viernes, 27 de febrero de 2015

Paz Activa realizó en el municipio El Hatillo capacitación en Prevención Situacional del Delito

Los problemas trabajados fueron: paradas ilegales de transporte público (taxis y busetas); flujo de motorizados en Los Robles que causan arrollamientos; robos y micro-tráfico de drogas, robos a residencias particulares en la zona, y la construcción de viviendas en terrenos de alto riesgo e invasiones.

PoliHatillo y Comunidad (Fotos: Katherin Contreras)


(Caracas, 24 de febrero de 2015) Luisa Berlioz – Representantes de la Asociación Civil, PAZ ACTIVA llevaron a cabo en el municipio El Hatillo, estado Miranda un taller de capacitación dirigido a los miembros de las comunidad organizada y de las policías municipales, sobre herramientas para la prevención del delito con el fin de salvaguardar vidas y bienes. Así lo informó, Luis Cedeño, Director Ejecutivo de la organización.

Esta actividad se llevó a cabo en los salones del Centro Cultural El Hatillo, donde un nutrido grupo de funcionarios de PoliHatillo, Protección Civil El Hatillo y representantes de la comunidad de los sectores Los Robles, Tusmare, Los Naranjos, así como representantes de algunos Consejos Comunales del municipio y del Casco Histórico de El Hatillo, se dieron cita para compartir e intercambiar información sobre las diferentes problemáticas que enfrenta el municipio en lo que a seguridad ciudadana se refiere.

Se organizaron cuatro grupos de trabajo de acuerdo a las problemáticas más importantes que aquejan al municipio: paradas de transporte público ilegales (taxis y busetas); flujo de motorizados en Los Robles que causan arrollamientos, robos y micro-tráfico de drogas; robos a residencias particulares, y construcción de viviendas en terrenos de alto riesgo e invasiones, para luego proceder a evaluar las técnicas de prevención más adecuadas para uno de estos problemas.

Por la Alcaldía de El Hatillo estuvo presente el Coordinador de Seguridad Ciudadana, abogado Ernesto Romero; la Coordinadora de la Unidad de Asuntos Internacionales, licenciada Lourdes Cobo, y el Alcalde David Smolansky, quien clausuró la actividad agradeciendo y resaltando la importancia de este tipo de acciones para fortalecer la prevención del delito y la seguridad ciudadana.  

En este sentido, Luis Cedeño Director de Paz Activa, comentó que el objetivo primordial “es el fortalecimiento del enfoque preventivo de la actuación policial y civil en la comunidad, el estrechamiento de lazos entre ambos y la coordinación de actividades que en conjunto disminuyan los índices de criminalidad”.

Asimismo, Cedeño señala que “es importante resaltar que el municipio El Hatillo del estado Miranda, ha sido identificado como unos de los 79 municipios prioritarios dentro de la ‘Misión A Toda Vida Venezuela’, por lo que resulta de vital importancia sumar esfuerzos para capacitar al personal de seguridad de dichos municipios”, afirmó. 

Uno de los resultados de esta actividad es la elaboración de un Informe Técnico que será entregado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio El Hatillo para su evaluación y consideración en el diseño de políticas públicas de prevención situacional del delito en todas las parroquias del municipio.


miércoles, 11 de febrero de 2015

"La sana convivencia es fundamental para lograr un estado de concordia"


El 11 de febrero se celebra en Venezuela el Día Nacional del Sociólogo y el Antropólogo, en homenaje a la creación del Colegio que agrupa a estos profesionales, para recordar el inicio de los estudios de la sociología y la antropología en la Universidad Central de Venezuela en la década de los cincuenta.

El director de la asociación civil Paz Activa, sociólogo Luis Cedeño, aportó su voz y sus ideas para la construcción de la “Concordia” una campaña para su fomento, que han venido impulsando las redes de activistas de Amnistía Internacional Venezuela.

Paz Activa es una organización no gubernamental fundada en el año 2000, inicialmente con la participación de un grupo de abogados que deseaba trabajar en varios temas como el acceso a la justicia, la justicia de paz y los métodos alternativos de resolución de conflicto. Actualmente, Cedeño indicó que el trabajo de la asociación se centra en el impulso de una agenda de convivencia y seguridad ciudadana.

Para Cedeño el tema de la sana convivencia ciudadana es fundamental para lograr un estado de concordia social que apunte al mejoramiento de la calidad de vida del venezolano en todos los ámbitos.

¿Qué valoración le da usted al concepto de concordia en la sociedad en la que vivimos?

Cuando me hablan de concordia inmediatamente me viene a la mente la palabra convivencia. Una convivencia de un número importante de personas que viven en un mismo lugar placenteramente. En un estado de concordia es necesario que se respeten los derechos de todos. Representa definitivamente una sana convivencia.

Partiendo de ese punto de vista ¿Qué pasos son importantes para que las personas puedan mantener una sana convivencia?

Pienso que es importante, en primer lugar, dejar de usar el lenguaje bélico que elimina de alguna manera al otro. Palabras como batalla, guerra, enemigo y todas esas expresiones que apuntan a la confrontación debemos desactivarlas en el diálogo nacional. Tenemos, además, que fomentar la confianza, confiar en el otro hace que las sociedades normalmente funcionen de una manera más eficaz. Igualmente, debemos generar patrones de respeto que tengan que ver con la ley de la moral y la cultura donde las personas se abstengan de violar las normas establecidas en las leyes.
El sociólogo destacó que para lograr una sociedad mejor es vital generar un capital social entendido como la capacidad de un grupo de personas para organizarse con el fin de resolver problemas comunes. “Cuando hablo de organización para resolver problemas colectivos es la organización de toda la sociedad, no excluyendo a una mitad o más de la mitad, sin excluir a nadie”, señaló Cedeño.

Si tuviera la oportunidad de hablarle a una gran masa de personas ¿Qué mensaje o consejo le diría para logar una sociedad donde impere la concordia y la paz?

Un consejo sencillo que pudiera dar es llamar a las personas a conocerse, a reconocerse y a respetarse en las diferencias para capitalizar en las igualdades. De esa manera podemos realmente tener juegos o roles donde todos ganemos. Es importante concienciar que todos somos parte de un país. Siempre decimos que tenemos el mejor país del mundo, pero debemos trabajar para construir ese país que deseamos.

¿Cómo pudiera la gente contribuir con los objetivos de Paz Activa?

No manejamos un modelo de voluntariado, pero todas las personas que quieran ayudar y apoyarnos en la ejecución de los programas que llevamos a cabo en varios estados del país pueden buscar información de lo que hacemos y nuestros contactos en la página web: pazactiva.org.ve. También la gente que no puede involucrarse tan cercanamente al voluntariado nos pueden apoyar replicando en las redes sociales el trabajo que venimos realizando por Venezuela.


Autora: Daniela Damiano (Amnistía Internacional) 

lunes, 9 de febrero de 2015

Polimaracaibo y Paz Activa promueven taller de prevención del delito

Embajada Británica en Venezuela, Polimaracaibo y Paz Activa promueven taller de prevención del delito

Funcionarios policiales, concejos comunales y vecinos de las parroquias marabinas compartieron sus experiencias en un taller de capacitación para la prevención del delito, en el que se elogió la labor de la policial comunal de la policía municipal.

El facilitador del taller, Luis Cedeño, director ejecutivo de la organización Asociación Civil, Paz Activa dictó la capacitación dirigida a los miembros de las comunidades organizadas y a policías municipales, sobre algunas herramientas para la prevención del delito para salvaguardar vidas y bienes.

Cedeño explicó que el objetivo es el fortalecimiento del enfoque preventivo de la actuación policial en la comunidad, el estrechamiento de lazos entre ambos y la coordinación de actividades que en conjunto disminuyan los índices de criminalidad.

Señala que “es importante resaltar que Maracaibo se encuentra entre los 79 municipios prioritarios dentro de la ‘Misión A Toda Vida Venezuela’, por lo que resulta de vital importancia sumar esfuerzos para capacitar al personal de seguridad de dichos municipios”, afirmó.  

Por su parte, el director de Polimaracibo, José Luis Alcalá Rhode, indicó que toda mancomunidad que permita enriquecer los conocimientos de los funcionarios, son siempre bien recibidos. “Las puertas de nuestra institución siempre están abiertas para quienes aportan de buena fe sus conocimientos, y esta es una oportunidad maravillosa para que mostrar los alcances que tiene Polimaracaibo con la comunidad, una sinergia que cada día se fortalece más”.

La autoridad municipal resaltó que con la aplicación del Patrullaje Inteligente, y los planes preventivos de Patria Segura los índices delictivos han disminuido en la ciudad, hecho respaldado por organizaciones internacionales.

En relación con la dinámica de la actividad, el Director Ejecutivo de Paz Activa precisó que “la acción gira en torno a la identificación de los problemas de convivencia y seguridad ciudadana, a través de un taller denominado “Prevención Situacional de las Faltas y Delitos Locales”, bajo la modalidad de ‘World Café’. De esta actividad surgirán informes técnicos por parroquias que serán entregados a las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana para su evaluación y consideración en el diseño de políticas públicas de prevención situacional del delito en las localidades seleccionadas dentro del municipio”.


Fuente; Alcaldía de Maracaibo

jueves, 5 de febrero de 2015

Cedeño: No tratan con delincuentes sino con población civil

El sociólogo y director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, respecto a la resolución del uso de armas de fuego contra protestas, explica: "Primero hay que considerar que son las policías regionales y las nacionales las que están facultadas para el control de orden público, lo digo porque recientemente hubo situaciones contra ciertos alcaldes porque no utilizaron la policía municipal para el control del orden público, cuando realmente las policías municipales no tienen la competencia ni el equipamiento para el orden público".



Cedeño, agrega: "Está claro que en la Constitución nacional no se considera que cuando hay manifestaciones o cuando hay, digamos, problemas de orden público, no estamos tratando con delincuentes sino con población civil que además está en un comportamiento no individual sino un comportamiento de masa".

Cedeño, además señala: "Solo el Estado por su condición de Estado puede ser imputado por delitos de derechos humanos, que no son prescriptibles en el tiempo. Si hay una manifestación y se usa la fuerza letal, los responsables de esos cuerpos de seguridad que usaron fuerza letal, jamás prescribiría la posibilidad de procesarlos por delitos de lesa humanidad o en delitos de derechos humanos".


Fuente: Informe21

lunes, 12 de enero de 2015

“Ya no salimos a buscar al hampa”

El escaso apoyo institucional y bajos salarios hacen que los funcionarios opten por reducir los riesgos, afirmó Luis Cedeño, director de Paz Activa

En una calle del este caraqueño un oficial de policía explica la receta para finalizar la jornada a salvo. “Ahora cumplimos con nuestro horario y nuestros puntos de control sin meternos en problemas, a menos que sea algo in fraganti”, dijo, sin perder la vista de los vehículos que pasaban a su lado.

El funcionario, con tres años de servicio, está consciente de que 2014 cerró con 132 agentes ultimados en la misma ciudad donde él trabaja. 32% más caídos que en 2013. El tema, a su juicio, ya no es el “respeto por el uniforme”, sino que los propios delincuentes pueden intentar vengarse de ellos por cumplir con su trabajo, tal y como sucedió en noviembre con Andrés Alejandro Carrizo, oficial de Polibaruta, que capturó a dos delincuentes que mataron a un hombre para robarse la moto y días después lo atacaron cuando cubría una guardia en el patrullaje vial.

“Ya no salimos a buscar al hampa porque ella nos puede buscar a nosotros”, expresó.

En otro municipio capitalino, un oficial agregado con nueve años de servicio cree que ahora los funcionarios están en permanente riesgo. “Te buscan cuando no tienes puesto el uniforme para robarte el arma, pero también cuando lo llevas”, dijo.

Aunque ambos oficiales pertenecen a distintas instituciones de seguridad, coincidieron en que lo mejor para ellos es obtener un título académico con el apoyo del cuerpo y luego buscar un cargo en una empresa privada. A esto lo llaman “abrirse”.

Esta situación fue alertada en el último informe del Observatorio Venezolano de la Violencia presentado el 30 de diciembre. Según Roberto Briceño León, director de esta organización: “Hay un abandono de la carrera policial por muchos funcionarios honestos que opinan que no tienen ni la remuneración ni el respeto que su profesión merece”.

Briceño indicó que los funcionarios están desmoralizados. Por una parte, explicó, son victimizados por delincuentes y, por otra, sienten que trabajan en instituciones que no les brindan apoyo cuando afrontan dificultades legales en el ejercicio de su profesión.

El informe del OVV dice que durante 2014 se incrementaron 30% las muertes por enfrentamientos con los policías. Casi 3.000 homicidios ocurrieron por “resistirse a la autoridad”, lo que denota que los funcionarios policiales que han visto fallecer a sus compañeros tampoco creen en la justicia de los tribunales y han decidido tomar justicia por mano propia, lo que crea un ambiente de más violencia y agresividad en el país.

Mala paga. El abandono de la función policial fue observado por Carlos Ocariz, alcalde de Sucre, al ofrecer su informe de fin de año. Las constantes solicitudes de baja en ese municipio han mermado en 30% desde 2012 el pie de fuerza de la Policía Municipal.

En Baruta hay una situación similar. Extraoficialmente se conoció que solo en diciembre 40 agentes manifestaron su interés de irse a la empresa privada. En Chacao también ocurre lo mismo.

Representantes del municipio Sucre plantearon al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz la necesidad de implantar una norma que obligue al funcionario policial a permanecer por un lapso mínimo en la institución.

Ángel Alvarado, director de Seguridad de ese municipio, indicó que la propuesta fue formulada al anterior ministro Miguel Rodríguez Torres. “Se elaboró un proyecto, pero al final no se hizo nada y eso quedó así”, recordó.

Para compensar esta situación se planteará hacer convenios entre el agente y el municipio. “El tiempo mínimo de servicio para pedir la baja puede ser de cuatro años. En caso de que no lo tengan, el funcionario se obligaría a pagar una compensación”, propuso.

Para Alvarado, el tema salarial es fuente de preocupación para el policía. “Este trabajo tiene un riesgo asociado que no es cubierto por el salario. No sé hasta qué punto las policías puedan mantenerse en esta situación. La función policial se va anulando”, alertó.




Fuente: JAVIER IGNACIO MAYORCA (El Nacional)

viernes, 9 de enero de 2015

Paz Activa sugiere no participar en hechos violentos ante escasez de productos (+audio)


El sociólogo y director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, manifestó a 6to Poder que factores económicos como la inflación y escasez, ligado a factores políticos, han generado tensiones sociales que atentan contra la convivencia ciudadana.

"Esto por supuesto afecta a la psiquis propia del venezolano", dijo durante un contacto telefónico y recomendó a la población no participar en hechos violentos o saqueos "simplemente porque estamos todos en el mismo barco".

"Puntualmente uno ve en las redes sociales que hay personas en cola buscando comida y una vez que llega el producto se origina una anarquia con hechos violentos", puntualizó.

Cedeño expresó que se debe generar capital social, lo que se traduce en la capacidad de los individuos de organizarse de forma dialogada para un objetivo común. "Si hay un problema de agua, la sociedad se organiza y se dirige a las autoridades pero de forma pautada, no sirve que dos o tres individuos bloqueen una calle porque no tienen agua".

Sobre un posible estallido social, el director de Paz Activa dijo que Venezuela tiene antecedentes como el del año 89 en el Caracazo, pero afirmó que son momentos históricos diferentes, con gobiernos diferentes.

"Desde Paz Activa creemos que se deben hacer todos los esfuerzos para canalizar las protestas a través de los entes más regulares posibles, sea a través del voto popular, de los partidos politicos o de los representantes del Gobierno", sostuvo.

Si desea escuchar la entrevista completa Click Aquí ---> https://soundcloud.com/grupo6to-poder/luis-cedeno-sociologo-09-01-15-viernes-mezcla


Fuente: Sexto Poder

lunes, 22 de diciembre de 2014

Venezuela y Argentina “raspadas” en materia de seguridad según el barómetro de Las Américas




La política de seguridad del gobierno de Cristina Kirchner en Argentina tiene la menor aprobación en todo el continente. Según el Barómetro de las Américas, que realiza la Universidad de Vanderbilt, tiene el apoyo de sólo el 32,3% de los argentinos.

Casi en el mismo nivel está la administración de Nicolás Maduro en Venezuela, el segundo peor ubicado, con 32,4 por ciento. Tercera, también cerca, está la gestión de Dilma Rousseff en Brasil, con 34,8 por ciento.

Completan la lista de los países con menores niveles de aprobación en materia de seguridad Perú (35,6%), Paraguay (36,9%), Estados Unidos (38,7%), Trinidad y Tobago (39,3%), Colombia (40,6%), Jamaica (41,3%) y México (41,3%).

El gobierno con más apoyo a su política contra el crimen es el de Daniel Ortega en Nicaragua, que alcanza el 65,6 por ciento. En segundo lugar está el de Rafael Correa en Ecuador, con 62 por ciento.

Los otros que superan el 50% de aprobación son República Dominicana (54,2%), Honduras (53,7%), Haití (52,7%) y El Salvador (50,1%).

Venezuela: el problema de tener a militares a cargo

“El descontento tiene una correlación directa con el nivel de criminalidad que se registra en el país, que es uno de los más altos de Latinoamérica. La tasa oficial de homicidios, que es bastante inferior a las de algunas organizaciones, es 52 cada 100.000 habitantes, segunda después de Honduras”, dice a Infobae el sociólogo Luis Cedeño, director de Paz Activa, una ONG abocada a buscar soluciones a los problemas de seguridad ciudadana en Venezuela.

“En delitos más comunes, como el robo y el hurto, se pueden registrar cerca de 1,8 millones al año. Los teléfonos inteligentes se transformaron en el gran commodity del delito en Venezuela. Y el problema no son sólo las cifras. La dimensión subjetiva, la percepción del delito, es también muy desfavorable”, agrega.

Al igual que en el caso argentino, el rasgo distintivo de la gestión gubernamental fue la combinación de subestimación con improvisación y falta de continuidad.

“El gobierno actual nunca tuvo a la seguridad ciudadana como un tema prioritario, y se puede ver en los niveles de inversión, que no representa ni el 1% del presupuesto nacional. Mientras fue presidente, Hugo Chávez casi nunca habló sobre el tema, y Nicolás Maduro -actual mandatario- lo hizo un poco al principio, pero rápidamente dejó de hacerlo”, explica Cedeño.

Por eso no debería sorprender que las políticas implementadas para combatir la criminalidad hayan sido erráticas. “En los últimos 15 años de gobierno hubo más de 20 planes de seguridad, lo que llevó a que ninguno fuera eficaz, por la falta de continuidad. Eso se anuda al cambio sucesivo de los responsables de esos planes”, dice Cedeño.

“Además -continúa- en Venezuela tenemos el gravísimo problema de que haya un gobierno de corte militar, lo que llevó a que las respuesta que se han querido dar al tema vinieran por el lado de la intervención militar en la seguridad interior. Eso ha pervertido lo que está en la Constitución y no tuvo ningún tipo de éxito”.

Argentina: cuando la seguridad no es una prioridad

“El delito en Argentina sigue aumentando en cantidad y en calidad. Ha habido fenómenos como el avance del narcotráfico, que no eran comunes en el país, y que generaron un impacto en la percepción de la gente. El aumento de la violencia es una peste nueva”, explica Eugenio Burzaco, CEO de Seguridad Integral Templar S.A. y ex jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires, consultado por Infobae.

“Lo segundo que ha pasado -continúa- es que el Gobierno tuvo, durante buena parte de su gestión, una conducta de negación del problema, que exasperó a la gente. Hablar de sensación de seguridad y echarle la culpa a los medios son cosas que molestan. Hubo una conjunción de falta de políticas eficaces con fenómenos nuevos”.

En parte, esto se debió a una mala estrategia política para minimizar las dificultades y licuar su responsabilidad. Pero también hubo un componente ideológico para no buscar soluciones.

“El Gobierno avaló durante mucho tiempo posturas mal llamadas garantistas, que en realidad son abolicionistas, y que también generan exasperación en la población. Dan una percepción de impunidad, de que se termina beneficiando a los criminales”, dice Burzaco.

El intento más reciente del gobierno argentino para responder a la criminalidad fue la confección de un nuevo Código de procedimientos penales, que peca de muchos de los vicios que son comunes en su gestión.

“Cuando uno va a la letra fina, tiene muchas falencias -dice Burzaco. Los que entendemos de crímenes complejos nos preguntamos cómo se pueden combatir el narcotráfico y la venta de armas con esos mecanismos. Hicieron algunos gestos para la galería, pero el trasfondo del código es para una provincia, no para una nación”.

“El Gobierno no tuvo una estrategia y no supo cómo utilizar el sistema de seguridad interior para evitar el avance del crimen organizado. Fue una política de parches: por ejemplo, como hay crisis en algunas provincias, se saca a los gendarmes de la frontera y se los lleva a los lugares más conflictivos, lo que deja descubierta la frontera. Es un parche tras otro”, agrega.

La falta de un plan estratégico se puede verificar en los abruptos cambios en el perfil de los encargados de manejar la seguridad. La primera ministra del área fue Nilda Garré, que en su juventud había estado muy ligada a la organización político armada Montoneros, y cuya línea era marcadamente garantista. Pero su reemplazante en la conducción de la seguridad -si bien se desempeña como viceministro- fue Sergio Berni, un militar que propone mano dura contra el crimen y la deportación de los inmigrantes que delinquen.

“Hay mucho trabajo para el corto plazo y poco trabajo estructurado. Entonces no hay un marco legal adecuado para sustentar las políticas y hay zonas muy endebles, como la radarización, las fronteras, el lavado de dinero y otras, que son fundamentales para el crimen organizado. El resultado es el que estamos viendo”, sintetiza Burzaco.

Ecuador, un caso exitoso

Que el 62% de los ecuatorianos califiquen positivamente la gestión del gobierno en la lucha contra el delito no es una casualidad. A diferencia de los dos ejemplos anteriores, una política seria y planificada obtuvo resultados destacables.

“En Ecuador ha habido un cambio muy significativo en las políticas de seguridad, cosa que no ocurrió en otros países. Hubo muchas modificaciones en el marco institucional. Antes no había Ministerio de Justicia para el manejo de las cárceles, y ahora ya existe. Además había un Ministerio de Gobierno encargado de la política y de la seguridad al mismo tiempo, lo que dejaba a la última en un segundo plano. Entonces, se creó el Ministerio del Interior, exclusivamente dedicado a la seguridad”, explica Fernando Carrión, investigador de estudios urbanos y seguridad ciudadana de FLACSO, Ecuador, en diálogo con Infobae.

“También se instituyó un Ministerio de Coordinación de la Seguridad, que permite la cooperación entre distintas áreas del gobierno. En esa misma línea, ha habido una evolución en el sistema penal, a partir de cambios importantes en la policía, en el sistema judicial y en el carcelario”, agrega.

Todas estas transformaciones fueron muy recibidas por la ciudadanía, que tras muchos años de inacción vio cómo el Estado comenzó a tomar el problema de la delincuencia como una prioridad. Mucho más teniendo en cuenta que estas políticas impactaron directamente sobre la reducción del delito.

“Los resultados concretos son los siguientes: según datos oficiales, Ecuador tiene una tasa de 8,1 homicidios cada 100.000 habitantes. Los estudios que hemos hecho nosotros indican que es un poco más alta, y debería estar alrededor de los 14, 15. En cualquier caso, frente a los 20 del 2010, obviamente que es una mejora muy importante, en un plazo de tiempo muy corto”, concluye Carrión.

Vía Infobae

lunes, 15 de diciembre de 2014

Luis Cedeño: "La campaña Baja al Niño de la moto, es necesaria ya que la ley aún no ha calado en los motorizados"


Imprudencia: Dos adultos, ambos con cascos, trasladan a un recién nacido. La mujer lleva al bebé en los brazos

14.12.2014 | La Defensoría del Pueblo requirió información pero no se la suministraron. La falta de estadísticas sobre ese tipo de siniestros frena las políticas de protección y prevención.

Caracas.- Los ruidos de una moto son característicos: cuando la encienden, cuando su conductor arranca y acelera, cuando pasa a toda velocidad. En Venezuela, esos sonidos hacen eco en cada ciudad, en cada pueblo, en cada rincón.
Este medio de transporte es cada vez más popular en el país, no solo por ser más económico que un carro o por representar una opción de desplazamiento rápido en las urbes de mayor tráfico. También es un hecho que por la aguda crisis de producción nacional de autos y escasez de repuestos,  miles de venezolanos han  apelado al vehículo de dos  ruedas.

La moto ya no solo le funciona a algún solitario con prisa: se ha convertido hasta en un vehículo para toda la familia. Esta situación  motivó a la Defensoría del Pueblo a poner la lupa sobre sus pasajeros más vulnerables: niños y adolescentes.

A finales del mes pasado, el órgano del Poder Ciudadano arrancó una campaña para sensibilizar y educar a la población. También llama la atención del resto del Estado ante una inquietante realidad: en quince meses, 4 mil 640 niños y adolescentes han fallecido o resultado lesionados, o con alguna discapacidad, a causa de siniestros con motocicletas.  

Combinación letal

En 2013 se contabilizaron 17 muertes por accidentes con este tipo de vehículos. En los primeros tres meses del 2014, la cifra repuntó hasta 44 casos, casi se triplica.    
La investigación de la Defensoría del Pueblo, titulada “Motocicletas, niños, niñas y adolescentes: una combinación letal”, abarcó sólo 14% de la red hospitalaria nacional (40  hospitales)  sin incluir clínicas, ambulatorios o centros diagnósticos integrales. Luego de consultar a los centros asistenciales más representativos de cada entidad, éstos suministraron datas entre enero de 2013 y los primeros tres meses del presente año.

Las variables requeridas  para la investigación fueron: nombre del hospital, nombre y apellido del niño, niña o adolescente, edad, sexo, fecha de ingreso-egreso, severidad y tipo de lesión (fatal, grave, leve, ileso) y diagnóstico-observaciones.

En algunos casos se tuvo que acudir a la fuente primaria de información como  las historias médicas de los pacientes, pues un porcentaje importante de los hospitales no registran la naturaleza específica de la víctima de accidentes, vale decir, no incorporan variables como la edad, que queda registrada como población general.  

Carlos Molina, director general de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, es el encargado de  la campaña y advierte que los números obtenidos solo representan la punta del iceberg.

“Las cifras son mucho más altas considerando, entre otros aspectos, que no incluimos a las víctimas fallecidas en el lugar del siniestro”. Éstas - explica- son trasladadas directamente a las morgues. Los números a mano son los obtenidos en los hospitales donde los niños y/o adolescentes ingresan con vida y luego fallecen.

“En la medida en que se lleve un buen registro, se podrán aplicar políticas públicas efectivas”
No llevan cifras

El funcionario recalca que hay regiones, como el estado Anzoátegui, donde las que están a ciegas con la información oficial. No hay estadísticas, por lo que se dificulta la toma de medidas adecuadas para prevenir y disminuir los accidentes.

Molina señala que a través de solicitudes por escrito se les pidió la información a directores de hospitales en la entidad y luego a la Dirección de Salud, pero en ninguno de los  casos obtuvieron respuesta. Sin embargo señala que pudieron observar la realidad de primera mano en las calles, al visitar la entidad, y lograr  testimonios propios y de noticias publicadas en la prensa regional.

“Únicamente hace falta saber de un caso para ponerle atención a ese fenómeno en cualquier locación. Recuerdo una noticia sobre una mujer embarazada de ocho meses que iba en moto, hubo un choque y ambos murieron. Ahí estaba un bebé al que se le vulneró su derecho a la vida”, dice el funcionario al referirse a un percance ocurrido en 2013 en El Tigre.

El estudio difundido por la Defensoría  registró el año pasado un solo siniestro en Anzoátegui, 603 en Monagas, 14 en Sucre y 12 en Nueva Esparta. En el primer trimestre de 2014, las cifras son: cero, 238,  tres y seis, respectivamente.

El único accidente contabilizado  en Anzoátegui fue el de la embarazada de El Tigre, porque el organismo del Poder Ciudadano lo incluyó luego de una revisión hemerográfica. No hay cifras estadales de 2014 debido a que los hospitales anzoatiguenses carecen de registros.  

El antropólogo subraya que existen inconvenientes para sistematizar la información y mantenerla lo más actualizada posible, lo que contribuye a la vulneración de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. “En la medida en que se lleve un buen registro, se podrán aplicar políticas públicas efectivas”, asegura.    

El estudio de la Defensoría del Pueblo mostró que entre las entidades con mayor cantidad de siniestros está Distrito Capital (incluyendo los cinco municipios de la Gran Caracas), Táchira y Monagas.

“No existen registros oficiales que nos permitan discriminar la cantidad de víctimas anuales por accidentes en motos, tipos de traumatismo causados, género de las víctimas; que facilitarían al Estado producir políticas adecuadas a partir de necesidades concretas”, precisa el informe.  

Foros y talleres en diversos lugares del país son las herramientas que desea aplicar la campaña “Baja al niñ@ de la moto”. En principio, Molina ha realizado una gira nacional para difundir los alarmantes resultados del estudio.

“La idea es que en cada entidad, los actores que deben velar por los derechos humanos de los más jóvenes instalen mesas técnicas y ahí planifiquen ese tipo de actividades, como conversatorios, dirigidos a funcionarios, al personal médico, a la comunidad”, señala.    

Una de las premisas esenciales de difusión es que el diseño de las motos y la anatomía de un niño son incompatibles, ya que ellos no pueden alcanzan los posapies. “Las motocicletas que se ofertan en el mercado venezolano no están diseñadas bajo circunstancia alguna para el traslado de niños”, añade.

En segundo lugar, el pequeño no tiene autonomía para garantizarse seguridad a sí mismo, depende de otra persona para su estabilidad y en tercer término, no existen implementos de seguridad adecuados para transportar niños en moto.

“Necesidad”

José Palacios está consciente de esos tres hechos; aun así un par de piernitas lo acompañan cuando conduce su Suzuki HJ 125 automática por Caracas: Las de su hijo Jesús, de año y medio de edad. Nunca van solos, con ellos va la mamá del bebé, quien viaja –como el relleno de un sándwich– entre los cuerpos de sus padres. El bebito no lleva casco porque no existen para el tamaño de su pequeña cabeza.

Palacios está de acuerdo con la campaña de la Defensoría, pero dice que monta a su hijo en moto para evitar el fuerte tráfico de la ciudad y porque considera que el transporte público se ha vuelto muy inseguro.

Eso sí, aclara, cuando Jesús está a bordo de la moto, él conduce con mucho más cuidado, además  que procura trasladarlo una distancia corta: desde su casa en Parque Central hasta La Candelaria donde queda la guardería. El joven asegura que nunca ha sido detenido por ninguna autoridad aunque viajar en esas condiciones es ilegal.

El reglamento  de la Ley de Tránsito  Terrestre, en vigencia desde 2012, prohíbe, en su artículo 31, numeral 7, la circulación de más de dos personas y de niños menores de diez años en motocicletas.

Desde la Defensoría se advierte sobre la precaria intervención de las autoridades frente a la abierta transgresión de la mencionada ley.

Molina es categórico al señalar que la iniciativa de la institución no implica estar en contra del uso de motos ni de los motorizados, sino en contra del empleo inadecuado del vehículo.

Agrega la necesidad de jerarquizar las responsabilidades: en primer orden está el Estado, a través del sistema rector de protección de niños, niñas y adolescentes, integrado por el Ministerio de las Comunas, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre  otras instancias que también tienen competencia para garantizar un traslado seguro a los menores de edad.

El informe de la Defensoría concluye con varias recomendaciones. La principal es la que abandera en su campaña: bajar a los niños de las motos.

Usuarios insistentes    
En la línea de mototaxistas Centro Parque Caracas, en la capital del país, sus trabajadores procuran respetar la ley. Yorman Lovera, uno de los conductores de la organización, acota: “…pero muchas veces llegan clientes con sus hijos y se molestan cuando se les dice que no pueden viajar con ellos. Si vamos con niños, en ocasiones nos paran (las autoridades) y nos multan. Si alguien es muy insistente y va a una distancia corta a veces los llevamos, aunque en la mayoría de los casos, no”. Otro de los mototaxistas, Gustavo Díaz, afirma que transportar a un menor es muy engorroso. “Hay que estar pendiente de sus movimientos y existe la presión de saber que corren peligro”.  

Costo
900 bolívares es el precio mínimo de un casco tamaño estándar para niños. No vienen por tallas, explica Mónica Maldonado, encargada de la tienda Suministros Dakota 1107, que vende accesorios para motos. En la vitrina del establecimiento destacan unos cascos pequeños, de colores y con diseños vistosos. Algunos de estos cuestan hasta 1 mil 500 bolívares.    

Táchira por el carril    
El director de Divulgación y Promoción de la Defensoría del Pueblo, Carlos Molina, indicó que Táchira es uno de los estados más organizados respecto a la sistematización y suministro de los datos sobre siniestros en moto. Las estadísticas de la entidad andina, recabadas por la Coordinación Regional de Prevención de Accidentes y Hechos Violentos de la Corporación regional de Salud, precisan –entre otros- los casos en los que la persona afectada es conductor o pasajero.    

Campaña necesaria    
Luis Cedeño, director de Paz Activa, asociación civil que tiene un Observatorio de Seguridad Vial, opina que la campaña “Baja al Niñ@” de la moto, promovida por la Defensoría, es necesaria porque la ley vigente aún no ha calado en la comunidad de motorizados. El sociólogo considera pertinente que los organismos competentes establezcan precedentes en la opinión pública, publiciten las sanciones y las razones por las cuales existen. “Por ejemplo, en una alocución presidencial se podría hablar de los riesgos que representa un viaje en moto para los niños”.

lunes, 1 de diciembre de 2014

Paz Activa denuncia la falta de legislaciones en materia de servicios de seguridad privada

El director de la Asociación Civil Paz Activa, Dr. Luis Cedeño indicó a 6to Poder Radio que la carrera policial "debe ser más atractiva" en cuanto a preparación y remuneración para evitar la fuga de talentos hacia los servicios de seguridad privada. Denunció además la falta de legislaciones en cuanto a la protección de los funcionarios privados. 

"Hay una deuda legislativa con respecto a la regulación de seguridad privada, inclusive la legislación choca contra esa seguridad privada, porque en Venezuela no hay una figura legal que proteja a terceros que prestan sus servicios de seguridad (...) La falta de regulación hace que la legislación contravenga la actividad como tal (...) Ningún tipo de código más allá de las iniciativas privadas", manifestó.

Informó que "la función policial no ofrece los incentivos necesarios" para que los funcionarios permanezcan en esta área. "El Estado invierte dinero en funcionarios de seguridad pública que terminan entrando al sector privado, hay que lograr que la carrera policial sea lo suficientemente atractiva para que esto no ocurra".

Cedeño expresó que en Venezuela ha aumentado la contratación de los servicios de seguridad privada, debido a la desconfianza de las personas en la seguridad pública. 

"En Venezuela, el espacio se ha ido parcializando hacia las famosas garitas privadas que controlan el acceso, también hemos visto en Venezuela los carros blindados con escoltas, estamos acostumbrados a ver un motorizado detrás de un carro o camioneta", resaltó. 

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lunes, 24 de noviembre de 2014

¿Qué debería contener la Ley contra la Corrupción?

corrupcion


La lucha contra la corrupción se ha convertido en bandera del discurso político oficial, reiterada en cada intervención por el Presidente de la República Nicolás Maduro. Sin embargo, fue en el cierre de los 365 días de poderes especiales del Primer Mandatario cuando se promulgó la reforma a la Ley que enfrenta más directamente al flagelo.

Mientras se espera que sea difundido el contenido detallado de la modificación, oficializada este viernes en la Gaceta No. 40.544, se conoció a modo de adelanto en la cadena nacional del pasado miércoles que los cambios estarían orientados a contemplar sanciones para el soborno a nivel nacional e internacional, así como a la creación de un Cuerpo y una Policía Nacional contra la Corrupción.

El sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, declaró a Globovision.com que la corrupción “es uno de los delitos que más socava las bases de la democracia en cualquier Estado”. En 2013, de hecho, el Observatorio de Delito Organizado de esta agrupación civil realizó una encuesta trienal a 600 familias venezolanas. La mayoría, reseñó, concibe a la corrupción como el principal delito de este tipo ocurrido en el país y 60% opinó que en ella participan “muchos funcionarios públicos”.

En el último informe de Transparencia Internacional, Venezuela fue catalogada como el segundo país de Latinoamérica con niveles más altos de corrupción, al obtener 20 puntos de 100. En la región, solo fue superada por Haití, con 19.

Tres caminos a la solución

El defensor de Derechos Humanos y director de la ONG PROVEA, Marino Alvarado, aplaudió los esfuerzos estatales por controlar y detener los niveles de corrupción en Venezuela. En es marco añadió que, para que sean exitosos, las labores deben orientarse a tres niveles de acción: el preventivo, el de investigación y sanción y el de reparación a las víctimas.

A su juicio, la legislación, y lo anunciado como nuevas variaciones, parecen enfocadas al área sancionatorio, sin abarcar por completo a los otros dos niveles.

Sobre el caso, Cedeño percibió como positivo el enfoque hacia la lucha contra la impunidad para enfrentar los niveles de corrupción, pero añadió que “además de contemplarse en el marco legal, las sanciones deben aplicarse en el área funcional”. Para el sociólogo, “los niveles punitivos sobre un delito no son suficientes para detenerlo y eso se ha probado en Venezuela. Para funcionar debe engranarse la Ley con una verdadera acción de los tribunales”.

De acuerdo con información del Ministerio Público, el país cuenta actualmente con 49 Fiscalías para atender casos de corrupción.

Información como prevención

Con relación al área preventiva, el Presidente de la República indicó que una de las labores del Cuerpo Nacional contra la Corrupción será “difundir campañas preventivas” sobre el tema.

Alvarado añadió que otro de los métodos que deben garantizarse, por ser valorado internacionalmente como forma para reducir posibilidades de corrupción, es la divulgación puntual y completa de la memoria y cuenta de cada institución del Estado. A su juicio, a pesar de que la legislación así lo exige, “al menos 70% de los ministerios no tiene publicados sus últimos informes en su página web y cada vez es más difícil acceder a fuentes oficiales. Esto dificulta la contraloría ciudadana y favorece el ocultismo”.

Mirar a las víctimas

En la Ley contra la Corrupción se establece como parte de la sanción a los señalados de haber cometido un delito la obligación de reivindicar su daño frente al Estado. Como defensor de los Derechos Humanos, el director de PROVEA sugirió añadir una consideración de indemnización a las personas que se convierten en víctimas de algún caso de corrupción. 

“Cuando alguien, por ejemplo, le paga a un juez para que guíe la justicia hacia un sector en particular, a la otra parte se le vulnera su derecho a la justa administración de justicia”.


Globovisión

viernes, 21 de noviembre de 2014

El delito organizado es un flagelo social


El delito organizado, entendido como la conformación de "grupos de delincuentes que se asocian de forma duradera para realizar actividades ilegales”, es un secreto a voces en el país. La mayoría de los venezolanos saben de su existencia y conoce sus implicaciones, pero el tema es poco abordado en público.

La Asociación Civil Paz Activa considera que se trata de un fenómeno en aumento y tiene un impacto significativo en el incremento de la criminalidad en el país. Así lo perciben los venezolanos consultados en la I Encuesta sobre Delito Organizado en Venezuela, cuyos resultados fueron divulgados el miércoles en el auditorio Raúl Quero Silva de la Universidad Fermín Toro, en una actividad dirigida a los estudiantes de Derecho, Comunicación Social, Ciencias Políticas y público general.

El sociólogo Luis Cedeño, director de Paz Activa, señaló que la iniciativa resulta innovadora al ser la primera ocasión en que se consulta el tema con los venezolanos. "Llama la atención lo que entienden las personas por ‘Delito Organizado’ y los crímenes que asocian al término: narcotráfico, microtráfico, robo y hurto, homicidio, secuestro y extorsión”.

La encuesta forma parte de un proyecto que busca la consolidación de un Observatorio de Delito Organizado en el país, que es bandera de Paz Activa. Contó con respaldo del Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) y el Observatorio Venezolano de Violencia. El proyecto es respaldado por el Instrumento Europeo para la Promoción de la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) de la Unión Europea.

"Detrás de las manifestaciones constantes de los delitos comunes que se observan en las comunidades, funciona un mercado ilegal”. En tal sentido se identificó la existencia de venta ilegal de armas y municiones, microtráfico de droga, venta de productos de primera necesidad a precios no regulados y el contrabando.

"En este sentido, los encuestados señalan o dicen tener la noción de la existencia de alguien con poder detrás de esos tejidos o redes del delito organizado, aunque no logran identificar a los actores o protagonistas”.

"Estos delitos han adquirido mayor relevancia en el contexto de ‘guerra económica’ planteado por el Gobierno nacional, porque nos dicen que justamente son estas acciones las que están afectando más a la población; pero, este tipo de delitos no se registraban hace cuatro o cinco años, porque no existían las distorsiones en la economía venezolana como las que hoy se observan”.

Los resultados del estudio arrojan que ciertas instituciones del Estados lucen vulnerables frente al delito organizado, aupado por la corrupción, detalla Cedeño.

"Más de la mitad de las personas tienen la percepción de que la Policía es corrupta, incluso dentro de los diferentes niveles del sistema policial venezolano ya se identifica a la Policía Nacional Bolivariana, creada hace pocos años, como un foco de corrupción”.

Más del 52% de los consultados considera que los estamentos militares también se encuentran permeados por el delito organizado y la corrupción. Situación parecida ocurre en el ámbito de administración de justicia, "cuya actuación ineficaz e ineficiente es atribuida a la presencia de este tipo de delitos”.

En los centros penitenciarios son los más vulnerables "porque se encuentran controlados por la delincuencia y esta es la gran amenaza que identificamos como gran conclusión del estudio. La presencia del delito organizado en las instituciones del Estado van minando las bases propias de la democracia”.

El estudio se llevó a cabo en el ámbito nacional, en los principales centros poblados y con una cobertura de 600 encuestas en hogares, con un nivel de confianza de 95%.

Escrito por Mariángel Durán

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Paz Activa y Alcaldía de Iribarren dictan talleres de convivencia y seguridad ciudadana

taller paz activa 18-11-14

Con la finalidad de proporcionar herramientas de resolución de conflicto de convivencia ciudadana y proporcionar técnicas de seguridad, la Policía Municipal de Iribarren desarrolla una jornada de talleres dirigidos a funcionarios y representantes comunitarios, así lo dio a conocer la directora del organismo, Marisol Vargas.

Vargas explicó que esta actividad de formación se realiza en alianza con la Asociación Civil Paz Activa, cuyo objetivo es que los ciudadanos aprendan a resolver de manera adecuada las diferencias entre vecinos y prevenir un posible delito. “No todo puede ser asumido por el policía”, enfatizó.

Indico que para esta jornada se han apoyado en la Asociación Paz Activa, por cuanto es una instancia creada con la intención de buscar métodos alternativos de resolución de conflictos. Actualmente la conforman profesionales destacados y preocupados por el acceso a la justicia.

Por su parte, el director de la asociación, Luis Cedeño, argumentó que el principal problema  en algunos sectores comunitarios es el déficit de capital social.  “Venezuela está polarizada. Existen conflictos sociales y políticos. Esto es una amenaza para la construcción del capital social y la capacidad de organizarse y enfrentar problemas comunes”, recalcó.

Explicó que en las comunidades no existe organización ni acercamiento entre vecinos, esto genera en ocasiones altercados, por lo que es interés de la alcaldía de Iribarren y la Policía Municipal, la formación de la comunidades para la resolución de los conflictos de manera armónica y, prevenir el delito antes que suceda.


Prensa Alcaldía de Iribarren 

Paz Activa y Alcaldía de Jiménez a favor de la prevención del delito




En la mañana del pasado martes, la asociación civil Paz Activa, conjuntamente con la Alcaldía del municipio Jiménez, realizó el taller de capacitación dirigido a miembros de las comunidades organizadas y de los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, nacionales y regionales, en las instalaciones de la Hostería Valle de Quíbor, para ofrecer las herramientas para la prevención del delito.

La intención es salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos que hacen vida en la capital del municipio, así como aquellos que radican en la parte foránea del mismo. Además de las instituciones mencionadas, la Embajada Británica en Venezuela fue la organización que financió dicha actividad, y que se enfocó en el fortalecimiento de la seguridad preventiva de la actuación policial y de la comunidad.

La actividad se cumplió como estaba prevista con la asistencia de un conglomerado que llenó el salón Guadalupe, del central hotelero.

De esta actividad surgieron informes técnicos por parroquias que serán entregados a las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana para su evaluación y consideración en el diseño de políticas públicas.


Prensa Alcaldía de Jiménez

martes, 18 de noviembre de 2014

Paz Activa y Alcaldía de Palavecino celebraron taller de Prevención del delito


La Asociación Civil Paz Activa, conjuntamente con la Alcaldía de Palavecino, desarrollaron un taller de Prevención Situacional del Delito en una exitosa metodología patrocinada por la Embajada Británica en Caracas. Luis Cedeño, director ejecutivo de esta ONG, informó que con la dinámica Café Mundial, buscan detectar y prevenir los delitos más marcados en una localidad.

"Implementamos una exitosa metodología para que habitantes de diferentes comunidades de las tres parroquias de Palavecino, así como representantes de organismos de prevención como Policía de Lara, Prefectura, entre otros, expongan e identifiquen, en mesas de trabajo, los problemas más recurrentes de inseguridad”, observó Cedeño.

Herramientas de prevención
Apunta que con la metodología, no solamente se identifica el problema en general, sino que detallan cada una de las aristas del problema comunitario: víctima, victimario y el lugar en donde suceden.
Luego de las mesas de trabajo, Paz Activa planifica y explica las herramientas de prevención situacional a implementar en cada caso, en donde cooperen la comunidad, organismos de seguridad y Alcaldía, para prevenir los problemas que identificaron.

También se indican algunas técnicas de prevención comunitaria en donde no necesariamente tenga que intervenir los cuerpos de seguridad.

Los más recurrentes
A juicio de Cedeño, los problemas más recurrentes expuestos en las mesas de trabajo del municipio Palavecino, son: distribución y comercio de drogas, robo y hurto de vehículos, ingesta de alcohol en lugares públicos y contaminación sónica.

En tres municipios de Lara
La actividad se desarrolla en tres municipios de Lara: Palavecino, Iribarren y Jiménez.
Asimismo, la ON’G Paz Activa, ha implementado el taller en varios municipios del estado Zulia, así como en otras 12 alcaldías de Venezuela, incluyendo la Gran Caracas.


Luis Alberto Perozo Padua

“Entregué mi arma, pedí un crédito productivo y se burlaron de mí”

A José García, quien hace un mes consignó su 12mm, aún no le han dado el incentivo previsto en el Reglamento de la Ley para el Desarme

Las cifras de entregas voluntarias de armas logradas hasta ahora en Venezuela están lejos de las alcanzadas por países como Brasil o Argentina, donde este tipo de desarme fue exitoso

Caracas.- José García cree en el proceso. Es un revolucionario convencido: un tatuaje del rostro y la firma del fallecido presidente Hugo Chávez en su brazo izquierdo lo corrobora. Hace un mes se sumó al desarme voluntario. Entregó, en la 41 Brigada Blindada de Valencia (Carabobo), un arma de fuego que usaba cuando andaba en “malos pasos”, y que guardó en casa cuando ya no quiso seguir con esa vida. “No estaba haciendo nada con ella, (los armamentos) llaman la atención de los choros, así que me sumé al plan desarme y la entregué”.   

Haberse plegado al Plan Nacional de Canje de Armas de Fuego y Municiones mediante el Desarme Voluntario, que arrancó el pasado 29 de septiembre, es algo de lo que García se siente orgulloso: “Yo cumplí, ahora faltas tú. Sí al desarme, dale un punto de confianza al Gobierno”, escribió en su cuenta de twitter (@felixtapon) hace casi un mes. Pero García aún no recibe el incentivo que le prometieron el día que entregó su 12 mm. Y aunque no está arrepentido de haber apoyado  la iniciativa, se siente estafado: “Entregué mi arma, pedí un crédito productivo y se burlaron de mí”, dijo.   

A García tenían que llamarlo, en un plazo no mayor de 15 días, para hacerle entrega del incentivo, en su caso, un crédito productivo.

La explicación la dio a El Tiempo un funcionario de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA, uno de los centros de recolección de armas en Caracas): “Luego de que entregas el arma, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp) te contacta. No tienes que dar tu número de teléfono, puede ser el de otra persona”.   

A la luz del Reglamento de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, publicado en Gaceta Extraordinaria N° 6.129 del martes 8 de abril, al momento de hacerse efectiva la entrega del arma de fuego o municiones, la autoridad encargada de recibirlas debe otorgar  al “dador o dadora” un instrumento de canje en el que queda establecido el incentivo.

Con dicho instrumento, el beneficiario debe dirigirse a la institución competente para hacer efectivo el canje. El documento no hace referencia a llamadas telefónicas, ni a plazos de entrega.   

Cifras no tan alentadoras   

A diferencia de García, Carmen Bastardo y Martín Gaspar Moreno, quienes también entregaron sus armas, ya están disfrutando de los incentivos: Bastardo recibió un aire acondicionado y Gaspar una laptop y una tablet durante un acto público, realizado el pasado 1 de noviembre, en el que la ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, entregó incentivos a 40 personas que -aseguró- dieron sus armas por iniciativa propia.

El Reglamento de la Ley para el Desarme es enfático: la entrega debe ser anónima.   

No hay forma de saber cuántos de quienes se han despojado de sus armas han recibido incentivos, García dijo conocer por lo menos a unas 15 personas que como él atendieron el llamado al  desarme y aún no han sido beneficiadas. No hay cuentas oficiales que contradigan su afirmación. Lo que sí es de dominio público es el número de armas que el plan logró recoger en un mes: entre el 29 de septiembre y 1 noviembre la cifra ascendió a 1.038.   

Si el ritmo de entrega se mantiene, en un año el Plan de Desarme Voluntario habrá logrado sacar de circulación 12 mil 456 armas, es decir, 0,41% de las casi 3 millones que estima la Asociación Civil Paz Activa hay ilegalmente en el país. Si el cálculo se hace sobre la base de las estimaciones que maneja  la Comisión Presidencial para el Desarme (creada en 2011 por Hugo Chávez), que indican que en Venezuela hay casi 1,5 millones de armas, la disminución de armamento en el territorio nacional ascendería a 0,83%. Un funcionario de la ONA dijo que, al menos en ese centro de recolección, el número de entregas ha bajado conforme han ido transcurriendo los días.   

Cualquier arma que se recoja y se destruya es ganancia, sostiene el sociólogo dedicado a la Seguridad Ciudadana y a la Convivencia y director de Paz Activa, Luis Cedeño. “Hay que recoger siete armas y destruirlas para prevenir un homicidio”, explicó el especialista. El cálculo se desprende de estimaciones hechas por otros países con experiencia en materia de desarme, detalló. Si es así, y el ritmo de recolección del primer mes del plan no desciende, se habrán prevenido cerca de 450 homicidios durante el último trimestre de 2014, este cálculo no incluye las armas que se suman cada día al lote criminal de armamento ilegal. En 2013 la tasa de muertes violentas se ubicó en 39 por cada 100 mil habitantes, según el Mpprijp; y en 79 por cada 100 mil, según el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV).   

Aunque Cedeño se proclama a favor de la iniciativa que busca disminuir la violencia homicida en el país, admitió que mil armas no representan nada: “Al mercado le están entrando entre 10 mil y 20 mil armas al año. Se siguen robando las pistolas de los cuerpos policiales. Si destruyes mil y entran 5 mil, no sirve de nada”.   

Esfuerzos insuficientes   

Si los números obtenidos durante el primer mes de vigencia del Plan de Desarme Voluntario se comparan con los alcanzados por otros países latinoamericanos, que en los últimos años también han puesto en marcha programas similares para reducir los índices de criminalidad, los resultados no son  tan alentadores como destacan algunos funcionarios.   

Uno de los casos más emblemáticos en materia de desarme es el del Brasil. En 2004, el gobierno brasileño, junto con organizaciones no gubernamentales, inició un plan de entrega voluntaria de armas que ha recogido hasta la fecha casi 600 mil. Se estima que en el país circulan cerca de 8 millones de armas ilegales, de acuerdo con un estudio del Instituto Sou da Paz publicado en 2010. Quiere decir que en seis años fueron retiradas cerca de 8%. Si en Venezuela se recogieran, en promedio, las 12.456 armas anuales estimadas según  los resultados del primer mes del plan, en seis años habrían sido sacados de circulación solo 2,5% de equipos bélicos.   

En Argentina fueron sacadas de circulación cerca de 120 mil armas en cinco años. Entre 2007 y 2012 el plan voluntario de armas redujo en aproximadamente 10% el armamento total en manos de civiles, reportó  el Registro Nacional de Armas de ese país.   

Al ritmo que lleva, Venezuela no podrá ni siquiera acercarse a la mitad de los logros alcanzados por Argentina o Brasil. Es que el desarme no camina solo: “El Estado debe invertir una gran cantidad de dinero si  quiere resolver el problema de las armas. El plan desarme no parece tener el impulso que sí tienen otras iniciativas del Estado. Dentro de una política de seguridad ciudadana, la iniciativa no puede ir sola, tiene que estar acompañada de grandes programas de seguridad pública”, afirmó Cedeño.   

El desarme voluntario tampoco resuelve por sí solo el problema de la delincuencia, agregó Cedeño, y explicó que “las armas que se están recogiendo no son  de grupos delictivos”. Es que a los delincuentes “los tienen que desarmar los cuerpos de seguridad del Estado”, subrayó el experto en seguridad.   

En los últimos 15 años, el gobierno ha puesto en marcha, mínimo, 20 planes de seguridad. Ninguno ha rendido frutos, al menos, no permanentes. Para Cedeño, el problema no son los planes en sí mismos, sino la falta de continuidad. “Uno quiere de forma honesta que los planes para acabar con la criminalidad funcionen, que le funcionen a quien sea, pero que funcionen”.

Irregularidad extra  

El Reglamento de la Ley para el Desarme es claro en cuanto al procedimiento que debe realizarse para la  recepción de armas y sobre cuál será el destino final de los artefactos bélicos recolectados: todos, sin excepción, deben ser destruidos.

Pero algunos no están respetando los lineamientos de la legislación que tardó dos años en ser promulgada.   

Cuando García llegó a la 41 Brigada Blindada de Valencia para entregar su 12 mm se sorprendió: en el recinto, uno de los funcionarios le ofreció dinero a cambio del arma, relató. El hombre se negó. “Si se la vendía quedábamos en las mismas”.


Que conste en acta
Hay 72 centros de recepción de armas distribuidos en todo el territorio nacional. A cualquiera de ellos pueden acercarse los ciudadanos interesados en despojarse de artefactos bélicos. En ninguno podrán exigirles datos personales o documentos de identificación. El desarme es anónimo, está claro en el Reglamento de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, y los especialistas insisten en que ese aspecto de la iniciativa  es crucial para que funcione. Luego de que el ciudadano entrega el arma, el funcionario debe expedir un acta de recepción que contendrá los datos descriptivos del artefacto y/o munición recibida: tipo, marca, modelo, calibre y serial. Una copia del documento (ver imagen) debe ser entregada al “dador”.
322.347    
Armas de fuego fueron incautadas y destruidas en Venezuela entre 2003 y 2012, reportó el extinto Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ahora Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia.   
13.126    
Armas de fuego han sido inutilizadas en lo que va de 2014 en 125 jornadas realizadas en todo el país, informó la ministra de Relaciones Interiores y de Justicia, almirante Carmen Meléndez, el pasado viernes 7 de noviembre.   
5.000    
Armas de fuego, aproximadamente, ingresan ilegalmente al país cada año, estima el director de la Asociación Civil Paz Activa, Luis Cedeño.   
95%    
De todas las armas ingresadas al país en los últimos 30 años, las ha traído el Estado, destaca el director de la Asociación Civil Paz Activa, Luis Cedeño.   
7    
Es el número de armas que deben ser destruidas para evitar un homicidio. El cálculo lo han hecho países que adelantan planes para la reducir la circulación de armas en sus territorios, dijo el director de la Asociación Civil Paz Activa, Luis Cedeño.   
10%    
Aumentaron las adquisiciones de material de defensa en América Latina en el período comprendido entre 2009 y 2013, respecto al lustro anterior, según el Sipri (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo).   
555%    
Aumentaron las importaciones de armas en Venezuela entre 2007 y 2011. El país es el segundo importador de armas en toda América (después de Estados Unidos), señala el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).
3 millones    
De armas, aproximadamente, circulan en el país, de acuerdo con estimaciones de Paz Activa. De este total sólo tienen permiso legal entre 75 mil y 100 mil, indica el director de la referida Asociación Civil, Luis Cedeño. Los cálculos hechos por la Comisión Presidencial para el Desarme (creada en 2011) refieren que en Venezuela hay entre 1,2 y 1,5 millones de armas.   
90%  
De los homicidios que ocurren cada año en Venezuela se cometen con armas de fuego automáticas. El sociólogo, dedicado a la Seguridad Ciudadana y a la Convivencia, Luis Cedeño, asegura que el armamento recolectado en los desarmes voluntarios suele ser viejo.   
1.038   
Armas fueron entregadas voluntariamente, entre el 29 de septiembre y 1 de noviembre, dijo la ministra de Relaciones Interiores y de Justicia, almirante Carmen Meléndez.    

Alejandra Rodríguez Álvarez

Utilidades y escasez ponen en alerta a policías

Los centros comerciales reforzarán el personal de seguridad durante este mes | Foto Archivo El Nacional
Policías y vigilantes de centros comerciales pondrán atención a la prevención de delitos contra las personas que hacen colas


El 1° de noviembre el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz ordenó el inicio del dispositivo de seguridad Navidad 2014. El tradicional despliegue de militares y policías en las calles venezolanas comenzó este año con dos semanas de antelación. Este detalle es un indicador de las precauciones que el Ejecutivo está tomando para impedir un alza en la criminalidad violenta en los meses finales del año.

En estos meses se origina un “pico” en las cifras de homicidios y otros delitos, que se extiende generalmente hasta la primera quincena de enero, según Luis Cedeño, director de la asociación Paz Activa.

El primer fin de semana de noviembre no fue auspicioso, pues solo en el Distrito Capital fueron reportadas 47 muertes violentas: más de quince diarias.

Al panorama de este año se suman la escasez de bienes y servicios (superior a la de 2013) con mayor cantidad de dinero en poder de la gente, luego del 15 de noviembre cuando pagarán la primera fracción de utilidades en el sector público. Para ese momento todo el personal de la Fuerza Armada ya habrá cobrado el incremento salarial de 45%. Posteriormente se hará efectivo el aumento de 15% al salario mínimo.

Para Cedeño esta es una situación sin precedentes que deberá ser objeto de investigación. Dijo que no necesariamente aumentarán los homicidios, aunque sí habrá un desplazamiento de la actividad delictiva hacia los lugares donde se perciba que está la mayor cantidad de víctimas potenciales.

Efectivo y colas en la calle. El director de la Policía de Miranda, comisario general Elisio Guzmán, indicó que esta situación ocasiona que la gente lleve elevadas sumas de efectivo lo cual la hace atractiva para los delincuentes.

Dijo que el esfuerzo de vigilancia se pone en las entidades bancarias y los centros comerciales.

En Baruta, donde hay cuatro centros comerciales de importancia, se implantará el sistema de “puntos de atención a la ciudadanía”. El director de Seguridad, Manuel Tangir, afirmó que estos dispositivos serán colocados donde se reporte la más afluencia de personas. Por ejemplo, colas para entrar a algún comercio o centro de compras.

Igualmente, los agentes municipales continuarán con los puntos nocturnos de control en la autopista Prados del Este.

“Esto ha sido muy efectivo para controlar el secuestro. En esta época los plagiarios atacan más ya que ellos también buscan sus “aguinaldos”. Entonces tenemos que reforzar la vigilancia lo cual, a veces, causa molestias en la gente, pero yo prefiero cinco minutos más de cola que más secuestros”, argumentó.

Tangir anunció que solicitará más presencia de la Guardia Nacional Bolivariana para esta temporada en el municipio. En la actualidad solo hay una carpa de ese componente en la avenida principal de Las Mercedes. Esto permitirá extender la vigilancia a otras zonas.

En Chacao, un municipio de alto flujo de visitantes, desplegarán 900 funcionarios durante el operativo. El refuerzo será en centros comerciales y plazas, además del control de motorizados y la instalación de un punto en Aeroexpresos Ejecutivos. El mismo número desplegó Sucre, que también realizará operativos de control en las principales vías del municipio.

Delitos en las colas
Los centros comerciales reforzarán la vigilancia a partir del 15 de noviembre. El incremento en el personal de seguridad se hará tomando en cuenta las necesidades propias de la época y también la disponibilidad financiera de los dueños de tiendas. En el caso de la cadena de centros comerciales Sambil será de 25%, informó el director de Seguridad Isaac Levy.

En 2013 los vigilantes de estos establecimientos tuvieron que afrontar el llamado “Dakazo”. Según Levy, en diciembre se prevé un incremento en las colas fuera de las tiendas, debido a que la gente dispone de más dinero.

Esto los ha obligado a coordinar con las policías municipales para prevenir los robos y hurtos, así como posibles alteraciones del orden público.

Dijo que la gente espera desde la madrugada para entrar a las instalaciones. Entonces, la vigilancia se orienta hacia estas personas que luego se agolpan frente a las tiendas, horas antes de que se origine la apertura.

LaCifra
46.000 personas en promedio visitarán todos los días el centro comercial Sambil de Chacao a partir del 1 de diciembre. La mayoría se trasladará a pie. El promedio diario de vehículos en esa instalación será 15.000



JAVIER IGNACIO MAYORCA
JMAYORCA@EL-NACIONAL.COM

martes, 11 de noviembre de 2014

Seminario "Retos para la Gobernabilidad Democrática en Venezuela"



El Director de Paz Activa, sociólogo Luis Cedeño participó en el Seminario de Gobernabilidad Democrática y Sociedad Civil en Venezuela, llevado a cabo en Caracas este martes 11 de noviembre de 2014, con el objetivo de determinar "El papel de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil". INVESP y sus organizaciones socias, gracias al apoyo de la Unión Europea, desarrollan el proyecto Gobernabilidad Democrática y Sociedad Civil en Venezuela: nuevos marcos de actuación y agendas para la concertación social.

Representantes de distintos Partidos Políticos, al igual que Asociaciones Civiles se hicieron presentes en este evento con el objetivo de compartir ideas, dar opiniones y exponer los retos a los cuales se enfrentan para el diálogo entre Sociedad Civil y Partidos Políticos. De igual manera, se plantearon oportunidades con estrategias y mecanismos que permitan mejorar el diálogo y fortalecer la gobernabilidad democrática. 

Este seminario tuvo como propósito establecer un intercambio de ideas y reflexión sobre las agendas sociales y políticas entre líderes de organizaciones de sociedad civil (OSC) y partidos políticos.


                     

jueves, 16 de octubre de 2014

Luis Cedeño: Ley Desarme no sirve de nada sin aplicación de la normativa

Publicado el Jueves, 16/October/2014

El director de la asociación Paz Activa, Luis Cedeño, declaró en exclusiva a El Diario de Caracas, que el establecimiento de la Ley Desarme no "serviría de nada" sin aplicación de la normativa, además de que el gobierno no ha correspondido con la entrega de beneficios prometidos a cambio de la entrega de armas. "La Ley Desarme se aprobó y fue no hace mucho que se aprobó la normativa, sin la normativa la Ley no serviría de nada... El Ejecutivo activó los centros de recolección de amas y se recolectaron armas en esos centros, pero lo que no ha sido muy claro es conocer cuáles son los beneficios. Se habla de algunos que recibieron motos, algunos otros han pedido como beneficio operaciones médicas, o becas, o inclusive, apartamentos, cosa que obviamente no se ha dado".



"El tema del beneficio otorgado es complejo porque dentro de la normativa se dio como una gran amplitud, en cuanto al tipo de beneficios que se pudiera otorgar, entonces allí hay un vacío en la normativa que puede generar mucha incertidumbre, a lo que uno puede pedir o no, con respecto al entrega de un arma voluntariamente", aseveró.

Cedeño añadió que en términos de resultados, se han recolectado casi 750 armas, "en las dos semanas que lleva esta política, es una Ley y en teoría se debe mantener como programa del Estado para recolectar armas… 750 armas es un número, digamos, modesto, porque no sabemos exactamente todavía a estas alturas, no sabemos realmente cuántas armas hay en el país".

"En realidad a sabiendas que el Estado ha sido el único importador de armas, de suma importante, cerca del 95% de todas las armas que se han traído al país en los últimos 30 años, las ha traído el Estado, en base a ese cálculo, se estima que en Venezuela no hay más de 3 millones de armas… Lo grave es que tengamos un número realmente muy pequeño de armas registradas, se hablaba de 75 mil a 100 mil armas permisadas, frente a 3 millones, eso es muy poco", advirtió.

Aseguró que las armas están en diversas manos, las que pertenecen en "manos legales" al Estado y en las Fuerzas Armadas, y también las están en "manos ilegales", pero se desconoce en qué proporción. "Podemos decir que puede haber un número importante cerca del millón y medio, dos millones de armas que pueden estar no reguladas".

"Lo que se estima en algunos esfuerzos de cálculo que se han hecho en otros países, es que para tu disminuir la estadística en un homicidio se debe recolectar y destruir 7 armas de fuego. Ahora, si el Estado o el gobierno mediante esta Ley y este programa ha recolectado hasta ahora 700 armas más o menos, eso significa que podemos esperar una reducción el año que viene de 100 muertes, 100 homicidios menos… Claro, eso es apenas digamos solo el comienzo del programa", estimó.

Cedeño sostiene el planteamiento de que "hay que apostar el éxito del desarme, las personas que tienen armas que no son parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que son personas civiles, y que las tengan legal o ilegalmente, realmente esas armas no los protegen, está comprobado que se tiene 10 veces más posibilidades de terminar muerto frente a un delincuente si estás armado, que si no lo estás, si estás armado no le das ningún tipo de opción al delincuente sino de matarte, inclusive con tu propia arma. Por eso creemos desde Paz Activa que una sociedad con menos armas es una sociedad más segura".

El Diario de Caracas

lunes, 13 de octubre de 2014

Venezuela es blanco de las balas perdidas

191 cadáveres han sido ingresados a la morgue de Bello Monte en lo que va de mes | Foto Archivo

Un estudio de la ONU indica que entre 2009 y 2013 hubo por lo menos 67 víctimas, casi el doble de los reportados en Colombia

JAVIER IGNACIO MAYORCA
12 DE OCTUBRE 2014 - 12:01 AM

Hace dos años y cinco meses que un proyectil anónimo cercenó a la familia Molina. La bala presumiblemente salió de un arma disparada por uno de los guardias nacionales que intentaba retomar el internado judicial de La Planta, en El Paraíso.

Henry Molina, de 48 años de edad, estaba en la habitación de su apartamento, en el piso 9 de las residencias Las Piedras, en la avenida Oeste 18, a 300 metros del lugar donde ocurría la refriega. Se asomó por una de las ventanas y el proyectil lo impactó en la cabeza.

El hombre murió en el hospital Vargas. Era mensajero jubilado del Ministerio de Finanzas. Al conocer la noticia, su mamá María Ropero quedó postrada en medio de una profunda depresión. Sus familiares aún corren con los gastos del tratamiento.

En ese caso las instituciones del Estado no determinaron responsabilidades. Tampoco ayudaron a los deudos. Lourdes Molina, hermana de la víctima, recordó que la ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, les aseguró que la familia sería indemnizada. Durante un mes hubo conversaciones con un abogado de ese despacho.

“Esto se quedó en el olvido. Ellos querían que les rindiéramos pleitesía”, afirmó.

En el apartamento aún hay dos ventanales rotos por igual número de proyectiles disparados en esa batalla campal. Dos fotografías en el recibo del inmueble recuerdan a la víctima de la bala perdida.

Venezuela primero. Un informe de la Organización de Naciones Unidas presentado en junio pasado revela que los cuerpos de seguridad latinoamericanos son responsabilizados por 14% de las muertes por balas perdidas, como la que mató a Henry Molina.

El documento “Análisis de los reportes de medios sobre muertes y lesiones ocasionadas por balas perdidas en Latinoamérica y el Caribe (2009-2013)”, fue elaborado a partir de las noticias divulgadas por la prensa escrita de 29 países.

En esos 5 años fue posible documentar 550 reportes en los que alguna persona murió o fue herida a consecuencia de proyectiles que inicialmente no iban dirigidos hacia esas personas. En total se registraron 617 víctimas. De ellas 292 resultaron muertas. De todos los países revisados, Venezuela acumuló la mayor cantidad de casos reportados, con un total de 74, así como el número más alto de muertes por esa causa, al reportar 67 víctimas. Llama la atención que la cifra de fallecidos en el país es 86% más alta que la correspondiente a Colombia, que aparece en el segundo lugar en el estudio.

El director de la asociación Paz Activa, Luis Cedeño, dijo que las cifras de muertos por balas perdidas son consistentes con las tasas de homicidios de cada país. En el caso venezolano, dijo que la alta cifra de víticmas con respecto al resto de Latinoamérica podría ser consecuencia del uso generalizado de municiones de guerra tipo parabellum, tradicionalmente fabricadas por Cavim.

“En otros contextos esta munición no se usa tanto, sino que se le da preferencia a la de baja velocidad y más poder de parada. La idea es detener al agresor. La munición parabellum tiende a atravesar al objetivo y sigue”, explicó.

Indicó que la gran cantidad de muertos y lesionados por balas perdidas es un indicador de la alta disponibilidad de municiones, lo que permite usos “recreativos” tales como hacer disparos al aire durante celebraciones.

De las víctimas reportadas en Venezuela, 61% fueron de sexo masculino. Eso es 8% más que el promedio de víctimas de ese género en los años analizados en los países de la región.

En cuanto a las edades de las víctimas, 47% tenía menos de 18 años. 30% era de entre 19 años y 29 años de edad.

En la mitad de los casos de Venezuela se desconoce quién pudo haber disparado. Otro 32% de los reportes atribuyó las balas perdidas a luchas entre bandas, y 4% a la actividad del crimen organizado.

Llegar al origen. América Latina es la región del mundo que acumula la mayor porción de homicidios con 27%. Según ONU, eso es en parte consecuencia de la gran cantidad de armas que circula por esa región sin control alguno.

“Con tales niveles de violencia armada resulta comprensible que muchas balas disparadas no impacten su destino previsto y terminen hiriendo o matando a personas inocentes”, indica el informe.

Para el exjefe de la División contra Homicidios del Cicpc comisario Luis Godoy, las pesquisas sobre muertes por balas perdidas tienen especial dificultad, pues no existe un nexo entre el victimario y su víctima. Se determina que el deceso fue ocasionado por una bala perdida cuando se ve una trayectoria balística que generalmente es descendente en el cuerpo de la víctima.

“Esos casos son muy frecuentes en los días de Navidad y Año Nuevo. La gente sale a echar tiros al aire sin pensar que todo lo que sube tiene que bajar, y en este caso con la misma velocidad que tenía cuando subió”, explicó.

Las pesquisas en estos casos intentan determinar cuál pudo ser el punto de origen del disparo, utilizando cálculos de trayectoria balística que parten desde el punto donde cayó el proyectil mortal.

Además, las balas generalmente tienen marcas a los lados hechas por el cañón del arma. Se les conoce como campos y estrías. Eso permite determinar el tipo de arma que las expulsó. También contribuye a precisar el punto de origen.

Una vez hecho el cálculo, los investigadores hacen un trabajo de campo en el sitio donde se supone que salió el tiro. Las balas perdidas en su mayoría fueron disparadas por personas descuidadas, que no esperan que un agente policial toque a su puerta.

La cifra

22,9% de todas las muertes por balas perdidas reportadas en Latinoamérica durante el lapso 2009-2013 ocurrieron en Venezuela

Sorprendidos

* 1° de enero. En La Pedrera de Antímano y en la laguna de Catia fueron reportados heridos por balas perdidas. En el último caso, la víctima fue un niño de 11 años. El proyectil se alojó en un pulmón.

*19 de marzo. En el piso 8 de la clínica Asistanet una bala perdida chocó en el marco de una puerta e hirió a una empleada.

*25 de abril. Aida Alzuru de 72 años de edad murió luego de ser alcanzada por un proyectil cuando recogía la ropa en su casa de la calle 18 de El Valle.

*2 de junio. Una bala perdida hirió a Naybelis Zambrano de 11 años de edad cuando caminaba hacia su casa en Nueva Cúa. Murió luego de cuatro días de agonía en el Pérez Carreño.

*13 de junio. Proyectil entró a vivienda en el barrio Unión de Petare e hirió en la frente a una niña de ocho años de edad que estaba acostada.

* 27 de julio. Nayibis Carolina Riera, de 27 años de edad, murió al ser alcanzada por bala perdida en la espalda, en la zona sur de Cabimas.

* 17 de septiembre. Murió niña de un año de edad al ser impactada por proyectil perdido en Colinas de la Guacamaya, Valencia.