lunes, 24 de agosto de 2015

El fenómeno de los linchamientos crece ante la impunidad en Venezuela


El intento de asalto de una mujer con su bebé en Lomas del Ávila, Caracas, originó una cadena de sucesos que devino en el intento de linchamiento de 4 sujetos el pasado 14 de mayo. Esa urbanización está, como un nido, sitiada por el barrio marginal más grande de Latinoamérica, el José Félix Ribas.

La mujer gritó, lloró, intento huir y el escándalo alertó a la comunidad, que empezó a bajar y arremetieron contra los delincuentes hasta que fueron socorridos por funcionarios de Polisucre cuando estaban a punto de ser linchados.

Ese fue el tercer linchamiento (o intento) del 2015. A continuación la estadística se eleva atropelladamente para alcanzar 25 sucesos de esta naturaleza: en junio hubo 4; en agosto, 10.

Otro elemento alarmante es que la mayoría no responde a reacciones colectivas en contra de crímenes atroces o abominables, como violaciones a menores, sino que detonan por hechos delictivos menores como robos.

El 4 de agosto Guido Pérez (44) fue asesinado en la comunidad Monseñor Arias en la carretera Petare - Santa Lucía cuando su esposa lo botó de su casa. Pérez tomó la calle, bajo el efecto del alcohol, y abordó a una menor de edad para ultrajarla. Logró escapar pero un grupo de sujetos en moto lo apalearon, le amputaron manos y pies y luego lo rociaron con gasolina y lo incendiaron.

Un día después, en Caricuao, Yorbin Ortega fue tiroteado, quemado y linchado bajo la acción de nueve personas de la comunidad por haber estado presuntamente involucrado en robos.

Ambos sujetos fueron objeto de sucesos similares, bajo presuntos hechos delictivos de distinta naturaleza y proporción.

Javier Gorriño, experto criminólogo y criminalista, explica que "cualquier comunidad está cansada ya del hampa, si logran capturar a un delincuente cualquiera, lo linchan. Es como una venganza que llevan adentro. Hay un odio concentrado hacia el delincuente, entonces el primero que cae va a pagar todo ese odio contenido".

"Porque es que la gente siente que la policía no llegará y que si llega soltarán al delincuente a los 5 minutos. Entonces toman la justicia en sus manos", expresa Gorriño y explica que "se pierde la responsabilidad legal cuando es un grupo de personas".

"Lo que llama más la atención es la atrocidad con la que se llevan a cabo los linchamientos. No es solo matarlos (a los criminales), sino quemarlos y amputarlos, en fin, es un odio que hay hacia el delincuente como figura, no hacia el delincuente que capturan".

Gorriño asegura que estas acciones no cohiben a otros criminales de accionar en ciertas comunidades o zonas, que al contrario, esto los vuelve "más violentos".

Expone que la condición esencial de este fenómeno está originado por la falta de respuesta del Estado. "La impunidad e inseguridad que tenemos es por la inacción del Estado. Se ha limitado a demostrarle a la ciudadanía que algo harán con un operativo, como las OLP (Operación Liberación al Pueblo), por la cercanía de la fecha de las elecciones parlamentarias. No es lo indicado ni necesario". Concluye el criminalista y criminólogo.

La diputada al Parlatino, Delsa Solórzano, expuso un informe en marzo de 2015 en el que señaló que "el Ministerio Público (registró) en Delitos Comunes en 2014, 351 mil 321 casos, de los cuales fueron a juicio 5.426, es decir, 98,45 de índice de impunidad".

Por su parte, el sociólogo y director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, explica que: "Los linchamientos se dan generalmente cuando los delitos son fundamentalmente ruines, como casos de violaciones o asesinatos infantiles, porque generan reacciones muy fuertes en las comunidades cuando no se les da respuesta por parte de las autoridades. Recientemente vemos algo diferente, responde a otro patrón: las comunidades están organizándose para el caso en que logren capturar algún delincuente y su nivel de tolerancia ha bajado. Ahora no solo se trata de crímenes muy cuestionados, sino que ya los delitos comunes pueden fácilmente originar la muerte del victimario".

"En sectores populares donde se siente más agudamente la indefensión, traducida como el abandono de las autoridades de sus labores de vigilancia, resguardo y prevención (del delito), las mismas personas han decidido que si se da la situación de captura de un delincuente, ya hay un ritual que incluye el linchamiento", expone Cedeño.

"No hay en la conciencia de estas personas un estado de derecho o una institucionalidad que vele por la aplicación de sanciones proporcionadas a los delitos".

NTN24 le preguntó ¿bajo qué características se debe encontrar una sociedad para volcarse a estas acciones?

Cedeño concluyó que "el linchamiento es la manifestación más clara del fracaso del Estado en la administración del monopolio de la violencia".

El recuento de linchamiento

El 22 de enero, Ronald Mantilla (22) fue muerto a golpes por dos sujetos que lo acusaban de delincuente en Mamera, Caracas.

El 26 de febrero, en el estado Nueva Esparta, quemaron vivo a Jhonatan Guzmán por presuntamente violar a una niña de 12 años.

En Valencia intentaron linchar a dos motorizados por presuntamente dedicarse a secuestros escolares, el 20 de marzo.

Cuatro sujetos fueron objeto de un linchamiento frustrado por robo a una mujer y su bebé, el 15 de mayo en Lomas del Ávila, Caracas.

El 15 de junio, en Ocumare, le quitaron una escopeta a Ángelo González (20) cuando intentaba robar una casa. Con esta la golpearon hasta matarlo.

El 18 de junio, en el estado Carabobo, lincharon estrangulado y golpeado a José Hernández (38) por presunta violación.

El 23 de junio, más de 300 personas golpearon a un presunto violador hasta la muerte y quemaron su cadáver en Los Teques.

En el estado Táchira, apuñalaron y quemaron a Julio Palomo por robo el 24 de junio.

A Eduardo Flores (24) y Jorge Ceballos (30) los golpearon, tirotearon y amarraron por abusar de una mujer mientras la robaban, en el estado Carabobo, el 1 de julio.

El 13 de julio Andry Díaz (22) fue matado a golpes, pedradas y palazos en el estado Zulia por presunto robo.

El 2 de agosto lincharon a Guido Pérez (44) por intento de violación en una comunidad del km 13 de la carretera Petare - Santa Lucía.

A Yorbin Pérez (20) lo tirotearon e incendiaron el 5 de agosto, en Caricuao, Caracas, por robo.

El 7 de agosto lincharon a Alejandrina Orta (54) fue linchada por ser madre de un sujeto que presuntamente había matado a un adolescente, en Santa Lucía del Tuy.

El 9 de agosto, en el estado Mérida, dieron muerte a Franklin Dorante (22) por intento de robo a una casa de familia.

El mismo día, lincharon a Yorgenis Jaspe (23) por atraco a una unidad de transporte en Los Valles del Tuy.

En Terrazas del Club Hípico mataron a cuchilladas a un ladrón de residencias, el 11 de agosto.

El 12 de agosto lincharon a un motochoro que presuntamente robó a una señora en Los Ruices, Caracas.

El 16 de agosto intentaron linchar a un motorizado que intentó robar en La Candelaria, Caracas.

En Táchira, el 17 de agosto, intentaron linchar a un sujeto por querer robar una tablet.

El 18 de agosto lincharon a machetazos a un ladrón de baterías de carro, Lázaro Iriarte (24) en el estado Aragua.


Fuente: Rafael Hernández - NTN24 Venezuela

miércoles, 19 de agosto de 2015

Sociólogo analiza en NTN24 la forma en la que operan los criminales a través de redes sociales en Venezuela

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Delincuentes usan redes sociales como una plataforma para comercializarse y buscar clientes potenciales. Así lo reveló Gustavo González, Ministro de Relaciones Interiores, quien además precisó que unas 39 bandas criminales están siendo investigadas.

Luis Cedeño, sociólogo, habló en NTN24 sobre este tema, haciendo un análisis sobre la motivación de los criminales para exhibirse en Facebook y Twitter. “las redes sociales son formas de promoción para que su grupo criminal se vea exaltado”, dijo.

Analizó la delincuencia en general en Venezuela y las medidas que están tomando las autoridades, diciendo que “hay una habilidad dentro del gobierno para hacer seguimiento a estas personas y detenerlas”.

“Hace falta voluntad política para restringir a esos grupos delincuenciales”, dijo.


Fuente: NTN24

martes, 11 de agosto de 2015

Luis Cedeño: “Los saqueos solo generan mayor pobreza


Luis Cedeño, director de la organización no gubernamental Paz Activa, considera que la frustración por no poder acceder de forma regular a los alimentos es el detonante de los niveles de anomia que están detrás de un saqueo. “Las personas están esperando por mucho tiempo los alimentos, se sienten desesperados por obtener los productos”, explica.

Sin embargo, cree que es necesario desarrollar una campaña de concientización con el fin de que los ciudadanos comprendan que un centro de distribución saqueado, probablemente deje definitivamente de prestar sus servicios. “Los saqueos solo generan mayor pobreza, ese centro de distribución no va a funcionar más”, señala.

El sociólogo explica que el saqueo es un fenómeno en el que la personalidad del individuo se desdibuja en función del comportamiento de las masas. De este modo, unos pocos individuos son capaces de generar en el colectivo una actitud capaz de romper el —a su juicio—ya muy fracturado orden social en Venezuela.

Cedeño advierte sobre la posibilidad de que hechos de este tipo se extiendan rápidamente, si el Gobierno nacional no es capaz de demostrar que tiene la autoridad de frenarlos. “Estos conatos de saqueo son fuegos en la llanura. Pueden extenderse fácilmente. En la medida en que el Gobierno de permisividad la gente pensará que es impune. Hay que tener cero tolerancia con el saqueador”, recomienda.

Rechaza que estas acciones sean justificadas y descarta que se consideren como hechos “históricos”. “Quien saqueó hoy, no saqueó en 1989. Estas son personas que buscan beneficiarse de forma rápida”, critica.

Sugiere tomar medidas para reducir la frustración de los consumidores al no conseguir alimentos, o tener que comprarlos a precios inaccesibles. “Si hubiese plena oferta de productos y servicios no hubiese saqueos. Hay que reducir la frustración de las personas”, agrega.



Fuente: RunRunes

Organizaciones de DDHH ven con recelo operativo practicado en la Cota 905


Voceros de organizaciones no gubernamentales tienen posiciones encontradas en relación con el operativo practicado este lunes 13 de julio en la Cota 905. Por un lado están de acuerdo y consideran necesarias las políticas que garanticen la seguridad de los venezolanos, pero por otro expresan su preocupación por la desproporción entre las personas heridas y asesinadas, así como las condiciones en las que fueron detenidas 134 personas.

A Rafael Uzcátegui, secretario general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el hecho de que de no hayan personas lesionadas le genera muchas interrogantes, ya que si se basa en los informes de la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol) impulsada por el Gobierno de Chávez en 2006, la desproporción entre las bajas civiles y las bajas policiales hacía presumir que se estaban encubriendo casos de ajusticiamiento bajo la figura del enfrentamiento.

“Ellos hablaban de que por cada caso de lesionado hubiera tres asesinatos ya era peculiar, aquí fueron 15 muertos y ni un herido lo que quiere decir que a nivel de procedimiento policial es extraño”, agregó. En su opinión, la Fiscalía y la Defensoría deben abrir la investigación y solución de estos casos.

Uzcátegui también se refirió a los estándares internacionales sobro cómo deben ser las personas privadas de libertad teniendo en cuenta el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. “Por supuesto si un funcionario es atacado tiene derecho a su legítima defensa para responder, pero también debe adaptarse a una serie de condiciones donde debe privar el respeto a la vida, garantizarle la vida al adversario”, especificó.

“Vemos con preocupación que de las 134 personas detenidas solo han quedado privadas de libertad 19; es decir, estamos repitiendo un procedimiento que fue altamente cuestionado por el Gobierno, es la situación de razzias, de operativos indiscriminados en las zonas populares donde se detenían a las personas por una serie de características físicas o sociales” , agregó e hizo énfasis en la eficiencia limitada del mismo.

Para Roberto Briceño, del Observatorio Venezolano de Violencia, es paradójico que en una sociedad donde la impunidad es común, y donde no se enfrente directamente a las bandas criminales, de pronto se use el Ejército y una gran cantidad de armas para establecer un operativo contra la delincuencia. “Evidentemente es necesario responder a estos grupos delincuenciales, pero no puedo asegurar que esa haya sido la forma correcta”, aclaró.

Considera que para lograr el éxito de estos operativos es necesario tener por delante el respeto por la ley, por los derechos humanos concebidos en esas leyes para así lograr que la acción sirva para disminuir la violencia y no para aumentarla. “En cualquier acción tu tienes que cuidar que no caigan victimas inocentes. Al igual que el principio de comportamiento del médico, no se puede causar más daño del que intentas evitar” , ejemplificó.

Sobre el número de personas que resultaron muertas en estos operativos, Luis Cedeño, director de la Asociación Civil Paz Activa, explicó que aquí hasta podría pensarse en el ajusticiamiento como forma de profilaxis social que manifiesta en lo que son las cifras de resistencia de la autoridad. En el tema de justicia, Cedeño recordó que es necesario que se garanticen los derechos de las personas que fueron detenidas. Hizo un llamado a la Defensoría para que hagan un monitoreo de los casos y los investiguen.



fuente: María Laura Chang (Efecto Cocuyo)

miércoles, 5 de agosto de 2015

CARACAS: Pandillas mutaron a megabandas

41 bandas en Caracas actúan
sin contención del Estado

 
 Crecieron entre la impunidad y la negligencia, y siembran terror en el país
 Carlos Luis Revete, alias “Coki”, cumple mañana tres semanas prófugo de la justicia.
 En el municipio Libertador están 19 de las organizaciones criminales que actúan en las cinco jurisdicciones de la capital.
 Para erradicar las megabandas, el gobierno lanzó esta semana una razzia militar-policial llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP).
 Solían ser pequeñas y ya infundían terror. Pero ahora las pandillas de los barrios en Venezuela dieron paso a la aparición de las llamadas “megabandas”.
Caracas.- Según los expertos, “megabandas” fuertemente armadas están aterrorizando sectores de Venezuela, lo que sería el más reciente indicio de que el caos criminal en el país puede estar tendiendo hacia la conformación de estructuras más organizadas.
El Observatorio de Delito Organizado de Venezuela emitió una alerta en la que llama la atención sobre el creciente poder de estructuras criminales a las que denomina “megabandas”. Cada una de ellas tiene cerca de 50 miembros que conforman su base, pero pueden apoyarse en redes de hasta 200 criminales mediante conexiones con bandas callejeras locales.
Las principales actividades criminales de las “megabandas” son la extorsión, el secuestro, el robo, el sicariato y el tráfico de drogas. Estas bandas están mejor armadas que las padillas callejeras comunes, y su armamento incluye rifles de asalto y granadas de fragmentación.
El observatorio señaló que las megabandas no son una evolución de las pequeñas pandillas callejeras, sino que se basan en un modelo criminal desarrollado en las prisiones de Venezuela, donde líderes conocidos como “pranes” dominan estructuras jerárquicamente organizadas. Varias de las bandas son controladas por este tipo de figuras desde las prisiones.
 
La Cota 905:
La captura del líder de la banda, que lleva su apodo y que se moviliza por la Cota 905, El Paraíso y El Cementerio, era objetivo de la Operación de Liberación del Pueblo que los cuerpos de seguridad desplegaron en la Cota 905 el 13 de julio, pero ya no estaba allí.
La organización del “Coki” es una de los 41 grupos que operan en los 5 municipios de Caracas ­es una de las 19 que actúan en Libertador­ y que colocan a Caracas en una de las capitales más expuestas al delito en América Latina.
Si bien en Sucre, Chacao, Baruta y El Hatillo se concentran 22 de estas organizaciones delictivas ­la mitad más uno de las que existen en toda la ciudad­, en Libertador los grupos delictivos involucrados con la venta de drogas, homicidios, extorsión y robo de vehículos llevan más de dos décadas en la zona, como la del 70 en El Valle; están más organizadas y cuentan con más de 100 hombres que tienen definidas sus funciones para mantener el control en algunos barrios de la parroquia, como en el bloque 10 de Propatria, donde el grupo de “Las Barras” con jóvenes “gariteros” hacen guardias 24 x 24 horas para vigilar los movimientos en el sector popular.
Aunque algunos de los integrantes de estas bandas han sido detenidos en procedimientos policiales, otros miembros se han reagrupado o han ganado más “cartel”, más popularidad entre las bandas, más poder.
Las “megabandas”, nuevas dueñas del crimen organizado:
“La megabanda, de «El Picure» y la de «El Juvenal», tomaron mucha fuerza en número de integrantes, en materia de logística y en capacidad de fuego”, dijo el sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia. “Tienen acceso a armas de guerra, Ak-47s, AR15s, granadas fragmentarias, y tienen una cobertura geográfica importante, porque coordinan con pequeñas bandas locales, a las que le ofrecen logística y protección”, explicó.
Las megabandas usan ese armamento para no solo emprender sus actividades delictivas, sino también enfrentar a las fuerzas del orden de igual a igual, atacando con granadas y rifles de asalto estaciones de policía en incidentes recientes. El Picure -organización que lleva el nombre de su fundador, José Tovar Colina, alias “El Picure”- ha estado en los titulares de prensa últimamente tras una serie de enfrentamientos con los organismos de seguridad en las zonas donde opera, principalmente en los estados de Aragua y Guárico. El Picure comenzó a extender sus tentáculos a Caracas, pero su poder en la capital es muy inferior al que ejerce El Coqui, otra de las bandas que acaparan la atención de los medios por estos días.
La megabanda de “El Coqui” liderada por Carlos Luis Revete, alias “El Coqui”, una agrupación que logró establecer una amplia alianza con otras pandillas y conforma una confederación que controla las actividades delictivas en el sur de la capital. La mayoría de las megabandas operan en los estados centrales del país y en el corredor nororiental que va desde Caracas hacia Puerto La Cruz. Una de ellas opera en el estado de Zulia y otra en la zona minera del estado de Bolívar.Que el régimen ahora haya salido a combatirlas no es una casualidad. “El costo político de no reprimir se volvió demasiado alto para el gobierno”, dijo Cedeño.
Hay cierto tufillo electoral en las redadas. Los vecinos afectados viven en las zonas populares de alta densidad que tradicionalmente han respaldado al chavismo y el tema había comenzado a verse reflejado en las encuestas de cara a las cruciales elecciones parlamentarias de diciembre.
Pero las relaciones entre el régimen y los pandilleros no siempre fueron hostiles. Entre las principales razones atribuidas al surgimiento de las megabandas están las denominadas “zonas de paz”, o territorios libres de presencia policial, constituidos para beneficiar a las pandillas con la esperanza de que dejaran de matarse en enfrentamientos territoriales y que eventualmente depusieran sus armas para incorporarse a la sociedad. La iniciativa tuvo resultados parciales. Los pandilleros lograron ver las ventajas de hacer las paces, pero terminaron forjando alianzas para seguir delinquiendo.
¿Una paradoja?:
“A 20 funcionarios de Policaracas les abrieron un proceso de sanción y posible destitución por haber ingresado a la Cota 905 sin notificarles a sus superiores. Los 7 oficiales que resultaron lesionados también son investigados”, informa El Nacional en su edición del 14 de junio de 2015.
En la nota un efectivo dice que la Cota 905 es una zona de paz y que el director del organismo de seguridad, general de brigada de la GNB, Eduardo Serrano, les llamó la atención a los agentes que entraron en ese sector e incluso amenazó a algunos con despedirlos.
Sin límites:
Ese poder, a juicio del sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia, aumentó desde 2005 cuando las pandillas de Caracas, de tamaño reducido y actuación limitada, comenzaron a mutar a mafias organizadas, con un mando jerárquico piramidal.
“Hoy se ha puesto al día el crimen organizado y las bandas se convirtieron en alumnos aprovechados”, explicó. El pasado sábado 25, el presidente Maduro dijo: “Estamos desarrollando una fase especial de las OLP. para proteger al pueblo, ya basta de crímenes.
La OLP va a “liberar” al país:
Sin embargo, Caracas es la capita con más homicidios en el mundo. “Tiene una tasa de 122 muertes por cada 100.000 habitantes, nunca había tenido un desarrollo de bandas tan estructuradas como en la actualidad. Antes eran pequeñas, tenían actuación limitada y una estructura jerárquica horizontal y no tenían unificación de mando.
Actualmente existen con una jerarquía piramidal en la que los líderes se entienden con la parte media y esta con el último eslabón”, precisó Briceño León.
Aseguró que las mafias han perfeccionado sus técnicas por la escasa contención del Estado, como sí sucede, por ejemplo, en México, Brasil y Colombia y por esta razón las bandas en Venezuela pueden tener un nivel de acción superior que el de sus pares en otros países: “Mientras en la década de los 90 y a principios del 2000 las pandillas robaban al carnicero, ahora le cobran al carnicero para no robarlo. Los delincuentes les cobran a sus víctimas para no asaltarlas”.
Cada megabanda, según Cedeño, tiene núcleos de 30 a 50 personas que son capaces de trazar alianzas para hacer trabajos específicos en otras áreas del país. El programa de las “zonas de paz” incrementó la magnitud de estas pandillas, y según Cedeño les confirió a sus líderes poderes de negociación similares a los que tienen los “pranes” o jefes de presos.
“La megabanda que vemos surgir en contraposición a la banda tradicional enmarcada a un entorno geográfico particular busca replicar el éxito que han tenido los pranes de las cárceles, en cuanto a capacidad de fuego y peso de negociación con las autoridades del Estado”, afirmó.
Ausencia de controles:
Para el criminólogo Keymer Ávila, el crecimiento de los grupos criminales en el país se origina en la falta de controles formales por parte del Estado.
Ávila indicó que estos grupos desarrollan alianzas con estructuras medias de los cuerpos armados. De esta forma obtienen la posibilidad de operar con impunidad, reúnen armas y aumentan su capacidad logística.
“No los veo como paramilitares, pero sí una consecuencia de la falta de intervención por parte del Estado. Es como el niño al que no le ponen límites. Empezaron usando revólveres, ahora tienen pistolas, granadas y armas largas”, explicó.
En torno a las grandes bandas ya identificadas –según Cedeño– podrían operar hasta 600 personas. Esto incluye tanto a los núcleos de cada grupo como a las personas que ocasionalmente les prestan algún servicio; 7 de las 12 grandes organizaciones tienen su área de acción en el Distrito Capital y el estado Miranda.
En Guárico y Aragua hay 3, incluida una estrechamente relacionada con el penal de Tocorón. Las restantes están en los estados Bolívar y Zulia.
El Dato: Hasta ahora las grandes redadas se han realizado en Aragua y Distrito Capital. Para erradicar las megabandas, el gobierno lanzó esta semana una actividad militar y policial llamada Operación de Liberación del Pueblo. Hasta ahora las grandes redadas se han realizado en Aragua y Distrito Capital.

Por: Angélica Lugo
Javier Ignacio Mayorca
Deivis Ramírez Miranda

martes, 14 de julio de 2015

ALERTA Informativa: El Surgimiento de las Megabandas en Venezuela

  • Se estima que pueden existir hoy en día cerca de 10 megabandas en el territorio nacional, incluyendo a las que operan desde los penales.
  • La Megabanda que vemos surgir en contraposición a la banda tradicional enmarcada a un entorno geográfico particular, busca replicar el éxito que han tenido los pranes de las cárceles en cuanto a capacidad de fuego y peso de negociación con las autoridades del Estado.
13-07-2015  Observatorio de Delito Organizado./| Con preocupación vemos el auge que ha tomado un nuevo fenómeno dentro de la criminalidad en Venezuela. Tradicionalmente, la expresión de esta criminalidad la teníamos en el criminal oportunista y en el criminal de pequeñas bandas con arraigo territorial en sus comunidades de origen. Así fue por mucho tiempo.
El origen de organizaciones criminales más complejas en el país se presenta con el fenómeno del denominado “Pran” de las cárceles. En los últimos 10 años se fueron forjando organizaciones criminales complejas que fueron cooptando los espacios del sistema penal, ejerciendo un control férreo en la administración de sus espacios internos, degenerando en una suerte de feudos dentro de los recintos penales, donde el “Pran” regula todo lo que sucede dentro de sus paredes. El Estado se presenta solo como un elemento formal al exterior del penal, pero su control absoluto lo ejerce estos jefes criminales que ahora controlan la vida de cientos de criminales que quedan a su disposición para ejercer actividades criminales intra y extra muros del penal.
Dentro de los penales que son administrados por la criminalidad organizada, podemos señalar el manejo de lucrativos negocios criminales. Las armas cortas y de guerra, drogas, alcohol y trata de personas son parte de la economía interna del penal, y delitos como secuestro, extorsión y sicariato son planificados y ordenados desde los penales en el país. Para muchos de estos “Pranes” la vida en la cárcel les brinda una estructura criminal y protección difícilmente accesible en las calles. Es por ello que prefieren seguir dentro del sistema que fuera del mismo.  
La Megabanda que vemos surgir en contraposición a la banda tradicional enmarcada a un entorno geográfico particular, busca replicar el éxito que han tenido los “Pranes” de las cárceles en cuanto a capacidad de fuego y peso de negociación con las autoridades del Estado. Este nuevo tipo de banda puede estar conformada por más de 50 personas, que tienen conexiones con bandas locales dentro de un eje donde desarrollan su actividad criminal, pudiendo conseguir apoyo a sus operaciones de una red que puede extenderse en su primer círculo a más de 200 actores criminales.  Lo que hace particular a este tipo de bandas no sólo es su número de integrantes sino una organización superior que les permite el acceso a armas de fuego de grado militar, como los fusiles automáticos de ataque AK-47 y R-15, granadas fragmentarias ofensivas entre otros elementos especializados que pueden incluir algún tipo de armadura corporal. Este armamento lo hemos visto reseñado en los recientes sucesos ocurridos tanto en la Cota 905 en Caracas como en los estados de Aragua y Guárico
Se estima que pueden existir hoy día cerca de 10 Megabandas en el territorio nacional, incluyendo a las que operan desde los penales.  Entre las más conocidas por los medios de comunicación son las del “El Picure” y la de “Juvenal” identificadas por los nombres de sus cabecillas. Se dedican primordialmente a actividades de alto lucro como lo son el secuestro, la extorsión, robos a bancos y joyerías y sicariato. Su actividad tiene una cobertura geográfica importante, que se puede extender a todo un Estado o varios en alianza con bandas locales que prestan apoyo logístico en busca de compartir las inmensas ganancias que genera la Megabanda.
Si bien, las zonas de paz representan un éxito en su capacidad de negociación con el Estado, al dejar los cuerpos de seguridad excluidos de ciertas zonas, éstas se convierten en zonas francas para estos grupos. Por otra parte, han sido exitosas en organizarse y mantenerse en el tiempo en la medida en que el Estado central ha debilitado a las policías civiles en favor de un modelo militarista de la seguridad ciudadana. Esto ha hecho posible, por un lado las bandas desborden la capacidad de respuestas de las policías en capacidad de respuesta de fuego, y por otro lado ha acercado a los militares a la actividad criminal, en gran medida corrompiéndose habilitando el acceso a un arsenal bélico al cual no tenían disponibilidad en el pasado. Los militares se han convertido en el elemento promotor de este fenómeno, en las cárceles, donde administran la seguridad de las mismas, y ahora en las calles donde ejercen una actividad policial para la cual no tienen el entrenamiento adecuado ni tampoco el equipamiento correspondiente que termina por violencia o corrupción, en manos de estas bandas criminales.

jueves, 9 de julio de 2015

Venezuela con más muertes por granadas de Latinoamérica

Foto: Archivo

Las calles, las casas, las patrullas, las cárceles; ningún lugar está a salvo del último instrumento del delito que ha llegado a manos de los criminales: las granadas.

Venezuela, con 18 fallecidos, es la nación latinoamericana con más muertes por el uso de  este artefacto entre enero de 2013 y marzo de 2015. En Colombia [segundo en decesos] estos explosivos fueron utilizados por grupos armados al margen de la ley (FARC y ELN), mientras que en Venezuela este “privilegio” corresponde al hampa. Son reveladores los resultados preliminares del estudio de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc por sus siglas en inglés), presentados durante la 13a reunión del Observatorio del Crimen Organizado en América Latina y el Caribe.

 La mayoría de los casos ocurrió en la Región Central, específicamente en Aragua, Distrito Capital y Miranda. “No es nuevo el tema  de las granadas, ha estado con cierta latencia, lo que adquiere relevancia es el uso también de otros tipos de artefactos bélicos”, aclara el director de la ONG Paz Activa, el sociólogo Luis Cedeño.

A pesar de que Colombia reportó el mayor uso de estos materiales explosivos [más de 50], Venezuela superó a este país en letalidad. Quizás por la impericia de los victimarios al utilizarlas, poniendo en riesgo su propia vida, deduce Cedeño.

Dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) son manipuladas por especialistas, entrenados para el uso de estas armas, concuerda el profesor de Criminalística de Universidad de Carabobo Andrés Monsalve.

Una granada de mano pesa alrededor de 400 g. Contiene una carga explosiva altamente poderosa y fragmentos metálicos conocidos como metralla. Para accionarla es necesario retirar el anillo de seguridad, activándose los mecanismos iniciadores, que encienden una mecha dentro del contenedor y al quemarse -al cabo de unos 4 o 7 segundos-, hace contacto con un propulsor del explosivo, estallando.

-Una vez que detona, produce un efecto densidad, lo que llamamos onda de choque. A medida que se expande deja de ser una sustancia y se convierte en presión y calor, ilustró Monsalve.

Todo lo que no sea lesionado por la onda puede ser alcanzado por la metralla. El impacto del trozo metálico es equivalente a un disparo. El radio de acción de la granada depende del tipo, las ofensivas pueden llegar hasta 12 m y las defensivas hasta 25 m.

Las incógnitas

No hay información oficial sobre producción de granadas, ni registros auditables. “En los rubros de adquisiciones a 14 países no hemos podido auditar este tipo de información, con lo que podría suponer que se están produciendo en el país. El problema está en que no se emite información sobre esta materia en los datos de Cavim”, señala la presidente de la ONG Control Ciudadano, la abogada Rocío San Miguel

La única información disponible es la disminución de la producción en las industrias donde se procesa la materia prima para las armas: 16,56% en Químicos y Explosivos y 17,80%  en la División Metalmecánica [Memoria y Cuenta del Ministerio de Defensa 2015].

 La opacidad en los sistemas de gobierno dificulta la contraloría democrática sobre los poderes públicos, especialmente en temas tan delicados como el control de armas y municiones, sostiene la abogada.

-Venezuela no ha sido un país de tráfico ilícito de armas y municiones como otros países del mundo. De manera que es mucho más preocupante la tenencia ilegal de armas: están entrando o produciéndose legalmente y terminan de manera ilegal en manos de la población civil. Pareciera que agentes del Estado están aprovisionando ilegalmente a la población civil”.


En manos equivocadas

Una noche de mayo, sujetos en motocicleta arrojaron dos granadas a la sede del Cicpc Villa de Cura. Diez minutos más tarde, otro ataque se registró en el Cicpc Turmero. El 5 de junio, delincuentes quemaron 9 motos de Policaracas e hirieron a siete funcionarios con las esquirlas de una granada en la Cota 905, en Caracas. Más recientemente, el 16 de junio, un recluso accionó una granada en el Centro de Coordinación Policial de Santa Lucía; la explosión causó la muerte de un recluso y un policía municipal de Paz Castillo (Caracas).

Aragua, Miranda y Caracas han sido las regiones que han vivido los episodios más dramáticos. En Carabobo, granadas con los seriales borrados son incautadas frecuentemente por los cuerpos de seguridad del estado, de acuerdo con informaciones de prensa.

Las granadas tienen un código para identificar el lote de producción y la fecha de fabricación, datos asociados a la unidad asignada. “¿Para qué borrarles el serial?” se pregunta el profesor Andrés Monsalve. “La acción demuestra que salió de alguna institución legal. Los parques de municiones tienen estrictos controles de seguridad, cualquier persona no puede entrar y tomar una granada. En algún momento estuvieron en un arsenal de la FANB y fueron a tener a las manos del hampa”, enfatizó el profesor de Criminalística.

El problema de fondo es ético, las  FANB tienen que realizar auditorías constantes de sus parques de municiones, mejorar la selección de su personal y revisar sus protocolos de control para determinar por qué tantas armas especiales se han escapado del cuartel, evitando que siga registrándose tal irregularidad, recomendó Monsalve.

Acceder a estas armas requiere poder económico y logístico, razona Cedeño, las bandas que consiguen granadas deben sostener el costo que implica adquirirlas para amedrentar a las fuerzas de seguridad del Estado, con una capacidad de fuego muy inferior a estas organizaciones delictivas.

“El delito organizado opera dentro del Estado a través de la corrupción y uno de sus principales objetivos es la impunidad, porque le da un claro mensaje a los delincuentes: Venezuela es un país liberado de la justicia, uno de los grandes logros del delito organizado”.


Fuente: Estefanía Rosales Coronel

Llano indignado por asesinato de cantante criolla


Elisa Guerrero fue baleada en la sala de su casa. Era mujer y cantante de música recia, o lo que antes se llamaba música llanera, y su nombre artístico era “La Veguera”.

La tragedia de su muerte, a poco más de un año de la de Mónica Spears, refleja una tendencia trágica: ni en su casa, las mujeres están seguras en Venezuela.

Victimización

Las circunstancias del asesinato de Guerrero son, según los expertos consultados, más graves que las de la ex Miss. Mientras la Spears fue asesinada transitando por una carretera peligrosa, a la coplera la mataron en la sala de su casa, al resistirse a un robo.

“Sí, es peor (el caso de Guerrero) en cuanto a la vulnerabilidad; que la gente no se pueda sentir segura en un espacio privado es un agravante, es otro nivel de indefensión”, explica Luis Cedeño, sociólogo y director ejecutivo de “Paz Activa”, una asociación civil que sigue de cerca el tema de la violencia.

“Por lo menos en un espacio público la gente sabe que tiene que estar atenta”.

Pero el problema tiene otra capa: además de matarla en la sala de su casa, la víctima era mujer, lo que se está convirtiendo en un problema cada vez más grave.

Las últimas cifras indican que, si bien el grueso de las víctimas de homicidios en Venezuela son hombres, el número de víctimas femeninas va en aumento. “Ciertamente están matando más mujeres; hay que ser más públicos con esto”, dice Cedeño.

Si bien las víctimas de homicidio siguen siendo predominantemente masculinas (90% a 10%). En los robos la cosa cambia: 60% de las víctimas de este delito son mujeres y solo el 40% restante son hombres; y de los hombres robados, la más alta representación es de adultos mayores y varones muy jóvenes.


Fuente: Carlos Camacho 
ccamacho@dearmas.com

martes, 23 de junio de 2015

Asesinadas tres mujeres por día en Venezuela en lo que va de año

Según el reporte, la edad promedio de las víctimas es de 32 años. Sin embargo, en la lista elaborada por la policía científica incluyen niñas, adolescentes y mujeres adultas de todos los estados del país.

Durante los primeros 166 días del año 2015 en Venezuela fueron asesinadas 516 personas de sexo femenino, de acuerdo con un reporte del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Esto significa que, en promedio, cada día mataron a 3 mujeres en algún lugar del país. El informe de la policía científica indica que son Carabobo y el Distrito Capital las entidades con mayor número de víctimas, con 59 y 58 casos, respectivamente.

En el tercer lugar de la lista está Miranda, con 53 casos y le siguen Aragua y Zulia, con 41 y 40 damas asesinadas, respectivamente. Según el reporte, la edad promedio de las víctimas es de 32 años. Sin embargo, en la lista elaborada por la policía científica incluyen niñas, adolescentes y mujeres adultas de todos los estados del país.

“Hay que hacer una diferencia entre el femicidio y el feminicidio. En el primer caso, es cuando se comete un asesinato contra una mujer; pero en el segundo es cuando a la víctima la matan por su condición de mujer. Son cosas distintas y que hay que establecer para entender el problema”, explicó el sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa y experto en temas relacionados con la inseguridad y la violencia.

Los móviles Precisamente sobre este particular, la policía científica divide en 10 categorías los móviles por los cuales fueron asesinadas esas 516 mujeres en Venezuela, entre el 1° de enero y el 15 de junio de 2015. El informe oficial revela que 148 damas fueron asesinadas por alguna venganza. Esto equivale a 28,6% de los casos registrados por las autoridades.

En segundo lugar de la lista, aparece que a 96 de ellas las mataron en medio de un conflicto pasional, que en realidad es catalogado por las autoridades como violencia de género, es decir, 18,6% serían casos de feminicidio como tal. Sin embargo, resulta llamativo además que en el tercer puesto de la lista de móviles que según el Cicpc obedecen a los asesinatos de mujeres en Venezuela, aparecen las causas por determinar, con 70 casos registrados (13%), y en el cuarto puesto aparece el ajuste de cuentas, con 67 víctimas (12,9%).

“Recientemente, se ha determinado que la mujer tiene cada vez más participación en la actividad delictiva. Eso, evidentemente explicaría por qué hay tantos casos de ajustes de cuentas y venganzas, porque en una sociedad con los índices de violencia como los que tiene Venezuela, resulta que también las mujeres están cada vez más activas dentro de la vida criminal. Lo hemos visto en bandas grandes, donde hay una estructura criminal de hasta 50 personas, en las que hay actuación de mujeres”, comentó Cedeño.

Uno de los casos que está en la lista de la policía científica ocurrió en febrero, en el estado Zulia, cuando dos hombres en moto dispararon a Visabeth Del Valle Acosta Villalobos, de 28 años, cuando iba junto a su pareja. Los atacaron por la espalda y ella recibió cinco tiros. La muchacha tenía dos meses de embarazo.

La comisario Odalys Caldera, ex funcionaria del Cicpc y fundadora de la División de Atención a la Violencia Contra la Mujer y la Familia, en 1999, coincide con Cedeño en el aumento de la participación de las mujeres en actividades delictivas. “En las últimas décadas la mujer ha evolucionado y vemos que cada vez es más común verlas desarrollando roles que antes eran únicamente ocupados por hombres. Pues el mundo delictivo no escapa de esta realidad y también las vemos que forman parte de bandas de ladrones, de secuestradores, se vinculan con organizaciones que trafican drogas y desde luego, se convierten en víctimas de venganzas y de ajustes de cuentas”, dijo Caldera.

Otras causas En el quinto lugar de la lista de las causas por las que fueron asesinadas 516 mujeres en Venezuela, la policía científica ubica los asesinatos cometidos en medio de un robo, con 63 víctimas registradas en todo el país. Esto equivale al 12,2% de los casos. Uno de los casos a los que hace referencia el reporte del Cicpc es el de Maritza del Valle Bravo Rodríguez, de 42 años, asesinada el pasado 4 de mayo en la calle Santa Ana de Macaracuay, en el municipio Sucre del estado Miranda, cuando iba en su vehículo Hyundai Getz, verde, donde se estableció que supuestamente la asesinaron para robarla. Otro de los casos, que además conmocionó recientemente a la opinión pública fue el de la periodista Mariela Ramos, que fue hallada muerta dentro de su casa el pasado 31 de mayo, en la urbanización FundaCagua del estado Aragua.

El texto revela que del total de víctimas, 36 murieron al quedar atrapadas en medio de un tiroteo entre bandas delictivas y que otras 16 fueron asesinadas en hechos accidentales. “Hay una clara diferencia entre morir en la línea de fuego, cuando se es víctima de las circunstancias, del entorno y donde no hay un ataque directo contra esa mujer, sino que simplemente es víctima de las circunstancias y de la violencia generalizada que hay en todo el país. No es comparable a los casos de violencia de género, o los que son por venganzas, donde los ataques son directos contra las víctimas, por algún motivo específico”, explicó Cedeño.

En los reportes de la policía científica también contemplan 12 casos de mujeres asesinadas en medio de riñas, cinco casos de homicidios vinculados con abuso sexual, un caso vinculado con el tráfico de drogas, uno por sicariato y otro de una víctima que fue asesinada mientras se encontraba en cautiverio, víctima de un secuestro.

“En los casos de las venganzas, también sucede que no es necesariamente la mujer la que está incursionando en la actividad delictiva, sino que anda con algún hombre vinculado a una banda y al final les cobran a ellas lo que haga el novio, el marido que quizá sea el que realmente se dedica a la actividad criminal. Ese es otra arista bien lamentable dentro del ámbito delictivo, porque esas mujeres que son parejas de delincuentes están, al final, tan expuestas como ellos y por ese solo hecho de estar vinculadas sentimentalmente, las matan sin misericordia”, dijo la comisario Caldera.

Finalmente, Luis Cedeño explicó que dentro de la sociedad venezolana las mujeres siguen siendo consideradas como un grupo vulnerable, por su condición de debilidad frente a los hombres, a pesar de la evolución del género durante las últimas décadas.



Fuente: Thabata Molina

Destrucción de armas es insuficiente



Se deben desincorporar 150 mil al año para reducir de forma tangible los delitos con armamento ilegal.

El sociólogo y director de la Asociación Civil Paz Activa, Luis Cedeño, plantea algunos mecanismos orientados a reducir la circulación de armas asociadas al delito en Venezuela. Uno de ellos es conocer el estatus del Plan Desarme y cuántas armas, legales e ilegales, hay en el país.

Según Cedeño, la estadística internacional indica que en una situación de riesgo, un civil armado se expone 10 veces más a morir que otro que no lo esté. Adicionalmente, indicó que por cada homicidio que se pretenda evitar, se deben destruir al menos siete armas de fuego.



Audio Completo:

https://soundcloud.com/doblellave-com/luis-cedeno-control-de-armas




Fuente:  Doble Llave

Paz Activa promueve capacitación en Prevención Situacional del Delito en el Municipio Sucre

Luis Cedeño hace entrega de los certificados de asistencia

Este es un proyecto ejecutado por Paz Activa, gracias al financiamiento de Hanns Seidel Stiftung, y contará con el desarrollo de 6 talleres entre los meses de mayo y septiembre de 2015

(Caracas, 22 de junio de 2015) Luisa Berlioz – El pasado 6 de junio en la parroquia Macaracuay y el 20 en la parroquia el Marqués, representantes de la Asociación Civil PAZ ACTIVA, realizaron un taller de capacitación sobre algunas herramientas para la prevención del delito para salvaguardar vidas y bienes, dirigido a los miembros de las comunidades organizadas y de las policías en el municipio Sucre. Así lo informó, Luis Cedeño, Director Ejecutivo de la organización.

Participaron en la actividad, miembros de las comunidades de Macaracuay y el Marqués, así como funcionarios de la Policía del Municipio Sucre quienes interactuaron durante la capacitación.

Esta es una actividad que se realiza, gracias al financiamiento de Hanns Seidel Stiftung, y contará con el desarrollo de 6 talleres entre los meses de mayo y septiembre de este año 2015 en las diferentes parroquias del municipio Sucre en la Zona Metropolitana de Caracas. El objetivo principal de estos entrenamientos, es el fortalecimiento del enfoque preventivo de la actuación policial y civil en la comunidad para estrechar lazos entre ambos y lograr una coordinación de actividades conjuntas para disminuir los índices de criminalidad.

En cuanto a la dinámica de la capacitación, señala Cedeño que “la acción gira en torno a la identificación de los problemas de convivencia y seguridad ciudadana, a través de un taller denominado “Prevención Situacional de las Faltas y Delitos Locales”, bajo la modalidad de “World Café”. De este encuentro, surgirán informes técnicos por parroquias, que serán entregados a las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana para su evaluación y consideración en el diseño de políticas públicas de prevención situacional del delito en las localidades seleccionadas dentro del municipio Sucre”.

jueves, 11 de junio de 2015

Asesinos en el país son cada vez más muchachos

Según el OVV de las víctimas de homicidio 87% son jóvenes menores de 25 años. Según Unicef Venezuela es el tercer país con más muertes de chamos


Caracas. En nuestro país el homicidio se convirtió prácticamente en asunto de hombres y específicamente menores de 25 años. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) de las víctimas de homicidio el 87% son jóvenes menores de 25 años. Aunque también pueden ser quienes los cometen.

Y así lo confirman los casos más recientes reflejados en la prensa, como el del miércoles 27 de mayo de 2015 cuando Yorderlyn Vanesa Mendoza, de 13 años, fue abaleada dentro de su casa en la calle 18 de Los Jardines de El Valle. De acuerdo con información extraoficial el crimen lo cometió un muchacho, de 16 años, quien estaba acompañado también por otro menor.

Tres días después de ese homicidio, ocurrió el de un jovencito de 13 años en el barrio Las Terrazas de Carapita. La víctima estaba ayudando a un vecino a cargar arena, junto con otros amigos, cuando aparecieron disparando unos tipos en moto. Ellos forman parte de los 113 menores de edad que han asesinado nada más en la Gran Caracas en lo que va de año, según cuentas extraoficiales.

En 2014 mataron a 912 niños y adolescentes en el país, de acuerdo con Cecodap; cifra que aumentó 9% con respecto al año 2013 que registró 838 muertes.

Unicef publicó un informe el año pasado, en el cual Venezuela se ubicó entre los tres países del mundo con tasas más elevadas de homicidios a menores de 20 años, junto con Guatemala y El Salvador. “El homicidio es la principal causa de muerte entre los varones adolescentes”, relató el documento con datos del 2012.

“Nuestros jóvenes terminan en la cárcel o en el cementerio. Y el arma de fuego es el medio que utilizan para cometer el delito, ya no se usan armas blancas, objetos contundentes o la fuerza física. El homicidio está llegando a ser una delincuencia infantojuvenil”, explicó el abogado criminalista Fermín Mármol García.

Todo lo arreglan por las malas

De acuerdo con Fernando Pereira, coordinador de Cecodap, que los chamos usen la violencia para resolver problemas, y los papás a veces los empujen a eso, es una de las principales causas para que ellos se conviertan en víctimas o victimarios.

“Les dicen ‘si me avisas de nuevo que te pegaron voy a ser yo quien te pegue a ti’ o ‘los niños no lloran’ y ellos actúan en base a lo que han aprendido. Pegarles para corregirlos es otro error, en su adolescencia algunos no podrán contener la ira”, explicó.

El consumo de drogas también juega más peso, sobre todo en comunidades y escuelas, cuando se trata de defensa o por rollos internos que tienen los muchachos, según Pereira.

Fermín Mármol García añadió que otro de los factores que arriman a los chamos a la violencia es la relación que tienen con bandas criminales desde pequeños, pues los usan para tareas como transportar mandados y después pasan a ser informantes del barrio.

“Poco a poco los jóvenes se dan cuenta de quienes tienen respeto en la comunidad y quieren imitarlos. A esto se le suma que hay bastante facilidad para conseguir armas de fuego y municiones”, dijo.

Junto con estos rollos surgió una nueva manera de delincuencia en el país: matar para ganar respeto. “Ellos creen que mientras más asesinen más respetados van a ser entre los vecinos y los miembros de la banda a la que pertenecen, por lo tanto la vida no vale nada”.

Y a esta larga lista de problemas se suma la alta cifra de embarazo precoz, padres que no quieren a sus hijos o los abandonan desde niños, haciendo que crezcan con rabia o resentimiento, y se vayan de la casa. Así como la impunidad, que le hace propaganda al delito y no castiga al delincuente.



Fuente: Yohana Marra (Cronica Uno)

El problema de inseguridad en el país se agudiza cada vez más


Luis Cedeño, sociólogo, experto en seguridad y director de Paz Activa, señaló gran preocupación porque la inseguridad se ha agudizado, involucrando en delitos a funcionarios de los cuerpos de seguridad y subiendo a niveles alarmante la anomia en el país.

Dijo en el programa “La Noticia Viva” que el poder armamentístico de ciertas bandas ha crecido tanto al límite de utilizar hasta granadas. Expresó que estamos en Venezuela con una violencia de estado superior, con banda de tamaño importante salidas del crimen organizado, tal cual como las existentes en Colombia y México.

Indicó que esta es una debilidad institucional, y que se agrava y acepta a medida que el Estado no genera ni divulga los registros ni estadísticas: “Es el miedo a demostrar el desastre estrepitoso”. Y, en este contexto, “el funcionario se ve como que no tiene que dar cuentas de nada”, agregó,

Finalizó admitiendo que estamos en un país presidencialista, y si el Presidente no asume su responsabilidad ante la situación, poco o ningún cambio se tendrá en materia de seguridad. Aseveró que, si el Presidente no asume el liderazgo, es muy difícil que la búsqueda por hacer justicia trascienda.



Fuente: Caraota Digital

miércoles, 3 de junio de 2015

El robo de celulares es el delito más común del país


De acuerdo con el director de la Asociación Civil Paz Activa, sociólogo Luis Cedeño, al menos 100 mil móviles son arrebatados a diario en Venezuela.

Caracas. “A las 12:30 m estaba dentro de mi carro, en Los Ruices, con los vidrios abajo, estacionada esperando a un amigo. Me llegó un mensaje y al revisar mi celular un niño, como de 12 años, me arrebató el Iphone”. Como el testimonio de Yajaira López hay para tirar al techo.

Y es que al menos 100 mil móviles son robados al mes en Venezuela, de acuerdo con el director de la Asociación Civil Paz Activa, sociólogo Luis Cedeño. Esta cifra se traduce en 1.200 teléfonos quitados a manos del hampa al año.

Según sus investigaciones este es el delito organizado más común del país, pues es muy fácil obtenerlo por su tamaño y porque es de bastante valor. Por la medida chiquita el móvil más económico ronda los 40.000  bolívares.

“Un carro tiene mucho más valor por supuesto, pero es más grande y difícil de robar que un celular”, soltó.

Agregó que además la gente se la pone fácil a los delincuentes porque casi nunca denuncian, ya que ninguna autoridad les asegura que se lo vayan a devolver y pierden el interés.

“Si lo tienen asegurado es lo que les garantiza que habrá reposición del aparato, son muy pocas personas que lo aseguran, no pasan ni del 5%”, explicó.

Pero el atraco no solamente debe conocerlo la policía, recomendó que también tienen que notificarle a la operadora móvil para bloquear el Imei (Sistema Internacional para la Identidad de Equipos Móviles, en español) del aparato, así los malandros no podrán utilizarlo nuevamente, por lo menos en Venezuela.

“Sin embargo en otros lugares del mundo se está desafiando el tema de la seguridad, porque si el celular es desbloqueado podrían borrar el Imei y usar uno virtual”.

Delito organizado

Detrás del robo y hurto de teléfonos hay un batallón de personas que participan. Incluye desde el sujeto que lo arrebata, pasando por los contrabandistas que se encargan de sacarlo para Colombia o Centroamérica, hasta las manos de quien lo empaca y deja como nuevo para la venta. “Genera grandísimas ganancias para el crimen organizado”.

Un hampón en promedio puede quitar entre 30 y 50 equipos al día, luego otro personaje se los compra para guardarlos y procesarlos, y una vez termina este paso llegan a mercados jugosos económicamente. Claro está, depende de los modelos que obtienen: a los de alta gama los trabajan nuevamente para la venta, pero los más viejos se quedan en el mercado local dando a parar, por ejemplo, en cárceles.

“Este delito requiere de una gran infraestructura porque es parte de todo el negocio”.

El sociólogo aclaró que a los celulares de última generación los sacan del país a otras regiones porque aquí ya no resulta por el valor del bolívar; en cambio en sitios como Perú, Bolivia o Ecuador la moneda está mejor.


Fuente: Yohana Marra

martes, 26 de mayo de 2015

De la guerra al crimen: así se mueve una granada en Venezuela



Cual peloticas de goma, las granadas “ruedan” en los barrios, en las calles y en las cárceles venezolanas, bien lejos de los reglamentarios depósitos militares. A pesar de que el monopolio de su uso recae exclusivamente sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada vez son más comunes en las manos de los delincuentes que, como en una guerra, no tienen reparo para accionarlas al enfrentarse contra otras bandas o grupos policiales

Desde enero hasta la tercera semana de mayo de 2015 se contabilizaron 24 hechos delictivos que incluyeron el uso de granadas fragmentarias. “No hay cosa que conmocione más a un policía que un malandro con una granada en la mano”, asegura Luis Godoy, exjefe de la División contra Homicidios del Cicpc.

Un estudio de la Organización de Naciones Unidas para el Desarme, reseñado por el periodista Javier Ignacio Mayorca el 17 de mayo de 2015 en El Nacional, reveló que Venezuela fue la nación con más muertos por el uso de granadas entre enero de 2013 y marzo de 2015. En ese lapso, 18 personas fallecieron a raíz de la manipulación de estos objetos. Venezuela figura, además, en el segundo lugar del ranking de heridos por la explosión de granadas, con 16 víctimas.

Once personas muertas y cuatro heridas (dos civiles y dos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc) se han sumado a la lista de la ONU desde la última semana de abril hasta el cierre de esta edición. Además, tres subdelegaciones del Cicpc sufrieron daños estructurales por ataques con estos explosivos.

La alerta llegó hasta altas esferas del poder. Cuando aún era presidente de la Comisión Presidencial del Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana, Freddy Bernal confesó su preocupación por el auge de estas armas desde 2014. “Dos elementos que empiezan a hacerse frecuentes: el uso de fusiles AR15 y el uso de granadas fragmentarias”, dijo Bernal a Runrunes. El excomisionado subrayó que: “ningún cuerpo policial tiene fusiles, armas de guerra. ¿Quién le da unos fusiles de alta potencia a una banda criminal? Pueden venir de la FANB o del extranjero, o de los perros de la guerra. Exhortamos al Ministerio de Defensa a descubrir el origen de esas municiones y eso sería darle un golpe duro a las bandas criminales”.

Miguel Dao, exdirector del Cicpc, tiene una respuesta: “las granadas se las dan unos malandros a otros malandros. No podemos culpar a todo el sector militar, sino a esos funcionarios que desvían el rumbo”.


¿De dónde vienen estos explosivos?

Juan González, nombre ficticio asignado a un alto funcionario de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) para resguardar su identidad, explica que Venezuela no compra granadas en el exterior desde aproximadamente 15 años. Los explosivos tampoco son fabricados por esta empresa militar.

Sin embargo, revela que en Cavim se está desarrollando tecnología para producir este tipo de armas a largo plazo y así reducir la dependencia de otros países.“Antes, cada componente adquiría sus granadas. De unos años para acá toda la responsabilidad de la importación la asume Cavim”.

Los cuatro componentes de la FANB son los únicos organismos autorizados para el manejo de este tipo de armas, explica Godoy. “Los cuerpos de seguridad no tienen granadas. De hecho, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) solo las utiliza en funciones de resguardo de la frontera”, señala. Entonces, ¿cómo llega una granada a las manos de un delincuente?

Godoy descarta la posibilidad de que sean traídas desde el extranjero por “perros de la guerra”. “Armas que vienen de afuera, puestas en un mercado negro, son difìciles de adquirir por delincuentes de baja monta”, asegura el especialista.

¿Quién las saca del arsenal de la FANB?

En noviembre de 2006, los soldados del Ejército Alexis Antonio Fuentes Soto y Gregory José Espinoza Jhon fueron imputados ante el Ministerio Público sustraer efectos pertenecientes a la FANB. Entre el botín de los soldados, adscritos a la 51 Brigada de Infantería de Selva (estado Bolívar), se encontraron 12 granadas. La consulta a especialistas arroja cinco posibles caminos que “toman” estos explosivos para llegar a los delincuentes.

En primer lugar, a través de algunos jóvenes que ingresan al servicio militar y se retiran en menos de dos años. En ese tiempo, sustraen las armas de los almacenes. Otra posibilidad está en las incautaciones de estas armas no declaradas de los cuerpos policiales.

Una tercera vía es el robo a casas de militares retirados, quienes las almacenan como souvenires de su paso por las FANB. También está la posibilidad de que el material bélico ingrese por las fronteras. La quinta fuente serían los funcionarios de la FANB que se las llevan de las prácticas y entrenamientos.

Miguel Dao advierte que “es una cadena de corrupción bien grande. De ella se conoce el origen, pero difícilmente el final”.

¿Cuántas armas circulan en el país? 

De cada 1.000 armas irregulares que circulan en las calles de Venezuela, una podría ser una granada, de acuerdo con proyecciones de Godoy. La Dirección de Armas y Explosivos (Daex) calculó en 2013 que el armamento ilegal alcanzaría un millón 678 mil. Según esta cifra, más de mil 600 granadas podrían estar en manos de delincuentes.

El gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre estos casos. La responsabilidad recae sobre los ministerios de Defensa y Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MIJP). La Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y el Desarme, creada en 2013, no logró que la FANB revelara el tamaño del arsenal.

Alegó “secreto de Estado” y hasta allí llegaron las averiguaciones. “No rinden cuentas. ¿Les podemos confiar el monopolio de las armas? Lo están cediendo a grupos irregulares”, reflexiona el exjefe de homicidios del Cicpc. González, desde Cavim, corrobora que las cifras se manejan como un tema de seguridad nacional. Sin embargo, destaca que sí hay un registro reservado de las granadas existentes, así como de las faltantes y las “extraviadas”.

Las milicias también pueden pedir granadas

La Milicia Nacional Bolivariana también tiene la potestad de solicitar armamento de guerra al Comando Estratégico Operacional (CEO), según González, funcionario de Cavim, a pesar de que la Constitución de Venezuela establece que la FANB está compuesta por la Armada, el Ejército, la Guardia Nacional y la Aviación. “Hay que entender el concepto de corresponsabilidad. Todos debemos defender al país. En una situación de guerra, ellos (la milicia) deben actuar”, asegura.

¿Cómo detenerlas?

De las 12 granadas incautadas a los soldados Fuentes Soto y Espinoza, 10 eran “polivalentes”, destinadas a misiones ofensivas, defensivas e incluso pueden ser lanzadas con un fusil. Las dos restantes eran ofensivas, menos mortales que las primeras, pero igualmente peligrosas.

El ex Polimirada Rodolfo Contreras (nombre ficticio asignado a un exfuncionario de la Policía de Miranda, quien pidió el resguardo de su identidad) aseguró que la mayoría de las granadas fragmentarias que posee la FANB son de origen estadounidense (modelo M26) y alemán (modelo DM51).

“Venezuela no ha sido un mercado de armas ilegales. Por el contrario, las armas ‘orgánicas’ son extraídas del país y vendidas en los mercados negros internacionales. Es muy fácil corromper el estamento militar”, señala Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa. Las granadas de mano están diseñadas para el combate en frontera, recuerda Cedeño. González justifica su existencia: “sirven para defender la soberanía”. Pero manipulada por delincuentes se convierten en una válvula de emergencia ante el acorralamiento, para amedrentar a la policía”, explica Godoy.

Existen tres tipos de granadas: de ejercicio, de práctica y de guerra, explica el funcionario de Cavim. La última es considerablemente más peligrosa. Se distingue por el color del anillo de seguridad. Quien no conozca esos, puede ser intimidado con facilidad. Dao califica el uso que hacen de ella los delincuentes como “temerario”, pues nada les garantiza que ellos mismos no serán barridos por la onda expansiva.

Encarcelar a quienes sean hallados con estas armas no es suficiente, a juicio de los especialistas consultados. Hacer un inventario claro de las que aún están en los almacenes de la FANB y realizar operativos para “recoger” las granadas son los primeros pasos para que estas armas de guerra dejen de “rodar” por las calles de Venezuela.


Fuente: Adriana Nuñez Moros

Alcaldía municipio Libertador fortalece seguridad ciudadana (Mérida)


Hotel La Pedregosa fue sitial para este primer encuentro sobre Cultura y convivencia.


(22/05/2015).-Debido a la alarmante inseguridad que se ha convertido en un grave problema para los ciudadanos merideños y de los venezolanos en general, la Alcaldía del municipio Libertador hace un aporte a través del Instituto Autónomo de Policía Municipal dando respuesta a este flagelo que afecta a la sociedad.
Durante la mañana de ayer jueves, la Asociación Civil Paz Activa presentó a la comunidad merideña, los “Resultados de la 1ª Encuesta sobre cultura y convivencia ciudadana en la ciudad de Mérida”, un estudio enmarcado en el Programa de Gobernabilidad Local en materia de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que la Asociación Civil lleva a cabo conjuntamente con la Alcaldía del Municipio Libertador.

En tal sentido, el burgomaestre de la ciudad Carlos García expresó, “creemos es necesario tener una agenda compartida con todos los Organismos Públicos ya que gran parte del tema de Seguridad es responsabilidad del Gobierno Nacional y Regional”, “por lo que nos ponemos en plena disposición para que juntos trabajemos en función de esta materia”, dijo.

Por su parte, Luis Cedeño, director ejecutivo de La Sociedad Civil Paz Activa informó acerca de los resultados de esta primera encuesta sobre Cultura y Convivencia, la cual se llevó a efecto en el Hotel La Pedregosa, allí estuvieron presentes el alcalde de la ciudad Carlos García y Víctor Hugo Mora director del Instituto Autónomo de Policía Municipal además de otras personalidades de la entidad merideña.

Indicó Cedeño para concluir, que dicha encuesta se realizó en diferentes puntos de la ciudad preguntando ¿Cómo las personas se relacionan con la ley, con los conciudadanos y con el espacio público?, donde los resultados que arrojó fueron: que existe un divorcio muy marcado entre ley, moral y cultura.

Por tal razón, Paz Activa comenzó conjuntamente con la Alcaldía del municipio Libertador y el Instituto Autónomo de la Policía Municipal, la ejecución de este programa con el propósito de establecer acuerdos y relaciones de colaboración con gobiernos locales para desarrollar acciones novedosas, en materia de seguridad que permitan dar respuestas pertinentes en este tema a la población.



Fuente: Prensa Alcaldía Libertador (Mérida)

El hampa se impone con arsenal Bélico



La presencia de granadas en el parque de armas de grupos delictivos es preocupante y requiere de especial atención, porque los indicadores que se reflejan en la prensa pueden convertirse en una tendencia, asegura Luis Cedeño, director de la Asociación Civil Paz Activa.

De acuerdo a un estudio de la Organización de Naciones Unidas para el Desarme, Venezuela encabeza la lista de países en Latinoamérica con más fallecidos por estos artefactos detonados, reseñó El Nacional.

La investigación, aún en curso, fue presentada el pasado 12 de mayo en Medellín, durante la 13 reunión del Observatorio del Crimen Organizado en América Latina y el Caribe.

Los resultados preliminares se sustentan en registros hemerográficos de la región desde enero de 2013 hasta marzo de 2015. En ese periodo en Venezuela se reportaron 18 muertes por explosivos. El segundo lugar corresponde a Colombia, donde hubo 8 occisos y las bombas fueron accionadas principalmente por las FARC y el ELN.

La mayoría de los casos dentro de la geografía nacional tuvo lugar en Distrito Capital y Aragua y el objetivo fue amedrentar o agredir a personas e instituciones.

El pasado 9 de mayo, en horas de la noche, las sedes del CICPC de Villa de Cura y Turmero, Aragua, fueron blancos de ataques con granadas. Dos efectivos resultaron heridos. Se presume que fue una retaliación por la baja de 15 delincuentes integrantes de dos bandas.

“Detrás de cada hecho delictivo hay un mercado”

El sociólogo y también experto en seguridad, Luis Cedeño, explicó que en Venezuela existe el tráfico de armas de extracción. Los explosivos, así como las armas largas que se han visto en manos del hampa (FAL y AK 47 100), son armas de guerra que deben estar bajo el control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha evidenciado “claras debilidades” en el manejo y custodia de sus arsenales y resistencia para reportar robos y pérdidas.

Para Cedeño el problema es de corrupción, que facilita que esas armas, que tienen un precio, pertenezcan a delincuentes. “Detrás de cada acción delictiva hay un mercado”.

Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano sostuvo, según información de El Nacional, que no hay datos oficiales que comprueben en la actualidad la fabricación de granadas, pese a que Cavim (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares) reportó años atrás su producción.

Además supone que desde 2006- año en que el gobierno dejó de reportar la compra de granadas a otras naciones- el suministro a los arsenales militares proviene de compras a China o de una producción “limitada y secreta en el país”. San Miguel también maneja la teoría del contrabando desde Centroamérica.

El desarme

Cuando se incauta una granada hay que hacer “esfuerzos extraordinarios” para precisar el origen de la misma, propone Luis Cedeño. Argumenta que una vez que estalla no se puede conocer el número de lote ni el marcaje del artefacto, que comúnmente no tiene serial, dato que permite determinar con gran facilidad la procedencia exacta de un arma.

El sociólogo comenta que no comprende cómo ha surgido la idea de que el desarme es para “los malandros”, porque la verdad es que esta iniciativa está dirigida hacia el ciudadano común con o sin porte de arma. “Quién desarma a los delincuentes es la policía”, asegura.

El modelo Bacrim

La actuación de bandas con 30 ó 50 miembros y una gran logística que les permite, entre otras cosas, la tenencia de armas largas y explosivos, así como el adiestramiento necesario, arroja semejanzas con las Bacrim colombianas. Las Bacrim son agrupaciones del vecino país conformadas por paramilitares desmovilizados y se dedican al crimen organizado.

Las bandas que operan con fuerza actualmente en Venezuela están vinculadas al secuestro, la extorsión y el cobro de vacuna; y su radio de acción se extiende a varios estados como el caso de la banda de “El Picure” que opera en Aragua, Guárico, al sur de Anzoátegui y se presume ahora en Caracas.

El abogado criminalista, Fermín Mármol García habla de mega bandas criminales y las define como “microestados” que poseen un poder que coloca en una posición de desventaja a los cuerpos de seguridad municipales y estadales.



Fuente: Barómetro Político