viernes, 20 de mayo de 2016

Foro 'Tráfico de drogas ilícitas en Venezuela'


El Observatorio de Delito Organizado tiene el agrado de invitarlos al Foro sobre Tráfico de drogas ilícitas en Venezuela: ¿Institucionalidad comprometida? a realizarse el próximo 31 de mayo, en la ciudad de Caracas. 

Contará con la ponencia de la Licenciada Mildred Camero, egresada de la UCV, especialista en Derecho Penal y Criminología Especialista en Drogas, expresidenta de la CONACUID de Venezuela y CICAD-OEA.

El grupo de panelistas estará conformado por: 
  1. Javier I. Mayorca: Periodista especializado en criminalística (Iupolc). Miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
  2. Ángela Vera: Periodista venezolana
  3. Gustavo Azócar: Magíster en Estrategia y Comunicación Política (The George Washington University). Profesor de la ULA. Escritor y conferencista internacional.

El foro no posee ningún tipo de costo. Si desea asistir, comuníquese al 0212 265 73 16 o escriba eventos.pazactiva@gmail.com

¡Esperamos contar con su valiosa presencia! Cupos limitados. 

lunes, 16 de mayo de 2016

Saqueos en Venezuela dejaron de ser meros intentos


  • Entre marzo y abril ocurrió el fenómeno: el número de saqueos ejecutados sobrepasó al de los intentos de saqueo. Sólo en el último mes hubo 33 eventos de esta naturaleza. Durante el año han sucedido 116.
  • El estado Zulia es el territorio donde se ha consumado el mayor número de acciones vandálicas de este tipo. A raíz de los desórdenes que se han presentado allí desde el lunes, el Comando Estratégico de Operaciones aplica un dispositivo “anti-guarimbas y antisaqueos”.

Este abril y el marzo pasado comparten una particularidad. En ambos meses, los saqueos ejecutados superaron a los intentos de saqueo. El fenómeno era exactamente el contrario en los dos primeros meses del año. En enero, por ejemplo, el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) indicó que hubo 19 intentos de saqueo y 10 saqueos consumados, mientras que en febrero, los intentos llegaron a 22 y los saqueos a 13. Los primeros, como se ve, solían ser más numerosos que los últimos.

Estas acciones violentas no son nuevas. La profundización de la escasez, cuyo índice oficial dejó de difundirse hace dos años, dejó ver los primeros sucesos de esta naturaleza en 2013, cuando comenzaron a verse los ataques hacia gandolas y camiones que transportaban distintas mercancías.

A medida de que transcurre el tiempo, los anaqueles están más vacíos y los números de este delito avanzan año a año. Según el OVCS, en 2015 hubo 287 saqueos e intentos de saqueo en Venezuela. La mayoría estaba dirigidos a transportes de carga de productos alimenticios y a expendios de alimentos.

Cuatro factores que potencian los saqueos

Los hechos de violencia colectiva, que han pasado de protestas, quema de cauchos y cierre de vías, a saqueos y actos vandálicos, están potenciados por cuatro factores, afirma el sociólogo y experto en temas de violencia, Luis Cedeño: erosión del salario, escasez, desmovilización laboral y la matriz de opinión que transfiere la carga de culpa por la falta de alimentos a los comerciantes.

El experto y coordinador de la ONG Paz Activa, explica que los ciudadanos han disminuido sus acciones en sus diferentes roles pues sienten que sus ingresos no compensan sus esfuerzos. En el caso de los policías la inconformidad con su realidad salarial se manifiesta de distintas maneras. “La policía hoy día siente que no tiene la responsabilidad de intervenir en este tipo de hechos de violencia, como los saqueos y los linchamientos. Que lo que ganan, lo que reciben a cambio no compensa los riesgos que deben enfrentar. Y entonces lo que hay es una conducta permisiva. La gente ha notado que la función policial ha disminuído y aprovechan esa situación.”, explica Luis Cedeño.

El tercer elemento que sirve de abono a los actos vandálicos y desvalijamiento de comercios es que se ha creado una matriz de opinión que transfiere la carga de culpa por la falta de alimentos a los privados. “Desde el Gobierno han hecho ver que no es un problema de escasez sino de acaparamiento. Que el responsable no es el Estado sino los comerciantes, y esto de alguna manera explica el porqué la gente arremete contra los establecimientos como abastos, farmacias y panaderías”, dijo el coordinador de Paz Activa.

El último factor que podría estar facilitando los saqueos es la desmovilización laboral, así denomina Luis Cedeño le medida del Gobierno de suspender las actividades en los entes del Estado de miércoles a domingo. Esto solo ocupa dos mediodía a los funcionarios públicos. “El ocio es un estado que facilita la sugestión y que lleva a las personas a participar en hechos en los que no intervendrían si estuvieran ocupados en sus trabajos. Esto aplica para los saqueos y los linchamientos”.

Artículo completo: Runrunes

viernes, 29 de abril de 2016

¿Cómo el delito organizado destruye la institución policial a través de la Corrupción?

Mayerlin Fagundez y Marcos Tarre

(Caracas, 28 de abril, 2016) -  Hoy jueves en la mañana se llevó a cabo en Caracas, el Foro “Corrupción Policial”, actividad organizada por la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado. Contó con la participación del experto en la temática, Marcos Tarre y Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado, quien contextualizó el tema de la corrupción policial en el marco de delito organizado y la seguridad ciudadana, señalando que “la función policial es una de las más importantes dentro de cualquier sociedad, y debe ser valuada conforme al importante servicio que presta en cuanto a la protección de personas y bienes. Más allá de esta función, hoy día es la primera línea de interconexión entre los ciudadanos y los diferentes niveles del Estado. Es por ello que debemos realizar esfuerzos extraordinarios para brindarles la remuneración y beneficios sociales que garanticen la lealtad a la institución y a los ciudadanos a cuales sirven, sobre cualquier otra oferta para tentar desviar su función”, enfatizó Cedeño.

La presentación central estuvo a cargo de Marcos Tarre,  quien destacó que “la creciente ola de violencia y criminalidad que se desató a partir de 1999 y generó una perdida directa en la calidad de vida de todos los venezolanos y un nuevo imaginario colectivo. Impactados por los efectos de la violencia, sometidos a una escalada criminal sin precedentes en la historia, los venezolanos dejaron de preocuparse por otros problemas, sufriendo los efectos de la violencia sin apreciar sus causas, y una de ellas es precisamente la corrupción. La criminalidad violenta, el homicidio, secuestro, atraco o violación tienen un poder mediático lógicamente mayor que el de los delitos no violentos. En la medida en que fue aumentando la violencia criminal se fue opacando la corrupción”, precisó el ponente del Foro.

El programa se desarrolló en tres partes. La primera revisó antecedentes; definición y tipos de corrupción policial; variables que favorecen la corrupción policial; dimensión e indicadores; cómo detectar la Corrupción Policial. En la segunda, se hizo una evaluación de las variables para controlar la Corrupción Policial en Venezuela: Los necesarios controles que requieren los cuerpos policiales; la Asamblea Nacional; la Fiscalía General de la República; la Defensoría del Pueblo; Supervisión Interna; Asuntos Internos o Inspectoría General de Servicios; Organizaciones No Gubernamentales y defensores de derechos; medios de comunicación y control ciudadano; todo complementado por algunos ejemplos de casos. Y en la tercera parte se habló de las comisiones para la Reforma Policial; el impacto de la Corrupción Policial; ¿Por qué y cómo denunciar?,  y por último, las conclusiones y recomendaciones.

Otro aspecto fundamental que mencionó Tarre sobre las causas de la degeneración, es que “desde los más altos niveles la corrupción llegó a los niveles intermedios y continuó hasta los más bajos y favoreció a los que están al margen de la Ley. Para ellos fue el motor para potenciar todo tipo de delitos ofreciendo lo que cualquier delincuente anhela: impunidad. Y esa corrupción llegó y se instaló también en los cuerpos policiales y otras autoridades responsables de la seguridad ciudadana. En ellos aparecieron los “cómplices necesarios” para delitos como el secuestro, el sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas o de armas hacia los centros penitenciarios. La corrupción generó impunidad y favoreció la consolidación de bandas delictivas, lo que se tradujo en más sangre y violencia”.

Por su parte, el Director Ejecutivo de Paz Activa, Luis Cedeño resaltó la importancia de “considerar al sistema de justicia como un sólo organismo donde subsisten varios componentes que deben coordinar esfuerzos; iniciando por las policías, pasando por los tribunales y concluyendo en el sistema penitenciario; todos deben garantizar funcionamientos adecuados para que el sistema de justicia funcione adecuadamente”.

Con este foro Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, continúan una serie de actividades propuestas durante este año 2016 para analizar en profundidad la compleja problemática del impacto de la corrupción en la ciudadanía y en el crimen organizado.

viernes, 22 de abril de 2016

¡Asiste a nuestro Foro!


El próximo 28 de abril estaremos realizando el Foro ‘Corrupción policial’, con la ponencia de Marcos Tarre, arquitecto, novelista y analista de seguridad. Autor de conocidos bestsellers de los años 80 y 90.
El foro tendrá lugar en el Hotel Embassy Suites y entre los temas a tratar están:
  • Sobre la Corrupción Policial
    – Introducción, Antecedentes, Definición y tipos de corrupción policial.
    – Variables que favorecen la corrupción policial, Dimensión, casos e indicadores.
    – Cómo detectar la Corrupción Policial.
  • Evaluación de las variables para controlar la Corrupción Policial en Venezuela
    – Los controles necesarios que requieren los cuerpos policiales.
    – El papel de las instituciones: La Asamblea Nacional, La Fiscalía General de la República, La Defensoría del Pueblo.
    – Otros actores: Supervisión Interna, Asuntos Internos o Inspectoría General de Servicios, El Ejemplo, Organizaciones No Gubernamentales y Defensores de Derechos, Medios de Comunicación, Control Ciudadano.
Si deseas asistir solo debes confirmarnos tu asistencia a través de eventos.pazactiva@gmail.com ¡Cupos limitados!

viernes, 15 de abril de 2016

El incremento del Delito Organizado es una amenaza para la democracia

  • Los venezolanos perciben que los cuerpos de seguridad del Estado, en lugar de combatir, propician la existencia y operatividad del Delito Organizado. El 66% de los entrevistados consideró que son los policías y los militares quienes le venden armas al Delito Organizado. 
  • Las tres actividades más comunes a nivel nacional son: tráfico de drogas, contrabando de productos y robo y venta de vehículos y repuestos. En promedio, aproximadamente por cada 3 entrevistados que dijeron que el tráfico de drogas está “muy presente” en el país, 1 entrevistado señaló que está “nada presente”. 
El Observatorio de Delito Organizado y el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) se complacen en presentar el II informe del observatorio de delito organizado, realizado a partir de los “Resultados de la 2ª Encuesta de Delito Organizado en Venezuela”, estudio realizado en 7 regiones del territorio nacional en el período de julio y agosto del presente año 2015.
Más allá de la mera divulgación de los resultados de nuestras investigaciones, consideramos de extrema importancia, informar en alguna manera al ciudadano sobre la naturaleza de estos delitos y cómo no ser parte de ellos ni víctimas de estos en particular.
Es bajo esta perspectiva que hemos realizado la segunda edición de la “Encuesta sobre Delito Organizado en Venezuela”La primera en 2013 y la segunda en julio y agosto de 2015, ambas difundidas a nivel masivo y publicadas en completos informes.
Como se refleja en las páginas de esta publicación, más de la mitad de los venezolanos considera que el incremento del Delito Organizado es una amenaza para la democracia, y más aún en esta época donde percibimos su presencia en gran parte de nuestra vida diaria. 
A continuación algunos resultados relevantes de este estudio:
  1.  Las tres actividades más comunes a nivel nacional son: tráfico de drogas, contrabando de productos, robo y venta de vehículos y repuestos.
  2.  Pandillas, mafias y bandas, junto a pranes y colectivos armados, son los grupos que se consideran causantes del Delito Organizado. Por cada 3 personas que señalaron que la actividad de las pandillas, mafias y bandas son causantes del Delito Organizado, 1 persona dijo lo contrario.
  3.  El 66% de los entrevistados consideró que son los policías y los militares quienes le venden armas al Delito Organizado.
  4.  Más de la mitad de los entrevistados manifiestan temor a la denuncia y a cooperar con los cuerpos policialesy el sistema judicial.
  5.  La mitad de los entrevistados a nivel nacional, en los últimos 12 meses, ha sido víctima de robo o hurto.
  6.  El 64% de los entrevistados considera que, en su comunidad, es fácil o muy fácil conseguir drogas. Esta percepción ha aumentado poco entre 2013 y 2015 en 3 puntos porcentuales.
  7.  Los entrevistados consideran que la inseguridad personal ha empeorado en el país en los últimos doce meses. Así lo percibe el 76% de los encuestados.
  8.  Los actores identificados como responsables del Delito Organizado fueron las pandillas, mafias y bandas, los pranes de las cárceles y los colectivos. Hubo poca atribución a los paramilitares y la guerrilla. Una mayoría importante de la población consideró que los militares habías sido corrompidos por el narcotráfico.
  9.  La población considera que se debe combatir al Delito Organizado con la aplicación de la ley y no negociar con los delincuentes o las zonas de paz.
  10.  La gran mayoría de la población, en todo el país y de todos los sectores sociales o políticos, considera que el incremento del Delito Organizado es una amenaza para la democracia.

miércoles, 6 de abril de 2016

En las cárceles venden cada bala en 3.000 bolívares

Luis Manzano, Pablo Herrera y Ronna Rísquez

El diputado a la Asamblea Nacional, Gilber Caro, señaló que un proyectil fuera de las prisiones cuesta 260 bolívares. Destacó que los funcionarios son los principales responsables de estos actos de corrupción.

Caracas. El negocio en las cárceles resulta cada vez más lucrativo para los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Ministerio para el Servicio Penitenciario, pues cualquier producto o munición que entra a las prisiones lleva un precio exagerado.

Ejemplo de esto es el valor que obtiene un proyectil, una vez pasa las supuestas barreras de seguridad, porque de 260 bolívares aumenta a 3.000 cada uno, según explicó el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Gilber Caro.

“Lo bueno y lo malo entra por la puerta de las cárceles y los funcionarios son los responsables. Si meten lo que ellos llaman un bulto, estaríamos hablando de muchísimo dinero, que les resulta muy bien”, sostuvo durante el foro Asamblea Nacional y Seguridad Ciudadana: Leyes Prioritarias, organizado por la ONG Paz Activa.

Añadió que este negocio redondo no es solamente con las armas y municiones, los alimentos, bebidas y cigarrillos les triplican el precio por meterlo hasta el centro penitenciario.

“Una bala es muy fácil de conseguir. Hay que regular los canales desde la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim)”.

Extorsiones desde la cárcel

El abogado penalista, Luis Izquiel, aseguró que desde las prisiones se cometen 90% de las extorsiones, con diferentes modalidades, debido a que los reos tienen celulares, conexión a internet y computadoras portátiles.

En los secuestros, por ejemplo, las llamadas para pedir son hechas por reclusos o jurungan las redes sociales y sacan cuentas de la capacidad económica de la víctima, para cometer el delito.

“La extorsión desde las cárceles golpea mucho al estado Guárico, sobre todo a los comerciantes, que constantemente son víctimas de extorsión”.

Y es que según los especialistas que acudieron al foro, la responsabilidad de que haya celulares, así como otros objetos prohibidos, dentro de los centros penitenciarios es responsabilidad de los funcionarios, que forman parte de la cadena de corrupción.

“Recuerdo que cuando estaba preso, el primer celular que llegó fue en 1998, y lo ayudó a pasar un GNB”, añadió el diputado Gilber Caro.

Carlos Nieto Palma, coordinador General de la ONG Una Ventana a la Libertad, agregó que el Estado ha sido negligente a la hora de solucionar este problema. “Sabemos que sacando los celulares de las cárceles no va a solucionar la crisis, pero va a ayudar mucho”.

Proyecto de ley

Los ponentes se refirieron al proyecto de Ley de Limitación de Telefonía Celular e Internet en los Establecimientos Penitenciarios, aprobado en primera discusión en la AN, y que ayudará a impedir que desde estos recintos se comentan delitos.

El ministerio deberá instalar unos equipos llamados Jammer, que bloquea la señal de celulares y de internet. Para que los reclusos se comuniquen.

Fuente: Crónica Uno

lunes, 28 de marzo de 2016

Te invitamos a nuestro Foro 'Asamblea Nacional y Seguridad Ciudadana: Reflexiones y consideraciones'

Paz Activa de la mano de la Fundación Hanns Siedel y Monitor Legislativo, te invitan este 4 de Abril al Foro 'Asamblea Nacional y Seguridad Ciudadana: Reflexiones y consideraciones'. El mismo se llevará a cabo en el hotel Chacao Suites sin ningún tipo de costo.
Si deseas asistir comunícate al teléfono 0212-2657316 o escribe a eventos.pazactiva@gmail.com 
¡Los esperamos!

viernes, 11 de marzo de 2016

Alarma ante posible participación del crimen organizado en la extracción de minerales estratégicos



"La selva amazónica esconde grandes riquezas minerales en su subsuelo. La lejanía y el abandono por parte del estado en estas regiones, es una combinación perfecta para el surgimiento de bandas criminales. Las autoridades locales pueden en algunos casos trabajar con criminales a favor de intereses económicos, violando así los derechos humanos fundamentales”. Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado.

“El Estado venezolano ha debilitado su soberanía sobre la extensa geografía de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. La delincuencia organizada en sus diferentes versiones ejerce el dominio en puntos estratégicos de las cuencas de los grandes ríos y fronteras, sin control de las instituciones oficiales”. Abogado Fernando M. Fernández.

Con suma preocupación vemos los sucesos ocurridos el pasado fin de semana en Tumeremo (estado Bolívar), donde familiares de 28 mineros los reportan desaparecidos desde el pasado viernes 4 de marzo y presuntamente asesinados por grupos irregulares. Aún hoy, los familiares y el país no tienen información clara sobre lo que ocurrió con estas personas.

Desde el Observatorio de Delito Organizado, queremos llamar la atención no sólo sobre la gravedad de la desaparición y supuesta muerte de estas 28 personas, sino de las causas y razones por las cuales se registran sucesos de esta naturaleza en territorio venezolano, así como sobre las implicaciones que esto representa a nivel de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Soberanía Nacional.

Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, considera que “de comprobarse la participación de elementos pertenecientes a cuerpos de seguridad del estado, en la desaparición y supuesta muerte de los 28 mineros, estaríamos frente a la violación flagrante de los Derechos Humanos por parte del estado venezolano, lo que implica una instancia mayor de denuncia ante los mecanismos regionales e internacionales de defensa de DDHH y la no prescripción del caso”.

Asimismo, en cuanto a denuncias previas, Cedeño resalta que “no es la primera vez que se denuncia la extracción y contrabando de oro y diamantes como parte de la operación de bandas delictivas y grupos irregulares, también ha sucedido con otros minerales estratégicos como el coltán, que como es bien sabido abunda en las ricas tierras del estado Bolívar, lo que deja de manifiesto la ausencia total del Estado para resguardar las riquezas y la soberanía nacional en esa zona tan importante geopolíticamente hablando”.

Como bien lo señala el abogado Fernando M. Fernández experto en el tema y autor de una de las Monografías ‘Visibilizando el Delito Organizado’ sobre “Materiales de Sangre”: “El punto de partida del problema se ubica en el desplazamiento de empresas formales y responsables legal y financieramente, así como la penetración del crimen organizado en la extracción de los minerales estratégicos. En tal sentido, las bandas y grupos irregulares hacen uso de instalaciones del Estado, las cuales fueron abandonadas, previamente, por las empresas mineras expropiadas. No se trata de mineros informales, individuales ni casuales, sino de grupos organizados y fuertemente armados”.

Precisa Fernández: “No existen cifras oficiales que midan la magnitud del problema del contrabando en Venezuela, pero las aproximaciones más cercanas a la realidad hablan de enormes pérdidas económicas y fiscales (un ejemplo: se calcula que se extraen y contrabandean entre 11 toneladas y 270 toneladas de oro al año). El contrabando, entonces, ha dejado de ser un delito común realizado por pobladores pobres de las zonas fronterizas y pasó a ser un delito organizado que moviliza cantidades de dinero impresionantes, masas humanas que se desplazan en el intercambio ilícito, lo cual afecta a la sociedad en su conjunto e impide la gobernanza del Estado y sus instituciones”.

Hoy más que nunca está vigente la recomendación que el Observatorio de Delito Organizado hiciera a través de la publicación sobre “Materiales de Sangre”: “El marco jurídico vigente en contra de la delincuencia organizada y el contrabando, ha creado un espacio corrumpente dentro de las estructuras y empresas del Estado, al crear la total inmunidad legal, penal, civil y administrativa de tales personas jurídicas. Se trata de un velo corporativo que impide hacer una investigación a tales entidades, las cuales no están obligadas a cooperar, debido a que han sido excluidas de toda responsabilidad legal: penal, civil y administrativa. El Estado y sus empresas, al no ser punibles tampoco son investigables. 

lunes, 29 de febrero de 2016

El delito organizado se concentra en 10 estados del país

A continuación les presentamos la participación de las bandas delictivas en el tráfico de drogas, secuestro, extorsión, contrabando y legitimación de capitales a lo largo y ancho de nuestro país.

Esta información está estructurada, a partir del análisis sistemático de 319 registros de prensa tomados de un total de 20 diarios de circulación tanto nacional como regional, así como de emisiones televisivas de noticieros, publicadas entre el 1° de agosto y el 31 de diciembre de 2015.


Dado el aumento de las actividades delictivas en Venezuela, y de la necesidad específica de generar información relacionada al delito organizado transnacional, el Observatorio de Delito Organizado, en aras de continuar aportando y difundiendo información relevante para el estudio, comprensión y contención de tan devastador fenómeno, se ha abocado a la tarea de constituir el Monitor de Delito Organizado, una propuesta metodológica destinada a compilar, registrar, analizar y difundir, los principales datos e informaciones disponibles en nuestro país sobre el fenómeno del denominado crimen organizado.

En ese sentido, desde Agosto de 2015,  el Observatorio de Delito Organizado ha publicado en su página web una serie de reportes mensuales hemerográficos (referidos al estudio y la descripción del material periodístico) con los principales datos arrojados por un minucioso proceso de selección, recopilación y análisis estadístico efectuado a diferentes informaciones de prensa en los cuales se reportan delitos asociados a nuestros temas de estudio.

En esta primera entrega, se presenta una “Tabla de Bandas Organizadas según su ubicación y actividad delictiva”. Los datos obtenidos a través del análisis sistemático de 319 registros de prensa tomados, a su vez, de un total de 20 diarios de circulación nacional y regional, así como de emisiones televisivas de noticieros, entre el 1° de Agosto y el 31 de Diciembre de 2015. Tal levantamiento de datos, valga destacar, se realizó previo filtro de reportes noticiosos a través de la utilización de instrumentos metodológicos pertinentes, permitiendo así, no sólo asegurar la utilidad, veracidad y calidad de los datos, sino evitar el riesgo de registros dobles, disminuyendo, de esta manera, cualquier sesgo relacionado a la muestra.

En este contexto, informaciones reseñadas en la prensa nacional y regional, hoy en día registran actividades relacionadas con el delito organizado en 10 estados del país: Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Miranda,Táchira, Vargas y Zulia. (Ver Tabla a continuación).  

Luis Cedeño, Director Ejecutivo de la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado señala que “la diferencia en relación con otros grupos delictivos, es principalmente la cantidad de hombres que la integran y el poder de fuego con el que cuentan, pues al hablar de una “Megabanda”, se habla de una organización con más de 60 miembros y que entre sus arsenales cuentan con armas de guerra: fusiles AK47, AR15 y explosivos”.

“El Gobierno venezolano ha sido permisivo con la delincuencia. Es una permisividad que nace desde la impunidad que genera el sistema de justicia, hasta el invento de las ‘zonas de paz’ que perseguía disminuir los índices de homicidios, supuestamente evitando los enfrentamientos entre bandas, pero que se revirtió y solo generó el crecimiento de otros delitos en esos espacios que tomaron los delincuentes”, precisa Cedeño.

Link al artículo original 


miércoles, 17 de febrero de 2016

Hampa bien equipada: Así se mueve una granada en Venezuela


Estos explosivos son hechos por Cavim y se mueven libremente entre los malandros, protagonizando hechos delictivos y metiendo miedo en los funcionarios de seguridad.
A propósito del ataque con granadas que sufrió la madrugada del 27 de septiembre la Policía de Baruta en la entrada de la urbanización Las Mercedes, desempolvamos este trabajo publicado en el semanario TalCual y en este portal el pasado 24 de mayo que explica por qué ese armamento de guerra es popular en el hampa común.

A continuación el reportaje: 

Cual peloticas de goma, las granadas “ruedan” en los barrios, en las calles y en las cárceles venezolanas, bien lejos de los reglamentarios depósitos militares. A pesar de que el monopolio de su uso recae exclusivamente sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada vez son más comunes en las manos de los delincuentes que, como en una guerra, no tienen reparo para accionarlas al enfrentarse contra otras bandas o grupos policiales

Desde enero hasta la tercera semana de mayo de 2015 se contabilizaron 24 hechos delictivos que incluyeron el uso de granadas fragmentarias. “No hay cosa que conmocione más a un policía que un malandro con una granada en la mano”, asegura Luis Godoy, exjefe de la División contra Homicidios del Cicpc.

Un estudio de la Organización de Naciones Unidas para el Desarme, reseñado por el periodista Javier Ignacio Mayorca el 17 de mayo de 2015 en El Nacional, reveló que Venezuela fue la nación con más muertos por el uso de granadas entre enero de 2013 y marzo de 2015. En ese lapso, 18 personas fallecieron a raíz de la manipulación de estos objetos. Venezuela figura, además, en el segundo lugar del ranking de heridos por la explosión de granadas, con 16 víctimas.

Once personas muertas y cuatro heridas (dos civiles y dos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc) se han sumado a la lista de la ONU desde la última semana de abril hasta el cierre de esta edición. Además, tres subdelegaciones del Cicpc sufrieron daños estructurales por ataques con estos explosivos.

La alerta llegó hasta altas esferas del poder. Cuando aún era presidente de la Comisión Presidencial del Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana, Freddy Bernal confesó su preocupación por el auge de estas armas desde 2014. “Dos elementos que empiezan a hacerse frecuentes: el uso de fusiles AR15 y el uso de granadas fragmentarias”, dijo Bernal a Runrunes. El excomisionado subrayó que: “ningún cuerpo policial tiene fusiles, armas de guerra. ¿Quién le da unos fusiles de alta potencia a una banda criminal? Pueden venir de la FANB o del extranjero, o de los perros de la guerra. Exhortamos al Ministerio de Defensa a descubrir el origen de esas municiones y eso sería darle un golpe duro a las bandas criminales”.

Miguel Dao, exdirector del Cicpc, tiene una respuesta: “las granadas se las dan unos malandros a otros malandros. No podemos culpar a todo el sector militar, sino a esos funcionarios que desvían el rumbo”.



¿De dónde vienen estos explosivos?
Juan González, nombre ficticio asignado a un alto funcionario de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) para resguardar su identidad, explica que Venezuela no compra granadas en el exterior desde aproximadamente 15 años. Los explosivos tampoco son fabricados por esta empresa militar.

Sin embargo, revela que en Cavim se está desarrollando tecnología para producir este tipo de armas a largo plazo y así reducir la dependencia de otros países.“Antes, cada componente adquiría sus granadas. De unos años para acá toda la responsabilidad de la importación la asume Cavim”.

Los cuatro componentes de la FANB son los únicos organismos autorizados para el manejo de este tipo de armas, explica Godoy. “Los cuerpos de seguridad no tienen granadas. De hecho, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) solo las utiliza en funciones de resguardo de la frontera”, señala. Entonces, ¿cómo llega una granada a las manos de un delincuente?

Godoy descarta la posibilidad de que sean traídas desde el extranjero por “perros de la guerra”. “Armas que vienen de afuera, puestas en un mercado negro, son difìciles de adquirir por delincuentes de baja monta”, asegura el especialista.

¿Quién las saca del arsenal de la FANB?
En noviembre de 2006, los soldados del Ejército Alexis Antonio Fuentes Soto y Gregory José Espinoza Jhon fueron imputados ante el Ministerio Público sustraer efectos pertenecientes a la FANB. Entre el botín de los soldados, adscritos a la 51 Brigada de Infantería de Selva (estado Bolívar), se encontraron 12 granadas. La consulta a especialistas arroja cinco posibles caminos que “toman” estos explosivos para llegar a los delincuentes.

En primer lugar, a través de algunos jóvenes que ingresan al servicio militar y se retiran en menos de dos años. En ese tiempo, sustraen las armas de los almacenes. Otra posibilidad está en las incautaciones de estas armas no declaradas de los cuerpos policiales.

Una tercera vía es el robo a casas de militares retirados, quienes las almacenan como souvenires de su paso por las FANB. También está la posibilidad de que el material bélico ingrese por las fronteras. La quinta fuente serían los funcionarios de la FANB que se las llevan de las prácticas y entrenamientos.

Miguel Dao advierte que “es una cadena de corrupción bien grande. De ella se conoce el origen, pero difícilmente el final”.

¿Cuántas armas circulan en el país?
De cada 1.000 armas irregulares que circulan en las calles de Venezuela, una podría ser una granada, de acuerdo con proyecciones de Godoy. La Dirección de Armas y Explosivos (Daex) calculó en 2013 que el armamento ilegal alcanzaría un millón 678 mil. Según esta cifra, más de mil 600 granadas podrían estar en manos de delincuentes.

El gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre estos casos. La responsabilidad recae sobre los ministerios de Defensa y Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MIJP). La Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y el Desarme, creada en 2013, no logró que la FANB revelara el tamaño del arsenal.

Alegó “secreto de Estado” y hasta allí llegaron las averiguaciones. “No rinden cuentas. ¿Les podemos confiar el monopolio de las armas? Lo están cediendo a grupos irregulares”, reflexiona el exjefe de homicidios del Cicpc. González, desde Cavim, corrobora que las cifras se manejan como un tema de seguridad nacional. Sin embargo, destaca que sí hay un registro reservado de las granadas existentes, así como de las faltantes y las “extraviadas”.

Las milicias también pueden pedir granadas

La Milicia Nacional Bolivariana también tiene la potestad de solicitar armamento de guerra al Comando Estratégico Operacional (CEO), según González, funcionario de Cavim, a pesar de que la Constitución de Venezuela establece que la FANB está compuesta por la Armada, el Ejército, la Guardia Nacional y la Aviación. “Hay que entender el concepto de corresponsabilidad. Todos debemos defender al país. En una situación de guerra, ellos (la milicia) deben actuar”, asegura.

Artículo completo aquí

Adriana Nuñez Moros/Runrun.es

jueves, 11 de febrero de 2016

10.097 homicidios separan cifras oficiales de las extraoficiales


La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, reveló que en 2015 fueron asesinadas 17.778 personas en Venezuela; esto significa que la tasa de homicidios en el país es de 58,1 por cada 100.000 habitantes.

Entre los datos que maneja el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), único organismo no gubernamental que anualmente presenta estimaciones estadísticas de las cifras de homicidios, y la Fiscalía hay 10.097 muertes de diferencias.

Según el último informe del OVV, Venezuela tiene una tasa de 90 muertes violentas por cada 100.000 habitantes; es decir, 27.875 homicidios. En el documento se establece que en su conteo se incluyen no solos los asesinatos, sino también los fallecimientos categorizados en “Resistencia a la Autoridad” y “Averiguaciones de Muertes”.

El Estado saca de la totalización esta clasificación, pero ambas categorías deben incluirse en la cifra total, pues la definición de homicidio refiere a dar muerte a otra persona intencionalmente”, explicó el sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, quien calificó como positiva la información que suministró Ortega Díaz.

Es la primera vez que el Estado presenta una cifra neta de homicidios desde hace varios años; sin embargo, la Fiscalía no sería el organismo pertinente para dar estos indicadores, sino el Ministerio para las Relaciones Interiores Justicia y Paz o el Ministerio de Salud”, dijo Cedeño y recordó la importancia de la transparencia en la seguridad ciudadana: “Si tú no tienes una serie histórica oficial de datos delincuenciales, se da espacio a la especulación. Cuando el Estado deja un vacío, alguien va a salir a llenarlo; por eso es peligroso ocultarlos”.

Hasta 2012 el Ministerio de Salud en su Anuario de Mortalidad reseñaba las muertes violentas. Para ese año la cantidad de homicidios, según ese despacho, era de 9.942; mientras que para el Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz, la cifra era de 16.072.

Esa fue la última vez que el número neto se dio a conocer. Por ejemplo, en 2013, el ministro Miguel Rodríguez Torres informó que la tasa de homicidios para ese año se ubicó en 39 y para 2014, según Luis Cedeño, el Gobierno manifestó que este indicador estaba en 64 muertes por cada 100.000 venezolanos.

“Hay crímenes de mucho impacto y muy violento, yo trabajo mucho con la colaboración social, y no con la, con la  ¿Qué decirte?, con lo cualitativo-cuantitativo del modelo de expresión matemático – aritmético. Yo, yo no puedo dar fecha porque eso….,  pero yo, yo pudiera, estoy seguro, estoy seguro que está disminuyendo. Te lo puedo jurar que está disminuyendo”, declaró en mayo de 2015 el actual ministro para Relaciones Interiores, Gustavo González López, cuando se le preguntó sobre los homicidios en el país.

Segundo país más violento

Con cifras oficiales o extraoficiales Venezuela sigue siendo el segundo país más violento del mundo, según los datos recopilados por el Instituto Igarapé de Brasil. En su estudio presenta información de 219 países entre 2000 y 2012 y ubica a Honduras por encima de Venezuela con 85,52 homicidios por cada 100.00 habitantes. En los puestos siguientes están Islas Vírgenes (52,60), Belice (44,74) y Jamaica (40,59).

De acuerdo con el informe del Ministerio Público del año pasado, que presentó Ortega Díaz ante la Asamblea Nacional este 2 de febrero, en promedio, 49 personas fueron ultimadas diariamente el año pasado.

El documento presenta al Área Metropolitana de Caracas (municipios Libertador, Chacao, El Hatillo, Baruta y Sucre) como la más violenta, pues en este territorio se reportaron  16,7% de los asesinatos.

La Fiscal General aseguró que por las muertes violentas registradas el año pasado se iniciaron 11.924 investigaciones y aclaró que la correspondencia no es de uno a uno, pues un expediente puede incluir varios homicidios.

De acuerdo con Cedeño, en 2014 el Gobierno informó que la tasa de homicidios del país era de 64, por lo que el indicador del año pasado pareciera señalar una disminución. “Para evaluar la efectividad de una política pública en seguridad, el descenso de los índices debe ser sostenido durante varios años y no que se presente como una curva con tendencia al alza”, aclaró.

En el informe del MP se reseña que 53.986 personas fueron acusadas en 2015 por delitos comunes, lo que no se especifica es cuántas de ellas pasaron a una sentencia con privativa de libertad. En esta categoría se incluyen los delitos de homicidio, robo, hurto, estafa, lesiones personales, ocupaciones ilegales de inmuebles, entre otros.

“La impunidad en cuanto al homicidio es de 94% y se asemeja a un embudo: por cada 100 personas detenidas por asesinar a otra, solo cuatro salen del sistema de justicia con una condena”, afirmó Cedeño.

viernes, 29 de enero de 2016

Venezuela: pérdida de valores y crisis carcelaria

Por: Circuito Éxitos

Los recientes acontecimientos en la cárcel de San Antonio en Nueva Esparta desencadenaron el análisis y la inquietud de los especialistas.

El sociólogo, Luis Cedeño expresó su preocupación por la extensión del problema carcelario en Venezuela y las comodidades donde cumplen condenas los reos "el control que tiene el delito organizado con el sistema penitenciario es un claro indicador de que Venezuela está permeado por estos agentes".

Describe al país como una "suerte de estado mafioso" por no tener la capacidad de revertir la situación, por beneficiar la dinámica y no tener una voluntad de política real.

El ex ministro de la defensa, Raúl Salazar conversó sobre las funciones que deberían cumplir las cárceles y no se están haciendo "estas son para reformar, cambiar y los presos deben salir con otras cualidades" comentó que a diferencia de esto se están creando ídolos de barro. Se debe corregir y convocar un comité para ver la responsabilidad en lo sucedido en Margarita "Los pranes no deben existir".

Click aquí para escuchar el audio. 

jueves, 21 de enero de 2016

Venezuela vive una guerra no declarada

Una bala perdida mató a un niño en su casa, a un joven lo asesinó un ladrón forzándolo a 'jugar' a la ruleta rusa... Caracas ha registrado más de 5.180 homicidios en el año más violento que se recuerda.

Desde muy temprano por la mañana la morgue de Bello Monte, en Caracas, comienza a recibir a los familiares de las personas que han muerto en hechos violentos. Accidentes de tránsito, sí, pero sobre todo asesinatos. La rutina diaria en la capital venezolana.


Alejandro Mantilla, un joven de 25 años, murió de un disparo en la cabeza. Días atrás fue víctima de un robo. Lo despojaron de su coche. En él estaban las llaves de su casa. La madrugada del 30 de diciembre, cinco personas entraron en la vivienda de Mantilla. Robaron lo que pudieron, destrozaron algunas cosas. A la madre, tía y abuela las retuvieron en una de las habitaciones. Alejandro y un amigo fueron llevados al baño. Ambos fueron amarrados. Su verdugo decidió jugar a la ruleta rusa con ellos. Gatillo. Disparo. Y allí estaba la bala que perforó el cráneo de Alejandro.

Algunos dirían que el azar; sus allegados, en cambio, señalan a la delincuencia desatada. “No hay justicia”, se escucha decir a uno de los compañeros que asiste a la familia en los trámites para retirar el cadáver. “Aquí da miedo salir para la calle”. Ni en casa se está seguro.

Caracas es una ciudad peligrosa, el reflejo de un país violento. Las cifras de 2015 así lo demuestran. El año finaliza con una tasa histórica de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en su informe publicado el 28 de diciembre, en el cual precisan que durante el año se registraron 27.875 muertes violentas. Esto se traduce en aproximadamente 76 muertos cada día, unos 3 asesinatos cada hora.

El OVV es una organización conformada por investigadores de siete universidades del país, que le ha seguido el pulso a la criminalidad en Venezuela y se ha convertido en referencia sobre las estimaciones anuales de homicidios, sobre todo tras la restricción de información oficial sobre el tema, que comenzó desde 2004.

Cuando la “revolución bolivariana” llegó al poder, en diciembre de 1998, Venezuela tenía una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, con una cifra de 4.550 muertes violentas al año. Poco a poco los números han ido aumentando. En el año 2000 ya superaba los 8.000 homicidios, en 2002 los 9.600 y registró un gran brinco en 2003.

Ese fue el último año en el que hubo acceso libre a estadísticas sobre criminalidad, como recuerda el Observatorio en el informe de ese período. En 2003 se registraron 11.342 homicidios en todo el país (44 por cada 100.000); en los dos años siguientes las estadísticas bajaron pero a partir de 2006, cuando se superó la barrera de 12.200 asesinatos, no ha bajado más.

En 2013, diez años después de la censura de la información, la cifra se había elevado a 24.763 muertes violentas (79 por cada 100.000 habitantes) y en 2014 se incrementó levemente a 24.980 fallecidos (la tasa de homicidios subió a 82 por cada 100 mil habitantes).

Pero la violencia en 2015 no tiene precedentes.

“Esta tasa pudiera colocar a Venezuela como el país más violento de América, luego de conocer las cifras de Honduras y El Salvador, pues Honduras, que el año pasado se encontraba en ese primer lugar, ha tenido un descenso importante en el número de homicidios; pero El Salvador ha sufrido un incremento importante, que lo pudiera colocar con una tasa igual o superior a la de Venezuela”, indica el documento.

Solo en el Área Metropolitana de Caracas se habían registrado unas 5.180 muertes violentas hasta el último domingo del año (27 de diciembre), cifra que ya superaba el total de homicidios ocurridos en la capital venezolana en 2014, cuando se contabilizaron 5.058. Esto según registros llevados por los periodistas que cubren la fuente de sucesos y acuden a diario a la medicatura forense de Bello Monte, la principal de la capital, en donde aún se pueden obtener cifras extraoficiales y se confirman los fallecimientos con las personas que acuden a retirar el cuerpo de su familiar.

“La violencia se ha incrementado en el país por ausencia y exceso de Estado. Por ausencia de la protección de las personas y del castigo de los delincuentes; en exceso por el incremento de controles y regulaciones que han llevado al incremento de los abusos de los encargados de su aplicación y al surgimiento de mercados y conductas paralegales o ilegales”, han indicado los especialistas en el informe anual.

POLICÍAS ASESINADOS
En Venezuela los encargados de la seguridad ciudadana se han convertido en un blanco apetecible y nada temido por los delincuentes. Al menos 145 funcionarios policiales han sido asesinados en Caracas en 2015, un promedio de 12 cada mes. La cifra, contabilizada por la Policía del estado Miranda (de la región capital), incluye a integrantes de las Fuerzas Armadas y policías. 2014 culminó con poco más de 130 uniformados asesinados en la capital del país.

Los hechos más recientes ocurrieron en vísperas de Navidad. Entre el 23 y 26 de diciembre mataron a cinco y tres de ellos murieron en hechos ocurridos el 24 de diciembre: dos policías fallecieron al ser acribillados por delincuentes que dispararon contra la sede de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en San Agustín del Sur, una de las zonas populares de la capital, y otro fue asesinado en su casa por unos hombres que llegaron a robar. A ellos se suma un funcionario asesinado tras ser robado cuando llegaba a su casa y un teniente del Ejército venezolano que fue secuestrado junto a un familiar y posteriormente lo hallaron muerto con impactos de bala.

Sobre estos casos el Gobierno venezolano pocas veces se pronuncia, por lo que tampoco se publican datos oficiales al respecto. Hasta el 1 de octubre pasado, la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) llevaba la cuenta de 250 policías asesinados en el país y más recientemente, la Fundación de Ayuda al Policía (Fundapol), ha informado que 2015 ha terminado con 600 uniformados de baja, entre funcionarios de todos los cuerpos de seguridad, tanto civiles como militares.

Para los delincuentes es más importante matar al funcionario que quitarle el arma y dejarlo vivo, porque esa muerte les da estatus.

A la mayoría los matan de varios tiros, para robarles el armamento y la moto. Sin embargo, los motivos van más allá. Rafael Graterol, jefe del Centro de Coordinación Policial nº 7 de la Policía del estado Miranda, con jurisdicción en cuatro de las cinco municipalidades del Área Metropolitana de Caracas, ha explicado que para los delincuentes ahora es más importante matar al funcionario que quitarle el arma y dejarlo vivo, porque esa muerte “les da estatus”.

Pero este año se sumó otra modalidad de ataque a uniformados y es el lanzamiento de granadas. Este armamento de guerra comenzó a ser empleado por los delincuentes con mayor frecuencia desde el primer trimestre de 2015 y ya en abril se habían registrado 18 ataques con granadas, la mayoría contra sedes policiales o comisiones desplegadas en la vía pública, pero también en enfrentamientos entre bandas y uniformados.

El uso de estos explosivos en 2015 ha sido desproporcionado, a juicio de Graterol, quien ha recordado el empleo de granadas en años anteriores pero de manera aislada. Además los delincuentes están equipados con otras armas de guerra como las subametralladoras HK, fusiles AK-103, AK-47 y AR-15, que desde hace tres años, aproximadamente, están siendo empleadas por bandas criminales. En 2012 comenzaron las denuncias sobre robos masivos y secuestros con el uso de armas largas, ha informado el abogado criminalista Fermín Mármol García.

Se han reportado al menos 40 ataques con granadas en un año. El domingo 27 de diciembre un puesto itinerante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en la plaza La Concordia, en el sector Santa Rosalía del centro de Caracas, fue atacado con uno de estos explosivos cerca de las 23:00 horas.

Dos personas fallecieron tras el suceso, un sargento de la GNB y una bebé de 8 meses. Ocho más resultaron heridos. Según las investigaciones policiales el artefacto pudo ser lanzado desde lo alto de un edificio.

IMPUNIDAD DEL 90%
Los índices de violencia y el uso de armamento de guerra por bandas criminales responden a dos hechos, según investigadores del área: la corrupción y la impunidad.

En Venezuela, organizaciones no gubernamentales como el Observatorio del Delito Organizado y Paz Activa, así como criminólogos, han determinado que la impunidad en el país supera el 90%. Es decir, de cada 100 delitos no se castigan más de 10, aunque Mármol García estima que de esos 100 no se castigan más de cinco o seis.

Esto abona el terreno para la exacerbación de los delitos y de la corrupción, a través de la que los delincuentes han podido obtener armamento que debe estar en manos de funcionarios militares. De hecho, una resolución del año 2011, del Ministerio de Defensa, restringió el uso de escopetas a las policías municipales y regionales, de ahí que los delincuentes estén mejor armados que los policías.

Entre julio y agosto de 2015, el OVV, Paz Activa y el Observatorio del Delito Organizado realizaron una encuesta a 3.500 personas, en 22 estados del país, para conocer la opinión de los venezolanos sobre la criminalidad y delincuencia. De esa consulta obtuvieron que 66% de los venezolanos considera que los policías y los militares son quienes le venden armas al delito organizado.

El 64% aseguró que en su comunidad es fácil o muy fácil conseguir drogas; 58% informó que es fácil o muy fácil conseguir un arma de fuego en el lugar donde vive (el porcentaje aumentó 16% con respecto a 2013), y un dato dramático, a juicio de los investigadores, fue que 50% de los venezolanos indicara que es fácil o muy fácil mandar a matar a alguien en su comunidad, porcentaje que hace dos años alcanzó el 35%.

El 50,5% de los encuestados dijeron haber sido víctimas de robo o hurto en los últimos 12 meses, mientras que 43,5% dijo que alguna de las personas de su núcleo familiar sufrió por lo mismo en el último año. Además, tres de cada cuatro venezolanos (76%), aseguró que la inseguridad había aumentado en el país entre agosto de 2014 y agosto de 2015.

LA VIDA DESPUÉS DE UN SECUESTRO
A partir de las 19 horas las calles de Caracas van quedando vacías. La gente apresura el paso para llegar a casa y a las 21 horas es difícil ver a alguien caminar por las vías. Avenidas desoladas, a oscuras. Parece la escena de un toque de queda no decretado. Los negocios están cerrados, la gente encerrada en sus hogares. El temor por ser víctima de la delincuencia limita a los caraqueños que tienen a flor de piel el relato de algún crimen padecido en primera persona o con algún familiar o conocido como protagonista.

Rafael Arcia dice que su vida ya no es la misma desde que fue secuestrado. Cuenta que aquella noche un vehículo lo interceptó mientras transitaba en el coche de un amigo en una zona residencial de clase media. Cuatro sujetos con armas largas los bajaron del auto, los vendaron y en una camioneta los trasladaron hacia un lugar que no ha podido determinar con exactitud, pero que está seguro era en un barrio populoso del oeste caraqueño.

El traslado se prolongó durante una hora. Rafael sentía que subían hacia un cerro, de los muchos que componen el cinturón de miseria capitalino. Otro grupo de maleantes los esperaba en una chabola, donde permanecieron por cuatro horas mientras se negociaba el rescate con sus familiares. Al sitio le decían “la nevera”.

Me quitaron la venda de los ojos, pero preferí no verles la cara. Pensé que si los veía, podrían asesinarme.

“Me quitaron la venda de los ojos, pero siempre mantuve mi mirada hacia el suelo. Ellos decían que les podía ver la cara, pero yo preferí evitarlo. Pensé que si los veía podrían asesinarme por temor a que los reconociera después. Pasaban los minutos y me iba poniendo nervioso. No sabía de dónde mi familia iba a sacar el dinero que pedían por mí. Mis captores lo sabían y me decían: ‘hoy como que te vas a morir".

Los familiares de Rafael lograron pagar el rescate. Juntaron joyas, dinero en efectivo y algunos dólares con ayuda de los vecinos. Pactaron la entrega vía telefónica y el joven de 29 años fue liberado en un barrio. Nunca hizo la denuncia formal ante la policía. El miedo lo superó. “En Caracas uno siempre tiene que estar alerta, ver para todos lados. Todos los días de mi vida recuerdo cuando fui secuestrado. Esa experiencia me ha dejado un trauma. He dejado de salir, de hacer muchas cosas por miedo. Estos no son juegos”.

Según la organización Control Risk, Venezuela ocupó el 5º lugar entre los países del mundo con mayor incidencia de secuestros para diciembre de 2014. México, India, Nigeria y Pakistán estuvieron en los primeros cuatro puestos de la clasificación, mientras que el Líbano, Filipinas, Afganistán, Colombia e Irak completaron el listado de los primeros 10 países.

El especialista en criminalidad y delincuencia organizada, Marcos Tarre Briceño, ha informado que si bien México supera al país suramericano en el número de secuestros por año, con un promedio de 2.340 frente a 1.000 secuestros anuales en Venezuela, cuando se calculan esas cifras según la cantidad de habitantes Venezuela pasa al primer lugar en Latinoamérica, con una tasa de 3,26 secuestros frente a 1,93 de México, 0,49 de Colombia y 0,15 de Brasil. Mientras México tiene una población de 130 millones de personas, Venezuela apenas supera los 30 millones de habitantes.

Tarre, autor del libro Secuestro extorsivo convencional y secuestro exprés: Delitos latinoamericanos, también ha explicado que los delincuentes venezolanos han aprendido de los colombianos en la ejecución de secuestros, pero recuerda que Colombia ha logrado reducir sus cifras de secuestro, reportando en 2014 apenas 300 si se compara con los 3.500 casos que ocurrían en el año 2000.

Fuente: El Español

jueves, 7 de enero de 2016

PNB requiere revisión por corrupción interna


El cuerpo policial que en un principio se mantuvo "limpiecito" va acumulando denuncias de funcionarios criminales. El brillo no le duró ni 10 años.

La Policía Nacional Bolivariana era necesaria, su nacimiento concretado en 2009, surgió de una recomendación bien fundada de la Comisión Nacional de la Reforma Policial de 2006. Pero, lo que se había propuesto como un cuerpo de seguridad renovado y capaz se ha visto empañado por numerosas denuncias que involucran a sus miembros en hechos delictivos.

En agosto, en una misma semana, el propio Ministerio Público acusó a un PNB por presuntamente participar en un secuestro, junto con cuatro hombres más, de un comerciante de Vargas. Y pocos días antes otros siete efectivos de la misma institución policial estuvieron incursos en hechos escandalosos. Cuatro fueron privados de libertad por su presunta responsabilidad en la muerte de un joven hallado en las inmediaciones de la plaza Los Museos de Los Caobos. Mientras que tres funcionarios, entre ellos una mujer, incurrieron en los delitos de trato cruel al presuntamente abusar sexualmente de un recluso con un objeto punzopenetrante que se encontraba en la cárcel de Uribana, en Barquisimeto.

El director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, confirma que las estadísticas que ha realizado la organización no gubernamental que preside, evidencian que la PNB siendo una policía tan nueva, en corto tiempo ha asimilado una cantidad de vicios por encima de cuerpos de seguridad con mayor tiempo de funcionamiento, como las municipales y estadales.

NACIÓ PODRIDA

El sacrificio de la cantidad por encima de la calidad, por el supuesto ánimo de rescatar el tiempo perdido que transcurrió entre el anuncio del nacimiento y la verdadera fecha de ejecución, a juicio del criminólogo Fermín Mármol García, provocó desde un principio que se cometieran muchos errores. La poca preparación es uno de ellos.

El abogado explica que la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), encargada de la formación académica y práctica de los funcionarios no aplicó correctamente el filtro en relación a los aspirantes, pues a su juicio tuvo mucha carga ideológica y político-partidista. "Más la necesidad de egresar promociones muy robustas (en cantidad) y no era lo que se pretendía. Eso trajo como consecuencia que veamos la cantidad de muchachos que a simple vista se ven inexpertos. En los trabajos de investigación que se han hecho se ha podido evidenciar que no salen con el entrenamiento de uso de armas de fuego, no hubo entrenamiento porque no había suficientes municiones", denuncia el abogado.

Las fallas en las aptitudes de los aspirantes y la excesiva permisología también han jugado en contra. De acuerdo con Mármol García, muchos aspirantes no tienen la vocación, y además tampoco se hacen las pruebas psicotécnicas necesarias. "Por eso la policía nace con un error estratégico de políticas públicas, asfixiando a las policías municipales, cuando la Constitución permite la convivencia de tres modelos de policía", sostiene el criminólogo, quien recuerda que al irrumpir en la actividad pública, la PNB provocó el cierre de academias de policías. "Le dieron toda una publicidad para otorgarle preponderancia y eso le hizo año al estamento municipal", agrega.

Pero la cantidad de uniformados activos tampoco ha correspondido a la promesa hecha. Cedeño denuncia que la PNB no ha crecido lo rápido que ha debido. Dice que no puede precisar la cantidad actual de funcionarios, pues la cifra oficial se suma a la lista de deudas del Estado y a las dificultades del acceso a la información, pero estima que existen entre 15 y 21 efectivos. "Es muy poca la gente que sale de la UNES. Capacitar 800 uniformados por tiempo académico es insuficiente todavía, porque hay un gran déficit agudo a nivel nacional. Si le preguntas a una persona qué es lo que quiere, responde que ver más policías", sostiene el sociólogo de la ONG Paz Activa.

SE DAÑARON LOS FILTROS

En un principio para entrar en funcionamiento, la PNB tuvo que absorber funcionarios de la Policía Metropolitana, sobre todo los de alto rango, y muchos de ellos ya traían vicios, según denuncia Cedeño. Por eso es que tiene problemáticas muy parecidas a las policías nacionales y estadales. "Además, el Estado ha decidido seguir tratando a las personas que trabajan en las fuerzas de seguridad como personal `obreril’, porque se les paga sueldos de obrero y no le ofrece protección social adecuada. La carrera policial no ha sido atractiva económicamente, y la presión popular lo expone en una situación de vulnerabilidad en la cual es fácilmente corrompible" (sic).

Los uniformados, a su criterio, suelen ser infieles pues rompen su juramento de ser policías para hacer otra cosa. "Si no están haciendo servicios de seguridad privada, se dedican a formas de delincuencia que les da más dinero".

La promesa entonces de que la PNB sería la entidad por excelencia que llegaría para acabar con el crimen no se ha cumplido. "Lamentablemente no corrigió los defectos que pudo haber tenido la Policía Metropolitana, no tuvo nada novedoso, de lo cual podamos sentirnos impresionados", apunta Mármol García.

Para Cedeño, la fórmula que puede atacar este cáncer es: Más y mejores policías. Pero para tener eso se necesita entrenarlos mejor, invertir más dinero y pagarles más. Asegura que en el país no existe una política de seguridad pública que funcione porque el Estado dedica a este gran problema que afecta al 80% de los venezolanos solo el 1% del presupuesto nacional. "Uno pone dinero en las cosas que le interesan", concluye.

NO INSPIRAN CONFIANZA

Fermín Mármol García destaca que la II Encuesta sobre Delito Organizado en Venezuela, que publicó el Observatorio Venezolano de Violencia y Paz Activa, tiene un dato interesante: el 80% de los encuestados, tiene el temor de cooperar con los cuerpos policiales y eso incluye a la PNB. "Comparando ese ítem en 2015 con el de 2013, la PNB no pudo lograr conquistar la confianza de la ciudadanía".

Ello a pesar de que con su nacimiento, se reformuló hasta los uniformes de los cuerpos policiales para hacerlos más acordes a una "policía preventiva, humanista", según el MIJ. Por eso, se definió que los colores fueran "pastel, frescos, que irradian seguridad mas no agresividad ni represión", según explicó en 2009 el comisario Liderlis Montero, entonces coordinador del proyecto de estándares del servicio nacional de policía.


Fuente: Tal Cual (KEILYN ITRIAGO MARRUFO / SARAÍ COSCOJUELA OJEDA) 

jueves, 10 de diciembre de 2015

Transparencia Venezuela: Entre 2011 y 2015 el Poder Legislativo sirvió al PSUV

Exigen diputados comprometidos con la transparencia, el diálogo y la Constitución

Opaca, ineficiente, partidizada, contraria a la necesidades ciudadanas y opuesta a los mandatos constitucionales. Así fue caracterizada ayer la Asamblea Nacional saliente por los panelistas del foro “¿Qué hizo el Parlamento 2011-2015? ¿Qué puede hacer la próxima AN?”, organizado por Transparencia Venezuela y Monitor Legislativo.

La directora ejecutiva de la ONG, Mercedes de Freitas, presentó el informe “Asamblea Nacional 2011-2015: El Poder Legislativo al servicio del PSUV”, que evidencia el interés de la actual mayoría partidista en funcionar al mínimo de las capacidades en detrimento del cumplimiento de los mandatos constitucionales de esa institución, como son: legislar, controlar al resto de los poderes públicos y representar a sus electores.

“En estos cinco años, la mayoría que dominó la AN rechazó debatir los principales problemas que aquejan a los venezolanos, privilegiando sus intereses partidistas. La agenda parlamentaria dio la espalda a la ciudadanía, que no consiguió en sus representantes una respuesta clara para superar la inseguridad, la escasez y la inflación, entre otros quebraderos de cabeza”, dice el informe.

El documento destaca el exorbitante monto de créditos adicionales autorizados al Ejecutivo sin control posterior alguno en estos 5 años (1.022 créditos hasta el 4 de noviembre por un monto de 2,3 millardos de bolívares); el número de leyes sancionadas en cámara (65) en comparación con las aprobadas por decreto habilitante en el Ejecutivo (132), y el incumplimiento recurrente del mandato de rendición de cuentas de los diputados.

El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, expresó: “Es necesario designar un Consejo Moral Republicano y unos magistrados del TSJ acorde a la ley, y remover a los designados por vía de hecho. Como parte del rescate del debido proceso se debe revocar a los rectores del CNE, magistrados del TSJ y miembros del Poder Ciudadano nombrados fuera de los procedimientos constitucionales”.

Luis Alfonso Herrera, directivo de la ONG Un Estado de Derecho, agregó: “Hay que revisar y revocar las decisiones de nombramientos al menos de 2014 porque se trata de poderes que no pueden estar en manos de actores políticos y, además, son poderes que han actuado contra la integridad de los diputados de la Asamblea Nacional y no extrañaría que volvieran a hacerlo”.

La profesora de Derecho Tamara Adrián, candidata a la AN, apuntó: “Es de gran pertinencia e importancia proceder al nombramiento de los órganos públicos acorde a la Constitución, no para imponer a otras personas obsecuentes con la nueva mayoría sino para que se cumpla lo que dice la Constitución”.

Sobre este punto el informe señala cuatro medidas fundamentales. Primera, la reforma del Reglamento Interior y de Debates de la AN: “La modificación legal debe evitar la concentración de poderes y privilegios alrededor de la figura del presidente del Poder Legislativo”. Segunda, combatir la opacidad a través de medios informativos plurales y con contenido de calidad, y al mismo tiempo, dice el documento, con la aprobación de leyes de acceso a la información. Tercera, ejercer el papel contralor investigando todas las denuncias de corrupción que sean consignadas. Y cuarta, reinstitucionalizar la AN, garantizando el respeto a los derechos de todos los sectores que obtengan una representación en la próxima legislatura.

Los panelistas también aportaron ideas. La diputada Vestalia Sanpedro, de la Comisión de Finanzas, enfatizó en la necesidad de que el próximo Parlamento “rescate la unidad del tesoro nacional, recupere la autonomía del BCV, reactive el Fondo de Estabilización Macroeconómica, oriente al Ejecutivo a reducir el gasto público y suntuario, apruebe la ley de hacienda pública estadal y controle efectivamente el gasto y el endeudamiento”.

Luis Alfonso Herrera se centró en los aspectos relativos a la reforma del Reglamento Interior y de Debates, que a su juicio debe contemplar 10 aspectos: establecer plazos fijos de convocatoria a sesiones, rendición de cuentas transparentes, eliminar la discrecionalidad del presidente de la cámara, crear un mecanismo sensato de distribución de la presidencia de las comisiones, establecer un régimen plural para el acceso y trabajo de los medios de comunicación, eliminar los obstáculos para las interpelaciones de altos funcionarios y eliminar la potestad del presidente para limitar las intervenciones de los diputados, entre otros.

Luisa Berlioz, de la ONG Paz Activa, se refirió a los retos en materia de seguridad ciudadana. En tal sentido consideró pertinente aprobar las leyes y reformas necesarias para elevar a 10% el monto del presupuesto para prevención y control del delito, pasar la custodia de las cárceles a civiles, implementar políticas efectivas de desarme y “revisar la ley contra la delincuencia organizada para que no se use para perseguir a la disidencia”, entre otras propuestas.


Fuente: Maru Morales (El Nacional)

martes, 1 de diciembre de 2015

La nueva Asamblea Nacional: ¿Esperanza para tener una política criminal coherente?


Paz Activa, como miembro activo de la sociedad civil organizada, sugiere a los candidatos promover algunas iniciativas en el caso de ganar un curul en los próximos comicios parlamentarios del 6D.

En estos últimos años hemos visto como la Asamblea Nacional de Venezuela, se ha convertido en una rama más del poder ejecutivo. Su independencia ha sido mutilada por leyes habilitantes que le permiten al Presidente y sus ministros, elaborar leyes en un contexto de crisis inminente o como consecuencia de una emergencia y/o desastre natural, como ya ocurrió en el año 2010 cuando se aprobó sin discusión en el Parlamento una Ley Habilitante para legislar la emergencia, usando como justificación las graves inundaciones ocurridas en varias regiones del país. El presidente Hugo Chávez, utilizó este método para aprobar leyes orgánicas que dieron paso al estado socialista, contradiciendo de esta manera, el espíritu de la Constitución de 1999, cuando Venezuela le dijo NO a la Reforma Constitucional propuesta por el Presidente Chávez y la Asamblea Nacional el 2 de diciembre del año 2007.

En este contexto, la Asamblea Nacional ha promovido muy pocas leyes que tratan la problemática de delincuencia en Venezuela. Éstas se han centrado en la reforma del sistema de policía a través de la Comisión Presidencial para la Reforma Policial (CONAREPOL, 2006); la promoción de mayores penas para delitos como el secuestro (Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, 2009) y la creación de nuevos delitos punibles por terrorismo contra el estado y el crimen organizado (Ley contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, 2012).

Al hacer un balance vemos que aumentar las penas por delitos ha hecho muy poco por la reducción de crímenes graves, ya que se trata de un tema de impunidad en lugar del incremento de penas mayores. Las tasas de impunidad en Venezuela se ubican cerca de 90% en crímenes regulares, y casi el 95% por delitos graves como asesinatos y secuestros. También ha habido intentos de reformar el Código Orgánico Penal (COP) y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para introducir nuevas definiciones de delitos y el endurecimiento de los castigos o al contrario, la disminución de castigos y mayores beneficios procesales para reclusos. En definitiva, se hace evidente la ausencia de una estrategia clara de política criminal, dado que los esfuerzos no han frenado el avance de la criminalidad.

El principal problema es que a pesar de estas nuevas leyes, no se ha detenido el aumento de la criminalidad en el país. Por el contrario, las tasas de criminalidad siguen aumentando cada año. La razón de esto no yace en las leyes sino en la ejecución que hace el poder ejecutivo de las mismas. Es en este aspecto que la Asamblea Nacional tiene algo que decir sobre cómo el poder ejecutivo debe abordar el problema. Un tema central es el presupuesto. La escasa asignación de recursos para la lucha contra la delincuencia es –definitivamente- uno de los principales factores, siendo uno de los problemas que más afecta a los venezolanos según las empresas encuestadoras (Datanalisis, Datos, IVAD) y el motivo por el cual algunos venezolanos deciden migrar al extranjero.

Otro elemento significativo a considerar, es el costo económico de la delincuencia. Algunas estimaciones ubican la pérdida para la economía en un 30% del Producto Interno Bruto (PIB), debido a la actividad criminal. El hecho de que el presupuesto nacional destina menos del 1% al control de la criminalidad y la prevención (según la ONG Transparencia Venezuela) es un claro indicador de que existe poco interés o voluntad de revertir el aumento de la actividad criminal.

Paz Activa, como miembro activo de la sociedad civil organizada, sugiere a los candidatos promover las siguientes iniciativas en el caso de ganar su curul en la nueva Asamblea Nacional:
  1. Elevar el porcentaje dentro del presupuesto nacional (actualmente el 1%) para el control y prevención del delito a un porcentaje cercano al 10% que garantice la operatividad de las policías nacionales, estatales y locales como a su vez salarios competitivos para las oficiales de policía.
  2. Trasladar las funciones de custodia de las prisiones de Venezuela a manos civiles para acabar con la corrupción que genera la GNB en estos recintos.
  3. Eliminar la participación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en labores de seguridad ciudadana que juegan al detrimento de las policías civiles y constituye práctica perversa de los gobiernos militares.
  4. Exigir al sistema de justicia disminuir los índices de impunidad que actualmente registran en delitos graves, cercano al 95% en homicidios y secuestros.
  5. Revisar el Código Orgánico Procesal Penal para aumentar los beneficios procesales y disminuir el retardo procesal.
  6. Revisar el Código Orgánico Penal para disminuir el número de tipificaciones delictivas y disminuir las penas en delitos no violentos para focalizarlo a los delitos violentos que afectan directamente a los individuos.
  7. Instar al ejecutivo nacional a promover una política más agresiva de desarme de la población.
  8. Monitorear cercanamente los arsenales Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que las armas de guerra cesen de llegar a manos de grupos delincuenciales.
  9. Revisar leyes de corte criminógenas que dejan a los ciudadanos sin otra opción que violar las leyes.
  10. Revisar la ley contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo para que cese de ser utilizada como instrumento sancionador de la disidencia política.
  11. Promover leyes enfocadas a la prevención de la violencia y la asistencia a las víctimas de la delincuencia.
Estas son algunas de las muchas iniciativas que se pueden promover a través de una nueva Asamblea Nacional. Debemos trabajar sin descanso para lograr obtener una voluntad política fuerte sobre estos temas que nos afectan a todos. Argumentar que la criminalidad es más una percepción que una realidad, no la hará desaparecer. La asignación de recursos adecuados a la magnitud de la tarea que tenemos que hacer en esta área y asumir políticas que se han comprobado que funcionan, serían los pasos adecuados para revertir la situación actual.

Estamos convencidos que nos sobran razones para votar en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, y además mucho que lograr para poder reducir las tasas de criminalidad en Venezuela. Este no es un problema nuevo, el presidente Chávez llegó al poder sobre una plataforma de lucha contra la corrupción y la criminalidad en 1999. Quince años más tarde, la corrupción y la delincuencia operan concertadamente con el gobierno socialista que él creó.

 
Escrito por: Luis Ernesto Cedeño 

lunes, 16 de noviembre de 2015

Luis Cedeño: ¿En Venezuela se está dando una suerte de Estado Mafioso?


Caracas.- El sociólogo Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado respecto a la detención de los dos familiares directos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, involucrados por actividades de narcotráfico internacional, señaló que la pregunta que se están haciendo los ciudadanos es sobre si en Venezuela se está dando una suerte de "Estado Mafioso".

De igual manera, Cedeño explicó que la definición de "Estado Mafioso" comenzó a formarse a partir del surgimiento de las nuevas repúblicas soviéticas en democracia. Asimismo indicó que "lamentablemente no teniendo la fortaleza suficiente para crear instituciones sanas, donde los sistemas de controlaría y los sistemas institucionales de control eran sumamente débiles, eso dio espacio para que grupos delincuenciales y lo que sería el delito organizado, tuviesen mayor presencia en este tipo de gobiernos", para ello el especialista nombró países como Bielorrusia y Ucrania; así como también el Estado Mafioso que ha venido formándose en Hungría.

La definición del término Estados Mafiosos para el sociólogo fue: "Diversos grupos dentro del Estado con cierto poder económico y político, y que utilizan el Estado justamente para actividades delincuenciales, sea corrupción o narcotráfico, o sea otras formas de delito que desde el Estado se facilitan, y de alguna manera generan mayores ganancias para estos grupos delincuenciales".

También comentó que el Estado Mafioso se remite también a lo que era esa estructura familiar de la "Cosa Nostra" en Italia, donde ciertamente las actividades criminales estaban ubicadas en pocas familias.

"Actualmente en Venezuela después de la muerte del presidente Hugo Chávez, hemos observado que ese poder se ha atomizado y distribuido en diversos grupos del chavismo actual, entre ellos podemos identificar fácilmente el poder que detentan el presidente Maduro junto con su esposa, Cilia Flores, una dupla política importante dentro del mar del chavismo, pero también podemos identificar otros grupos dentro de los militares, otro grupo que se identifica con el presidente de la Asamblea Nacional, y así un puñado de nombres que podemos decir que tienen cierta relevancia en la política nacional", manifestó el especialista.

"Las personas que básicamente detentan un poder importante dentro de los Estados Mafiosos se les llama "Poligarcas", poligarcas en contrario a los oligarcas que son los que detentan el poder económico, estos poligarcas detentan un poder político importante y se caracterizan por detentar un poder económico, pero ese poder no es público ni notorio, sino más bien encubierto (...)".

Para Cedeño es una preocupación que dos jóvenes no pueden ser los que conforman esta logística de mover una gran cantidad de droga, ya que se está hablando de cerca de 1 tonelada, 800 Kg., y que en el mercado internacional, específicamente en Europa o en Estados Unidos, esa es una cantidad de droga que al detal son más de 150 millones de dólares el valor.

Para finalizar, el director ejecutivo informó que nadie sabe exactamente si esos jóvenes detenidos van a develar a futuro otras conexiones dentro del gobierno.

Fuente: Ida Febres (Informe 21)

jueves, 12 de noviembre de 2015

ALERTA INFORMATIVA: ¿Evidencias del “Estado Mafioso” en Vzla


Caracas.- La reciente detención de dos familiares directos de la primera dama de Venezuela por actividades de narcotráfico internacional, se puede interpretar como una clara señal de la penetración de una amplia red en el poder político y económico de la nueva clase dominante en Venezuela.

En algunas de las Ex Repúblicas Soviéticas se han instaurado nuevas formas de gobierno e instituciones que surgieron a partir de sus revoluciones. Tales gobiernos presentan algunas debilidades en cuanto a la solidez de su estado de derecho, así como de sus sistemas de contraloría, dejando el control de la institucionalidad del estado en manos de las nuevas élites, algunas corruptas y con poca formación política que vieron en el manejo del estado grandes oportunidades de enriquecimiento. Estas son llamadas en algunos casos “Estados Mafiosos”.

Estos “estados” son controlados por una pequeña élite que puede estar conformada por familias dominantes (estilo la Cosa Nostra) o pequeños grupos de poder que se identifican con un “Poligarca”, que se define como un oligarca con poder político y gran poder económico oculto a través de testaferros, o una mezcla de estos.

Es claro que la familia presidencial, el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, representan una dupla familiar que concentra una importante parte del poder político nacional. También, podemos identificar al presidente de la Asamblea Nacional (Diosdado Cabello) como otro actor que controla una significativa parcela del poder político en el país. Asimismo, podríamos mencionar unos cuantos nombres más de personas conocidas que forman parte de ese poder en el país. Sin embargo, ese grupo no es muy numeroso ya que este tipo de gobiernos lo que busca es la concentración y centralización del poder como política de estado.

Venezuela está hoy identificada como unos de los países claves en el tráfico internacional de drogas. No es productor ni gran consumidor, pero su posición geopolítica es ideal para fungir como país de tránsito hacia los principales mercados mundiales.

Uno de los principales indicadores, es el masivo aumento en el registro de trazas de vuelos ilegales dentro del territorio nacional en los últimos 10 años. Vuelos que antes se originaban en el territorio colombiano, han conseguido facilidades comparativas en los estados fronterizos como Barinas y Apure, frente a la presión de las autoridades del vecino país. Es también notorio que la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) reporta un aumento del número procedimientos y cantidad de droga incautada desde la expulsión de la DEA del país por parte del Presidente Chávez, hace ya una década. Es reconocido por todas las agencias internacionales que por cada alijo incautado, otros 9 pasaron sin detección en el mejor escenario de control.

Antecedentes como el caso de vuelo de Air France en Septiembre 2013, con casi tonelada y media de cocaína (1.378 kgs.) que terminó en suelo francés, refuerza la percepción de la población en general sobre la corrupción en las FABN y su nivel de involucramiento en lucrativo negocio del narcotráfico. En la última encuesta realizada por el Observatorio de Delito Organizado, el 62% de los venezolanos piensan que las FAB están corrompidas por el narcotráfico.

Este último caso, con cerca de una tonelada de cocaína (800 Kgs.) debe ser considerado en su justa dimensión. Los indiciados alegaron inmunidad diplomática, debido a sus claros vínculos filiales con la familia presidencial. Viajaban en un avión privado, de una compañía reconocida en el país, los dueños de esta mantienen grandes contrataciones en diversos campos con el gobierno nacional. Los dos jóvenes ahora esperan juicio en una corte federal en los Estados Unidos. Algunos medios reportan que estos estarían dispuestos a declarar sus vínculos y el origen de las drogas con importantes figuras de la política nacional. Estas serían acusaciones muy graves que allanaría el camino para llevar a juicio importantes figuras políticas venezolanas que diversos medios y publicaciones vinculan con el narcotráfico internacional.

En todo caso, es claro que deben existir otros operadores detrás de una operación que puede tener un valor de mercado negro de cerca 160 millones de dólares (calculados a $200 por gramo de cocaína en el mercado al detal en Estados Unidos).

La pregunta que nos hacemos es: Si Venezuela empieza a parecerse a esos “Estados Mafiosos”, que considera que participar en el gobierno es una oportunidad para desarrollar negocios ilegales. Este caso toca muy de cerca a la familia presidencial, y aunque no tengan ninguna conexión directa, lo que queda claro es que es crucial mantener una firme vigilancia de las personas que están relacionadas filialmente con los principales cargos en la Administración Pública.