miércoles, 6 de agosto de 2014

La posición agresiva que ha adoptado EEUU contra funcionarios venezolanos, es una señal para mirar hacia adentro, aseguró Luis Cedeño



Como positivo consideró la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la decisión de EEUU de negar la entrada a ese país a funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones de derechos humanos.

No obstante, consideró que para que esta acción tenga consecuencias sería mejor que ese país diera a conocer cuáles son los casos en los que estarían incursos los funcionarios, para determinar si son susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción internacional.

"Creo que sería pertinente por parte del Gobierno estadounidense señalar concretamente qué tipo de violaciones de derecho humanos se han cometido, para ver si este tipo de acciones tuviese jurisdicción universal", manifestó a EL IMPULSO.

El anuncio de la revocatoria de visas lo hizo este miércoles la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, al expresar la posición del gobierno de Obama frente a las "detenciones arbitrarias y el uso excesivo de fuerza" que habrían ejercido "las fuerzas de seguridad del gobierno de Maduro" contra los manifestantes y sociedad civil. Aunque no señala la identidad de las personas vetadas, la medida estaría dirigida a funcionarios militares y del gobierno.

Para San Miguel, esta acción traerá consecuencias.
"Esta es una política que va nuevamente a tensar las relaciones diplomáticas entre ambos países ineludiblemente. Lo que sucede es que el concepto de derechos humanos es un concepto que va a seguir siendo parte de la agenda hemisférica y que no solamente va a provenir de EEUU sino probablemente de otros países de la región", señaló.

"Este tipo de situaciones visibiliza las circunstancias de lo que está ocurriendo en Venezuela ante la comunidad internacional. De allí a que esto tenga efectos reales sobre la disminución de las violaciones de derechos humanos, habría que medirlo con el tiempo", añadió San Miguel.

De la teoría a la práctica

Por su parte, el sociólogo y director de la ong Paz Activa, Luis Cedeño, considera que la posición más agresiva que recientemente ha adoptado EEUU contra venezolanos a los que señala de incurrir en delitos de alcance universal, es una señal para mirar hacia adentro.

El investigador cree que, si bien no se puede acusar al general Hugo Carvajal porque no ha sido juzgado, los nexos entre autoridades y redes de narcotráfico en el país no es una idea descabellada.

"Entre los estudios que hemos hecho desde el Observatorio de Delincuencia Organizada, el año pasado hicimos una encuesta nacional sobre la percepción del ciudadano y vimos que el venezolano mira a las Fuerzas Armadas y a las policías como instituciones profundamente corruptas. La mayoría cree que las FAN están involucradas en narcotráfico", señaló Cedeño.

Pero más allá de la mirada subjetiva, "teóricamente sabemos que Venezuela si bien no es un país productor o consumidor de drogas, por su posición geopolítica es muy favorable para el tránsito.También hemos identificado que las trazas de vuelos ilegales que antes se concentraban en Colombia, hoy en día se concentran en Venezuela. Esto nos dice que el país se ha convertido en una autopista para la droga, y necesariamente tiene que haber una complicidad muy activa de las autoridades venezolanas, especialmente en las fronteras", manifestó el investigador.

Por otro lado, sobre la medida de EEUU contra funcionarios venezolanos por su participación en violaciones de derechos humanos, Cedeño consideró que son "medidas unilaterales son difíciles de justificar, porque no hay un derecho a la defensa".

Sin embargo, "Venezuela tiene que cumplir con los tratados de derechos humanos que ha suscrito, tal como el gobierno exige que se cumpla en ellos", agregó.

domingo, 13 de julio de 2014

ORBITUARIO - GERARDO JOSE BRICEÑO PEÑALVER - QEPD



El equipo de la AC PAZ ACTIVA lamenta la desaparición física de nuestro amigo y colaborador:
 
GERARDO JOSE BRICEÑO PEÑALVER.
 
Nos unimos al duelo de su familia por esta lamentable pérdida.
 
Caracas, 11 de Julio del 2014

jueves, 29 de mayo de 2014

Luis Cedeño: “El sistema de justicia en Venezuela es ineficaz producto de la corrupción”

El doctor Luis Ernesto Cedeño, director de la Asociación Civil Paz Activa, quien participó en un Conversatorio sobre el Delito Organizado celebrado en Mérida, señaló que esta es una Asociación Civil que tiene, entre sus programas, el observatorio del delito organizado, que es uno de los elementos que más se han visibilizado en el tema de la inseguridad, porque es la supra estructura que permea todo el delito común el cual, en Venezuela, el de mayor incidencia es el robo y, dentro de éste, el robo de celulares. Agregó que se roban más de un millón de teléfonos móviles anualmente y para procesar esta cantidad de celulares robados en Venezuela se necesita de una supra estructura, donde interviene el pegador que es el que roba, el aguantador, el procesador, y la gente que está dentro de las telefónicas que activan esos teléfonos por lo que es toda una estructura necesaria para que este delito sea un negocio lucrativo.
Dijo el doctor Cedeño que en la Primera Encuesta Nacional sobre Delito Organizado se preguntó qué tipo de actividad delictiva observaba la gente en sus comunidades y encontraron que hay mercado de armas, mercado de drogas, mercado de productos robados e incluso mercado de comercialización de productos regulados a precios no regulados, algo que no habría salido hace 5 años atrás. Esto demuestra que no solo hay las formas tradicionales del delito organizado como el homicidio, sicariato o el secuestro, que es el delito que más se ha incrementado en Venezuela, sino otro tipos delitos los cuales requieren de una concertación de voluntades para atacarlos.
Señaló que una de las aristas del delito organizado es la corrupción, y ésta es uno de los elementos que más debilita al Estado y a la democracia, porque el sistema de justicia hoy día goza de tal ineficacia, debido a la corrupción, que esas estructuras de justicia son infiltradas por el delito organizado, y ello se demuestra, por ejemplo, en el hecho de tener micro estados dentro de estructuras del Estado como las cárceles, donde los reos las controlan, lo cual solo es posible con la facilitación del delito organizado, porque se necesita una gran concertación de voluntades para que una parte del Estado sea controlada por delincuentes y agregó que el dinero de la corrupción es el lubricante que hace posible que el delito organizado permeé las instituciones del Estado y, en consecuencia, las debilite, atentando contra los principios básicos democráticos.

Luis Cedeño dijo que el primer pasó para disminuir el delito organizado ya se dió con la identificación del problema. (Foto: Lánder Altuve)

miércoles, 21 de mayo de 2014

Policías se valen de su autoridad para cometer extorsiones

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La Ley establece de 10 a 15 años de prisión para quien cometa ese delito

El pasado 3 de abril ante el Grupo Antiextorsión y Secuestros de Carabobo fueron denunciados seis funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia que pretendían cobrar una fuerte cantidad de dinero a un comerciante chino, de apellido Mok, a cambio de no abrir una investigación por la importación de nueve contenedores que se encontraban retenidos en Puerto Cabello.

"Tenían una copia del manifiesto de importación y alegaron que presentaba una serie de irregularidades (...) me informaron que iban a abrir una averiguación (...) luego me hacen una observación de que el 'chinito' les agradó y que podíamos llegar a un acuerdo", declaró la denunciante, que es la administradora del comerciante, ante el Gaes, señalando además la cantidad de dinero que le solicitaron.

Las extorsiones se basan en un esquema que suplanta la autoridad para la obtención de algún beneficio económico. Cuando son cometidas por funcionarios del Estado, suceden porque estas personas utilizan su autoridad para tener el control y ejercer algún tipo de presión, fue una de las consideraciones del sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, quien advirtió que este tipo delictivo utiliza mecanismos de presión muy perversos.

"Para cada tipo de extorsión hay una víctima y lo que sucede en casos en el interior, en zonas rurales, es que se aprovechan de personas de bajos recursos que se ven obligados a conseguir sumas de dinero a cambio de que no les agredan a un familiar", explicó Cedeño.

Otro de los casos reportados este año fue el de Félix Ezer Hidalgo, un comerciante que fue secuestrado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en el kilómetro 12 de El Junquito el pasado 6 de abril, cuando llegaba a su casa.

Al día siguiente su esposa coordinó con las autoridades del Gaes un pago controlado que se efectuaría en la Plaza Catia y para el momento en que iban a entregar el dinero, se percataron de que eran los oficiales Stevenson Gregorio Carrillo Ospino y Richard Adrián Zambrano Pincay.

La víctima en su declaración contó que lo mantuvieron secuestrado en una sede de la PNB en Catia y que varios uniformados se percataron de la irregularidad.

"Cada cuerpo de seguridad tiene una dirección que se encarga de supervisar a los funcionarios y sus actuaciones y sancionar a administrativamente a los que incurran en faltas o delitos", expresó el comisario Vicente Álamo, ex subdirector del Cicpc.

El experto indicó que parte de la solución del problema es incentivar la denuncia por parte de las víctimas.

"La gente a veces no denuncia, pero debe saber que si no lo hace, el funcionario se siente impune, mientras que si las víctimas acuden a los organismos de seguridad, el funcionario sabe que será sancionado y terminará preso", dijo.

A la entrega voluntaria de armas le faltan señales claras

La Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme se publicó en la Gaceta Extraordinaria nro 6.129 del martes 8 de abril.
La Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme se publicó en la Gaceta Extraordinaria nro 6.129 del martes 8 de abril.

Caracas.- La ruta ya fue trazada. Luego de diez meses de aprobación de la Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme (que duró en discusión más de dos años y fue sancionada de manera unánime en la Asamblea Nacional en junio de 2013), se publicó en la Gaceta Extraordinaria nro 6.129 del martes 8 de abril el reglamento que define, entre otros puntos, el protocolo para la entrega voluntaria de las armas de fuego y municiones.

La espera fue larga. Desde que en enero pasado fue asesinada a balazos la ex Miss Venezuela y actriz Mónica Spear, voceros del gobierno habían señalado, en varias ocasiones, que el Reglamento estaba listo.

Eso fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro cuando el diputado suplente Ricardo Sánchez –en la reunión que sostuvo el gobierno con sectores de oposición en febrero pasado- le preguntó qué había ocurrido con el documento.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, también lo había afirmado un mes antes, a la salida de un encuentro con la Conferencia Episcopal Venezolana.

En febrero, Julio César Bermúdez y César Marín, activistas de la Organización No Gubernamental (ONG) Amnistía Internacional, así como Jesús Machado, investigador del Centro Gumilla, manifestaron a El Tiempo la necesidad de que el reglamento se publicara, porque en él se debían precisar aspectos de la ley poco claros, lo cual complicaba medir el impacto de la legislación.

La Comisión de Política Interior del Parlamento y la Comisión Nacional para el Desarme Voluntario, conscientes de ello, habían previsto un lapso de 90 días para la elaboración y publicación del reglamento, en la mitad del tiempo establecido en la ley (180 días). La idea era“acelerar el procedimiento legal que permitirá la aplicación oportuna de la ley”, declaró el parlamentario del Psuv Juan Carlos Alemán en el programa A Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión.

Pero el reglamento se materializó diez meses después de la aprobación de la ley. Para Luis Cedeño, de Paz Activa, más vale tarde que nunca. “La aprobación es un gran avance”, sostiene. “Había que lanzar un reglamento de la ley desarme del 2002 y eso nunca ocurrió. Como nunca fue política pública, no se aplicó. Esa ley fue letra muerta ”, recuerda.

Las experiencias internacionales exitosas en materia de desarme apuntan hacia la claridad y contundencia de las medidas. Brasil, México, Guatemala, Argentina, Colombia y El Salvador lograron concretar el desarme a través de planes impulsados por el gobierno, concluye un reportaje publicado en un medio de circulación nacional en enero pasado. Por eso, para Cedeño, que exista un reglamento es una buena noticia.

Sin consecuencias

Una de las grandes expectativas de la ley gira en torno al desarme voluntario. El reglamento precisa el protocolo, paso a paso, que deben seguir quiénes deseen entregar un arma y quienes la reciben (ver infografía).

Cedeño advierte que esta estrategia no es suficiente para desarmar a la población. “Eso no va dirigido a los delincuentes, porque a ellos los debe desarmar la policía y para ello tienen los recursos. Podría aplicar para las bandas y los colectivos armados, pero tampoco van a entregar sus armas”. El experto sostiene que el desarme voluntario podría ser efectivo en las personas que no delinquen, que tienen un arma ilegal en su casa, y la usan para protección personal.

“Los estudios nos dicen que portar un arma de fuego incrementa diez veces el riesgo de morir a causa de esa misma arma”, agrega.

Pablo Fernández, exsecretario de la Comisión Presidencial para el Desarme, le aseguró a El Tiempo que, luego del acercamiento de esta instancia a tres parroquias capitalinas -en las que se intentó implementar un plan piloto de desarme voluntario y fracasó-, muchos jóvenes delincuentes estaban esperando la concreción de los procedimientos del canje para entregar sus armas y reorientar su vida.

Cedeño duda de que el impacto de la ley, ahora con el reglamento, pueda sentirse a corto plazo. Cree que la instalación de la tecnología, la formación del personal necesario (como armeros) y la adecuación de los centros de recepción de armas tomará, incluso siendo eficientes, al menos un año. “Siempre se dijo que esto no era la solución a los problemas de violencia armada. Debe ser parte de una política integral que se concatene con una gran política nacional de prevención de la violencia”.

  • Toma y dame 
La Comisión Presidencial para el Desarme, en su página web, recibió la opinión de más de 7 mil personas sobre los beneficios que le otorgaría el gobierno a quien entregue un arma. Hasta junio pasado, la mitad (50%) pedía oportunidades de estudio o de empleo. En el reglamento este aspecto quedó poco preciso, considera Cedeño. El capítulo V, referente a los incentivos, establece que pueden ser individuales o colectivos. Los primeros, refiere el artículo 181, pueden ser bienes muebles. Al respecto el experto advierte: “A través de artículos materiales pudiera quedar en evidencia quién entregó o no un arma de fuego, lo cual contraviene el principio del anonimato”. También dispone que pueden ser incentivos laborales, educativos, de salud, que el Ejecutivo concederá directamente.

Vicerrectorado Académico ULA participó en apertura del Conversatorio sobre delito organizado en Venezuela

El delito más común en nuestro país es el robo de celulares, cien mil al mes dijo el sociólogo Luis Ernesto Cedeño Villalba.


El Vicerrectorado Académico de la Universidad de Los Andes participó en la apertura del Conversatorio sobre Delito Organizado en Venezuela, el cual se llevó a cabo en el Salón Barquisimeto del Hotel La Pedregosa de Mérida, bajo la organización del Observatorio de Delito Organizado, la Asociación Civil Paz Activa y la Alcaldía del Municipio Libertador del estado Mérida. El evento tuvo lugar el día martes 13 de mayo a las nueve de la mañana.

La licenciada Marlene Bauste, coordinadora de los Servicios Bibliotecarios de la ULA, asistió en representación del vicerrectora académica Dra. Patricia Rosenzweig Levy, e indicó que para el vicerrectorado académico era motivo de orgullo apoyar este tipo de evento en donde se dan a conocer trabajos investigativos que tienen que ver con el delito en nuestro país. En nombre de la profesora Patricia Rosenzweig Levy dio las gracias a los organizadores del evento por la participación en el mismo y los felicitó por el trabajo presentado.

El programa fue bastante condensado, iniciándose con la presentación del Observatorio del Delito Organizado y Resultados del 1er. Estudio Nacional sobre Delito Organizado, el cual estuvo a cargo del sociólogo Luis Ernesto Cedeño Villalba, quien además es el director de la Asociación Civil Paz Activa. Igualmente la abogada Maira Yadhira Duque Ramírez, Criminólogo y Docente de la ULA, disertó sobre Desplazamiento del Delito en Tiempos de Crisis. Cerró el ciclo el abogado Luis Miguel Balza Arismendi, Penalista y representante de la ULA, con  el tema: ¿Existe Política Criminal para Combatir el Delito Informático?

En la presentación de los resultados del primer estudio nacional sobre delito organizado efectuado el año pasado, el sociólogo Cedeño Villalba identifica cinco líneas económicas de estos delitos.  En ese sentido mencionó: el contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas.

“Todos estos elementos contribuyen a la violencia generalizada que tenemos hoy en día en Venezuela.”, señaló Cedeño Villalba. Manifestó que el secuestro es uno de los crímenes de mayor crecimiento en nuestro país.

Entre los delitos comunes que se identificaron en el investigación está el robo, y el más común, el robo de teléfonos celulares. Cien mil aparatos móviles se roban al mes en Venezuela y van a parar al mercado internacional a través de una cadena bien organizada de este delito.

Cuando indagamos cuáles serían las posibles causas del robo en nuestro país, el director de la Asociación Civil Paz Activa, expresó que es el lucro y no el hambre.

El estudio también develó una alta red de corrupción, en la cual se ven involucradas las estructuras del estado. Hay mafias muy bien organizadas en los distintos delitos que se cometen en el país.





Paz Activa en conjunto con la Alcaldía de Mérida realizó Conversatorio sobre Delito Organizado

Venezuela mantiene crisis de Seguridad Pública


(14/05/2014).- Con el objetivo de dar a conocer los resultados del 1er Estudio Nacional sobre Delito Organizado en Venezuela, que se realizó con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea, Laboratorio de Ciencias Sociales y del Observatorio Venezolano de Violencia, se llevó a cabo el conversatorio sobre el Delito Organizado en Venezuela, el cual contó con la presencia de diferentes representantes de entes Gubernamentales.

Carlos García, alcalde del municipio Libertador del estado Mérida, explicó que este evento es el inicio de un plan de trabajo, "agradezco a la fundación Paz Activa por brindarnos asesoría en estos temas que son fundamentales para el desenvolvimiento de la gestión, para que podamos seguir articulando acciones que beneficien al municipio al estado y al país.”

Luis Ernesto Cedeño, Director Ejecutivo de la Asociación Civil Paz Activa señaló que “se realizó un trabajo de campo acerca del delito organizado en Venezuela, crisis de seguridad pública y la percepción de los ciudadanos en sus comunidades, donde se le preguntaba acerca de los robos, sicariato, tráfico de armas, venta de droga y la facilidad de tener acceso a todos estos elementos, y los resultados de estos delitos en la comunidades de Venezuela son alarmantes ”.


Maira Duque, profesora de la Escuela de Criminología de la Universidad  de Los Andes señaló que "el sentimiento de inseguridad en el estado es alto, la población  necesita estar informada de cuáles son los delitos que están ocurriendo en su comunidad para que los propios ciudadanos tomen sus precauciones".

martes, 15 de abril de 2014

Paz Activa suscribe acuerdo con Municipio Libertador (Mérida) para fortalecer la gestión de la Policía Municipal





(10-04-2014).- La Asociación Civil Paz Activa suscribió el pasado jueves un convenio de cooperación en materia de seguridad ciudadana y políticas públicas, con el alcalde del municipio Libertador, Carlos García para fortalecer las gestiones emprendidas por la Policía Municipal. Así lo informó, el director ejecutivo de la asociación Paz Activa, Luis Cedeño.

Cedeño, explicó que los mecanismos a emprender están sustentados en una herramienta de diagnóstico creada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y aplicado en varias ciudades del mundo, para desarrollar una política local que le permita al municipio Libertador encontrar soluciones a los problemas de seguridad y convivencia.

“En una primera fase se establecerá un diagnóstico sobre las estadísticas administrativas que mantiene la policía en torno a los sucesos delictivos, de manera que se puedan identificar y atacar los puntos críticos de los mismos para, posteriormente, iniciar con la puesta en funcionamiento de los mecanismos que se definan”, precisó el director ejecutivo de la asociación Paz Activa.

En el caso del municipio Libertador (Edo. Mérida) el diagnóstico realizado hasta los momentos con los reportes publicados en los diarios Pico Bolívar, Diario Frontera y el Diario de los Andes, le caracterizan como un municipio donde el robo se reporta como el delito más grave en la zona, constituyendo el 17,29% de todas los incidentes reportados en prensa, seguido por los intentos de homicidio (16,21%) y el homicidio (9,72%), y donde el 65% de los delitos reportados involucran armas de fuego. De igual manera, se ha podido identificar los días de mayor peligro para los principales crímenes en el municipio: en cuanto al homicidio, en cuanto al homicidio, comprende los días domingos (25%) y los lunes (25%); mientras que para el robo son los días lunes (16,66%), martes (20,83%) y los miércoles con un (16,66%) de las incidencias reportadas en prensa.

Al mismo tiempo, se logró identificar las horas o momentos del día en los que tienen lugar la mayoría de las incidencias reportadas en prensa, siendo estas las horas de la noche y madrugada para el homicidio (con un 83,33% concentradas entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana), y las de la noche (con un 58,33% concentradas entre las 6 de la tarde y las 12 de la medianoche) para el robo.

Se identificó también a la parroquia El Sagrario como la de mayor índice delictivo, ya que de los múltiples delitos registrados, destaca el homicidio con un total de 4 incidencias completadas y 4 más frustradas reportadas en prensa desde el 6 de enero hasta el 17 de marzo del presente año, seguido por el robo y el tráfico de drogas con un total de 2 incidencias reportadas respectivamente para el mismo período, dentro de la parroquia.

La Asociación Civil Paz Activa, fundada en 2000 y con sede en Caracas, desarrolla en la actualidad el “Programa de Gobernabilidad Local en materia de Seguridad Ciudadana”. El objetivo de este programa es cooperar con las instituciones de los gobiernos locales para desarrollar y evaluar,  planes de intervención que generen soluciones eficaces a nivel local en cuanto a la convivencia y seguridad ciudadana.

A la espera de que las nuevas autoridades locales den el visto bueno a este programa, Paz Activa ha venido desarrollando un diagnóstico basado en la investigación hemerográfica sobre la situación de seguridad ciudadana en los siguientes municipios seleccionados: Alberto Adriani, Libertador y Campo Elías del estado Mérida, Iribarren, Paravecino y Jiménez del estado Lara, Guaicaipuro (Miranda), Girardot (Aragua), Valencia (Carabobo), San Cristóbal (Táchira).  Dicha revisión hemerográfica realizada en periódicos locales, permite presentar algunos resultados preliminares.

martes, 18 de marzo de 2014

La protesta se mantuvo pese a la militarización

Ciudadanos opinaron que los militares intentaban intimidarlos | Foto Williams Marrero
Ciudadanos opinaron que los militares intentaban intimidarlos | Foto Williams Marrero

Residentes del casco central y vecinos de la plaza Francia salieron en la tarde a manifestar 

EMILY AVENDAÑO | MAOLIS CASTRO
18 DE MARZO 2014 - 12:01 AM

Jóvenes con morrales y motorizados fueron requisados | Foto Alexandra Blanco

Después de 33 días de batallas con piedras, lacrimógenas y perdigones, cada esquina de Chacao se convirtió en zona militar. Grupos de cinco o seis guardias nacionales o del Pueblo se desplegaron en la avenida Francisco de Miranda, desde Chacaíto hasta el Parque del Este, como parte de un plan del Ministerio de Interior, Justicia y Paz para declarar a Chacao “Municipio de paz”, con el despliegue de funcionarios y la colocación de colchones inflables alrededor del obelisco de la plaza Francia.

En la mañana hubo mucho control. Alberto Caballero debió mostrar la cédula en la salida de la estación Altamira a petición de los militares. “Soy extranjero. Les mostré el pasaporte y me dejaron continuar”, dijo. Requisaron a transeúntes y motorizados. Se enfocaban en los ciudadanos con morrales, con aspecto más estudiantil o que iban con grandes paquetes.

En la tarde, la presencia militar no evitó manifestaciones ni intimidó. Los vecinos del casco de Chacao y de la plaza Francia salieron en masa a protestar de manera pacífica. Un grupo de mujeres, con letreros pegados a las franelas, salió desde la iglesia Don Bosco hasta la cuadrícula. Allí rezaron un rosario, como lo harán cada tarde en el lugar por nueve días. Otro grupo dibujó un SOS humano en silencio en la plaza, que congregó mucha más gente que en los días previos de protesta.

Quienes residen en el municipio dudan de que, luego de un mes de represión, la militarización logre acabar con el conflicto. “Es un acto de represión. Deberían militarizar las zonas donde hay delincuentes. Esta es una provocación cuando la gente únicamente está protestando por la inseguridad y la escasez”, afirmó William Ravelo, habitante de Chacao.

En la plaza Francia el ambiente estuvo tenso en la mañana. Seguidores del Gobierno y de la oposición se enfrentaban tratando cada uno de hacer valer su opinión. A Ravelo, un manifestante del oficialismo le rompió la pancarta que tenía en las manos.

Vecinos como José Antonio García y Marlene Vanegas, por su parte, se mostraron de acuerdo con la militarización, pues no están a favor de las guarimbas.

El ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, informó que desplegaron más de 1.200 funcionarios de la GNB, la Policía Nacional y el Cicpc. Cuadrillas de Supra Caracas, de la Corporación de Servicios de Libertador y del Ministerio de Transporte Terrestre limpiaron el municipio. Jorge Rodríguez, alcalde de Libertador, especificó que recogieron 26 toneladas de basura y atendieron 2,8 kilómetros en labores de aseo y barrido.

¿Intervención?

Chacao no es el municipio con el mayor récord de delincuencia en el Área Metropolitana de Caracas. En esa jurisdicción han ocurrido dos asesinatos en lo que va de año: Roberto Redman y Asdrúbal Rodríguez, ambos en las manifestaciones.

Pero Miguel Rodríguez Torres, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, refirió que el despliegue militar obedeció a motivos de  seguridad ciudadana. “Vamos a devolver a este municipio la normalidad y la calma. Esto es netamente de seguridad ciudadana”, dijo.

Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, opina que no se puede hablar de normalidad cuando en las calles están desplegados “más militares que civiles”. Para Luis Cedeño, director de Paz Activa, hay una situación especial en el municipio: “La instalación obedece a orden público. El margen de actuación que tiene Polichacao es corto, legalmente no tienen competencia en esa materia”.

En relación con el uso de los recursos de Libertador en la limpieza de Chacao, es un asunto que debería ser revisado por la Contraloría de Libertador. Paola Bautista, miembro de la Fundación Caracas Mía, indicó que habría que investigar el uso de fondos, que constitucionalmente están dirigidos a una circunscripción específica, fuera de ese territorio.

martes, 25 de febrero de 2014

Derechos humanos abatidos en protestas venezolanas

Por Humberto Márquez

Concentración opositora el último fin de semana en Caracas. Crédito: Cortesía MUD
Concentración opositora el último fin de semana en Caracas. Crédito: Cortesía MUD

CARACAS, 24 feb 2014 (IPS)  Trece muertos, decenas de heridos, unos 500 detenidos, denuncias de tortura, de represión ilegal de fuerzas de seguridad y grupos irregulares y de agresiones a la prensa, marcan las dos semanas de confrontación política en las calles de más de 30 ciudades de Venezuela.

El Estado “ha tirado a la basura los principios básicos de (la Organización de las) Naciones Unidas sobre uso de la fuerza y de armas de fuego (aprobados en La Habana en 1990), con el desdén de sus órganos controladores, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo”, dijo a IPS el coordinador de la organización humanitaria Provea, Marino Alvarado.

Según testimonios, investigaciones de prensa y vídeos que circulan en las redes sociales, varios manifestantes murieron por disparos de policías vestidos de civil, de grupos violentos que interceptaron manifestaciones, o por descargas de perdigones supuestamente lanzadas por efectivos de la militarizada Guardia Nacional Bolivariana.

Uno de los últimos, este lunes 24 por la mañana, fue Jimmy Vargas, de 34 años, quien cayó del segundo piso de un edificio atacado supuestamente por efectivos de la Guardia Nacional con perdigones y bombas lacrimógenas en San Cristóbal, capital del estado de Táchira, en el sudoeste andino fronterizo con Colombia.

El domingo murió un ingeniero de sistemas, Alejandro Márquez, víctima de una golpiza propinada presuntamente por guardias nacionales cuando registraba con su teléfono móvil incidentes junto a una barricada en una zona céntrica de Caracas.

Entre los muertos se cuentan también víctimas del vandalismo de grupos de manifestantes.

El viernes 21 falleció el trabajador de un supermercado Elvis Durán, de 29 años, cuando regresaba a su casa conduciendo una motocicleta y chocó con un cable de alambre colocado al parecer por opositores a la entrada de la calle donde residía.

En Valencia, urbe industrial al oeste de Caracas, se denunció entre jóvenes torturados que a uno de ellos, Juan Carrasco, le introdujeron el cañón de un fusil en el recto. “Mi hijo fue vejado, violado, humillado por los de uniforme verde. Le destrozaron la vida a él y a otros muchachos”, deploró su madre, Rebeca González de Carrasco.

La joven Geraldine Moreno Orozco murió por perdigones disparados a quemarropa en su rostro, después de que ya estaba derribada por una primera andanada.

En varias ciudades hubo denuncias de que a jóvenes detenidos los rociaron con gasolina y amenazaron con quemarlos, o que fueron torturados con bastones eléctricos. Las denuncias también se refieren a agentes de seguridad arrojando bombas lacrimógenas dentro de viviendas.

Los primeros manifestantes abatidos, al cabo de una marcha en Caracas el día 12, cayeron en una balacera en la que actuaron efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (policía política) que desobedecieron una orden de acuartelamiento, según el presidente Nicolás Maduro.

De acuerdo al mandatario, 30 personas han muerto porque las “guarimbas” (refugios resultantes de las barricadas) les han impedido recibir atención médica oportuna.

Entidades de juristas, como el Foro Penal Venezolano y la Fundación para los Derechos y la Equidad, acopian denuncias para presentar a instancias internacionales. “Responsables del gobierno pueden ser acusados por delitos de lesa humanidad”, dijo a IPS la abogada Elenis Rodríguez.

La ola de manifestaciones se inició el 6 de febrero en la capital de Táchira con estudiantes que protestaban contra la delincuencia, pues en su universidad una alumna estuvo a punto de ser violada por asaltantes.

La protesta fue disuelta y dio origen a una mayor, contra la represión, en la que algunos exaltados arrojaron piedras a la residencia del gobernador de la región, José Vielma, militar retirado e integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

A tres jóvenes aprehendidos se les abrió juicio y se los envió a una prisión en la noroccidental ciudad de Coro. Las protestas estudiantiles se extendieron entonces como reguero de pólvora a otras ciudades en demanda de su libertad, y en los Andes fueron acompañadas por miles de vecinos, en solidaridad.

El 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela y fecha del bicentenario de una batalla de la guerra de independencia, movimientos estudiantiles prepararon marchas en todo el país, y un sector crítico de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática, encabezado por el dirigente Leopoldo López, llamó a reclamar “la salida” del gobierno de Maduro.

Se produjeron grandes movilizaciones, encabezadas por jóvenes y sectores de clase media cuyo sustrato, coinciden analistas políticos, es el descontento por las erráticas políticas del gobierno ante la escasez de productos básicos, la inflación y el auge de la criminalidad.

Aunque el grueso de las demostraciones son pacíficas, algunas se acompañan de pedreas, improvisación de barricadas con desechos a los que se prende fuego en calles y avenidas y otros actos vandálicos.

El gobierno ordenó arrestar al dirigente opositor López, del pequeño partido centroderechista Voluntad Popular, acusándolo de instigar los desórdenes al llamar a propiciar “La Salida”, mediante la toma de las calles, y este se entregó a la cabeza de una multitudinaria concentración en Caracas.

Mientras, al estado de Táchira se enviaron aviones de combate y helicópteros militares que sobrevolaron las manifestaciones callejeras, así como un batallón de paracaidistas para despejar los accesos a San Cristóbal.

Un elemento nuevo ha sido la irrupción de “colectivos” armados, grupos irregulares que se desplazan principalmente a bordo de motocicletas y que actúan tanto para confrontar a los manifestantes como para castigar residencias en zonas opositoras de ciudades como Caracas y Mérida (suroeste), con disparos y destrozos a vehículos y ventanales.

Para Alvarado se trata de “paramilitares de izquierda”, que se amparan en el trabajo social en barriadas de Caracas y otras ciudades para ejercer la violencia en favor del gobierno. Maduro advirtió contra “la demonización de los colectivos”, a los que elogió en distintos actos.

No todos los colectivos chavistas o revolucionarios, como se llama a grupos oficialistas y seguidores del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) están armados y ejercen la violencia.

Luis Cedeño, de la organización no gubernamental sobre seguridad Paz Activa, dijo a IPS que “bandas parapoliciales, que en ausencia del Estado controlan ciertos espacios urbanos, se autodenominan colectivos y actúan como un brazo armado del oficialismo para así obtener cierta legitimidad e impunidad”.

El desarme y disolución de estos colectivos se han convertido en una consigna opositora.

Ante ese panorama, Alvarado criticó que “la Fiscalía y la Defensoría, que debían actuar de oficio, han hecho oídos sordos, han adelantado indebidamente opinión en favor del gobierno y culpado a dirigentes opositores, y además han callado ante la contaminación de pruebas efectuada por responsables del Poder Ejecutivo”.

Rodríguez y Alvarado deploran que las fuerzas de seguridad y otros poderes públicos ignoren la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, aprobada en forma unánime por el parlamento hace menos de un año.

“En Venezuela no se tortura”, remarcó Maduro en conferencia de prensa el sábado 22.

También el periodismo ha encajado golpes. Organizaciones periodísticas han denunciado 62 agresiones en el marco de las protestas de este mes. Incluso se vedó la señal de televisión por cable de la estación colombiana de noticias NTN24 y pende la amenaza de hacer otro tanto con CNN en Español.


Para Alvarado, el Mercado Común del Sur (Mercosur, de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), y la Unión de Naciones Suramericanas “pueden hacer un aporte de mediación, con base en las cláusulas en favor de la democracia, los derechos humanos y el diálogo político, incluidas en los textos que le dan soporte a su existencia”.








lunes, 24 de febrero de 2014

Líderes deben desapegarse de intereses personales para promover la paz

Modelaje de violencia inicia con imitación y el entorno


El padre, el jefe, el capitán del equipo, el político o el líder vecinal brindan ejemplos con sus palabras y acciones que crean un ambiente cuyas condiciones son imitadas por sus cohabitantes.

Promover la paz, aumentar la tolerancia y practicar la otredad empieza en el lenguaje. Igual que la inclusión en aspectos sociales como la diversidad sexual o funcional, el discurso de género o las normas de cortesía, el reconocimiento otorgado en la retórica abre las puertas a la tolerancia, la comprensión y el entendimiento. Una espiral similar a la de la violencia, donde la agresión y hostilidad física comienza en la verbal y psicológica con los insultos, descalificativos, gritos e intimidación, pero que gira al contrario.

La violencia puede tener causas diversas según las teorías sociológicas. Las dos principales son las relacionadas a la pobreza y desigualdad social y la segunda en la violación de la norma por parte de modelos sociales como las celebridades, los padres y los políticos, quienes inducen conductas por imitación. Así lo señaló Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, en un foro sobre “Violencia, cifras, causas y soluciones” en Maracay a principios del mes de febrero.

Para el caso de la violencia, sus efectos tendrían similitudes con la teoría de la ventana rota. En esta última, un automóvil dejado en una zona rica pasó 48 horas sin daños, hasta que los investigadores le rompieron uno de los vidrios, causando lo que había pasado en los primeros minutos en la zona pobre. Fue desvalijado.

Similarmente, varias investigaciones han certificado que la cercanía a áreas verdes, a espacios recuperados, limpios y ordenados, tienden a reducir notablemente los niveles de estrés, la depresión y la ansiedad, provocando que los espacios públicos y comunitarios sean más concurridos. De esta forma, el lenguaje de inclusión, tolerancia y aceptación del otro puede brindar beneficios similares para la paz y la convivencia.

El psicólogo Reinaldo Olavarrieta, directivo de la Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud, acepta que la violencia también la aprendemos del entorno, lo que se traduce en una alerta constante. Esto hace que el cerebro suplante el modo de supervivencia a uno de alerta. “Si vemos que alguien camina mucho tiempo detrás de nosotros, si escuchamos al motorizado que gira repentinamente, eso se nos hace cotidiano”.

Por su parte, el médico psiquiatra Fernando Jiménez, dice que el discurso político también se ha vuelto violento, de un bando y otro, como causa o respuesta. “Cuando ignoran tu queja, cuando te dicen que no hay razones para protestar, también es violento, y eso impulsa una respuesta violenta que puede traducirse no sólo en acciones violentas en la calle, sino en malestar, trastornos emocionales, cuadros graves de ansiedad y depresión”.


PACTO DE ÉLITES

El sociólogo Luis Cedeño, de la ONG Paz Activa, explica que hubo un rompimiento del pacto social con El Caracazo en 1989 y del institucional en 1992, con los atentados militares para derrocar el gobierno, en ambos casos, un grupo de ciudadanos desistió de ceder el monopolio de la violencia en el Estado para la protección de la sociedad y empezaron las agresiones entre personas sin mediación estatal.

“Lo que se requiere es un pacto de élites, de los participantes del conflicto para salir del juego de no suma cero, en el que nadie cede nada. Lo que hace falta es la negociación, llegar a un acuerdo entre las partes”. Paz Activa ha propuesto desde el año 2000 tres métodos alternativos de resolución de conflictos: mediación, conciliación y negociación. “Dentro del Plan Nacional de Negociación, vimos que se incluyó la justicia de paz, que es una forma alternativa de resolver los conflictos”.

Cedeño señala el modelaje que nace en las élites. “Si allí hay descalificación, estas serán imitadas. Hace falta que entiendan este tiempo histórico con actitudes desapegadas, en la que la medición de fuerzas no permite buscar soluciones hasta que se tranque el juego”, explicó

Briceño León recordó la única época del país cuando bajó la tasa de homicidos, de 1994 a 1998. “Pasó de 4.700 a 4.550 muertes violentas por año, cuando hubo un claro esfuerzo por reforzar la institucionalidad y brindar espacios para la conciliación. Por ejemplo, Caldera le entregó el Plan de Paz de Catia al Movimiento Al Socialismo (MAS), que era oposición, perdona a los golpistas del 92 y el Ministro de Justicia, José Guillermo Palacios, declaró que se suspendían todos los nuevos portes de armas, incluso para sus amigos, lo que brindó una nueva confianza en la autoridad y la norma”.

El director del OVV pide como soluciones actuar por igual con políticas sociales para reducir la pobreza y la desigualdad junto a la “desideologización” de la seguridad ciudadana. “Se creyó que la inseguridad social obedecía a una lucha de clases, de pobres contra ricos, por lo que no era algo tan negativo, pensando además que la represión policial era violencia contra los pobres, por lo que no puede permitirse”. Citó además las altas cifras de impunidad que han monitoreado en los últimos 20 años. “En 1998 se realizaban 110 detenciones por cada 100 homicidios, mientras en 2009 hay entre 8 a 9 detenciones por cada 100 asesinatos”, para finalmente depurar y recuperar la confianza en los cuerpos policiales. “Nuestras encuestas señalan que 56% de los venezolanos cree que la policía está involucrada en la delincuencia, mientras 60% considera que es peligroso ayudar a los cuerpos de seguridad. 3 de cada 4 venezolanos cree que los militares están relacionados con el narcotráfico”, enfatizó.


¿QUÉ PUEDO HACER?

Desde lo individual también podemos ser agentes de cambios. Olavarrieta brinda estos pasos ante la violencia:

- Canalizar mis acciones. ¿Realmente estoy en peligro, este es un riesgo verdadero, qué resultado tendré?
- Reconocer el estado emocional. ¿Lo que siento es miedo, ansiedad, rabia?
- Enfocar asertivamente. No siempre hace falta dañar un poste, quemar caucho, agredir al vecino, sino ser efectivo y asertivo.

Sin embargo, el experto advierte que aunque somos modeladores conductuales de los otros, sino eres violento en una comunidad o situación violenta, puedes ser agredido por salirte de lo que se considera normal en ese lugar o momento.

Jiménez coincide en sus recomendaciones:

- Reconocer la situación, estando tan informados como seamos posible. ¿Qué tanto me afecta y cómo?
- Analizarse como individuo: ¿Hasta dónde puedo llegar y si lo haré, qué mejora traerá para mí?
- Tomar distancia del problema, cuidar la salud psíquica por la rabia, ira e indignación que produce la violencia y/o la injusticia
- Buscar asesoría profesional. “Admitir problemas mentales es difícil, pero dentro del abanico de éstas hay muchísimas distintas a la locura, muchas de las cuales el colectivo ignora que deben ser tratadas, hay que superar la idea del psiquiatra como alguien que receta medicación. No es sólo venir a consultas, sino hacer preguntas, como una entrevista”.


SU PALABRA VAYA POR DELANTE

“El respeto al otro, mediante el uso adecuado del lenguaje, es fundamental para comunicarse en una sociedad civilizada, especialmente cuando los problemas que confronta la autoridad exigen su comprensión. De allí la necesidad de la corrección y precisión en la expresión utilizada en la comunicación verbal, buscando la compresión de lo que sucede a fin de compartir las posibles soluciones mediante el diálogo”, escribió la socióloga Maritza Izaguirre, Decana de la Facultad Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB, en enero de 2013, en su artículo titulado “Violencia y lenguaje”.

El bullying o acoso escolar ha dado muestras fehacientes de la fuerza del lenguaje para crear situaciones desagradables, una herramienta que puede ser utilizada para el cambio. “Tenemos que aprender a aplicar la Escucha Asertiva, que es escuchar ideas que no compartas sin caer en la enemistad, practicar la tolerancia con tu pareja, tu familia, tus vecinos, en el trabajo, en la cola del banco, para que se expanda. Es realizar una instauración de la tolerancia”. Alerta que hay una patología que se ha aprendido como estilo conductual, el pasivo-agresivo. “Si me tocas, si me molestas, te ataco”. “Eso no es paz, es una amenaza”, exclama el sociólogo Olavarrieta.

Una golondrina puede no hacer verano, pero cuando los cambios individuales se unen, esta red puede hacer muchas cosas, diserta Jiménez al respecto. “Nos agreden cuando nos cambian nuestra manera de vivir, porque es injusto. Cuando te parten el vidrio del carro para robarte a plena luz del día, si ignoran tus quejas, si te descalifican, buscas protegerte de lo que puede interpretarse como terror, y allí hay que pasar de lo colectivo a lo individual.

“Si me descalificas, yo no lo hago, si me acusas de algo y al analizarme, no me identifico, ignorarlo, pero además, conviene evitar discutir sobre religión y política, que sólo terminan en conflictos”, insiste Jiménez, quien ha tratado a familias con diferencias de este estilo dentro de sus miembros, que permanecen viviendo juntas, pero han logrado entenderse. “Hay que sopesar que el que reclame tiene razones válidas para hacerlo”.


PARECER VÍCTIMA, NO SERLO

Julio Burga es monitor certificado del Sistema Progresivo de Autodefensa (SPAD), con origen en Argentina. Brinda charlas gratuitas junto a varias ONGs y Fundaciones, así como cursos privados para público en general. En una reciente en la Parque La Estación, en la Avenida Constitución, vecinos recibieron instrucción básica de cómo lidiar con individuos violentos, con un 90% de posibilidades de evitar la pérdida de bienes materiales y si esto no es posible, salir completamente ilesos.

“El robo promedio dura entre 12 y 20 segundos, por lo que el delincuente común trata de hacerlo rápidamente para evitar ser visto, detenido o perseguido. Por tanto, alargar el proceso de interacción con éste, reduce notablemente su radio de acción, logrando que desista de su acción”.

Burga da además varios consejos cuando enfrentes a alguien violento, sea para hacerte un reclamo, amenazarte, intimidarte o tratar de robarte. Siempre con personas no armadas.

- Bajar la guardia en lugar de lucir demasiado confiado, airado o confrontar. Elevar los niveles de violencia causará que el atacante haga lo mismo.
- No ser víctima en tu mente. Usar la diplomacia para convencer que quieres resolver negociando, dialogando, sin agresividad. El 90% de los enfrentamientos pueden resolverse en la interacción, haciendo preguntas para reafirmar lo que te cuestionan, lo que piden, pero sin repetir el argumento. No resistirse al robo, sino provocar que la atención se vaya a distintos lugares, no que gire en tres frases. Esta habilidad puede ser innata o practicarse: “¿Qué quieres, este bolso, tan viejo? Me lo regaló mi mamá, ¿y si en vez de eso te doy el dinero que resuelve más? ¿De qué persona me hablas? ¿Ella no es la hermana de tu vecino?”.
- Si el caso es reiterativo y has disuades varias veces al individuo, en SPAD recomiendan la confrontación verbal de forma firme, pero sin herir egos ni actuar con agresividad, insistiendo en estas preguntas “¿Me puedes explicar cuál es el problema conmigo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué buscas lograr con tu actitud?”, insistiendo que no quieres pelear, sino ponerle punto final al acoso, explicó.




jueves, 20 de febrero de 2014

Sociólogo: Cuando se acabe con la impunidad serán efectivos los planes de seguridad

El director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño, explicó que cualquier política pública de seguridad "se mide por su resultado". Afirmó que los 22  planes del Estado "no han sido eficientes" y añadió que "cuando se acabe con la impunidad (estos planes) tendrán efectividad". 

Exhortó al Gobierno a que se exalte la ley como el mecanismo que resuelve los conflictos para acabar con la impunidad. 

Briceño aseguró, en el programa Soluciones de Globovisión, que los últimos 15 años ha incrementado los índices de criminalidad en el país y reiteró que se debe a la "impunidad muy grande que se vive". 

Destacó que la organización "realiza proyecciones con datos parciales para mostrarle una cifra al país de asesinatos violentos" y acotó que desde el año 2003 "existe una censura oficial de la cifras". 

Exhortó a que "la policía tiene que ser despolitizada" para que este cuerpo de seguridad pueda garantizar el resguardo de todos los ciudadanos. También se refirió a las cárceles y aseguró que existen los mismos problemas desde hace 3 años, cuando se creó el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. 

Paz Activa: El delincuente de hoy es más joven que el de hace 20 años 

El director de la  Organización No Gubernamental Paz Activa, Luis Cedeño, explicó el perfil del delincuente venezolano y aseguró que "es mucho más joven que el de hace 20 años". 

También señaló que en años anteriores, el criminal era mayor de edad y con escolaridad parcial y dijo en la actualidad un niño entre 10 y 13 años "ya entra en la carrera delictiva"

Detalló que esta nueva generación de los "coco secos" se debe a que "desde muy pequeños observan el patrón delincuencial en su entorno y ven los beneficios del empoderamiento criminal". 

Añadió que estos jóvenes "no sienten respeto por la vida de nadie y es porque a ellos también se le han irrespetado sus derechos" y explicó que las fallas en la sociedad perjudican a estos jóvenes que ante falta de oportunidades se dedican a delinquir. 

Robert Serra: "Vamos a desarmar a todos los que estén armados" 

El diputado de la Asamblea Nacional, Robert Serra, se refirió a las recientes manifestaciones en el país, acotó "ahora dicen que son infiltrados". Cuestionó que "si son infiltrados por qué exigen su libertad". Asimismo, consideró "que se le ha querido endosar la violencia a los colectivos". Sobre que estos grupos pudiesen portar armamentos, el diputado aseguró "vamos a desarmar a todos los que estén armados". 

Asimismo, destacó que el Plan de Pacificación Nacional se diferencia de las otras iniciativas del Gobierno, porque en esta ocasión tiene una trascendencia hacia otros sectores políticos. Mencionó la reunión del ministro de Interior Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, junto a todos los alcaldes del país sin distinción ideológica. 

El presidente Nicolás Maduro anunció el pasado 8 de enero que se está preparando una Ley de Pacificación para la "construcción de la paz desde adentro de las comunidades". 

Serra añadió que el problema de la inseguridad “es estructural y  tiene que ver con toda la sociedad”. Dijo que la formación de valores para la paz y vida son importantes para la contribución de este nuevo plan.

COLECTIVOS: Los Tupamaros, el brazo armado del chavismo

La banda hampónil manifestó estar “Armados con la Constitución”, (* "Constitución” es un facsímil de fusil de guerra) de esta manera los Tupamaros dijeron presente en la concentración del 4-F.
El colectivo paramilitar manifestó estar, “Armados con la Constitución”, (* “Constitución” es un facsímil de fusil de guerra) de esta manera los Tupamaros dijeron presente en la concentración del 4-F.

La anarquía cobró mayor temperatura
con la irrupción de los tupamaros


Los Tupamaros son una especie de la “SS hitleriana”.
 Colectivos urbanos armados, ¿un peligro latente para Venezuela?.
 Esta semana las personas afectas al presidente Chávez salieron nuevamente a las calles para demostrarle su apoyo y respaldo al Gobierno.
 Acusados de haber atacado y asesinado con armas de fuego a los estudiantes opositores, integran grupos motorizados que están desde 1992 al servicio de la revolución bolivariana.
 En esta ocasión el Movimiento Revolucionario Tupamaro también se movilizó en la marcha y con una simulación de fusil dejaron claro que “están armados con la Constitución” y esta será defendida por los exguerrilleros.
Asimismo, la organización política venezolana de tendencia marxista se identificó con banderas, camisas, gorras y pañoletas que llevaban las insignias con el nombre de los Tupamaros. Sin duda, la vestimenta ha sido una de las características más generales atribuidas al Movimiento Revolucionario. Según datos, hasta el año 2003, los Tupamaros usaban máscaras y pasamontañas para cubrir sus rostros a fin de no revelar su identidad.
La organización en sus orígenes fue acusada de realizar actos terroristas. Sin embargo, en los últimos años han ejercido una actividad política en el sistema democrático venezolano.
A pesar de los disturbios y de la gente herida, no ha habido comentarios de funcionarios del Gobierno sobre los incidentes.
A pesar de los disturbios y de la gente herida, no ha habido comentarios de funcionarios del Gobierno sobre los incidentes.
Su nombre oficial es Movimiento Revolucionario Tupamaro (MRT), pero se lo conoce comunmente como Tupamaros. Este constituye un brazo armado del chavismo, cuyo origen se remonta a 1992, año del frustrado golpe de Estado de Hugo Chávez contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Su nombre proviene de la organización guerrillera uruguaya conocida como Tupamaros. Estas fuerzas de choque que responden a los intereses del gobierno de Venezuela, y que se caracterizan por trasladarse en motos y con los rostros cubiertos para no revelar su identidad, son acusadas de haber reprimido este martes y miércoles a estudiantes que se manifestaron contra “el desastre de Maduro” y por la liberación de sus compañeros detenidos.
Incluso algunos integrantes de esta banda han formado parte de boletas electorales para el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Este miércoles 12 de enero, mientras miles de estudiantes recorrían las calles de toda Venezuela, los Tupamaros arremetieron contra los protestantes a los tiros. Como resultado de estos ataques, tres personas fallecieron y 23 resultaron heridas.
Si bien el clima cobró mayor tensión cuando los estudiantes se negaron a retirarse de la sede de la Fiscalía General de la República, donde no lograron la liberación de los estudiantes detenidos, el caos y la balacera comenzó cuando llegó el grupo motorizado.
Esta organización de tinte chavista comenzó sus operaciones en el populoso barrio 23 de enero del Municipio Libertador (oeste de Caracas) y con el paso del tiempo fue logrando una mayor expansión, siempre con cierto respaldo político. Además, también supo entablar fuertes lazos con movimientos estudiantiles, también afines al gobierno bolivariano.
Su expansión fue tal que, hoy en día, cuentan con radios y canales de televisión y controlan diversas zonas carenciadas de Caracas, especialmente en el 23 de enero. Ubicado a metros del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, el barrio está conformado por una serie de edificios en serie construidos sobre una colina. El lugar siempre ha sido bastión electoral del chavismo.
El poder que cobraron en estas zonas los llevó a contar con la protección de sus habitantes. Allí, los Tupamaros “limpian” el área de aquellos delincuentes que no les son fieles. Sin embargo, ellos mismos en reiteradas ocasiones han sido acusados por ataques a comercios e importantes edificios por considerarlos oligarcas y burgueses.
Otra “lucha” que encabezan estos grupos es contra los narcotraficantes. Han asesinado a vendedores y distribuidores, que han querido penetrar en sus zonas de influencia. Aunque no está comprobado, se sospecha que el principal motivo es la preocupación del grupo por controlar el negocio.
De esta manera, además de contar con el poder total de las Fuerzas Armadas y de diversos cuerpos oficiales, el chavismo también cuenta con el apoyo de este brazo armado que opera en pos de “la revolución bolivariana”.
Dinorah Figuera, informó que recopilan los datos exactos para iniciar la averiguación y les preocupa que el acto esté avalado por el diputado del PSUV, Robert Serra.
El diputado del PSUV, Robert Serra, en contubernio con la GNB al mando del Gral. Orlando Rodríguez apoyan abiertamente a el grupo paramilitar de “La Piedrita” dirigido por Valentin Santana, actualmente profugo de la justicia.
Colectivos Urbanos:
A unos 15 minutos del Palacio presidencial de Miraflores está el barrio 23 de Enero, en el oeste de Caracas. Una calle sube aún más en el cerro pero que pocos se animan a cruzar. Por encima un arco anuncia: “Bienvenido Colectivo La Piedrita”.
Se trata de una especie de frontera que marca el ingreso a una zona gobernada por uno de los colectivos armados más famosos de Venezuela: “Debo haber pasado hacia allá dos veces en mi vida”, dice Felix, un taxista que hace 50 años que vive en 23 de Enero pero no se anima a cruzar del otro lado.
“Los colectivos son grupos paramilitares de izquierda con el aval del gobierno, que no hace nada ante ellos”, dijo a la agencia dpa el director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), Roberto Briceño León.
“Durante años el gobierno se ha dedicado a dar armas a grupos proclives, ahí entran los colectivos. Los policías no pueden ingresar al 23 de Enero. Mientras, salen fotos con niños 8 años con AK-47 al lado de un diputado”, señaló, en referencia a unas imágenes que generaron polémicas en los medios hace poco más de un año.
Briceño León define a los colectivos urbanos como “brigadas de choque que en momentos puede utilizar el gobierno” y se alarma por el riesgo que representan: “Cuando tienes un arma y una moto y te parece insuficiente lo que te dan de dinero decides que tienes que hacer un dinero extra y se pasa al delito común”.
En las calles del 23 de Enero hay paredes pintadas en favor del fallecido presidente Hugo Chávez y otras de La Piedrita. Sobresale un enorme grafiti de Jesús sosteniendo en sus manos la Constitución y a su lado la Virgen de Coromoto con un rifle, patrona de Venezuela.
En el 23 de Enero hay 57 edificios con 150 departamentos que fueron construidos en la época del gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez (1953-1958). Alrededor hay tres docenas de edificios más pequeños y el resto son casas que invadieron la zona en los últimos 50 años, trepando los cerros y eliminando lo que fueron espacios verdes.
Cuando cayó la dictadura, se decía que en esta zona se alojaban los comunistas y los sectores de izquierda. Ahora, allí no entra la policía nacional porque no tiene jurisdicción y todo es controlado por los colectivos.
Poder Ciudadano realizó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos en torno a cinco colectivos armados (La Piedrita, Montaraz, Simón Bolívar, Los Tupamaros, Alexis Vive) que “públicamente habían exhibido armas de guerra sin la respuesta de punibilidad, averiguación penal o algún tipo de apertura de juicio”.
“Es decir, veíamos como estos grupos armados estaban aceptados por el Estado, al margen de la ley, afectos ideológicamente al proyecto que lideraba Chávez”, dijo la directora de la ONG, Rocío San Miguel.
¿De dónde provienen las armas que utilizan?
Por acción u omisión por responsabilidad de las Fuerzas Armadas. No existe un registro de todas las armas que produce el Estado. Hay faltantes y podrían estar alimentando el circuito de armas ilegales para grupos armados al margen de la ley”, señaló.
San Miguel destacó que los cinco colectivos denunciados funcionan en trece kilómetros alrededor de Miraflores, razón por la que se los llama “Los custodios de la Revolución.
El sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, dijo a dpa que los colectivos armados “ejercen un control paramilitar ante la ausencia policial, ejercen una autoridad y se nutren de puntos de peaje cobrando dinero”.
“Controlan a los grupos delincuenciales, probablemente controlan el microtráfico de drogas de la zona y evitan que hayan mayores conflictividades”, dijo e indicó que “una tarea que tiene el gobierno que asuma es eliminar estos grupos porque se trata de un tema de seguridad nacional”.
“Estos colectivos tienen sus líderes que pueden o no responder a un liderazgo político. Se ha visto que hay vínculos de esos líderes y algunos líderes de la revolución”, sostuvo Cedeño.
“Los colectivos tienen que tener recursos para financiarse. Podría venir del Estado, que apoya a los colectivos en general, porque también están los colectivos culturales. No quiero decir que los recursos que el gobierno le da a los colectivos se usan para comprar armas. Simplemente digo que hay colectivos que se desvían para tener funciones policíacas y militares”, explicó el sociólogo.
Para Cedeño, el riesgo de los colectivos pasa porque son personas que “atentan contra la seguridad nacionalidad teniendo armas de guerra. Pueden o no estar controlados por el gobierno pero están fuera de la ley, eso está claro”.
El analista político John Magdaleno cree que en el chavismo “hay conciencia” de la peligrosidad de los colectivos armados: “Tienen su actuación a la libre sin ninguna capacidad de control por parte de las autoridades”.
“Creo que hay conciencia de la imagen negativa que les procura. Es una manera de quitar legitimidad a sus relatos. El problema es cuánta capacidad de control tienen las autoridades sobre esos grupos, ese es la cuestión de fondo. No siempre está muy claro que hay capacidad de control absoluto sobre estos grupos”, dijo.

Con el arribo al poder del General Carlos Mata Figueroa , han llegado a Margarita todas las cosas malas que le son inherentes a los gobiernos de cortes fascistas, como el que este general representa.
Con el arribo al poder del Gral (r) Carlos Mata Figueroa , han llegado a Margarita todas las cosas malas que le son inherentes a los gobiernos de cortes fascistas, como el que este general representa.
En Nueva esparta:
Dentro de estas cosas malas que llegan a nuestro estado, están el llamado Colectivo de los tupamaros, grupo que se fundó en el anárquico barrio del 23 de Enero al oeste de Caracas, cuyas ramificaciones se han extendido como toda mala yerba de forma rápida por todo el territorio nacional.
Los Tupamaros es un grupo criminal que actúa como brazo mercenario del régimen chavista, para intimidar a la disidencia política a través de acciones violentas de todo género. Desde el gobierno central y desde algunas gobernaciones chavistas, se les provee de armamentos sofisticados y fuerte apoyo financiero. La mala noticia es que ahora están aquí para sembrar el terror en nuestras islas de Margarita y Coche.
En el edificio donde opera la gobernación del estado Nueva Esparta en la Asunción, empleados de la misma, nos reportan que están siendo intimidados por miembros de este grupo Tupamaro que han sido apostados en cada uno de los pisos que conforman el edificio de la gobernación. El acoso es de tal magnitud que los funcionarios sienten invadidos sus espacios vitales, no permitiendo el normal desenvolvimientos de las actividades de la administración.
Fuentes ligadas a la policía de Nueva Esparta (INEPOL) que cuentan con toda nuestra credibilidad, nos informan que un número importante de elementos pertenecientes a este grupo mercenario, han integrado un escuadrón motorizado que usa unidades BMW asignadas originalmente a la Guardia Nacional Bolivariana y cuentan con total apoyó de éste componente militar, para sus acciones irregulares.
El temor de nuestra fuente es que estos Tupamaros estarían trabajando para conformar grupos de exterminio tal y como los existentes en el 23 de Enero, que han cobrado la vida de opositores al régimen de Chávez, así como ejecuciones extrajudiciales de supuestos delincuentes.
Según informaciones provenientes de la oficina de drogas estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA) , este grupo Tupamaro controla el micro-tráfico de drogas en la zona oeste de la capital de Venezuela e incluso está incursionando en el trasiego de cocaína hacia países centroamericanos, para financiar parte de sus actividades criminales en el campo político.
Los neoespartanos estan alertas y prestos a denunciar todos los movimientos que realice esta organización criminal en nuestro estado, de tal manera que evitemos que se consolide su poder en nuestra región, evitando que esta suerte de SS hitleriana siembre el terror en nuestras isl