viernes, 29 de enero de 2016

Venezuela: pérdida de valores y crisis carcelaria

Por: Circuito Éxitos

Los recientes acontecimientos en la cárcel de San Antonio en Nueva Esparta desencadenaron el análisis y la inquietud de los especialistas.

El sociólogo, Luis Cedeño expresó su preocupación por la extensión del problema carcelario en Venezuela y las comodidades donde cumplen condenas los reos "el control que tiene el delito organizado con el sistema penitenciario es un claro indicador de que Venezuela está permeado por estos agentes".

Describe al país como una "suerte de estado mafioso" por no tener la capacidad de revertir la situación, por beneficiar la dinámica y no tener una voluntad de política real.

El ex ministro de la defensa, Raúl Salazar conversó sobre las funciones que deberían cumplir las cárceles y no se están haciendo "estas son para reformar, cambiar y los presos deben salir con otras cualidades" comentó que a diferencia de esto se están creando ídolos de barro. Se debe corregir y convocar un comité para ver la responsabilidad en lo sucedido en Margarita "Los pranes no deben existir".

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jueves, 21 de enero de 2016

Venezuela vive una guerra no declarada

Una bala perdida mató a un niño en su casa, a un joven lo asesinó un ladrón forzándolo a 'jugar' a la ruleta rusa... Caracas ha registrado más de 5.180 homicidios en el año más violento que se recuerda.

Desde muy temprano por la mañana la morgue de Bello Monte, en Caracas, comienza a recibir a los familiares de las personas que han muerto en hechos violentos. Accidentes de tránsito, sí, pero sobre todo asesinatos. La rutina diaria en la capital venezolana.


Alejandro Mantilla, un joven de 25 años, murió de un disparo en la cabeza. Días atrás fue víctima de un robo. Lo despojaron de su coche. En él estaban las llaves de su casa. La madrugada del 30 de diciembre, cinco personas entraron en la vivienda de Mantilla. Robaron lo que pudieron, destrozaron algunas cosas. A la madre, tía y abuela las retuvieron en una de las habitaciones. Alejandro y un amigo fueron llevados al baño. Ambos fueron amarrados. Su verdugo decidió jugar a la ruleta rusa con ellos. Gatillo. Disparo. Y allí estaba la bala que perforó el cráneo de Alejandro.

Algunos dirían que el azar; sus allegados, en cambio, señalan a la delincuencia desatada. “No hay justicia”, se escucha decir a uno de los compañeros que asiste a la familia en los trámites para retirar el cadáver. “Aquí da miedo salir para la calle”. Ni en casa se está seguro.

Caracas es una ciudad peligrosa, el reflejo de un país violento. Las cifras de 2015 así lo demuestran. El año finaliza con una tasa histórica de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en su informe publicado el 28 de diciembre, en el cual precisan que durante el año se registraron 27.875 muertes violentas. Esto se traduce en aproximadamente 76 muertos cada día, unos 3 asesinatos cada hora.

El OVV es una organización conformada por investigadores de siete universidades del país, que le ha seguido el pulso a la criminalidad en Venezuela y se ha convertido en referencia sobre las estimaciones anuales de homicidios, sobre todo tras la restricción de información oficial sobre el tema, que comenzó desde 2004.

Cuando la “revolución bolivariana” llegó al poder, en diciembre de 1998, Venezuela tenía una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, con una cifra de 4.550 muertes violentas al año. Poco a poco los números han ido aumentando. En el año 2000 ya superaba los 8.000 homicidios, en 2002 los 9.600 y registró un gran brinco en 2003.

Ese fue el último año en el que hubo acceso libre a estadísticas sobre criminalidad, como recuerda el Observatorio en el informe de ese período. En 2003 se registraron 11.342 homicidios en todo el país (44 por cada 100.000); en los dos años siguientes las estadísticas bajaron pero a partir de 2006, cuando se superó la barrera de 12.200 asesinatos, no ha bajado más.

En 2013, diez años después de la censura de la información, la cifra se había elevado a 24.763 muertes violentas (79 por cada 100.000 habitantes) y en 2014 se incrementó levemente a 24.980 fallecidos (la tasa de homicidios subió a 82 por cada 100 mil habitantes).

Pero la violencia en 2015 no tiene precedentes.

“Esta tasa pudiera colocar a Venezuela como el país más violento de América, luego de conocer las cifras de Honduras y El Salvador, pues Honduras, que el año pasado se encontraba en ese primer lugar, ha tenido un descenso importante en el número de homicidios; pero El Salvador ha sufrido un incremento importante, que lo pudiera colocar con una tasa igual o superior a la de Venezuela”, indica el documento.

Solo en el Área Metropolitana de Caracas se habían registrado unas 5.180 muertes violentas hasta el último domingo del año (27 de diciembre), cifra que ya superaba el total de homicidios ocurridos en la capital venezolana en 2014, cuando se contabilizaron 5.058. Esto según registros llevados por los periodistas que cubren la fuente de sucesos y acuden a diario a la medicatura forense de Bello Monte, la principal de la capital, en donde aún se pueden obtener cifras extraoficiales y se confirman los fallecimientos con las personas que acuden a retirar el cuerpo de su familiar.

“La violencia se ha incrementado en el país por ausencia y exceso de Estado. Por ausencia de la protección de las personas y del castigo de los delincuentes; en exceso por el incremento de controles y regulaciones que han llevado al incremento de los abusos de los encargados de su aplicación y al surgimiento de mercados y conductas paralegales o ilegales”, han indicado los especialistas en el informe anual.

POLICÍAS ASESINADOS
En Venezuela los encargados de la seguridad ciudadana se han convertido en un blanco apetecible y nada temido por los delincuentes. Al menos 145 funcionarios policiales han sido asesinados en Caracas en 2015, un promedio de 12 cada mes. La cifra, contabilizada por la Policía del estado Miranda (de la región capital), incluye a integrantes de las Fuerzas Armadas y policías. 2014 culminó con poco más de 130 uniformados asesinados en la capital del país.

Los hechos más recientes ocurrieron en vísperas de Navidad. Entre el 23 y 26 de diciembre mataron a cinco y tres de ellos murieron en hechos ocurridos el 24 de diciembre: dos policías fallecieron al ser acribillados por delincuentes que dispararon contra la sede de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en San Agustín del Sur, una de las zonas populares de la capital, y otro fue asesinado en su casa por unos hombres que llegaron a robar. A ellos se suma un funcionario asesinado tras ser robado cuando llegaba a su casa y un teniente del Ejército venezolano que fue secuestrado junto a un familiar y posteriormente lo hallaron muerto con impactos de bala.

Sobre estos casos el Gobierno venezolano pocas veces se pronuncia, por lo que tampoco se publican datos oficiales al respecto. Hasta el 1 de octubre pasado, la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) llevaba la cuenta de 250 policías asesinados en el país y más recientemente, la Fundación de Ayuda al Policía (Fundapol), ha informado que 2015 ha terminado con 600 uniformados de baja, entre funcionarios de todos los cuerpos de seguridad, tanto civiles como militares.

Para los delincuentes es más importante matar al funcionario que quitarle el arma y dejarlo vivo, porque esa muerte les da estatus.

A la mayoría los matan de varios tiros, para robarles el armamento y la moto. Sin embargo, los motivos van más allá. Rafael Graterol, jefe del Centro de Coordinación Policial nº 7 de la Policía del estado Miranda, con jurisdicción en cuatro de las cinco municipalidades del Área Metropolitana de Caracas, ha explicado que para los delincuentes ahora es más importante matar al funcionario que quitarle el arma y dejarlo vivo, porque esa muerte “les da estatus”.

Pero este año se sumó otra modalidad de ataque a uniformados y es el lanzamiento de granadas. Este armamento de guerra comenzó a ser empleado por los delincuentes con mayor frecuencia desde el primer trimestre de 2015 y ya en abril se habían registrado 18 ataques con granadas, la mayoría contra sedes policiales o comisiones desplegadas en la vía pública, pero también en enfrentamientos entre bandas y uniformados.

El uso de estos explosivos en 2015 ha sido desproporcionado, a juicio de Graterol, quien ha recordado el empleo de granadas en años anteriores pero de manera aislada. Además los delincuentes están equipados con otras armas de guerra como las subametralladoras HK, fusiles AK-103, AK-47 y AR-15, que desde hace tres años, aproximadamente, están siendo empleadas por bandas criminales. En 2012 comenzaron las denuncias sobre robos masivos y secuestros con el uso de armas largas, ha informado el abogado criminalista Fermín Mármol García.

Se han reportado al menos 40 ataques con granadas en un año. El domingo 27 de diciembre un puesto itinerante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en la plaza La Concordia, en el sector Santa Rosalía del centro de Caracas, fue atacado con uno de estos explosivos cerca de las 23:00 horas.

Dos personas fallecieron tras el suceso, un sargento de la GNB y una bebé de 8 meses. Ocho más resultaron heridos. Según las investigaciones policiales el artefacto pudo ser lanzado desde lo alto de un edificio.

IMPUNIDAD DEL 90%
Los índices de violencia y el uso de armamento de guerra por bandas criminales responden a dos hechos, según investigadores del área: la corrupción y la impunidad.

En Venezuela, organizaciones no gubernamentales como el Observatorio del Delito Organizado y Paz Activa, así como criminólogos, han determinado que la impunidad en el país supera el 90%. Es decir, de cada 100 delitos no se castigan más de 10, aunque Mármol García estima que de esos 100 no se castigan más de cinco o seis.

Esto abona el terreno para la exacerbación de los delitos y de la corrupción, a través de la que los delincuentes han podido obtener armamento que debe estar en manos de funcionarios militares. De hecho, una resolución del año 2011, del Ministerio de Defensa, restringió el uso de escopetas a las policías municipales y regionales, de ahí que los delincuentes estén mejor armados que los policías.

Entre julio y agosto de 2015, el OVV, Paz Activa y el Observatorio del Delito Organizado realizaron una encuesta a 3.500 personas, en 22 estados del país, para conocer la opinión de los venezolanos sobre la criminalidad y delincuencia. De esa consulta obtuvieron que 66% de los venezolanos considera que los policías y los militares son quienes le venden armas al delito organizado.

El 64% aseguró que en su comunidad es fácil o muy fácil conseguir drogas; 58% informó que es fácil o muy fácil conseguir un arma de fuego en el lugar donde vive (el porcentaje aumentó 16% con respecto a 2013), y un dato dramático, a juicio de los investigadores, fue que 50% de los venezolanos indicara que es fácil o muy fácil mandar a matar a alguien en su comunidad, porcentaje que hace dos años alcanzó el 35%.

El 50,5% de los encuestados dijeron haber sido víctimas de robo o hurto en los últimos 12 meses, mientras que 43,5% dijo que alguna de las personas de su núcleo familiar sufrió por lo mismo en el último año. Además, tres de cada cuatro venezolanos (76%), aseguró que la inseguridad había aumentado en el país entre agosto de 2014 y agosto de 2015.

LA VIDA DESPUÉS DE UN SECUESTRO
A partir de las 19 horas las calles de Caracas van quedando vacías. La gente apresura el paso para llegar a casa y a las 21 horas es difícil ver a alguien caminar por las vías. Avenidas desoladas, a oscuras. Parece la escena de un toque de queda no decretado. Los negocios están cerrados, la gente encerrada en sus hogares. El temor por ser víctima de la delincuencia limita a los caraqueños que tienen a flor de piel el relato de algún crimen padecido en primera persona o con algún familiar o conocido como protagonista.

Rafael Arcia dice que su vida ya no es la misma desde que fue secuestrado. Cuenta que aquella noche un vehículo lo interceptó mientras transitaba en el coche de un amigo en una zona residencial de clase media. Cuatro sujetos con armas largas los bajaron del auto, los vendaron y en una camioneta los trasladaron hacia un lugar que no ha podido determinar con exactitud, pero que está seguro era en un barrio populoso del oeste caraqueño.

El traslado se prolongó durante una hora. Rafael sentía que subían hacia un cerro, de los muchos que componen el cinturón de miseria capitalino. Otro grupo de maleantes los esperaba en una chabola, donde permanecieron por cuatro horas mientras se negociaba el rescate con sus familiares. Al sitio le decían “la nevera”.

Me quitaron la venda de los ojos, pero preferí no verles la cara. Pensé que si los veía, podrían asesinarme.

“Me quitaron la venda de los ojos, pero siempre mantuve mi mirada hacia el suelo. Ellos decían que les podía ver la cara, pero yo preferí evitarlo. Pensé que si los veía podrían asesinarme por temor a que los reconociera después. Pasaban los minutos y me iba poniendo nervioso. No sabía de dónde mi familia iba a sacar el dinero que pedían por mí. Mis captores lo sabían y me decían: ‘hoy como que te vas a morir".

Los familiares de Rafael lograron pagar el rescate. Juntaron joyas, dinero en efectivo y algunos dólares con ayuda de los vecinos. Pactaron la entrega vía telefónica y el joven de 29 años fue liberado en un barrio. Nunca hizo la denuncia formal ante la policía. El miedo lo superó. “En Caracas uno siempre tiene que estar alerta, ver para todos lados. Todos los días de mi vida recuerdo cuando fui secuestrado. Esa experiencia me ha dejado un trauma. He dejado de salir, de hacer muchas cosas por miedo. Estos no son juegos”.

Según la organización Control Risk, Venezuela ocupó el 5º lugar entre los países del mundo con mayor incidencia de secuestros para diciembre de 2014. México, India, Nigeria y Pakistán estuvieron en los primeros cuatro puestos de la clasificación, mientras que el Líbano, Filipinas, Afganistán, Colombia e Irak completaron el listado de los primeros 10 países.

El especialista en criminalidad y delincuencia organizada, Marcos Tarre Briceño, ha informado que si bien México supera al país suramericano en el número de secuestros por año, con un promedio de 2.340 frente a 1.000 secuestros anuales en Venezuela, cuando se calculan esas cifras según la cantidad de habitantes Venezuela pasa al primer lugar en Latinoamérica, con una tasa de 3,26 secuestros frente a 1,93 de México, 0,49 de Colombia y 0,15 de Brasil. Mientras México tiene una población de 130 millones de personas, Venezuela apenas supera los 30 millones de habitantes.

Tarre, autor del libro Secuestro extorsivo convencional y secuestro exprés: Delitos latinoamericanos, también ha explicado que los delincuentes venezolanos han aprendido de los colombianos en la ejecución de secuestros, pero recuerda que Colombia ha logrado reducir sus cifras de secuestro, reportando en 2014 apenas 300 si se compara con los 3.500 casos que ocurrían en el año 2000.

Fuente: El Español

jueves, 7 de enero de 2016

PNB requiere revisión por corrupción interna


El cuerpo policial que en un principio se mantuvo "limpiecito" va acumulando denuncias de funcionarios criminales. El brillo no le duró ni 10 años.

La Policía Nacional Bolivariana era necesaria, su nacimiento concretado en 2009, surgió de una recomendación bien fundada de la Comisión Nacional de la Reforma Policial de 2006. Pero, lo que se había propuesto como un cuerpo de seguridad renovado y capaz se ha visto empañado por numerosas denuncias que involucran a sus miembros en hechos delictivos.

En agosto, en una misma semana, el propio Ministerio Público acusó a un PNB por presuntamente participar en un secuestro, junto con cuatro hombres más, de un comerciante de Vargas. Y pocos días antes otros siete efectivos de la misma institución policial estuvieron incursos en hechos escandalosos. Cuatro fueron privados de libertad por su presunta responsabilidad en la muerte de un joven hallado en las inmediaciones de la plaza Los Museos de Los Caobos. Mientras que tres funcionarios, entre ellos una mujer, incurrieron en los delitos de trato cruel al presuntamente abusar sexualmente de un recluso con un objeto punzopenetrante que se encontraba en la cárcel de Uribana, en Barquisimeto.

El director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, confirma que las estadísticas que ha realizado la organización no gubernamental que preside, evidencian que la PNB siendo una policía tan nueva, en corto tiempo ha asimilado una cantidad de vicios por encima de cuerpos de seguridad con mayor tiempo de funcionamiento, como las municipales y estadales.

NACIÓ PODRIDA

El sacrificio de la cantidad por encima de la calidad, por el supuesto ánimo de rescatar el tiempo perdido que transcurrió entre el anuncio del nacimiento y la verdadera fecha de ejecución, a juicio del criminólogo Fermín Mármol García, provocó desde un principio que se cometieran muchos errores. La poca preparación es uno de ellos.

El abogado explica que la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), encargada de la formación académica y práctica de los funcionarios no aplicó correctamente el filtro en relación a los aspirantes, pues a su juicio tuvo mucha carga ideológica y político-partidista. "Más la necesidad de egresar promociones muy robustas (en cantidad) y no era lo que se pretendía. Eso trajo como consecuencia que veamos la cantidad de muchachos que a simple vista se ven inexpertos. En los trabajos de investigación que se han hecho se ha podido evidenciar que no salen con el entrenamiento de uso de armas de fuego, no hubo entrenamiento porque no había suficientes municiones", denuncia el abogado.

Las fallas en las aptitudes de los aspirantes y la excesiva permisología también han jugado en contra. De acuerdo con Mármol García, muchos aspirantes no tienen la vocación, y además tampoco se hacen las pruebas psicotécnicas necesarias. "Por eso la policía nace con un error estratégico de políticas públicas, asfixiando a las policías municipales, cuando la Constitución permite la convivencia de tres modelos de policía", sostiene el criminólogo, quien recuerda que al irrumpir en la actividad pública, la PNB provocó el cierre de academias de policías. "Le dieron toda una publicidad para otorgarle preponderancia y eso le hizo año al estamento municipal", agrega.

Pero la cantidad de uniformados activos tampoco ha correspondido a la promesa hecha. Cedeño denuncia que la PNB no ha crecido lo rápido que ha debido. Dice que no puede precisar la cantidad actual de funcionarios, pues la cifra oficial se suma a la lista de deudas del Estado y a las dificultades del acceso a la información, pero estima que existen entre 15 y 21 efectivos. "Es muy poca la gente que sale de la UNES. Capacitar 800 uniformados por tiempo académico es insuficiente todavía, porque hay un gran déficit agudo a nivel nacional. Si le preguntas a una persona qué es lo que quiere, responde que ver más policías", sostiene el sociólogo de la ONG Paz Activa.

SE DAÑARON LOS FILTROS

En un principio para entrar en funcionamiento, la PNB tuvo que absorber funcionarios de la Policía Metropolitana, sobre todo los de alto rango, y muchos de ellos ya traían vicios, según denuncia Cedeño. Por eso es que tiene problemáticas muy parecidas a las policías nacionales y estadales. "Además, el Estado ha decidido seguir tratando a las personas que trabajan en las fuerzas de seguridad como personal `obreril’, porque se les paga sueldos de obrero y no le ofrece protección social adecuada. La carrera policial no ha sido atractiva económicamente, y la presión popular lo expone en una situación de vulnerabilidad en la cual es fácilmente corrompible" (sic).

Los uniformados, a su criterio, suelen ser infieles pues rompen su juramento de ser policías para hacer otra cosa. "Si no están haciendo servicios de seguridad privada, se dedican a formas de delincuencia que les da más dinero".

La promesa entonces de que la PNB sería la entidad por excelencia que llegaría para acabar con el crimen no se ha cumplido. "Lamentablemente no corrigió los defectos que pudo haber tenido la Policía Metropolitana, no tuvo nada novedoso, de lo cual podamos sentirnos impresionados", apunta Mármol García.

Para Cedeño, la fórmula que puede atacar este cáncer es: Más y mejores policías. Pero para tener eso se necesita entrenarlos mejor, invertir más dinero y pagarles más. Asegura que en el país no existe una política de seguridad pública que funcione porque el Estado dedica a este gran problema que afecta al 80% de los venezolanos solo el 1% del presupuesto nacional. "Uno pone dinero en las cosas que le interesan", concluye.

NO INSPIRAN CONFIANZA

Fermín Mármol García destaca que la II Encuesta sobre Delito Organizado en Venezuela, que publicó el Observatorio Venezolano de Violencia y Paz Activa, tiene un dato interesante: el 80% de los encuestados, tiene el temor de cooperar con los cuerpos policiales y eso incluye a la PNB. "Comparando ese ítem en 2015 con el de 2013, la PNB no pudo lograr conquistar la confianza de la ciudadanía".

Ello a pesar de que con su nacimiento, se reformuló hasta los uniformes de los cuerpos policiales para hacerlos más acordes a una "policía preventiva, humanista", según el MIJ. Por eso, se definió que los colores fueran "pastel, frescos, que irradian seguridad mas no agresividad ni represión", según explicó en 2009 el comisario Liderlis Montero, entonces coordinador del proyecto de estándares del servicio nacional de policía.


Fuente: Tal Cual (KEILYN ITRIAGO MARRUFO / SARAÍ COSCOJUELA OJEDA) 

jueves, 10 de diciembre de 2015

Transparencia Venezuela: Entre 2011 y 2015 el Poder Legislativo sirvió al PSUV

Exigen diputados comprometidos con la transparencia, el diálogo y la Constitución

Opaca, ineficiente, partidizada, contraria a la necesidades ciudadanas y opuesta a los mandatos constitucionales. Así fue caracterizada ayer la Asamblea Nacional saliente por los panelistas del foro “¿Qué hizo el Parlamento 2011-2015? ¿Qué puede hacer la próxima AN?”, organizado por Transparencia Venezuela y Monitor Legislativo.

La directora ejecutiva de la ONG, Mercedes de Freitas, presentó el informe “Asamblea Nacional 2011-2015: El Poder Legislativo al servicio del PSUV”, que evidencia el interés de la actual mayoría partidista en funcionar al mínimo de las capacidades en detrimento del cumplimiento de los mandatos constitucionales de esa institución, como son: legislar, controlar al resto de los poderes públicos y representar a sus electores.

“En estos cinco años, la mayoría que dominó la AN rechazó debatir los principales problemas que aquejan a los venezolanos, privilegiando sus intereses partidistas. La agenda parlamentaria dio la espalda a la ciudadanía, que no consiguió en sus representantes una respuesta clara para superar la inseguridad, la escasez y la inflación, entre otros quebraderos de cabeza”, dice el informe.

El documento destaca el exorbitante monto de créditos adicionales autorizados al Ejecutivo sin control posterior alguno en estos 5 años (1.022 créditos hasta el 4 de noviembre por un monto de 2,3 millardos de bolívares); el número de leyes sancionadas en cámara (65) en comparación con las aprobadas por decreto habilitante en el Ejecutivo (132), y el incumplimiento recurrente del mandato de rendición de cuentas de los diputados.

El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, expresó: “Es necesario designar un Consejo Moral Republicano y unos magistrados del TSJ acorde a la ley, y remover a los designados por vía de hecho. Como parte del rescate del debido proceso se debe revocar a los rectores del CNE, magistrados del TSJ y miembros del Poder Ciudadano nombrados fuera de los procedimientos constitucionales”.

Luis Alfonso Herrera, directivo de la ONG Un Estado de Derecho, agregó: “Hay que revisar y revocar las decisiones de nombramientos al menos de 2014 porque se trata de poderes que no pueden estar en manos de actores políticos y, además, son poderes que han actuado contra la integridad de los diputados de la Asamblea Nacional y no extrañaría que volvieran a hacerlo”.

La profesora de Derecho Tamara Adrián, candidata a la AN, apuntó: “Es de gran pertinencia e importancia proceder al nombramiento de los órganos públicos acorde a la Constitución, no para imponer a otras personas obsecuentes con la nueva mayoría sino para que se cumpla lo que dice la Constitución”.

Sobre este punto el informe señala cuatro medidas fundamentales. Primera, la reforma del Reglamento Interior y de Debates de la AN: “La modificación legal debe evitar la concentración de poderes y privilegios alrededor de la figura del presidente del Poder Legislativo”. Segunda, combatir la opacidad a través de medios informativos plurales y con contenido de calidad, y al mismo tiempo, dice el documento, con la aprobación de leyes de acceso a la información. Tercera, ejercer el papel contralor investigando todas las denuncias de corrupción que sean consignadas. Y cuarta, reinstitucionalizar la AN, garantizando el respeto a los derechos de todos los sectores que obtengan una representación en la próxima legislatura.

Los panelistas también aportaron ideas. La diputada Vestalia Sanpedro, de la Comisión de Finanzas, enfatizó en la necesidad de que el próximo Parlamento “rescate la unidad del tesoro nacional, recupere la autonomía del BCV, reactive el Fondo de Estabilización Macroeconómica, oriente al Ejecutivo a reducir el gasto público y suntuario, apruebe la ley de hacienda pública estadal y controle efectivamente el gasto y el endeudamiento”.

Luis Alfonso Herrera se centró en los aspectos relativos a la reforma del Reglamento Interior y de Debates, que a su juicio debe contemplar 10 aspectos: establecer plazos fijos de convocatoria a sesiones, rendición de cuentas transparentes, eliminar la discrecionalidad del presidente de la cámara, crear un mecanismo sensato de distribución de la presidencia de las comisiones, establecer un régimen plural para el acceso y trabajo de los medios de comunicación, eliminar los obstáculos para las interpelaciones de altos funcionarios y eliminar la potestad del presidente para limitar las intervenciones de los diputados, entre otros.

Luisa Berlioz, de la ONG Paz Activa, se refirió a los retos en materia de seguridad ciudadana. En tal sentido consideró pertinente aprobar las leyes y reformas necesarias para elevar a 10% el monto del presupuesto para prevención y control del delito, pasar la custodia de las cárceles a civiles, implementar políticas efectivas de desarme y “revisar la ley contra la delincuencia organizada para que no se use para perseguir a la disidencia”, entre otras propuestas.


Fuente: Maru Morales (El Nacional)

martes, 1 de diciembre de 2015

La nueva Asamblea Nacional: ¿Esperanza para tener una política criminal coherente?


Paz Activa, como miembro activo de la sociedad civil organizada, sugiere a los candidatos promover algunas iniciativas en el caso de ganar un curul en los próximos comicios parlamentarios del 6D.

En estos últimos años hemos visto como la Asamblea Nacional de Venezuela, se ha convertido en una rama más del poder ejecutivo. Su independencia ha sido mutilada por leyes habilitantes que le permiten al Presidente y sus ministros, elaborar leyes en un contexto de crisis inminente o como consecuencia de una emergencia y/o desastre natural, como ya ocurrió en el año 2010 cuando se aprobó sin discusión en el Parlamento una Ley Habilitante para legislar la emergencia, usando como justificación las graves inundaciones ocurridas en varias regiones del país. El presidente Hugo Chávez, utilizó este método para aprobar leyes orgánicas que dieron paso al estado socialista, contradiciendo de esta manera, el espíritu de la Constitución de 1999, cuando Venezuela le dijo NO a la Reforma Constitucional propuesta por el Presidente Chávez y la Asamblea Nacional el 2 de diciembre del año 2007.

En este contexto, la Asamblea Nacional ha promovido muy pocas leyes que tratan la problemática de delincuencia en Venezuela. Éstas se han centrado en la reforma del sistema de policía a través de la Comisión Presidencial para la Reforma Policial (CONAREPOL, 2006); la promoción de mayores penas para delitos como el secuestro (Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, 2009) y la creación de nuevos delitos punibles por terrorismo contra el estado y el crimen organizado (Ley contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, 2012).

Al hacer un balance vemos que aumentar las penas por delitos ha hecho muy poco por la reducción de crímenes graves, ya que se trata de un tema de impunidad en lugar del incremento de penas mayores. Las tasas de impunidad en Venezuela se ubican cerca de 90% en crímenes regulares, y casi el 95% por delitos graves como asesinatos y secuestros. También ha habido intentos de reformar el Código Orgánico Penal (COP) y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para introducir nuevas definiciones de delitos y el endurecimiento de los castigos o al contrario, la disminución de castigos y mayores beneficios procesales para reclusos. En definitiva, se hace evidente la ausencia de una estrategia clara de política criminal, dado que los esfuerzos no han frenado el avance de la criminalidad.

El principal problema es que a pesar de estas nuevas leyes, no se ha detenido el aumento de la criminalidad en el país. Por el contrario, las tasas de criminalidad siguen aumentando cada año. La razón de esto no yace en las leyes sino en la ejecución que hace el poder ejecutivo de las mismas. Es en este aspecto que la Asamblea Nacional tiene algo que decir sobre cómo el poder ejecutivo debe abordar el problema. Un tema central es el presupuesto. La escasa asignación de recursos para la lucha contra la delincuencia es –definitivamente- uno de los principales factores, siendo uno de los problemas que más afecta a los venezolanos según las empresas encuestadoras (Datanalisis, Datos, IVAD) y el motivo por el cual algunos venezolanos deciden migrar al extranjero.

Otro elemento significativo a considerar, es el costo económico de la delincuencia. Algunas estimaciones ubican la pérdida para la economía en un 30% del Producto Interno Bruto (PIB), debido a la actividad criminal. El hecho de que el presupuesto nacional destina menos del 1% al control de la criminalidad y la prevención (según la ONG Transparencia Venezuela) es un claro indicador de que existe poco interés o voluntad de revertir el aumento de la actividad criminal.

Paz Activa, como miembro activo de la sociedad civil organizada, sugiere a los candidatos promover las siguientes iniciativas en el caso de ganar su curul en la nueva Asamblea Nacional:
  1. Elevar el porcentaje dentro del presupuesto nacional (actualmente el 1%) para el control y prevención del delito a un porcentaje cercano al 10% que garantice la operatividad de las policías nacionales, estatales y locales como a su vez salarios competitivos para las oficiales de policía.
  2. Trasladar las funciones de custodia de las prisiones de Venezuela a manos civiles para acabar con la corrupción que genera la GNB en estos recintos.
  3. Eliminar la participación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en labores de seguridad ciudadana que juegan al detrimento de las policías civiles y constituye práctica perversa de los gobiernos militares.
  4. Exigir al sistema de justicia disminuir los índices de impunidad que actualmente registran en delitos graves, cercano al 95% en homicidios y secuestros.
  5. Revisar el Código Orgánico Procesal Penal para aumentar los beneficios procesales y disminuir el retardo procesal.
  6. Revisar el Código Orgánico Penal para disminuir el número de tipificaciones delictivas y disminuir las penas en delitos no violentos para focalizarlo a los delitos violentos que afectan directamente a los individuos.
  7. Instar al ejecutivo nacional a promover una política más agresiva de desarme de la población.
  8. Monitorear cercanamente los arsenales Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que las armas de guerra cesen de llegar a manos de grupos delincuenciales.
  9. Revisar leyes de corte criminógenas que dejan a los ciudadanos sin otra opción que violar las leyes.
  10. Revisar la ley contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo para que cese de ser utilizada como instrumento sancionador de la disidencia política.
  11. Promover leyes enfocadas a la prevención de la violencia y la asistencia a las víctimas de la delincuencia.
Estas son algunas de las muchas iniciativas que se pueden promover a través de una nueva Asamblea Nacional. Debemos trabajar sin descanso para lograr obtener una voluntad política fuerte sobre estos temas que nos afectan a todos. Argumentar que la criminalidad es más una percepción que una realidad, no la hará desaparecer. La asignación de recursos adecuados a la magnitud de la tarea que tenemos que hacer en esta área y asumir políticas que se han comprobado que funcionan, serían los pasos adecuados para revertir la situación actual.

Estamos convencidos que nos sobran razones para votar en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, y además mucho que lograr para poder reducir las tasas de criminalidad en Venezuela. Este no es un problema nuevo, el presidente Chávez llegó al poder sobre una plataforma de lucha contra la corrupción y la criminalidad en 1999. Quince años más tarde, la corrupción y la delincuencia operan concertadamente con el gobierno socialista que él creó.

 
Escrito por: Luis Ernesto Cedeño 

lunes, 16 de noviembre de 2015

Luis Cedeño: ¿En Venezuela se está dando una suerte de Estado Mafioso?


Caracas.- El sociólogo Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado respecto a la detención de los dos familiares directos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, involucrados por actividades de narcotráfico internacional, señaló que la pregunta que se están haciendo los ciudadanos es sobre si en Venezuela se está dando una suerte de "Estado Mafioso".

De igual manera, Cedeño explicó que la definición de "Estado Mafioso" comenzó a formarse a partir del surgimiento de las nuevas repúblicas soviéticas en democracia. Asimismo indicó que "lamentablemente no teniendo la fortaleza suficiente para crear instituciones sanas, donde los sistemas de controlaría y los sistemas institucionales de control eran sumamente débiles, eso dio espacio para que grupos delincuenciales y lo que sería el delito organizado, tuviesen mayor presencia en este tipo de gobiernos", para ello el especialista nombró países como Bielorrusia y Ucrania; así como también el Estado Mafioso que ha venido formándose en Hungría.

La definición del término Estados Mafiosos para el sociólogo fue: "Diversos grupos dentro del Estado con cierto poder económico y político, y que utilizan el Estado justamente para actividades delincuenciales, sea corrupción o narcotráfico, o sea otras formas de delito que desde el Estado se facilitan, y de alguna manera generan mayores ganancias para estos grupos delincuenciales".

También comentó que el Estado Mafioso se remite también a lo que era esa estructura familiar de la "Cosa Nostra" en Italia, donde ciertamente las actividades criminales estaban ubicadas en pocas familias.

"Actualmente en Venezuela después de la muerte del presidente Hugo Chávez, hemos observado que ese poder se ha atomizado y distribuido en diversos grupos del chavismo actual, entre ellos podemos identificar fácilmente el poder que detentan el presidente Maduro junto con su esposa, Cilia Flores, una dupla política importante dentro del mar del chavismo, pero también podemos identificar otros grupos dentro de los militares, otro grupo que se identifica con el presidente de la Asamblea Nacional, y así un puñado de nombres que podemos decir que tienen cierta relevancia en la política nacional", manifestó el especialista.

"Las personas que básicamente detentan un poder importante dentro de los Estados Mafiosos se les llama "Poligarcas", poligarcas en contrario a los oligarcas que son los que detentan el poder económico, estos poligarcas detentan un poder político importante y se caracterizan por detentar un poder económico, pero ese poder no es público ni notorio, sino más bien encubierto (...)".

Para Cedeño es una preocupación que dos jóvenes no pueden ser los que conforman esta logística de mover una gran cantidad de droga, ya que se está hablando de cerca de 1 tonelada, 800 Kg., y que en el mercado internacional, específicamente en Europa o en Estados Unidos, esa es una cantidad de droga que al detal son más de 150 millones de dólares el valor.

Para finalizar, el director ejecutivo informó que nadie sabe exactamente si esos jóvenes detenidos van a develar a futuro otras conexiones dentro del gobierno.

Fuente: Ida Febres (Informe 21)

jueves, 12 de noviembre de 2015

ALERTA INFORMATIVA: ¿Evidencias del “Estado Mafioso” en Venezuel


Caracas.- La reciente detención de dos familiares directos de la primera dama de Venezuela por actividades de narcotráfico internacional, se puede interpretar como una clara señal de la penetración de una amplia red en el poder político y económico de la nueva clase dominante en Venezuela.

En algunas de las Ex Repúblicas Soviéticas se han instaurado nuevas formas de gobierno e instituciones que surgieron a partir de sus revoluciones. Tales gobiernos presentan algunas debilidades en cuanto a la solidez de su estado de derecho, así como de sus sistemas de contraloría, dejando el control de la institucionalidad del estado en manos de las nuevas élites, algunas corruptas y con poca formación política que vieron en el manejo del estado grandes oportunidades de enriquecimiento. Estas son llamadas en algunos casos “Estados Mafiosos”.

Estos “estados” son controlados por una pequeña élite que puede estar conformada por familias dominantes (estilo la Cosa Nostra) o pequeños grupos de poder que se identifican con un “Poligarca”, que se define como un oligarca con poder político y gran poder económico oculto a través de testaferros, o una mezcla de estos.

Es claro que la familia presidencial, el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, representan una dupla familiar que concentra una importante parte del poder político nacional. También, podemos identificar al presidente de la Asamblea Nacional (Diosdado Cabello) como otro actor que controla una significativa parcela del poder político en el país. Asimismo, podríamos mencionar unos cuantos nombres más de personas conocidas que forman parte de ese poder en el país. Sin embargo, ese grupo no es muy numeroso ya que este tipo de gobiernos lo que busca es la concentración y centralización del poder como política de estado.

Venezuela está hoy identificada como unos de los países claves en el tráfico internacional de drogas. No es productor ni gran consumidor, pero su posición geopolítica es ideal para fungir como país de tránsito hacia los principales mercados mundiales.

Uno de los principales indicadores, es el masivo aumento en el registro de trazas de vuelos ilegales dentro del territorio nacional en los últimos 10 años. Vuelos que antes se originaban en el territorio colombiano, han conseguido facilidades comparativas en los estados fronterizos como Barinas y Apure, frente a la presión de las autoridades del vecino país. Es también notorio que la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) reporta un aumento del número procedimientos y cantidad de droga incautada desde la expulsión de la DEA del país por parte del Presidente Chávez, hace ya una década. Es reconocido por todas las agencias internacionales que por cada alijo incautado, otros 9 pasaron sin detección en el mejor escenario de control.

Antecedentes como el caso de vuelo de Air France en Septiembre 2013, con casi tonelada y media de cocaína (1.378 kgs.) que terminó en suelo francés, refuerza la percepción de la población en general sobre la corrupción en las FABN y su nivel de involucramiento en lucrativo negocio del narcotráfico. En la última encuesta realizada por el Observatorio de Delito Organizado, el 62% de los venezolanos piensan que las FAB están corrompidas por el narcotráfico.

Este último caso, con cerca de una tonelada de cocaína (800 Kgs.) debe ser considerado en su justa dimensión. Los indiciados alegaron inmunidad diplomática, debido a sus claros vínculos filiales con la familia presidencial. Viajaban en un avión privado, de una compañía reconocida en el país, los dueños de esta mantienen grandes contrataciones en diversos campos con el gobierno nacional. Los dos jóvenes ahora esperan juicio en una corte federal en los Estados Unidos. Algunos medios reportan que estos estarían dispuestos a declarar sus vínculos y el origen de las drogas con importantes figuras de la política nacional. Estas serían acusaciones muy graves que allanaría el camino para llevar a juicio importantes figuras políticas venezolanas que diversos medios y publicaciones vinculan con el narcotráfico internacional.

En todo caso, es claro que deben existir otros operadores detrás de una operación que puede tener un valor de mercado negro de cerca 160 millones de dólares (calculados a $200 por gramo de cocaína en el mercado al detal en Estados Unidos).

La pregunta que nos hacemos es: Si Venezuela empieza a parecerse a esos “Estados Mafiosos”, que considera que participar en el gobierno es una oportunidad para desarrollar negocios ilegales. Este caso toca muy de cerca a la familia presidencial, y aunque no tengan ninguna conexión directa, lo que queda claro es que es crucial mantener una firme vigilancia de las personas que están relacionadas filialmente con los principales cargos en la Administración Pública.

martes, 3 de noviembre de 2015

Según especialista, "el país es el destino fijo para la delincuencia"



Caracas.- Venezuela a través de los años se mantiene como uno de los países más atractivos para perpetuar la delincuencia organizada, por su ubicación al norte de América, clima estable, vías de transporte terrestre, olas migratorias, pobre institucionalidad y áreas de minería.

“En los últimos 10 años nuestro país se mantiene con una fuerte tendencia de aislamiento policial y está es una de las cosas que ha permitido que todos estos delitos se vayan extendiendo, más porque tienen una gran cantidad de rutas que son conjunciones de complicidades”, explicó Javier Mayorca, especialista en criminalística del Instituto Universitario de Policía Científica (Iupolc).

El reporte de rutas que publicó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para este 2015 aseguró que son muchos los vuelos no autorizados que cruzan el territorio venezolano y los destinos más comunes para descargar cocaína son hacia el Caribe norte y Centroamérica.

“Venezuela es una clase de gran portaviones, los viajes hacia Honduras y Puerto Rico son los trayectos más activos, según este informe de la ONU”, comentó Mayorca.

Aunque son muchos los delitos que se protagonizan en el país, uno de los que tiene mayor influencia es el tráfico de drogas. Durante el taller impartido este viernes “Delincuencia Organizada para Periodista” realizado por la ONG Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado se alertó que el territorio venezolano es el centro de lavado de 40% de la cocaína.

Mientras que nos posicionamos con el 27% de la producción mundial, lo que representa alrededor de 170 toneladas métricas de esta sustancia ilícita, dejando una circulación al año solo en Venezuela entre las 15 y 20 toneladas métricas.

A esto le sigue en segundo lugar la trata de personas que en los últimos años ha tenido una influencia importante en los estados Aragua y Sucre, especialmente dedicada en el género femenino para esclavismo sexual. Algunos casos con conocimiento y otros a través de engaños por agencias de modelaje internacionales o mediante la promesa de mejoras en la calidad de vida.

Aunque existe una Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, que posteriormente fue sometida a una reforma en 2012, especialistas en el área coinciden que pese a este esfuerzo todo se ha hecho de forma muy desordenada, poco coherente y costoso, para lograr está legislación.

Fuente: Diario 2001

martes, 27 de octubre de 2015

Cicpc sin identificación viola la Ley e implica un retroceso en el sistema policial


Retrocederíamos al año 2006 con la supuesta orden sobre  la circulación de vehículos oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) sin logos de la institución. La medida estaría basada en la protección de los uniformados, tras los últimos ataques que han sufrido con granadas y armas de alto calibre en manos de antisociales.

Con la decisión se estaría violando el artículo 66 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, la cual entró en vigencia el 7 de diciembre de 2009, y que fue publicada en Gaceta Oficial 5.940, luego del trabajo que realizó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) en los años 2006, 2007 y 2008. El mencionado artículo dice lo siguiente:

De la identificación Artículo 66.

”Los funcionarios policiales están obligados, durante el ejercicio de sus funciones, a utilizar los uniformes, insignias policiales y equipos autorizados, así como portar los documentos de identificación que los acrediten como funcionarios. El uniforme, insignia policial y equipo autorizado deberán encontrarse debidamente identificados de modo visible, con mención expresa al funcionario y cuerpo de policía al cual pertenece, estando obligados a identificarse a solicitud de las personas. Quedan a salvo las normas especiales sobre agentes encubiertos e inteligencia policía”.

Desde que ocurrió la masacre de tres estudiantes de la universidad Santa María en el barrios Kennedy de Las Adjuntas, en Caracas, se prendieron las alarmas sobre la identificación o no de los funcionarios policiales, señala el director de la ONG Paz Activa Luis Cedeño.

Ese 27 de noviembre de 2005 personas sin distintivo alguno y encapuchados asesinaron a Eric Montenegro, Leonardo González y Edgar Quintero e hirieron a tres mujeres que los acompañaban. Posteriormente se supo que los homicidas eran de la policía científica. Dos de los tres asesinados presentaron orificios producto del paso de los proyectiles disparados por armas de fuego a próximo contacto, (menos de 1 metro de distancia).

“De ese caso devino en la ley que todos los cuerpos de policía nacional debían estar uniformados y debían tener nombres en su uniforme para justamente evitar esos anonimatos, porque detrás del anonimato se esconde el abuso de autoridad o la violación de derechos humanos, por eso se estableció de esa manera”, indicó Cedeño.

El sociólogo no cree que la medida de no circular con logos se estaría aplicando para proteger a los funcionarios de ataques. Advirtió que la no identificación contribuye a que “los delincuentes se mezclen con los policías; entonces nadie va a saber exactamente cuando uno de estos cuerpos de seguridad, que no está identificado y se le acerque a la ciudadanía, la gente podría confundirlos con antisociales, como ha pasado, pudiendo generarse situaciones delicadas como un intercambio de disparos sin necesidad”, afirmó.

De hecho, para evitar esto, en la reforma policial, se estableció un solo logotipo para las policías y un uniforme que se diferenciaba entre estadales o municipales, sólo por el color.

Para Luis Cedeño, “esto sería un retroceso porque ya sabemos que cuando no existía la identificación eso generaba una cantidad de problemas, sería regresar y que esos problemas vuelvan a aparecer y por ende aumente la violación de derechos humanos así como las muertes por resistencia a la autoridad”, agregó el director de la ONG.

Esa mezcla entre funcionarios y antisociales, que podría dar el anonimato como menciona Luis Cedeño, lo vivieron los venezolanos en febrero de 2006 cuando en una supuesta alcabala de la Policía Metropolitana (PM) en el sector Vista Alegre, se produjera el secuestro de Jhon, Kevin y Jeison Faddoul de 17, 13 y 12 años de edad respectivamente y su chofer Miguel Rivas.

El 4 de abril de ese mismo año fueron localizados muertos en una localidad del estado Miranda. Cuatro funcionarios de la PM y otras nueve personas fueron condenados a 30 años de prisión. Otros cuatro civiles asumieron los cargos y su sentencia fue menor.

El pasado domingo, la Coordinación Nacional de Investigaciones Penales del Cicpc ordenó a todas las divisiones y subdelegaciones del área metropolitana de Caracas la prohibición de circular las unidades de la policía científica, debido a los ataques con granadas ocurridos durante el fin de semana.


Fuente: El Estímulo

miércoles, 21 de octubre de 2015

ONG vincula zonas de paz con aumento de linchamientos


Luis Cedeño, director de la agrupación encargada de promover la convivencia ciudadana, aseguró que el Gobierno ha cedido el monopolio del control de la violencia

Caracas.- La “impunidad casi absoluta” cuando se trata de delitos menores y la falta de presencia policial en los barrios ha generado un estado de indefensión frente al cual las comunidades venezolanas se sienten obligadas a organizarse para buscar justicia al margen de la ley. Así lo señaló la Organización No Gubernamental (ONG) Paz Activa.

El director de la ONG y también sociólogo, Luis Cedeño, afirmó que en los últimos años el Gobierno ha cedido “de manera deliberada” el monopolio del control de la violencia, lo que explica en parte el aumento acelerado de los casos de linchamiento de criminales que son hallados en flagrancia.

“Frente a la ausencia de un Estado capaz de hacer justicia, la gente se organiza y adopta este comportamiento. La falta de respuestas a la inseguridad ha hecho que regrese el ojo por ojo, diente por diente”.

Cedeño señaló que la legitimación de los colectivos armados, así como la aparición de las zonas de paz - creadas en 2013 con el fin de pacificar a bandas armadas y reinsertarlas en actividades legales- constituyen una muestra de cómo las autoridades han ido perdiendo terreno en el control de la criminalidad.

Refirió que esta realidad ha propiciado un mayor número de ejecuciones extrajudiciales, que ya no se limitan a los llamados “delitos despreciables”. Alertó que estos hechos son un síntoma de sociedades que han involucionado.

“Antes esta conducta estaba reservada para los casos de sucesos aborrecibles como violaciones o pedofilia, pero ahora vemos como también por robo o hurto se han vuelto cada vez más frecuentes y consuetudinarios”, manifestó.

En menos de una semana se han registrado dos casos de linchamiento en Petare (Miranda).

"Frente a la ausencia de un Estado capaz de hacer justicia, la gente se organiza (...) la falta de respuesta a la inseguridad ha hecho que regrese a la comunidad el ojo por ojo, diente por diente”. Luis Cedeño Director de Paz Activa

El martes, el joven Edicson Parra falleció tras ser golpeado y quemado por una turba del barrio Carpintero, mientras que una situación similar se produjo el jueves pasado con Jorge Alberto Catari y Wilson Peña Rodríguez, quienes fueron asesinados por la comunidad del sector Mesuca.

Mano dura

El vocero de la ONG promotora de la convivencia ciudadana prevé que para el cierre de 2015 se produzcan hasta 300 linchamientos en todo el país, lo que sería un pico histórico, pues hasta el año 2011 el promedio se situaba en 30 ajusticiamientos anuales.

“Lo que sucede es que hay una cifra negra porque la mayoría no se denuncian (...) Hay más de 3 mil homicidios al año que se califican como muerte por averiguación y muchos de ellos son linchamientos”, dijo.

Cedeño también aludió a la implementación de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), de las cuales dijo que pese a las denuncias de violación de derechos humanos, la medida ha sido bien recibida en las zonas populares.

“La gente siente que es necesario que se aplique esa mano dura a la impunidad (...) Necesitan que de alguna forma sea resarcido el daño que les ha hecho la impunidad”, dijo.

Esta semana fueron activadas OLP en Sucre y Anzoátegui.

El ministro para Relaciones Interiores, Gustavo González López, dijo que la medida continuará extendiéndose para combatir la delincuencia y el paramilitarismo.

98,4 por ciento de los casos que manejó el Ministerio Público en 2014 quedaron impunes. La cifra aportada por el inspector jubilado de la Disip y asesor de seguridad, José Moreno, corresponde al informe de la Fiscalía del año pasado, que señala que en 2014 hubo 352 mil 321 delitos y solo 5 mil 426 de ellos fueron resueltos.

Victimario difuso El director de Paz Activa, Luis Cedeño, aseguró que los linchamientos constituyen un desafío para las institucionalidad, pues la figura del victimario es difusa. “Es muy difícil esclarecer estos casos, porque no hay un responsable, sino que se trata de una identidad difusa por un comportamiento de masas”.



Fuente: El Tiempo

miércoles, 14 de octubre de 2015

Vigilantes, una opción no muy querida


La inseguridad ha implantado un nuevo campo laboral para los jóvenes venezolanos, incluso cuando "este es uno de esos oficios con los que nadie de niño piensa ni dice qué quiere ser cuando sea grande", como afirma Gerardo, un ex soldado de 27 años ahora a las órdenes de una firma de vigilancia privada.

Por Humberto Márquez

Gerardo no permaneció en la milicia "para no seguir con esa disciplina", no quiere ir al comercio detallista informal (y a menudo ilegal) que crece en las ciudades pues, asegura: "No me gusta andar vendiendo, y aquí tengo un sueldito mientras llega la hora de estudiar algo como computación o dibujo", dice mientras se estira en la garita de 2x3 metros desde la que vigila el acceso a un grupo de edificios residenciales en el sureste de Caracas.

"Una de las razones por las que logramos nuevos reclutas para la compañía es porque a muchos les atrae un trabajo en el que nunca hacen mucho y a veces casi nada, y es poco el esfuerzo físico o intelectual que se exige", señala Herminia Araujo, gerente de una empresa de seguridad que actúa en el oriente del país.

En Venezuela operan más de 600 empresas de seguridad que dan empleo a más de 100.000 vigilantes, según cifras que maneja la principal cámara que las agrupa, y una buena parte de ellos son jóvenes, a menudo egresados del servicio militar.

En un municipio de clase media de Caracas, El Hatillo, la policía local cuenta con 87 efectivos pero en la zona trabajan 2.700 guardias privados. “La alcaldía ha debido encuadrar en un pacto de colaboración a unos 200 vigilantes privados”, señala el sociólogo Luis Cedeño, de la organización sobre seguridad Paz Activa.

El telón de fondo es el negocio de la seguridad que hizo crecer en la última década las empresas de blindaje de autos, los servicios de guardaespaldas y las calles cerradas con garitas de vigilancia. Cinco de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en Venezuela, según el ranking de la organización mexicana Seguridad, Justicia y Paz.

La paga es poca

Un joven que ingresa a la empresa de vigilancia gana el salario mínimo (7.500 bolívares, menos de 40 dólares al mes), pero la remuneración puede hasta duplicarse con bonos, por alimentación, guardias nocturnas, transporte y, en algunos casos, puntualidad.

Isabel, joven madre asignada como vigilante a un supermercado, comenta que “un beneficio es que podemos comprar más fácilmente productos escasos, leche, pañales, jabón”. En la Venezuela de los últimos dos años los consumidores dependen del azar cuando van al mercado a buscar dos docenas de productos esenciales, pero los empleados se informan primero de la mercancía que llega.

Jóvenes como Gerardo se quejan de que “el dinero no alcanza” y recuerda que vecinos de su barriada que se dedican a revender alimentos y artículos de higiene subsidiados ganan más dinero, “pero aquí hay más seguridad en que recibirás tu salario los días 15 y último” de cada mes.

Araujo dijo que “cuando ya son más experimentados, no tan jóvenes, los ingresos mejoran para la gente de seguridad porque trabajan por ejemplo como supervisores”, y según Cedeño, “allí incluso hay una descapitalización de las policías, porque los jóvenes migran en busca de remuneración mejor a la que reciben como agentes”.

El problema es el riesgo 

Alfredo, frisando los 30, es un escolta motorizado generalmente asignado a cuidar empresarios, gerentes o expertos que vienen al país en plan de negocios. “El trabajo es en grupo, coordinado con la central, un auto, a veces blindado, una moto o hasta dos con el personaje. El problema es que los malandros te ubiquen y quieran después asaltarte para quitarte un arma o un equipo”, dice.

El gobierno autoriza que vigilantes de ciertas empresas porten revólveres o escopetas, con una munición mínima, pero son pocos y la mayoría dispone sólo de radios o teléfonos.

“Mejor estar sin armas, menos riesgo de que te ataquen. Nosotros observamos, pero si llega un grupo que fuerza el paso y va a asaltar o echa tiros, ¿qué podemos hacer? Encerrarnos y tratar de avisar a la policía”, comenta Oscar, otro guardián de residencias.

El panorama del crimen en Venezuela (un millón de delitos y 19.000 homicidios en este país de 30 millones de habitantes, según las últimas estadísticas oficiales de hace ya varios años), incluye más de 100 policías abatidos cada año solo en la capital, algunos de ellos guardaespaldas, y el asesinato de vigilantes en asaltos, principalmente.

¿Vale la pena el riesgo? Como Gerardo, muchos otros jóvenes vigilantes ven el empleo en seguridad como un puente, como la manera de aguantar una situación que escapa a su manejo mientras las condiciones del país mejoran y pueden asirse a otro oficio, con el que quizá sí soñaban ser desde muy chicos.

Fuente: El Toque

jueves, 1 de octubre de 2015

Serie de Monografías: “Visibilizando el Delito Organizado”



Luisa Berlioz - El Observatorio de Delito Organizado presentó en Caracas, la primera serie de Monografías “Visibilizando el Delito Organizado”, desarrollando cuatro temas: 1. “Como afecta la delincuencia Organizada al Ciudadano” (Autor: Marcos Tarre); 2. Robo y hurto de vehículos en VenezuelaUn enfoque preventivo” (Autor: Javier Ignacio Mayorca); 3. “Materiales de Sangre: extracción y contrabando de materiales estratégicos en Venezuela” (Autor: Fernando Fernández); y 4. “Secuestro Extorsivo y Secuestro Expres” (Autor: Marcos Tarre), según informó Luis Cedeño, Director del Observatorio de Delito Organizado en Venezuela.

“Esta serie de Monografías: “Visibilizando el Delito Organizado”, comenta Cedeño, “tienen una doble funcionalidad: visibilizar estos delitos que apenas ahora las personas están entendiendo su vinculación con el delito organizado, y a su vez educarlos de alguna manera sobre la naturaleza de esos delitos y de cómo no ser parte de ellos ni víctimas de estos en particular”, precisó el Director del Observatorio.

El evento transcurrió durante la mañana y contó con la participación de la Coordinadora del Observatorio de Delito Organizado, Wileyma Meneses y los autores Marcos Tarre, Fernando Fernández y Javier Ignacio Mayorca quienes comentaron en detalle cada una de las publicaciones que conforman esta serie de Monografías “Visibilizando el Delito Organizado”. La clausura del evento estuvo a cargo de Phillipp Gross, Jefe de la Sección Política de la Delegación de la Unión Europea en Caracas.

Luis Cedeño resaltó que esta actividad “está en el centro de la misión del Observatorio y se refieren a aquellos delitos que conocemos pero que existen otros delitos que la mayoría de las personas pareciera no relacionar con el delito organizado. En esta oportunidad estamos hablando de Secuestro y Extorsión, Robo y Hurto de Vehículos pero también estamos hablando del Contrabando de Extracción que son los llamados “materiales de sangre” que son materiales estratégicos que se extraen de forma ilegal en el sur del país. Tenemos la extracción de diamantes, oro y otros materiales menos conocidos como el coltán, materiales estratégicos para la industria de la tecnología y Venezuela tiene una fuente muy importante de ellos.  Lamentablemente no se logran obtener los beneficios a niveles fiscales de estos materiales porque el delito organizado mantiene un mercado ilegal totalmente cooptado a nivel nacional.

lunes, 28 de septiembre de 2015

Mayoría de la población sostiene que la inseguridad creció en Venezuela


Caracas - De acuerdo con los resultados arrojados por la II Encuesta sobre el Delito Organizado en Venezuela, 75% de los venezolanos consideran que en el país los índices de violencia  han aumentado en los últimos 12 meses. Reseñó EFE, en consideración a un balance presentado por la Asociación Civil Paz Activa, organización que es apoyado por la Unión Europea.

Datos que pueden corroborar estas apreciaciones, son los índices de violencia registrados en la ciudad capitalina  de Caracas, donde los ingresos de Cadáveres a la Coordinación Nacional de Ciencias Forenses en Bello Monte, no ha bajado de los 400 decesos  en los últimos 9 meses.

En el mes de Marzo, considerado como uno de los más violentos del año 2015, llegaron durante el mes,  485 cuerpos a la referida morgue,  aproximadamente 12% más de los contabilizados en el mismo mes pero con relación al año anterior (2014), donde se registraron  440, según los datos reseñados en el  periódico El Universal.

En torno a  todo lo anteriormente expuesto el presidente de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, sostuvo que "Cuando hablamos del nivel de victimización, la mitad de la población entrevistada había sido víctima de robo o hurto en los doce meses anteriores a la encuesta y las tres cuartas partes de los entrevistados consideró que la inseguridad había aumentado".

El también profesor universitario presentó una serie de datos conclusivos en los que dio a conocer que, frente al 71,1 % de los entrevistados que consideró en 2013 que la inseguridad había aumentado, esta última encuesta reveló que la cifra creció hasta el 75,6 %.

Briceño León recordó que, según el OVV, Venezuela tiene la segunda tasa más alta de homicidios del planeta con 82 por cada 100.000 habitantes, cifra que el Gobierno venezolano rebaja a 62.

El estudio se llevó a cabo entre los meses de julio y agosto y se hicieron 3.500 entrevistas, a razón de 500 por cada una de las siete regiones en las que se dividió el territorio de Venezuela.

El presidente de esta ONG señaló al tráfico de drogas junto con el robo de vehículos y sus repuestos para su venta ilegal, así como el contrabando y reventa de productos regulados, como los más importantes dentro de la delincuencia organizada.

Sobre este último caso aseguró que "llamó la atención" que los entrevistados consideren esta práctica, conocida en Venezuela como "bachaqueo", como un delito organizado.

El Gobierno venezolano subvenciona desde hace años una serie de alimentos y productos de primera necesidad, lo que ha facilitado la creación de un mercado paralelo de los mismos dentro de la crisis severa de desabastecimiento que vive desde hace meses el país.

Según la encuesta "la mayoría de la población estima que las acciones del Gobierno para el control de la economía han propiciado el delito organizado y la corrupción", defendió Briceño León y señaló que las cifras dicen que el 66,8 % de los entrevistados está de acuerdo con que el Ejecutivo "favorece el bachaqueo" con el control de precios.

Además el 76,4 % de los preguntados respondieron "de acuerdo" a la afirmación de que "el control de precios ha propiciado la venta ilegal de productos regulados", número que aumentó hasta el 79,1 % ante la frase "el empobrecimiento ha llevado a más personas ha vincularse con el delito organizado".

"La mayoría de los entrevistados perciben como mala la acción del Gobierno y consideran además que la actividad de muchos funcionarios ha favorecido el delito organizado", sostuvo Briceño León.

Según la encuesta los venezolanos responsabilizan a pandillas, mafias y bandas (50,7 %) o a los líderes carcelarios (49,5 %) del delito organizado, frente a los pocos que defienden que los culpables son los paramilitares (19,7 %) o la guerrilla (18,9 %).

Además existe, dijo, "poca disposición y miedo para cooperar con la policía y con el sistema de justicia", afirmación que sustentó con cifras que reflejan que ocho de cada diez entrevistados consideraron "muy peligroso" denunciar a las bandas del delito organizado o ser testigos en un juicio penal.

Un 61 % de los preguntados estuvo de acuerdo con la filosofía de "plomo al hampa", mientras que un porcentaje un poco mayor, a favor de medidas menos radicales como la depuración de cuerpos policiales o el uso del ejército para combatir el delito organizado, medidas tomadas ya por el Ejecutivo.


Fuente: Diario 2001

miércoles, 9 de septiembre de 2015

Según estudio, 95 vehículos son robados diariamente en Venezuela


95 vehículos son robados y hurtados en Venezuela diariamente según el reciente análisis del Observatorio de Delito Organizado sobre las cifras oficiales del Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz.

En el marco del seminario robo y hurto de vehículos en Venezuela, el director de la asociación Paz Activa, Luis Cedeño, manifestó que “el delito ha incremento debido a las fallas de distribución de repuestos y unidades”.

“Los vehículos se han vuelto hoy en día un bien sumamente codiciable, inclusive dolarizado, donde la gente busca activamente repuestos o vehículos nuevos”
Ademá, Cedeño señaló que uno de cada tres vehículos robados “no es conocido por las autoridades, es decir el dueño no lo denuncia, esto nos coloca en una importante cifra negra sobre este delito”.

De acuerdo al periodista y ponente, Javier Mayorca, desde el año 2000 hasta el año 2013 el robo y hurto de vehículos ha aumentado 29% y, precisó, el “robo de motocicletas representa 70% de este crimen”.

Según Mayorca, para el 2013, este delito superaba los 900 millones de dólares en pérdidas para quienes adquieren legalmente un vehículo.


Fuente: Edgar Daniel Pulgar

jueves, 3 de septiembre de 2015



Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado tienen el agrado de invitarle al “Seminario sobre robo y hurto de vehículos en Venezuela".

El evento contará con la participación de Javier Mayorca, periodista especializado en criminalística (LUPOLC) y miembro del consejo consultivo del Observatorio de Delito Organizado, quien hará un análisis sobre la situación de éste delito en el país.

Además se hará entrega de certificado y refrigerios. Para solicitar mayor información escriba a eventos.pazactiva@gmail.com


Fecha: Martes 8 de septiembre 2015

Lugar: Hotel Chacao Suites - "Gran salón Chacao". Avenida. Francisco de Miranda. Chacao, Caracas.

Horario: 8:00am- 12:30m

Esperamos contar con su valiosa presencia.

Sin Costo. Cupos limitados.

lunes, 24 de agosto de 2015

El fenómeno de los linchamientos crece ante la impunidad en Venezuela


El intento de asalto de una mujer con su bebé en Lomas del Ávila, Caracas, originó una cadena de sucesos que devino en el intento de linchamiento de 4 sujetos el pasado 14 de mayo. Esa urbanización está, como un nido, sitiada por el barrio marginal más grande de Latinoamérica, el José Félix Ribas.

La mujer gritó, lloró, intento huir y el escándalo alertó a la comunidad, que empezó a bajar y arremetieron contra los delincuentes hasta que fueron socorridos por funcionarios de Polisucre cuando estaban a punto de ser linchados.

Ese fue el tercer linchamiento (o intento) del 2015. A continuación la estadística se eleva atropelladamente para alcanzar 25 sucesos de esta naturaleza: en junio hubo 4; en agosto, 10.

Otro elemento alarmante es que la mayoría no responde a reacciones colectivas en contra de crímenes atroces o abominables, como violaciones a menores, sino que detonan por hechos delictivos menores como robos.

El 4 de agosto Guido Pérez (44) fue asesinado en la comunidad Monseñor Arias en la carretera Petare - Santa Lucía cuando su esposa lo botó de su casa. Pérez tomó la calle, bajo el efecto del alcohol, y abordó a una menor de edad para ultrajarla. Logró escapar pero un grupo de sujetos en moto lo apalearon, le amputaron manos y pies y luego lo rociaron con gasolina y lo incendiaron.

Un día después, en Caricuao, Yorbin Ortega fue tiroteado, quemado y linchado bajo la acción de nueve personas de la comunidad por haber estado presuntamente involucrado en robos.

Ambos sujetos fueron objeto de sucesos similares, bajo presuntos hechos delictivos de distinta naturaleza y proporción.

Javier Gorriño, experto criminólogo y criminalista, explica que "cualquier comunidad está cansada ya del hampa, si logran capturar a un delincuente cualquiera, lo linchan. Es como una venganza que llevan adentro. Hay un odio concentrado hacia el delincuente, entonces el primero que cae va a pagar todo ese odio contenido".

"Porque es que la gente siente que la policía no llegará y que si llega soltarán al delincuente a los 5 minutos. Entonces toman la justicia en sus manos", expresa Gorriño y explica que "se pierde la responsabilidad legal cuando es un grupo de personas".

"Lo que llama más la atención es la atrocidad con la que se llevan a cabo los linchamientos. No es solo matarlos (a los criminales), sino quemarlos y amputarlos, en fin, es un odio que hay hacia el delincuente como figura, no hacia el delincuente que capturan".

Gorriño asegura que estas acciones no cohiben a otros criminales de accionar en ciertas comunidades o zonas, que al contrario, esto los vuelve "más violentos".

Expone que la condición esencial de este fenómeno está originado por la falta de respuesta del Estado. "La impunidad e inseguridad que tenemos es por la inacción del Estado. Se ha limitado a demostrarle a la ciudadanía que algo harán con un operativo, como las OLP (Operación Liberación al Pueblo), por la cercanía de la fecha de las elecciones parlamentarias. No es lo indicado ni necesario". Concluye el criminalista y criminólogo.

La diputada al Parlatino, Delsa Solórzano, expuso un informe en marzo de 2015 en el que señaló que "el Ministerio Público (registró) en Delitos Comunes en 2014, 351 mil 321 casos, de los cuales fueron a juicio 5.426, es decir, 98,45 de índice de impunidad".

Por su parte, el sociólogo y director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, explica que: "Los linchamientos se dan generalmente cuando los delitos son fundamentalmente ruines, como casos de violaciones o asesinatos infantiles, porque generan reacciones muy fuertes en las comunidades cuando no se les da respuesta por parte de las autoridades. Recientemente vemos algo diferente, responde a otro patrón: las comunidades están organizándose para el caso en que logren capturar algún delincuente y su nivel de tolerancia ha bajado. Ahora no solo se trata de crímenes muy cuestionados, sino que ya los delitos comunes pueden fácilmente originar la muerte del victimario".

"En sectores populares donde se siente más agudamente la indefensión, traducida como el abandono de las autoridades de sus labores de vigilancia, resguardo y prevención (del delito), las mismas personas han decidido que si se da la situación de captura de un delincuente, ya hay un ritual que incluye el linchamiento", expone Cedeño.

"No hay en la conciencia de estas personas un estado de derecho o una institucionalidad que vele por la aplicación de sanciones proporcionadas a los delitos".

NTN24 le preguntó ¿bajo qué características se debe encontrar una sociedad para volcarse a estas acciones?

Cedeño concluyó que "el linchamiento es la manifestación más clara del fracaso del Estado en la administración del monopolio de la violencia".

El recuento de linchamiento

El 22 de enero, Ronald Mantilla (22) fue muerto a golpes por dos sujetos que lo acusaban de delincuente en Mamera, Caracas.

El 26 de febrero, en el estado Nueva Esparta, quemaron vivo a Jhonatan Guzmán por presuntamente violar a una niña de 12 años.

En Valencia intentaron linchar a dos motorizados por presuntamente dedicarse a secuestros escolares, el 20 de marzo.

Cuatro sujetos fueron objeto de un linchamiento frustrado por robo a una mujer y su bebé, el 15 de mayo en Lomas del Ávila, Caracas.

El 15 de junio, en Ocumare, le quitaron una escopeta a Ángelo González (20) cuando intentaba robar una casa. Con esta la golpearon hasta matarlo.

El 18 de junio, en el estado Carabobo, lincharon estrangulado y golpeado a José Hernández (38) por presunta violación.

El 23 de junio, más de 300 personas golpearon a un presunto violador hasta la muerte y quemaron su cadáver en Los Teques.

En el estado Táchira, apuñalaron y quemaron a Julio Palomo por robo el 24 de junio.

A Eduardo Flores (24) y Jorge Ceballos (30) los golpearon, tirotearon y amarraron por abusar de una mujer mientras la robaban, en el estado Carabobo, el 1 de julio.

El 13 de julio Andry Díaz (22) fue matado a golpes, pedradas y palazos en el estado Zulia por presunto robo.

El 2 de agosto lincharon a Guido Pérez (44) por intento de violación en una comunidad del km 13 de la carretera Petare - Santa Lucía.

A Yorbin Pérez (20) lo tirotearon e incendiaron el 5 de agosto, en Caricuao, Caracas, por robo.

El 7 de agosto lincharon a Alejandrina Orta (54) fue linchada por ser madre de un sujeto que presuntamente había matado a un adolescente, en Santa Lucía del Tuy.

El 9 de agosto, en el estado Mérida, dieron muerte a Franklin Dorante (22) por intento de robo a una casa de familia.

El mismo día, lincharon a Yorgenis Jaspe (23) por atraco a una unidad de transporte en Los Valles del Tuy.

En Terrazas del Club Hípico mataron a cuchilladas a un ladrón de residencias, el 11 de agosto.

El 12 de agosto lincharon a un motochoro que presuntamente robó a una señora en Los Ruices, Caracas.

El 16 de agosto intentaron linchar a un motorizado que intentó robar en La Candelaria, Caracas.

En Táchira, el 17 de agosto, intentaron linchar a un sujeto por querer robar una tablet.

El 18 de agosto lincharon a machetazos a un ladrón de baterías de carro, Lázaro Iriarte (24) en el estado Aragua.


Fuente: Rafael Hernández - NTN24 Venezuela

miércoles, 19 de agosto de 2015

Sociólogo analiza en NTN24 la forma en la que operan los criminales a través de redes sociales en Venezuela

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Delincuentes usan redes sociales como una plataforma para comercializarse y buscar clientes potenciales. Así lo reveló Gustavo González, Ministro de Relaciones Interiores, quien además precisó que unas 39 bandas criminales están siendo investigadas.

Luis Cedeño, sociólogo, habló en NTN24 sobre este tema, haciendo un análisis sobre la motivación de los criminales para exhibirse en Facebook y Twitter. “las redes sociales son formas de promoción para que su grupo criminal se vea exaltado”, dijo.

Analizó la delincuencia en general en Venezuela y las medidas que están tomando las autoridades, diciendo que “hay una habilidad dentro del gobierno para hacer seguimiento a estas personas y detenerlas”.

“Hace falta voluntad política para restringir a esos grupos delincuenciales”, dijo.


Fuente: NTN24

martes, 11 de agosto de 2015

Luis Cedeño: “Los saqueos solo generan mayor pobreza


Luis Cedeño, director de la organización no gubernamental Paz Activa, considera que la frustración por no poder acceder de forma regular a los alimentos es el detonante de los niveles de anomia que están detrás de un saqueo. “Las personas están esperando por mucho tiempo los alimentos, se sienten desesperados por obtener los productos”, explica.

Sin embargo, cree que es necesario desarrollar una campaña de concientización con el fin de que los ciudadanos comprendan que un centro de distribución saqueado, probablemente deje definitivamente de prestar sus servicios. “Los saqueos solo generan mayor pobreza, ese centro de distribución no va a funcionar más”, señala.

El sociólogo explica que el saqueo es un fenómeno en el que la personalidad del individuo se desdibuja en función del comportamiento de las masas. De este modo, unos pocos individuos son capaces de generar en el colectivo una actitud capaz de romper el —a su juicio—ya muy fracturado orden social en Venezuela.

Cedeño advierte sobre la posibilidad de que hechos de este tipo se extiendan rápidamente, si el Gobierno nacional no es capaz de demostrar que tiene la autoridad de frenarlos. “Estos conatos de saqueo son fuegos en la llanura. Pueden extenderse fácilmente. En la medida en que el Gobierno de permisividad la gente pensará que es impune. Hay que tener cero tolerancia con el saqueador”, recomienda.

Rechaza que estas acciones sean justificadas y descarta que se consideren como hechos “históricos”. “Quien saqueó hoy, no saqueó en 1989. Estas son personas que buscan beneficiarse de forma rápida”, critica.

Sugiere tomar medidas para reducir la frustración de los consumidores al no conseguir alimentos, o tener que comprarlos a precios inaccesibles. “Si hubiese plena oferta de productos y servicios no hubiese saqueos. Hay que reducir la frustración de las personas”, agrega.



Fuente: RunRunes

Organizaciones de DDHH ven con recelo operativo practicado en la Cota 905


Voceros de organizaciones no gubernamentales tienen posiciones encontradas en relación con el operativo practicado este lunes 13 de julio en la Cota 905. Por un lado están de acuerdo y consideran necesarias las políticas que garanticen la seguridad de los venezolanos, pero por otro expresan su preocupación por la desproporción entre las personas heridas y asesinadas, así como las condiciones en las que fueron detenidas 134 personas.

A Rafael Uzcátegui, secretario general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el hecho de que de no hayan personas lesionadas le genera muchas interrogantes, ya que si se basa en los informes de la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol) impulsada por el Gobierno de Chávez en 2006, la desproporción entre las bajas civiles y las bajas policiales hacía presumir que se estaban encubriendo casos de ajusticiamiento bajo la figura del enfrentamiento.

“Ellos hablaban de que por cada caso de lesionado hubiera tres asesinatos ya era peculiar, aquí fueron 15 muertos y ni un herido lo que quiere decir que a nivel de procedimiento policial es extraño”, agregó. En su opinión, la Fiscalía y la Defensoría deben abrir la investigación y solución de estos casos.

Uzcátegui también se refirió a los estándares internacionales sobro cómo deben ser las personas privadas de libertad teniendo en cuenta el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. “Por supuesto si un funcionario es atacado tiene derecho a su legítima defensa para responder, pero también debe adaptarse a una serie de condiciones donde debe privar el respeto a la vida, garantizarle la vida al adversario”, especificó.

“Vemos con preocupación que de las 134 personas detenidas solo han quedado privadas de libertad 19; es decir, estamos repitiendo un procedimiento que fue altamente cuestionado por el Gobierno, es la situación de razzias, de operativos indiscriminados en las zonas populares donde se detenían a las personas por una serie de características físicas o sociales” , agregó e hizo énfasis en la eficiencia limitada del mismo.

Para Roberto Briceño, del Observatorio Venezolano de Violencia, es paradójico que en una sociedad donde la impunidad es común, y donde no se enfrente directamente a las bandas criminales, de pronto se use el Ejército y una gran cantidad de armas para establecer un operativo contra la delincuencia. “Evidentemente es necesario responder a estos grupos delincuenciales, pero no puedo asegurar que esa haya sido la forma correcta”, aclaró.

Considera que para lograr el éxito de estos operativos es necesario tener por delante el respeto por la ley, por los derechos humanos concebidos en esas leyes para así lograr que la acción sirva para disminuir la violencia y no para aumentarla. “En cualquier acción tu tienes que cuidar que no caigan victimas inocentes. Al igual que el principio de comportamiento del médico, no se puede causar más daño del que intentas evitar” , ejemplificó.

Sobre el número de personas que resultaron muertas en estos operativos, Luis Cedeño, director de la Asociación Civil Paz Activa, explicó que aquí hasta podría pensarse en el ajusticiamiento como forma de profilaxis social que manifiesta en lo que son las cifras de resistencia de la autoridad. En el tema de justicia, Cedeño recordó que es necesario que se garanticen los derechos de las personas que fueron detenidas. Hizo un llamado a la Defensoría para que hagan un monitoreo de los casos y los investiguen.



fuente: María Laura Chang (Efecto Cocuyo)

miércoles, 5 de agosto de 2015

CARACAS: Pandillas mutaron a megabandas

41 bandas en Caracas actúan
sin contención del Estado

 
 Crecieron entre la impunidad y la negligencia, y siembran terror en el país
 Carlos Luis Revete, alias “Coki”, cumple mañana tres semanas prófugo de la justicia.
 En el municipio Libertador están 19 de las organizaciones criminales que actúan en las cinco jurisdicciones de la capital.
 Para erradicar las megabandas, el gobierno lanzó esta semana una razzia militar-policial llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP).
 Solían ser pequeñas y ya infundían terror. Pero ahora las pandillas de los barrios en Venezuela dieron paso a la aparición de las llamadas “megabandas”.
Caracas.- Según los expertos, “megabandas” fuertemente armadas están aterrorizando sectores de Venezuela, lo que sería el más reciente indicio de que el caos criminal en el país puede estar tendiendo hacia la conformación de estructuras más organizadas.
El Observatorio de Delito Organizado de Venezuela emitió una alerta en la que llama la atención sobre el creciente poder de estructuras criminales a las que denomina “megabandas”. Cada una de ellas tiene cerca de 50 miembros que conforman su base, pero pueden apoyarse en redes de hasta 200 criminales mediante conexiones con bandas callejeras locales.
Las principales actividades criminales de las “megabandas” son la extorsión, el secuestro, el robo, el sicariato y el tráfico de drogas. Estas bandas están mejor armadas que las padillas callejeras comunes, y su armamento incluye rifles de asalto y granadas de fragmentación.
El observatorio señaló que las megabandas no son una evolución de las pequeñas pandillas callejeras, sino que se basan en un modelo criminal desarrollado en las prisiones de Venezuela, donde líderes conocidos como “pranes” dominan estructuras jerárquicamente organizadas. Varias de las bandas son controladas por este tipo de figuras desde las prisiones.
 
La Cota 905:
La captura del líder de la banda, que lleva su apodo y que se moviliza por la Cota 905, El Paraíso y El Cementerio, era objetivo de la Operación de Liberación del Pueblo que los cuerpos de seguridad desplegaron en la Cota 905 el 13 de julio, pero ya no estaba allí.
La organización del “Coki” es una de los 41 grupos que operan en los 5 municipios de Caracas ­es una de las 19 que actúan en Libertador­ y que colocan a Caracas en una de las capitales más expuestas al delito en América Latina.
Si bien en Sucre, Chacao, Baruta y El Hatillo se concentran 22 de estas organizaciones delictivas ­la mitad más uno de las que existen en toda la ciudad­, en Libertador los grupos delictivos involucrados con la venta de drogas, homicidios, extorsión y robo de vehículos llevan más de dos décadas en la zona, como la del 70 en El Valle; están más organizadas y cuentan con más de 100 hombres que tienen definidas sus funciones para mantener el control en algunos barrios de la parroquia, como en el bloque 10 de Propatria, donde el grupo de “Las Barras” con jóvenes “gariteros” hacen guardias 24 x 24 horas para vigilar los movimientos en el sector popular.
Aunque algunos de los integrantes de estas bandas han sido detenidos en procedimientos policiales, otros miembros se han reagrupado o han ganado más “cartel”, más popularidad entre las bandas, más poder.
Las “megabandas”, nuevas dueñas del crimen organizado:
“La megabanda, de «El Picure» y la de «El Juvenal», tomaron mucha fuerza en número de integrantes, en materia de logística y en capacidad de fuego”, dijo el sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia. “Tienen acceso a armas de guerra, Ak-47s, AR15s, granadas fragmentarias, y tienen una cobertura geográfica importante, porque coordinan con pequeñas bandas locales, a las que le ofrecen logística y protección”, explicó.
Las megabandas usan ese armamento para no solo emprender sus actividades delictivas, sino también enfrentar a las fuerzas del orden de igual a igual, atacando con granadas y rifles de asalto estaciones de policía en incidentes recientes. El Picure -organización que lleva el nombre de su fundador, José Tovar Colina, alias “El Picure”- ha estado en los titulares de prensa últimamente tras una serie de enfrentamientos con los organismos de seguridad en las zonas donde opera, principalmente en los estados de Aragua y Guárico. El Picure comenzó a extender sus tentáculos a Caracas, pero su poder en la capital es muy inferior al que ejerce El Coqui, otra de las bandas que acaparan la atención de los medios por estos días.
La megabanda de “El Coqui” liderada por Carlos Luis Revete, alias “El Coqui”, una agrupación que logró establecer una amplia alianza con otras pandillas y conforma una confederación que controla las actividades delictivas en el sur de la capital. La mayoría de las megabandas operan en los estados centrales del país y en el corredor nororiental que va desde Caracas hacia Puerto La Cruz. Una de ellas opera en el estado de Zulia y otra en la zona minera del estado de Bolívar.Que el régimen ahora haya salido a combatirlas no es una casualidad. “El costo político de no reprimir se volvió demasiado alto para el gobierno”, dijo Cedeño.
Hay cierto tufillo electoral en las redadas. Los vecinos afectados viven en las zonas populares de alta densidad que tradicionalmente han respaldado al chavismo y el tema había comenzado a verse reflejado en las encuestas de cara a las cruciales elecciones parlamentarias de diciembre.
Pero las relaciones entre el régimen y los pandilleros no siempre fueron hostiles. Entre las principales razones atribuidas al surgimiento de las megabandas están las denominadas “zonas de paz”, o territorios libres de presencia policial, constituidos para beneficiar a las pandillas con la esperanza de que dejaran de matarse en enfrentamientos territoriales y que eventualmente depusieran sus armas para incorporarse a la sociedad. La iniciativa tuvo resultados parciales. Los pandilleros lograron ver las ventajas de hacer las paces, pero terminaron forjando alianzas para seguir delinquiendo.
¿Una paradoja?:
“A 20 funcionarios de Policaracas les abrieron un proceso de sanción y posible destitución por haber ingresado a la Cota 905 sin notificarles a sus superiores. Los 7 oficiales que resultaron lesionados también son investigados”, informa El Nacional en su edición del 14 de junio de 2015.
En la nota un efectivo dice que la Cota 905 es una zona de paz y que el director del organismo de seguridad, general de brigada de la GNB, Eduardo Serrano, les llamó la atención a los agentes que entraron en ese sector e incluso amenazó a algunos con despedirlos.
Sin límites:
Ese poder, a juicio del sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia, aumentó desde 2005 cuando las pandillas de Caracas, de tamaño reducido y actuación limitada, comenzaron a mutar a mafias organizadas, con un mando jerárquico piramidal.
“Hoy se ha puesto al día el crimen organizado y las bandas se convirtieron en alumnos aprovechados”, explicó. El pasado sábado 25, el presidente Maduro dijo: “Estamos desarrollando una fase especial de las OLP. para proteger al pueblo, ya basta de crímenes.
La OLP va a “liberar” al país:
Sin embargo, Caracas es la capita con más homicidios en el mundo. “Tiene una tasa de 122 muertes por cada 100.000 habitantes, nunca había tenido un desarrollo de bandas tan estructuradas como en la actualidad. Antes eran pequeñas, tenían actuación limitada y una estructura jerárquica horizontal y no tenían unificación de mando.
Actualmente existen con una jerarquía piramidal en la que los líderes se entienden con la parte media y esta con el último eslabón”, precisó Briceño León.
Aseguró que las mafias han perfeccionado sus técnicas por la escasa contención del Estado, como sí sucede, por ejemplo, en México, Brasil y Colombia y por esta razón las bandas en Venezuela pueden tener un nivel de acción superior que el de sus pares en otros países: “Mientras en la década de los 90 y a principios del 2000 las pandillas robaban al carnicero, ahora le cobran al carnicero para no robarlo. Los delincuentes les cobran a sus víctimas para no asaltarlas”.
Cada megabanda, según Cedeño, tiene núcleos de 30 a 50 personas que son capaces de trazar alianzas para hacer trabajos específicos en otras áreas del país. El programa de las “zonas de paz” incrementó la magnitud de estas pandillas, y según Cedeño les confirió a sus líderes poderes de negociación similares a los que tienen los “pranes” o jefes de presos.
“La megabanda que vemos surgir en contraposición a la banda tradicional enmarcada a un entorno geográfico particular busca replicar el éxito que han tenido los pranes de las cárceles, en cuanto a capacidad de fuego y peso de negociación con las autoridades del Estado”, afirmó.
Ausencia de controles:
Para el criminólogo Keymer Ávila, el crecimiento de los grupos criminales en el país se origina en la falta de controles formales por parte del Estado.
Ávila indicó que estos grupos desarrollan alianzas con estructuras medias de los cuerpos armados. De esta forma obtienen la posibilidad de operar con impunidad, reúnen armas y aumentan su capacidad logística.
“No los veo como paramilitares, pero sí una consecuencia de la falta de intervención por parte del Estado. Es como el niño al que no le ponen límites. Empezaron usando revólveres, ahora tienen pistolas, granadas y armas largas”, explicó.
En torno a las grandes bandas ya identificadas –según Cedeño– podrían operar hasta 600 personas. Esto incluye tanto a los núcleos de cada grupo como a las personas que ocasionalmente les prestan algún servicio; 7 de las 12 grandes organizaciones tienen su área de acción en el Distrito Capital y el estado Miranda.
En Guárico y Aragua hay 3, incluida una estrechamente relacionada con el penal de Tocorón. Las restantes están en los estados Bolívar y Zulia.
El Dato: Hasta ahora las grandes redadas se han realizado en Aragua y Distrito Capital. Para erradicar las megabandas, el gobierno lanzó esta semana una actividad militar y policial llamada Operación de Liberación del Pueblo. Hasta ahora las grandes redadas se han realizado en Aragua y Distrito Capital.

Por: Angélica Lugo
Javier Ignacio Mayorca
Deivis Ramírez Miranda