNB) debe cesar sus funciones de policía. A pesar que la Constitución permite utilizar las fuerzas armadas en funciones de seguridad ciudadana, es sólo como último recurso cuando la policía civil es sobrepasada en capacidad en situaciones de emergencia nacional. La participación continua del ejército en la política policial y penal ha tenido un resultado negativo en general. Las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP´s) son un ejemplo vergonzoso de mano dura, donde el modelo militarista de ´dar de baja´ presuntos delincuentes, legalizando de facto la pena de muerte en Venezuela, es clara violación de los Derechos Humanos. Esto a su vez ha debilitado el sistema policial nacional. La participación del ejército también ha desviado recursos que de otra manera se pudieron haber invertido en el fortalecimiento de todos los niveles de la fuerza policial.

Un cambio en la política criminal debe ocurrir. El modelo reactivo de trabajo destinado a la captura de los delincuentes debe reorientarse a las técnicas de prevención del delito. Aunque hay mucho que hacer en el área de control del delito, sería inútil si el sistema de justicia no mejora las tasas de impunidad para la mayoría de los crímenes y las cárceles cesen de ser universidades del crimen y base de operaciones del delito organizado. El cambio a un modelo que sea más proactivo, con un enfoque en la prevención del delito es necesario y la única medida a corto plazo con oportunidad de hacer un impacto notorio en las cifras de criminalidad.


  • La Policía que queremos.

El desarrollo óptimo de oficiales de policía, una carrera policial de valía y seguridad social, es una receta para el éxito de la política criminal. Esto sólo se puede lograr mediante la elevación de los salarios que atraigan a los mejores candidatos a las academias de policía. La promoción de programas de policía en las escuelas que expongan a los jóvenes a las actividades que realizan los agentes de policía atraerá nuevos reclutas también.

La mejora de las percepciones negativas que venezolanos tienen acerca de la policía debe ser un objetivo central de una política nacional contra la delincuencia. Los ciudadanos deben llegar a percibir la policía como aliados y no como agresores. La policía de proximidad y un cambio total de hacia la prevención del delito pueden alinear estos objetivos de una policía moderna. Cuando la policía junto a las comunidades trabajan y participar en actividades conjuntas, se crea empatía entre estas dos partes.

Pero lo más importante es la inversión. El actual presupuesto nacional destina alrededor del 1% a la seguridad ciudadana según Transparencia Venezuela. Esto es demasiado poco para hacer frente a uno de los problemas históricos que enfrentan los venezolanos según todas las encuestas. Invertir de forma extraordinaria en seguridad ciudadana versus seguridad nacional, no solo es una necesidad, sino un clamor nacional.

Escrito por: Sociólogo Luis Cedeño

miércoles, 9 de noviembre de 2016

La crisis lo llevó a tomar el camino más fácil: secuestrar


Alejandro Aranguibell, de 24 años, fue uno de los cuatro jóvenes que fallecieron el martes 4 de octubre, durante un enfrentamiento con la PNB y el Cicpc, en la autopista Francisco Fajardo. Su esposa dijo que tenía dos meses con actitudes extrañas.

Caracas. Yorleanis Calanchi, de 20 años, no sabía que su esposo planeaba involucrarse en un secuestro para resolver la crisis económica que había en la casa y que les generaba preocupaciones a ambos por su bebé, de ocho meses. Se enteró después de que lo mataron.

La noticia confirmó sus sospechas, pues desde hace dos meses su esposo no era el mismo. Se perdía de la casa hasta dos días seguidos y cuando ella —celosa— le reclamaba, él respondía que se había quedado en casa de unos amigos haciendo negocios. Pensó que le era infiel, aunque no descartaba que estuviera agarrando malas juntas.

Los problemas en la pareja se hicieron cada vez más frecuentes, la niña no tenía pañales, además ya estaba más grande y debía alimentarse con algo más que teteros. Yorleanis comenzó a oír extrañas conversaciones telefónicas entre su esposo y un desconocido.

La última pelea fue el viernes 30 de septiembre en casa de la mamá de Alejandro, donde vivían. Los motivos, muchos y de siempre: los pañales otra vez, la comida, el dinero, los celos, las actitudes raras. Razón por la que la muchacha decidió irse con su hija a casa de su mamá y no habló con su cónyuge durante todo el fin de semana.

“El lunes me llamó porque quería pasar buscando a la niña para verla y me dejó esperando, no me llamó más ni se apareció”, contó en voz baja.

Alejandro participó en un secuestro junto con cinco hombres más, que generó una persecución policial y terminó con cuatro de ellos fallecidos; dos se dieron a la fuga.

La víctima fue una mujer, que resultó herida en el procedimiento, pero está fuera de peligro. Dos cadáveres de los secuestradores quedaron en la autopista Francisco Fajardo, vía este, a la altura de El Paraíso y los otros dos, más adelante, en la autopista Valle-Coche, sentido a El Cementerio.

La crisis sí puede llevar al delito

Aunque el director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el sociólogo Roberto Briceño León, siempre ha referido que la delincuencia no tiene su origen en la pobreza, desde hace un año y medio las cosas comenzaron a cambiar, pues la necesidad está llevando a los jóvenes a entrar en el mundo del delito para obtener dinero fácil.

“Es la nueva forma del delito amateur. Son delitos cometidos por ‘no delincuentes’, aunque la expresión es paradójica. Estamos hablando de individuos que no tienen el delito como profesión, pero las circunstancias los llevan a participar para buscar el dinero fácil”, explicó.

Anteriormente, los jóvenes cometían robos o hurtos para comprarse un celular inteligente, unos zapatos de marca o una tableta, es decir, no lo practicaban por necesidad. No obstante, las conductas cambiaron y se convirtió en un efecto nuevo.

“La pobreza, la escasez, la carencia de soluciones y futuro, llevan a muchos jóvenes a entrar en la delincuencia y a cometer delitos que terminan en homicidios”, sostuvo Briceño.

Luis Cedeño, sociólogo y director de la Asociación Civil Paz Activa, también coincide en que la crisis económica del país puede estar influyendo en los índices delictivos: “Sucede, por ejemplo, con un empleado de un hotel que comienza a robar pertenencias y se justifica porque no le pagan bien. La crisis facilita las decisiones, quizá hay personas que comienzan a bachaquear, a tomar caminos fuera de la ley”.

Sin necesidad para robar 

El ojo de una suegra es implacable y Yorleana Ochoa, madre de Yorleanis, siempre vio a Alejandro como un buen muchacho, sumamente trabajador.

Era socio en una línea de taxis en la avenida Victoria, pero hace un año que el vehículo marca Fiat —adquirido en pareja— tiene problemas en la caja y está malo.

Yorleana decidió trabajar y aunque Alejandro se molestó, porque consideraba que su hija estaba muy pequeña, comenzó en una tienda de telas en el centro de Caracas.

Luis Cedeño indicó que en Venezuela la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 y 24 años es el homicidio. En otros países, la tasa de mortalidad se ve afectada por accidentes de distintos tipos. “De cada 100 asesinatos, 94 son a hombres”.

Precisamente en la adolescencia (13 y 14 años) es que los hombres se inician en el delito, según el director del OVV, Briceño León. Se incorporan primero como señuelos, pues los hampones más adultos les dicen que por ser menores de edad no los van a detener: “Hay muchos jóvenes que por la inexperiencia no saben manejar las situaciones y matan a sus secuestrados”, declaró.

Fuente: Crónica Uno

lunes, 26 de septiembre de 2016

El estado venezolano como facilitador del delito organizado




  1. 66% de los venezolanos considera que policías y militares venden armas al delito organizado.
  2. Hasta el momento en el país se han ejecutado más de 23 planes para combatir la inseguridad y solo se puede observar como la violencia sigue en aumento, al punto de pasar a ser el segundo país más violento del mundo.

De las 10 ciudades más violentas en 2015, 9 son latinoamericanas y 3 son venezolanas, según el más reciente informe de la organización civil mexicana Seguridad, Justicia y Paz. Caracas se convirtió en la capital con más homicidios del planeta con 119,87 muertes violentas por cada 100.000 habitantes Luis Cedeño Director de la Asociación Civil Paz Activa afirma: “No podemos esperar que dedicando 1% del presupuesto nacional a la seguridad, resolvamos el problema que hoy en día el 80% de los venezolanos menciona como su principal inconveniente”.

Un gobierno carente de autoridad, medidas de seguridad equivocadas y falta de voluntad política ha sido el detonante para que la criminalidad se apodere del país. Y así lo percibe el venezolano en la II encuesta sobre Delito Organizado en Venezuela, realizada por el Observatorio de Delito Organizado.

Aunque las pandillas y bandas, junto a pranes y colectivos armados son los grupos que el venezolano considera causantes del delito organizado, los encuestados también opinan que el estado es quien ha facilitado el incremento de estos grupos irregulares en el país, bien sea mediante las llamadas “zonas de paz” o a través de la entrega de arsenal bélico.

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lunes, 29 de agosto de 2016

Alcaldía de San Cristóbal y Paz Activa firman convenio de colaboración


Buscando crear vínculos con los organismos de seguridad del municipio, la alcaldía de San Cristóbal, firma convenio con asociación sin fines de lucro Paz Activa, con el fin de tener ambientes de sana convivencia ciudadana.

Mediante un convenio de colaboración entre la Alcaldía de San Cristóbal y Paz Activa, a fin de crear una mancomunidad en convivencia ciudadana dentro del estado Táchira,  inicialmente se conformará por los municipios Cárdenas, Torbes y San Cristóbal donde se tratará de compartir información vital entre las policías.

Luis Cedeño Director de Paz Activa, aseguró que se tomarán en cuenta dentro de este convenio las reseñas policiales, con temas que tienen que ver con las características delictivas para tener una visión conjunta de lo que está sucediendo en cuanto a seguridad ciudadana.

El programa tiene  como objetivo promocionar buenas prácticas que se estén llevando dentro de los municipios que puedan realizarse en los municipios que no tengan estas prácticas exitosas dijo Cedeño, quien a su vez hizo énfasis que también se quiere involucrar a los demás organismos de protección y resguardo para tratar temas que tiene que ver con seguridad vial y gestión de riesgos.

“Con este trabajo mancomunado queremos es coordinar internamente políticas públicas de seguridad ciudadana basada en información que tengan cada una de estas alcaldías, es más factible tener una visión de varios entes para evitar la migración de la criminalidad”, dijo Cedeño.

Puntualizó que se espera firmar convenio con la Universidad Experimental del Táchira UNET, para el tema del apoyo técnico en cuanto a la creación de bases de datos para de alguna manera hacer programas informáticos para levantar la información, procesarla y dar resultados que puedan traducirse en bases sólidas para políticas públicas en convivencia y seguridad ciudadana.

Por su parte Ángel Perdomo Director Gerente de la Policía de San Cristóbal, afirmó que este es un proyecto que tiene que ver con el desarrollo y análisis de información en cuanto a criminalidad y hechos delictivos en el municipio, por lo que se realizarán mesas de trabajo respetando todos los aspectos de ley y lo que en materia de seguridad se viene definiendo a través del órgano rector.

Fuente: Alcaldía de San Cristóbal

martes, 9 de agosto de 2016

Bandas delictivas reclutan a niños de 10 a 12 años como “gariteros


Más allá de los incentivos económicos de pertenecer a un grupo de antisociales, los más pequeños buscan el respeto y la atención que no reciben en casa de parte de sus familiares.

Caracas. Dinero fácil, joyas, motos y mujeres son las metas actuales de la mayoría de los niños que viven en las zonas populares y el camino más fácil que encuentran para lograrlo es pertenecer a una banda delictiva.

Las cosas han cambiado y para el sociólogo y director de Paz Activa (asociación civil dedicada a la promoción desarrollo humano en el ámbito social), Luis Cedeño, los jóvenes de ahora se involucran más temprano en las bandas que hace 20 años atrás, lo que también implica una muerte más temprana.

Muchos son reclutados a los 10 o 12 años, algunos ya están iniciados en homicidios, ventas de drogas. Ya al cumplir los 16 o 18 años se ganan el respeto del barrio, de sus compañeros. Y aunque es una vía violenta, es la oportunidad más fácil para llegar a la meta que buscan”.
Pero el respeto no se logra de un día para otro y por esto deben hacer lo que les diga el “manda más” de la banda a la que deseen pertenecer. Según el abogado criminalista, Fermín Mármol García, muchos comienzan su vida delictiva como “corredores” o “vigilantes” (también conocidos como “gariteros”)

“Los ‘corredores’ son quienes llevan las armas, las municiones, los teléfonos a los líderes de las bandas a través de las escaleras o callejones de los barrios. Mientras que los vigilantes son los ojos y oídos del barrio. Dan la información de todo lo que pasa en el barrio y cuando viene la policía”, explicó el abogado.
Añadió que ya en el país no se habla de una delincuencia juvenil, sino infantil, pues con edades tan cortas ya manejan armamento y tienen la violencia, y tortura como lenguaje cotidiano.

La casa como base de todo

Mármol declaró que muchos de los niños tienen un origen complicado, pues “vienen de embarazos precoces, no tienen la figura paterna o tienen padrastros de turno. Cuando comienzas el colegio, los padres les exigen que tienen que producir para la casa. En otros hogares ya puede haber un familiar que sea delincuente y los reclutan”.

A todo esto se añaden los altos niveles de impunidad del país, de cada 100 delincuentes solo agarran a ocho, pero salen rápido de las prisiones, tal y como citó Mármol García.

Aunque el país se llene de cárceles, cementerios o policías, para Mármol y Cedeño se necesitan planes de prevención a largo plazo, como cambiar el sistema educativo, generar oportunidades de progreso y bienestar y rescatar el concepto de familia.

Incentivar a los chamos

Según estudios realizados por Cecodap (organización que defiende los derechos de la niñez), los adolescentes de 12 años son quienes están en mayor riesgo de integrarse a las bandas. El coordinador general de la ONG, Fernando Pereira, indicó que en el año 2015 hubo un aumento de la participación de los adolescentes en hechos delictivos de 30%  con respecto al 2014, lo que también implica un aumento en la tasa de mortalidad.

En 2015 Cecodap registró 1.026 homicidios en menores de 18 años, lo que representa 86 hechos mensualmente y un aumento del 12.5% en comparación al año anterior.

Recalcó la importancia de incentivar a los chamos a los estudios, a tener un proyecto de vida, una familia, mejorar la relación con los padres y generar oportunidades de estudio.

“Pero también se les debe indicar las consecuencia de integrar una banda delictiva, pues por la corta esperanza de vida de los delincuentes, es un proyecto de corto plazo”.

Fuente: Crónica Uno

lunes, 25 de julio de 2016

Los tres grandes vicios de la OLP a un año de su implementación


(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium).- El Gobierno apostó el 13 de julio de 2015 por la activación de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) para atacar los problemas de inseguridad en las áreas que estaban siendo controladas por bandas criminales.

Con las elecciones parlamentarias en puertas para ese entonces; y tras el fracaso previo de otros muchos planes de seguridad, se acusó a la OLP de medida electoral que poco alcance tendría. Sin embargo, hoy, a un año de su implementación el balance es largo.

¿Positivo o negativo?, de acuerdo al trabajo realizado por el periodista Álvaro Púlido para El Nacional, al menos tres grandes vicios ensombrecen este operativo:

CUERPOS DE SEGURIDAD QUE PARTICIPAN

Las fuerza de seguridad que conforman estos procedimientos están integradas principalmente por el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), para el criminólogo y especialista en seguridad ciudadana, Luis Izquiel, de todos esos cuerpos de seguridad, el único que debería estar participando en la OLP debería ser la PNB.

Izquiel explicó que las fuerzas militares no están preparadas para la seguridad ciudadana sino para la destrucción del enemigo externo que atente contra la soberanía de la nación.

Pese a ello, “en los últimos 17 años, casi todos los ministros de Interior y Justicia han sido militares. Este concepto, de estar preparados para una guerra, no ha servido para disminuir la criminalidad y no hay mayor evidencia que la que estamos viviendo”, dijo Izquiel a El Nacional Web.

Resaltó que la GNB, el Cicpc y el Sebin no son cuerpos de seguridad que deberían participar en los procedimientos de la OLP debido a que sus funciones son otras. La única razón lógica de la participación de estos organismos de seguridad en las operaciones de la OLP es, para Izquiel, una necesidad de respuesta por parte del gobierno debido a que la PNB no cuenta con la preparación adecuada para intervenir en las zonas donde operan las bandas delictivas.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

A medida que los operativos fueron avanzando, las denuncias de abusos a los derechos humanos no se hicieron esperar. La OLP es vista hoy como una “política de exterminio” por activistas de Derechos Humanos. El director del Observatorio del Delito Organizado y Paz Activa, Luis Cedeño, en entrevista a El Nacional Web, afirmó que “este procedimiento falla porque no actúa en concordancia con los crímenes”.

Cedeño considera que la OLP está diseñada para eliminar y no para establecer una política de seguridad nacional.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, durante la presentación del informe anual 2015 dijo que 84 personas fueron asesinadas en Carabobo durante las OLP; 49 en Bolívar, 27 en Cararas y 13 en Miranda.

Sin embargo, en las estadísticas no se incluyeron registros del estado Aragua, entidad donde más operativos se realizaron, ni del Zulia que registró al menos 58 muertos tras las OLP, solo en enero 2016, según informó el general Franklin García Duque, jefe de la Redi-Occidente.

IMPLICACIÓN PARA LA SOCIEDAD

A pesar de las denuncias contra la OLP, la última carta del Gobierno tiene aceptación en gran parte de la sociedad venezolana. El sociólogo Roberto Briceño León argumenta que esto se debe a que la política de “plomo al hampa” aún es aceptada como una respuesta ante la inseguridad.

No obstante, la realidad para el también experto en el área de seguridad ciudadana es que “después de esa inmensa intervención que hacen en las zonas populares para tratar de preservar la seguridad, es evidente que no tiene resultados palpables. Llegan a los lugares donde hacen las requisas y después se retiran, sin ser conscientes del desastre que dejaron atrás”.

Por esta razón, en una entrevista exclusiva con El Nacional Web, consideró a la OLP un “fracaso social” ya que no disminuye la violencia o el delito, sino que lo incrementa: “Siempre una reacción violenta contra la injusticia es aprobada, aunque no sea la manera correcta de tratarla”.

Para ver la publicación original de El Nacional, pulse aquí.

viernes, 8 de julio de 2016

Foro "El desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela"

El Observatorio de Delito Organizado tiene el agrado de invitarlos al Foro "El desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela": ¿Qué tipo de estado somos? a realizarse el próximo 19 de julio, en la ciudad de Caracas.
Contará con la ponencia de los expertos en el tema:
  • Marcos Tarre: Arquitecto, venezolano, nacido en Nueva York, con más de 25 años dedicado al tema de la delincuencia, violencia y seguridad ciudadana en Venezuela. Tema: Estado Delincuente.
  • Fernando M. Fernando Fernández, Abogado, con mas de 40 años impartiendo clases y capacitaciones a especialistas de alto nivel y formando recursos gerenciales y docentes. Tema: Estado Dual o Anómico.
  • Luis Cedeño, Sociólogo de la UCAB con Maestría en investigación social aplicada de la Universidad de Westminster, Londres. Director de Paz Activa y Observatorio de Delito Organizado. Tema: Estado Mafioso. 
El foro no posee ningún tipo de costo. Si desea asistir, comuníquese al 0212.265.73.16 o escriba a eventos.pazactiva@gmail.com
¡Esperamos contar con su valiosa presencia! Cupos limitados. 

miércoles, 29 de junio de 2016

Los linchamientos, la nueva pesadilla de Venezuela


  • La impunidad de la justicia y el aumento de la inseguridad disparan los casos de linchamientos de ciudadanos a delincuentes comunes.
  • La Fiscalía de Venezuela investiga 74 ataques de particulares en los primeros cuatro meses del año, de los que 37 acabaron en muerte.

A Roberto Josué Fuentes lo linchó una turbamulta en el municipio de Sucre, al este de Caracas, tras ser señalado como autor de un robo. Josué fue golpeado, acuchillado y quemado. En realidad, este cocinero de 42 años acudió en auxilio de la víctima de un hurto en plena calle. En el vídeo que alguien graba durante la golpiza, el hombre linchado clama por su inocencia y pide piedad. Pero nadie le cree y horas después muere en el hospital.

Las noticias de linchamientos en Venezuela y los vídeos subidos a Youtube, como el de Josué, son cada vez más abundantes y han disparado las alarmas en un país que sufre una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Para los expertos consultados, constituyen un síntoma nuevo de una sociedad en descomposición en la que el Estado ya no administra justicia.

Según datos de la Fiscalía General de Venezuela, en los cuatro primeros meses de 2016 se abrieron investigaciones por 74 linchamientos, de los cuales 37 acabaron en muerte y otros 37 resultaron con lesiones por delitos de diversa gravedad. Gonzalo Himiob, director de Foro Penal y criminólogo, asegura a LA RAZÓN que esa cifra se queda corta. “A nosotros nos llegan informes periódicos que harían palidecer esos números de la Fiscalía General”. Luis Cedeño, de la ONG Paz Activa, asegura que hasta hace unos cinco años el número de linchamientos en Venezuela eran de entre diez y quince anuales.

Lo que preocupa no es sólo el mayor número casos en los que la comunidad se toma la justicia por su mano sino la generalización de este delito a zonas urbanas. “El linchamiento era una práctica que se daba en las áreas rurales del país como respuesta a delitos aberrantes, como la pederastia, la violación sexual de mujeres o el asesinato de niños”, añade Cedeño. Ahora, los ataques colectivos, analizados como una respuesta desesperada por la frustración que genera el clima de violencia, son cada vez más frecuentes en ciudades como Valencia o Maracaibo y en la misma Caracas, asegura Himiob. “Ya no se producen sólo en barrios populares sino que es algo que vemos en áreas de clase media”.

Otro cambio en el patrón habitual es que las víctimas de la ira popular son “delincuentes menores, incluso novatos”, señala a este periódico el profesor Roberto Briceño, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), “lo cual eleva la gravedad del fenómeno”. El diario “El Nacional” relata el caso de una señora que tuvo que salir en defensa de su atracador para evitar que fuera ejecutado por un grupo de vecinos. “La gente lo golpeaba y gritaba. Le vi la cara y tuve que defenderlo. Me daba miedo porque pensaba que lo matarían por mi culpa”.

Las causas del incremento del número de este tipo de delito hay que buscarlas en la impunidad reinante, que en el caso de los homicidios llega al 95%, según el Foro Penal. “El mensaje es que ser delincuente es un negocio y merece la pena”, explica Himiob, quien añade que el chavismo introdujo en la sociedad un discurso “reivindicador de la violencia desde las autoridades: “Chávez fue un gran reivindicador de la violencia como mecanismo para resolver los conflictos sociales”. Cedeño, de Paz Activa, señala también el colapso del sistema penitenciario y la participación a veces pasiva de la propia Policía, que hace la vista gorda ante un linchamiento. Al final, las personas sienten que tiene que protegerse a sí mismas, y en el caso de los linchamientos lo hace de manera preventiva, para evitar “que me pase algo”, dicen los expertos.

Briceño alerta ante la privatización de la violencia, que recuerda, afirma, a lo sucedido en países como Colombia y de Centroamérica, en los que las defensas populares actúan por su cuenta para reprimir a los delincuentes. “Cuando la población se organiza para hacer esto ya no estamos hablando de linchamientos, que se caracterizan por ser espontáneos. Esos son grupos de limpieza”, explica Briceño.

Fuente: La Razón de España

lunes, 20 de junio de 2016

Sociólogos coinciden en que el hambre y la rabia son el combustible de los saqueos


La tensión llegó a su nivel máximo este martes 14 de junio, cuando Cumaná, la capital de la entidad, fue el epicentro de actos vandálicos que se prolongaron durante horas y dejaron como saldo un muerto, 400 detenidos y decenas de comercios saqueados en al menos ocho zonas distintas de la ciudad.

El reporte de la sección Sucre del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) arrojó un dato clave. Aunque hubo mucha participación popular en los saqueos, quienes los iniciaron fueron, en gran medida, grupos delincuenciales que se infiltraron en las manifestaciones.

“En esta gran obra del hambre, la población es el coro y quienes llevan la voz cantante son los que están entrenados en violencia y delito. Una persona normal no se atreve a romper un vidrio. Pero si llega otra persona que lo rompe, entra al sitio y saca algo, el padre de familia que tiene hambre también entra y busca comida”, afirmó Roberto Briceño León, sociólogo y director del OVV.

“El saqueo no se puede ver sólo como un acto delincuencial. Los criminales se valen de la población que protesta y se molesta porque no tiene comida en su casa aún teniendo dinero en el bolsillo. Los ladrones también tienen hambre y roban al igual que lo hicieron los policías en Cumaná y como lo hizo cualquiera. Estamos en un nivel de sobrevivencia y esta es una lucha descarnada. Ese es el comportamiento del ser humano y del animal que tiene que garantizar la comida a la familia y los hijos”, explicó Briceño León.


El momento de la tensión

Luis Cedeño, sociólogo y director de la ONG Paz Activa, relaciona los saqueos con la tensión social del momento actual, la cual está determinada por los medios que se utilizan para conseguir un fin.

“En este caso –detalló– el fin es la comida y el medio para obtenerla es el saqueo. Si el medio no está disponible, si es inaccesible, la tensión se incrementa porque esto significa que la gente no tiene los medios para alcanzar los fines”, sentenció.

Dentro de su análisis, el especialista incluyó otros factores que han impulsado los saqueos, como la ausencia de la autoridad y la matriz de la guerra económica, difundida desde el gobierno de Nicolás Maduro, que sitúa a los comerciantes y empresarios como los culpables del desabastecimiento y los altos precios. Por eso son ellos quienes sufren los ataques.

El “homo economicus” saquea

En cada saqueo, señaló Cedeño, hay promotores que incitan al acto vandálico. Estos suelen ser individuos que están fuera de la ley, tal como los que actuaron en Cumaná. Hay otros que son observadores, que están alrededor de los primeros y que pueden decidir el siguiente rol a cumplir en el momento. “Es ahí cuando se desdibujan los niveles morales, cuando bajan los niveles de tolerancia y se decide si se participa o no en el saqueo”, recalcó el especialista. Por último, hay otros que en lugar de actuar, permanecen como espectadores y sancionan o increpan a los saqueadores para ejercer un control informal.

Pero incluso quienes saquean, arrastrados o no por el comportamiento del grupo, lo hacen de una manera racional. Allí influye la postura del “homo economicus”, término con el que se designa al ser humano como elemento del proceso de la producción y el intercambio de bienes económicos.

Es en ese proceso que la racionalidad apunta no sólo hacia los bienes escasos, sino hacia aquellos que tienen más valor. Por eso, Cedeño consideró que los saqueos a tiendas que no venden productos alimenticios no pueden ser sacadas del contexto del hambre que se sufre en el país. Al final, el bien que se robe podrá ser también intercambiado por comida.

Fuente: RunRunes

jueves, 2 de junio de 2016

“Venezuela es considerada como el principal puente de salida de la droga hacia otros continentes”

El Foro “Tráfico de drogas ilícitas en Venezuela: ¿Institucionalidad comprometida?”, organizado por la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado contó con la participación de la exmagistrada Mildred Camero como ponente principal y como panelistas intervinieron los periodistas: Ángela Vera Lefeld, Javier Ignacio Mayorca y Gustavo Azócar.

(Caracas, 01 de junio, 2016) -  “La República Bolivariana de Venezuela es considerada por la Comunidad Internacional y por los Organismo Multilaterales, que rigen la materia, como el principal puente de la salida de la droga desde Suramérica a hacia otros continentes”, así lo señaló la experta Mildred Camero.


Para Luis Cedeño, analizar este tema es fundamental porque “nuestro país no es productor, ni tampoco un país de consumidores de droga; pero el hecho que seamos el principal puerto para la droga que llega a los mercados norteamericanos y europeos, pone en altísimo riesgo debilitante a nuestras instituciones por la presión corruptora de los operadores internacionales de la droga; su principal objetivo son las FANB, Policías y tribunales de la nación”, precisó el Director de Paz Activa.

En Venezuela, el tráfico de drogas a nivel internacional, está en manos de ciertos grupos que ejercen funciones de seguridad nacional. En otras palabras, son miembros de nuestras fuerzas armadas, de los cuatro componentes y cuerpos policiales civiles”, indicó Mildred Camero.

Ha sido de tal magnitud este fenómeno, que nuestro sistema financiero está en riesgo de ser utilizado como plataforma para legitimar capitales (lavado de dinero), comprometiendo sin duda alguna la reputación del Sistema Bancario y Financiero Venezolano”, puntualizó la expresidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID).

Otro aspecto fundamental que mencionó la especialista, es que “la droga ya elaborada viene de Colombia principalmente, y estos grupos en Venezuela se encargan de trasportarla, almacenarla o enfriarla, como se llama en el argot delincuencial de drogas, incluso de sacarla al exterior”, dijo la ponente del Foro.

Es de imperiosa necesidad depurar las altas esferas de las FANB y GNB de elementos que contribuyen activamente como miembros de los carteles internacionales de la droga, y construir un entramado legal que permita el escrutinio cercano de aquellos más vulnerables a ser corrompidos por el Delito Organizado vinculado a los mercados de la drogas  ilegales”,  resaltó Luis Cedeño, Director de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado.

A manera de conclusión, la exmagistrada Camero reiteró que “bajo cualquier contexto  y por ser la lucha contra el fenómeno de las drogas una política de Estado, es menester que el Estado Venezolano asuma el problema desde una perspectiva global que compete a todos los Estados; esto es, que involucra a todos sin excepción y que obedece al principio de la responsabilidad compartida, vale decir «son tan responsable los países que producen y consumen drogas, como aquellos que permiten que sea utilizado su territorio para trasladarlas»”.

viernes, 20 de mayo de 2016

Foro 'Tráfico de drogas ilícitas en Venezuela'


El Observatorio de Delito Organizado tiene el agrado de invitarlos al Foro sobre Tráfico de drogas ilícitas en Venezuela: ¿Institucionalidad comprometida? a realizarse el próximo 31 de mayo, en la ciudad de Caracas. 

Contará con la ponencia de la Licenciada Mildred Camero, egresada de la UCV, especialista en Derecho Penal y Criminología Especialista en Drogas, expresidenta de la CONACUID de Venezuela y CICAD-OEA.

El grupo de panelistas estará conformado por: 
  1. Javier I. Mayorca: Periodista especializado en criminalística (Iupolc). Miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
  2. Ángela Vera: Periodista venezolana
  3. Gustavo Azócar: Magíster en Estrategia y Comunicación Política (The George Washington University). Profesor de la ULA. Escritor y conferencista internacional.

El foro no posee ningún tipo de costo. Si desea asistir, comuníquese al 0212 265 73 16 o escriba eventos.pazactiva@gmail.com

¡Esperamos contar con su valiosa presencia! Cupos limitados. 

lunes, 16 de mayo de 2016

Saqueos en Venezuela dejaron de ser meros intentos


  • Entre marzo y abril ocurrió el fenómeno: el número de saqueos ejecutados sobrepasó al de los intentos de saqueo. Sólo en el último mes hubo 33 eventos de esta naturaleza. Durante el año han sucedido 116.
  • El estado Zulia es el territorio donde se ha consumado el mayor número de acciones vandálicas de este tipo. A raíz de los desórdenes que se han presentado allí desde el lunes, el Comando Estratégico de Operaciones aplica un dispositivo “anti-guarimbas y antisaqueos”.

Este abril y el marzo pasado comparten una particularidad. En ambos meses, los saqueos ejecutados superaron a los intentos de saqueo. El fenómeno era exactamente el contrario en los dos primeros meses del año. En enero, por ejemplo, el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) indicó que hubo 19 intentos de saqueo y 10 saqueos consumados, mientras que en febrero, los intentos llegaron a 22 y los saqueos a 13. Los primeros, como se ve, solían ser más numerosos que los últimos.

Estas acciones violentas no son nuevas. La profundización de la escasez, cuyo índice oficial dejó de difundirse hace dos años, dejó ver los primeros sucesos de esta naturaleza en 2013, cuando comenzaron a verse los ataques hacia gandolas y camiones que transportaban distintas mercancías.

A medida de que transcurre el tiempo, los anaqueles están más vacíos y los números de este delito avanzan año a año. Según el OVCS, en 2015 hubo 287 saqueos e intentos de saqueo en Venezuela. La mayoría estaba dirigidos a transportes de carga de productos alimenticios y a expendios de alimentos.

Cuatro factores que potencian los saqueos

Los hechos de violencia colectiva, que han pasado de protestas, quema de cauchos y cierre de vías, a saqueos y actos vandálicos, están potenciados por cuatro factores, afirma el sociólogo y experto en temas de violencia, Luis Cedeño: erosión del salario, escasez, desmovilización laboral y la matriz de opinión que transfiere la carga de culpa por la falta de alimentos a los comerciantes.

El experto y coordinador de la ONG Paz Activa, explica que los ciudadanos han disminuido sus acciones en sus diferentes roles pues sienten que sus ingresos no compensan sus esfuerzos. En el caso de los policías la inconformidad con su realidad salarial se manifiesta de distintas maneras. “La policía hoy día siente que no tiene la responsabilidad de intervenir en este tipo de hechos de violencia, como los saqueos y los linchamientos. Que lo que ganan, lo que reciben a cambio no compensa los riesgos que deben enfrentar. Y entonces lo que hay es una conducta permisiva. La gente ha notado que la función policial ha disminuído y aprovechan esa situación.”, explica Luis Cedeño.

El tercer elemento que sirve de abono a los actos vandálicos y desvalijamiento de comercios es que se ha creado una matriz de opinión que transfiere la carga de culpa por la falta de alimentos a los privados. “Desde el Gobierno han hecho ver que no es un problema de escasez sino de acaparamiento. Que el responsable no es el Estado sino los comerciantes, y esto de alguna manera explica el porqué la gente arremete contra los establecimientos como abastos, farmacias y panaderías”, dijo el coordinador de Paz Activa.

El último factor que podría estar facilitando los saqueos es la desmovilización laboral, así denomina Luis Cedeño le medida del Gobierno de suspender las actividades en los entes del Estado de miércoles a domingo. Esto solo ocupa dos mediodía a los funcionarios públicos. “El ocio es un estado que facilita la sugestión y que lleva a las personas a participar en hechos en los que no intervendrían si estuvieran ocupados en sus trabajos. Esto aplica para los saqueos y los linchamientos”.

Artículo completo: Runrunes

viernes, 29 de abril de 2016

¿Cómo el delito organizado destruye la institución policial a través de la Corrupción?

Mayerlin Fagundez y Marcos Tarre

(Caracas, 28 de abril, 2016) -  Hoy jueves en la mañana se llevó a cabo en Caracas, el Foro “Corrupción Policial”, actividad organizada por la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado. Contó con la participación del experto en la temática, Marcos Tarre y Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado, quien contextualizó el tema de la corrupción policial en el marco de delito organizado y la seguridad ciudadana, señalando que “la función policial es una de las más importantes dentro de cualquier sociedad, y debe ser valuada conforme al importante servicio que presta en cuanto a la protección de personas y bienes. Más allá de esta función, hoy día es la primera línea de interconexión entre los ciudadanos y los diferentes niveles del Estado. Es por ello que debemos realizar esfuerzos extraordinarios para brindarles la remuneración y beneficios sociales que garanticen la lealtad a la institución y a los ciudadanos a cuales sirven, sobre cualquier otra oferta para tentar desviar su función”, enfatizó Cedeño.

La presentación central estuvo a cargo de Marcos Tarre,  quien destacó que “la creciente ola de violencia y criminalidad que se desató a partir de 1999 y generó una perdida directa en la calidad de vida de todos los venezolanos y un nuevo imaginario colectivo. Impactados por los efectos de la violencia, sometidos a una escalada criminal sin precedentes en la historia, los venezolanos dejaron de preocuparse por otros problemas, sufriendo los efectos de la violencia sin apreciar sus causas, y una de ellas es precisamente la corrupción. La criminalidad violenta, el homicidio, secuestro, atraco o violación tienen un poder mediático lógicamente mayor que el de los delitos no violentos. En la medida en que fue aumentando la violencia criminal se fue opacando la corrupción”, precisó el ponente del Foro.

El programa se desarrolló en tres partes. La primera revisó antecedentes; definición y tipos de corrupción policial; variables que favorecen la corrupción policial; dimensión e indicadores; cómo detectar la Corrupción Policial. En la segunda, se hizo una evaluación de las variables para controlar la Corrupción Policial en Venezuela: Los necesarios controles que requieren los cuerpos policiales; la Asamblea Nacional; la Fiscalía General de la República; la Defensoría del Pueblo; Supervisión Interna; Asuntos Internos o Inspectoría General de Servicios; Organizaciones No Gubernamentales y defensores de derechos; medios de comunicación y control ciudadano; todo complementado por algunos ejemplos de casos. Y en la tercera parte se habló de las comisiones para la Reforma Policial; el impacto de la Corrupción Policial; ¿Por qué y cómo denunciar?,  y por último, las conclusiones y recomendaciones.

Otro aspecto fundamental que mencionó Tarre sobre las causas de la degeneración, es que “desde los más altos niveles la corrupción llegó a los niveles intermedios y continuó hasta los más bajos y favoreció a los que están al margen de la Ley. Para ellos fue el motor para potenciar todo tipo de delitos ofreciendo lo que cualquier delincuente anhela: impunidad. Y esa corrupción llegó y se instaló también en los cuerpos policiales y otras autoridades responsables de la seguridad ciudadana. En ellos aparecieron los “cómplices necesarios” para delitos como el secuestro, el sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas o de armas hacia los centros penitenciarios. La corrupción generó impunidad y favoreció la consolidación de bandas delictivas, lo que se tradujo en más sangre y violencia”.

Por su parte, el Director Ejecutivo de Paz Activa, Luis Cedeño resaltó la importancia de “considerar al sistema de justicia como un sólo organismo donde subsisten varios componentes que deben coordinar esfuerzos; iniciando por las policías, pasando por los tribunales y concluyendo en el sistema penitenciario; todos deben garantizar funcionamientos adecuados para que el sistema de justicia funcione adecuadamente”.

Con este foro Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, continúan una serie de actividades propuestas durante este año 2016 para analizar en profundidad la compleja problemática del impacto de la corrupción en la ciudadanía y en el crimen organizado.

viernes, 22 de abril de 2016

¡Asiste a nuestro Foro!


El próximo 28 de abril estaremos realizando el Foro ‘Corrupción policial’, con la ponencia de Marcos Tarre, arquitecto, novelista y analista de seguridad. Autor de conocidos bestsellers de los años 80 y 90.
El foro tendrá lugar en el Hotel Embassy Suites y entre los temas a tratar están:
  • Sobre la Corrupción Policial
    – Introducción, Antecedentes, Definición y tipos de corrupción policial.
    – Variables que favorecen la corrupción policial, Dimensión, casos e indicadores.
    – Cómo detectar la Corrupción Policial.
  • Evaluación de las variables para controlar la Corrupción Policial en Venezuela
    – Los controles necesarios que requieren los cuerpos policiales.
    – El papel de las instituciones: La Asamblea Nacional, La Fiscalía General de la República, La Defensoría del Pueblo.
    – Otros actores: Supervisión Interna, Asuntos Internos o Inspectoría General de Servicios, El Ejemplo, Organizaciones No Gubernamentales y Defensores de Derechos, Medios de Comunicación, Control Ciudadano.
Si deseas asistir solo debes confirmarnos tu asistencia a través de eventos.pazactiva@gmail.com ¡Cupos limitados!

viernes, 15 de abril de 2016

El incremento del Delito Organizado es una amenaza para la democracia

  • Los venezolanos perciben que los cuerpos de seguridad del Estado, en lugar de combatir, propician la existencia y operatividad del Delito Organizado. El 66% de los entrevistados consideró que son los policías y los militares quienes le venden armas al Delito Organizado. 
  • Las tres actividades más comunes a nivel nacional son: tráfico de drogas, contrabando de productos y robo y venta de vehículos y repuestos. En promedio, aproximadamente por cada 3 entrevistados que dijeron que el tráfico de drogas está “muy presente” en el país, 1 entrevistado señaló que está “nada presente”. 
El Observatorio de Delito Organizado y el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) se complacen en presentar el II informe del observatorio de delito organizado, realizado a partir de los “Resultados de la 2ª Encuesta de Delito Organizado en Venezuela”, estudio realizado en 7 regiones del territorio nacional en el período de julio y agosto del presente año 2015.
Más allá de la mera divulgación de los resultados de nuestras investigaciones, consideramos de extrema importancia, informar en alguna manera al ciudadano sobre la naturaleza de estos delitos y cómo no ser parte de ellos ni víctimas de estos en particular.
Es bajo esta perspectiva que hemos realizado la segunda edición de la “Encuesta sobre Delito Organizado en Venezuela”La primera en 2013 y la segunda en julio y agosto de 2015, ambas difundidas a nivel masivo y publicadas en completos informes.
Como se refleja en las páginas de esta publicación, más de la mitad de los venezolanos considera que el incremento del Delito Organizado es una amenaza para la democracia, y más aún en esta época donde percibimos su presencia en gran parte de nuestra vida diaria. 
A continuación algunos resultados relevantes de este estudio:
  1.  Las tres actividades más comunes a nivel nacional son: tráfico de drogas, contrabando de productos, robo y venta de vehículos y repuestos.
  2.  Pandillas, mafias y bandas, junto a pranes y colectivos armados, son los grupos que se consideran causantes del Delito Organizado. Por cada 3 personas que señalaron que la actividad de las pandillas, mafias y bandas son causantes del Delito Organizado, 1 persona dijo lo contrario.
  3.  El 66% de los entrevistados consideró que son los policías y los militares quienes le venden armas al Delito Organizado.
  4.  Más de la mitad de los entrevistados manifiestan temor a la denuncia y a cooperar con los cuerpos policialesy el sistema judicial.
  5.  La mitad de los entrevistados a nivel nacional, en los últimos 12 meses, ha sido víctima de robo o hurto.
  6.  El 64% de los entrevistados considera que, en su comunidad, es fácil o muy fácil conseguir drogas. Esta percepción ha aumentado poco entre 2013 y 2015 en 3 puntos porcentuales.
  7.  Los entrevistados consideran que la inseguridad personal ha empeorado en el país en los últimos doce meses. Así lo percibe el 76% de los encuestados.
  8.  Los actores identificados como responsables del Delito Organizado fueron las pandillas, mafias y bandas, los pranes de las cárceles y los colectivos. Hubo poca atribución a los paramilitares y la guerrilla. Una mayoría importante de la población consideró que los militares habías sido corrompidos por el narcotráfico.
  9.  La población considera que se debe combatir al Delito Organizado con la aplicación de la ley y no negociar con los delincuentes o las zonas de paz.
  10.  La gran mayoría de la población, en todo el país y de todos los sectores sociales o políticos, considera que el incremento del Delito Organizado es una amenaza para la democracia.

miércoles, 6 de abril de 2016

En las cárceles venden cada bala en 3.000 bolívares

Luis Manzano, Pablo Herrera y Ronna Rísquez

El diputado a la Asamblea Nacional, Gilber Caro, señaló que un proyectil fuera de las prisiones cuesta 260 bolívares. Destacó que los funcionarios son los principales responsables de estos actos de corrupción.

Caracas. El negocio en las cárceles resulta cada vez más lucrativo para los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Ministerio para el Servicio Penitenciario, pues cualquier producto o munición que entra a las prisiones lleva un precio exagerado.

Ejemplo de esto es el valor que obtiene un proyectil, una vez pasa las supuestas barreras de seguridad, porque de 260 bolívares aumenta a 3.000 cada uno, según explicó el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Gilber Caro.

“Lo bueno y lo malo entra por la puerta de las cárceles y los funcionarios son los responsables. Si meten lo que ellos llaman un bulto, estaríamos hablando de muchísimo dinero, que les resulta muy bien”, sostuvo durante el foro Asamblea Nacional y Seguridad Ciudadana: Leyes Prioritarias, organizado por la ONG Paz Activa.

Añadió que este negocio redondo no es solamente con las armas y municiones, los alimentos, bebidas y cigarrillos les triplican el precio por meterlo hasta el centro penitenciario.

“Una bala es muy fácil de conseguir. Hay que regular los canales desde la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim)”.

Extorsiones desde la cárcel

El abogado penalista, Luis Izquiel, aseguró que desde las prisiones se cometen 90% de las extorsiones, con diferentes modalidades, debido a que los reos tienen celulares, conexión a internet y computadoras portátiles.

En los secuestros, por ejemplo, las llamadas para pedir son hechas por reclusos o jurungan las redes sociales y sacan cuentas de la capacidad económica de la víctima, para cometer el delito.

“La extorsión desde las cárceles golpea mucho al estado Guárico, sobre todo a los comerciantes, que constantemente son víctimas de extorsión”.

Y es que según los especialistas que acudieron al foro, la responsabilidad de que haya celulares, así como otros objetos prohibidos, dentro de los centros penitenciarios es responsabilidad de los funcionarios, que forman parte de la cadena de corrupción.

“Recuerdo que cuando estaba preso, el primer celular que llegó fue en 1998, y lo ayudó a pasar un GNB”, añadió el diputado Gilber Caro.

Carlos Nieto Palma, coordinador General de la ONG Una Ventana a la Libertad, agregó que el Estado ha sido negligente a la hora de solucionar este problema. “Sabemos que sacando los celulares de las cárceles no va a solucionar la crisis, pero va a ayudar mucho”.

Proyecto de ley

Los ponentes se refirieron al proyecto de Ley de Limitación de Telefonía Celular e Internet en los Establecimientos Penitenciarios, aprobado en primera discusión en la AN, y que ayudará a impedir que desde estos recintos se comentan delitos.

El ministerio deberá instalar unos equipos llamados Jammer, que bloquea la señal de celulares y de internet. Para que los reclusos se comuniquen.

Fuente: Crónica Uno

lunes, 28 de marzo de 2016

Te invitamos a nuestro Foro 'Asamblea Nacional y Seguridad Ciudadana: Reflexiones y consideraciones'

Paz Activa de la mano de la Fundación Hanns Siedel y Monitor Legislativo, te invitan este 4 de Abril al Foro 'Asamblea Nacional y Seguridad Ciudadana: Reflexiones y consideraciones'. El mismo se llevará a cabo en el hotel Chacao Suites sin ningún tipo de costo.
Si deseas asistir comunícate al teléfono 0212-2657316 o escribe a eventos.pazactiva@gmail.com 
¡Los esperamos!

viernes, 11 de marzo de 2016

Alarma ante posible participación del crimen organizado en la extracción de minerales estratégicos



"La selva amazónica esconde grandes riquezas minerales en su subsuelo. La lejanía y el abandono por parte del estado en estas regiones, es una combinación perfecta para el surgimiento de bandas criminales. Las autoridades locales pueden en algunos casos trabajar con criminales a favor de intereses económicos, violando así los derechos humanos fundamentales”. Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado.

“El Estado venezolano ha debilitado su soberanía sobre la extensa geografía de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. La delincuencia organizada en sus diferentes versiones ejerce el dominio en puntos estratégicos de las cuencas de los grandes ríos y fronteras, sin control de las instituciones oficiales”. Abogado Fernando M. Fernández.

Con suma preocupación vemos los sucesos ocurridos el pasado fin de semana en Tumeremo (estado Bolívar), donde familiares de 28 mineros los reportan desaparecidos desde el pasado viernes 4 de marzo y presuntamente asesinados por grupos irregulares. Aún hoy, los familiares y el país no tienen información clara sobre lo que ocurrió con estas personas.

Desde el Observatorio de Delito Organizado, queremos llamar la atención no sólo sobre la gravedad de la desaparición y supuesta muerte de estas 28 personas, sino de las causas y razones por las cuales se registran sucesos de esta naturaleza en territorio venezolano, así como sobre las implicaciones que esto representa a nivel de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Soberanía Nacional.

Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, considera que “de comprobarse la participación de elementos pertenecientes a cuerpos de seguridad del estado, en la desaparición y supuesta muerte de los 28 mineros, estaríamos frente a la violación flagrante de los Derechos Humanos por parte del estado venezolano, lo que implica una instancia mayor de denuncia ante los mecanismos regionales e internacionales de defensa de DDHH y la no prescripción del caso”.

Asimismo, en cuanto a denuncias previas, Cedeño resalta que “no es la primera vez que se denuncia la extracción y contrabando de oro y diamantes como parte de la operación de bandas delictivas y grupos irregulares, también ha sucedido con otros minerales estratégicos como el coltán, que como es bien sabido abunda en las ricas tierras del estado Bolívar, lo que deja de manifiesto la ausencia total del Estado para resguardar las riquezas y la soberanía nacional en esa zona tan importante geopolíticamente hablando”.

Como bien lo señala el abogado Fernando M. Fernández experto en el tema y autor de una de las Monografías ‘Visibilizando el Delito Organizado’ sobre “Materiales de Sangre”: “El punto de partida del problema se ubica en el desplazamiento de empresas formales y responsables legal y financieramente, así como la penetración del crimen organizado en la extracción de los minerales estratégicos. En tal sentido, las bandas y grupos irregulares hacen uso de instalaciones del Estado, las cuales fueron abandonadas, previamente, por las empresas mineras expropiadas. No se trata de mineros informales, individuales ni casuales, sino de grupos organizados y fuertemente armados”.

Precisa Fernández: “No existen cifras oficiales que midan la magnitud del problema del contrabando en Venezuela, pero las aproximaciones más cercanas a la realidad hablan de enormes pérdidas económicas y fiscales (un ejemplo: se calcula que se extraen y contrabandean entre 11 toneladas y 270 toneladas de oro al año). El contrabando, entonces, ha dejado de ser un delito común realizado por pobladores pobres de las zonas fronterizas y pasó a ser un delito organizado que moviliza cantidades de dinero impresionantes, masas humanas que se desplazan en el intercambio ilícito, lo cual afecta a la sociedad en su conjunto e impide la gobernanza del Estado y sus instituciones”.

Hoy más que nunca está vigente la recomendación que el Observatorio de Delito Organizado hiciera a través de la publicación sobre “Materiales de Sangre”: “El marco jurídico vigente en contra de la delincuencia organizada y el contrabando, ha creado un espacio corrumpente dentro de las estructuras y empresas del Estado, al crear la total inmunidad legal, penal, civil y administrativa de tales personas jurídicas. Se trata de un velo corporativo que impide hacer una investigación a tales entidades, las cuales no están obligadas a cooperar, debido a que han sido excluidas de toda responsabilidad legal: penal, civil y administrativa. El Estado y sus empresas, al no ser punibles tampoco son investigables. 

lunes, 29 de febrero de 2016

El delito organizado se concentra en 10 estados del país

A continuación les presentamos la participación de las bandas delictivas en el tráfico de drogas, secuestro, extorsión, contrabando y legitimación de capitales a lo largo y ancho de nuestro país.

Esta información está estructurada, a partir del análisis sistemático de 319 registros de prensa tomados de un total de 20 diarios de circulación tanto nacional como regional, así como de emisiones televisivas de noticieros, publicadas entre el 1° de agosto y el 31 de diciembre de 2015.


Dado el aumento de las actividades delictivas en Venezuela, y de la necesidad específica de generar información relacionada al delito organizado transnacional, el Observatorio de Delito Organizado, en aras de continuar aportando y difundiendo información relevante para el estudio, comprensión y contención de tan devastador fenómeno, se ha abocado a la tarea de constituir el Monitor de Delito Organizado, una propuesta metodológica destinada a compilar, registrar, analizar y difundir, los principales datos e informaciones disponibles en nuestro país sobre el fenómeno del denominado crimen organizado.

En ese sentido, desde Agosto de 2015,  el Observatorio de Delito Organizado ha publicado en su página web una serie de reportes mensuales hemerográficos (referidos al estudio y la descripción del material periodístico) con los principales datos arrojados por un minucioso proceso de selección, recopilación y análisis estadístico efectuado a diferentes informaciones de prensa en los cuales se reportan delitos asociados a nuestros temas de estudio.

En esta primera entrega, se presenta una “Tabla de Bandas Organizadas según su ubicación y actividad delictiva”. Los datos obtenidos a través del análisis sistemático de 319 registros de prensa tomados, a su vez, de un total de 20 diarios de circulación nacional y regional, así como de emisiones televisivas de noticieros, entre el 1° de Agosto y el 31 de Diciembre de 2015. Tal levantamiento de datos, valga destacar, se realizó previo filtro de reportes noticiosos a través de la utilización de instrumentos metodológicos pertinentes, permitiendo así, no sólo asegurar la utilidad, veracidad y calidad de los datos, sino evitar el riesgo de registros dobles, disminuyendo, de esta manera, cualquier sesgo relacionado a la muestra.

En este contexto, informaciones reseñadas en la prensa nacional y regional, hoy en día registran actividades relacionadas con el delito organizado en 10 estados del país: Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Miranda,Táchira, Vargas y Zulia. (Ver Tabla a continuación).  

Luis Cedeño, Director Ejecutivo de la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado señala que “la diferencia en relación con otros grupos delictivos, es principalmente la cantidad de hombres que la integran y el poder de fuego con el que cuentan, pues al hablar de una “Megabanda”, se habla de una organización con más de 60 miembros y que entre sus arsenales cuentan con armas de guerra: fusiles AK47, AR15 y explosivos”.

“El Gobierno venezolano ha sido permisivo con la delincuencia. Es una permisividad que nace desde la impunidad que genera el sistema de justicia, hasta el invento de las ‘zonas de paz’ que perseguía disminuir los índices de homicidios, supuestamente evitando los enfrentamientos entre bandas, pero que se revirtió y solo generó el crecimiento de otros delitos en esos espacios que tomaron los delincuentes”, precisa Cedeño.

Link al artículo original 


miércoles, 17 de febrero de 2016

Hampa bien equipada: Así se mueve una granada en Venezuela


Estos explosivos son hechos por Cavim y se mueven libremente entre los malandros, protagonizando hechos delictivos y metiendo miedo en los funcionarios de seguridad.
A propósito del ataque con granadas que sufrió la madrugada del 27 de septiembre la Policía de Baruta en la entrada de la urbanización Las Mercedes, desempolvamos este trabajo publicado en el semanario TalCual y en este portal el pasado 24 de mayo que explica por qué ese armamento de guerra es popular en el hampa común.

A continuación el reportaje: 

Cual peloticas de goma, las granadas “ruedan” en los barrios, en las calles y en las cárceles venezolanas, bien lejos de los reglamentarios depósitos militares. A pesar de que el monopolio de su uso recae exclusivamente sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada vez son más comunes en las manos de los delincuentes que, como en una guerra, no tienen reparo para accionarlas al enfrentarse contra otras bandas o grupos policiales

Desde enero hasta la tercera semana de mayo de 2015 se contabilizaron 24 hechos delictivos que incluyeron el uso de granadas fragmentarias. “No hay cosa que conmocione más a un policía que un malandro con una granada en la mano”, asegura Luis Godoy, exjefe de la División contra Homicidios del Cicpc.

Un estudio de la Organización de Naciones Unidas para el Desarme, reseñado por el periodista Javier Ignacio Mayorca el 17 de mayo de 2015 en El Nacional, reveló que Venezuela fue la nación con más muertos por el uso de granadas entre enero de 2013 y marzo de 2015. En ese lapso, 18 personas fallecieron a raíz de la manipulación de estos objetos. Venezuela figura, además, en el segundo lugar del ranking de heridos por la explosión de granadas, con 16 víctimas.

Once personas muertas y cuatro heridas (dos civiles y dos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc) se han sumado a la lista de la ONU desde la última semana de abril hasta el cierre de esta edición. Además, tres subdelegaciones del Cicpc sufrieron daños estructurales por ataques con estos explosivos.

La alerta llegó hasta altas esferas del poder. Cuando aún era presidente de la Comisión Presidencial del Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana, Freddy Bernal confesó su preocupación por el auge de estas armas desde 2014. “Dos elementos que empiezan a hacerse frecuentes: el uso de fusiles AR15 y el uso de granadas fragmentarias”, dijo Bernal a Runrunes. El excomisionado subrayó que: “ningún cuerpo policial tiene fusiles, armas de guerra. ¿Quién le da unos fusiles de alta potencia a una banda criminal? Pueden venir de la FANB o del extranjero, o de los perros de la guerra. Exhortamos al Ministerio de Defensa a descubrir el origen de esas municiones y eso sería darle un golpe duro a las bandas criminales”.

Miguel Dao, exdirector del Cicpc, tiene una respuesta: “las granadas se las dan unos malandros a otros malandros. No podemos culpar a todo el sector militar, sino a esos funcionarios que desvían el rumbo”.



¿De dónde vienen estos explosivos?
Juan González, nombre ficticio asignado a un alto funcionario de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) para resguardar su identidad, explica que Venezuela no compra granadas en el exterior desde aproximadamente 15 años. Los explosivos tampoco son fabricados por esta empresa militar.

Sin embargo, revela que en Cavim se está desarrollando tecnología para producir este tipo de armas a largo plazo y así reducir la dependencia de otros países.“Antes, cada componente adquiría sus granadas. De unos años para acá toda la responsabilidad de la importación la asume Cavim”.

Los cuatro componentes de la FANB son los únicos organismos autorizados para el manejo de este tipo de armas, explica Godoy. “Los cuerpos de seguridad no tienen granadas. De hecho, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) solo las utiliza en funciones de resguardo de la frontera”, señala. Entonces, ¿cómo llega una granada a las manos de un delincuente?

Godoy descarta la posibilidad de que sean traídas desde el extranjero por “perros de la guerra”. “Armas que vienen de afuera, puestas en un mercado negro, son difìciles de adquirir por delincuentes de baja monta”, asegura el especialista.

¿Quién las saca del arsenal de la FANB?
En noviembre de 2006, los soldados del Ejército Alexis Antonio Fuentes Soto y Gregory José Espinoza Jhon fueron imputados ante el Ministerio Público sustraer efectos pertenecientes a la FANB. Entre el botín de los soldados, adscritos a la 51 Brigada de Infantería de Selva (estado Bolívar), se encontraron 12 granadas. La consulta a especialistas arroja cinco posibles caminos que “toman” estos explosivos para llegar a los delincuentes.

En primer lugar, a través de algunos jóvenes que ingresan al servicio militar y se retiran en menos de dos años. En ese tiempo, sustraen las armas de los almacenes. Otra posibilidad está en las incautaciones de estas armas no declaradas de los cuerpos policiales.

Una tercera vía es el robo a casas de militares retirados, quienes las almacenan como souvenires de su paso por las FANB. También está la posibilidad de que el material bélico ingrese por las fronteras. La quinta fuente serían los funcionarios de la FANB que se las llevan de las prácticas y entrenamientos.

Miguel Dao advierte que “es una cadena de corrupción bien grande. De ella se conoce el origen, pero difícilmente el final”.

¿Cuántas armas circulan en el país?
De cada 1.000 armas irregulares que circulan en las calles de Venezuela, una podría ser una granada, de acuerdo con proyecciones de Godoy. La Dirección de Armas y Explosivos (Daex) calculó en 2013 que el armamento ilegal alcanzaría un millón 678 mil. Según esta cifra, más de mil 600 granadas podrían estar en manos de delincuentes.

El gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre estos casos. La responsabilidad recae sobre los ministerios de Defensa y Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MIJP). La Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y el Desarme, creada en 2013, no logró que la FANB revelara el tamaño del arsenal.

Alegó “secreto de Estado” y hasta allí llegaron las averiguaciones. “No rinden cuentas. ¿Les podemos confiar el monopolio de las armas? Lo están cediendo a grupos irregulares”, reflexiona el exjefe de homicidios del Cicpc. González, desde Cavim, corrobora que las cifras se manejan como un tema de seguridad nacional. Sin embargo, destaca que sí hay un registro reservado de las granadas existentes, así como de las faltantes y las “extraviadas”.

Las milicias también pueden pedir granadas

La Milicia Nacional Bolivariana también tiene la potestad de solicitar armamento de guerra al Comando Estratégico Operacional (CEO), según González, funcionario de Cavim, a pesar de que la Constitución de Venezuela establece que la FANB está compuesta por la Armada, el Ejército, la Guardia Nacional y la Aviación. “Hay que entender el concepto de corresponsabilidad. Todos debemos defender al país. En una situación de guerra, ellos (la milicia) deben actuar”, asegura.

Artículo completo aquí

Adriana Nuñez Moros/Runrun.es