jueves, 30 de abril de 2015

Reclusos en Venezuela exigen al gobierno mejores condiciones en las cárceles

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La crisis volvió a ser visible cuando un hombre fue asesinado en el Centro de Coordinación de la Policía Nacional Bolivariana.

Además, los internos del centro penitenciario se amotinaron y tomaron como rehenes a dos funcionarios para exigir al gobierno de Nicolás Maduro acelerar los procesos judiciales y que haga frente a la situación de hacinamiento.

Por su parte, el sociólogo representante de la ONG ‘Paz activa’, Luis Cedeño, considera que es muy difícil ganarle la batalla al hampa donde la inversión es mínima para la seguridad de los ciudadanos.


Fuente: RCN Colombia

martes, 28 de abril de 2015

Cedeño: Policías no deben cargar el arma fuera de jornada (video)


El sociólogo Luis Cedeño, director ejecutivo de la asociación civil Paz Activa explica a Informe 21 que el arma de fuego orgánica que portan los funcionarios policiales puede incidir en el riesgo que corren dichos policías cuando no están de servicio, pues solo cuentan además del arma con un chaleco antibalas como protección.

Cedeño describe que se ha discutido la idea de que los policías deberían dejar su arma de reglamento al terminar su jornada para disminuir así la posibilidad de ser objetivos del crimen y el asesinato.

"Durante la aprobación de la ley desarme, hubo un estudio donde ellos (los policías) era un blanco de atraco porque los delincuentes tenían como objetivo el arma del funcionario, al no tenerla consigo luego de terminada su jornada, el riesgo de ser asesinados disminuía", comentó el sociólogo.


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Fuente: Informe21

domingo, 19 de abril de 2015

Invitación - “Seminario Internacional sobre el Delito Organizado en las Américas y su impacto en Venezuela"

Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado tienen el agrado de invitarle:
 
Esta actividad está enmarcada en la presentación del 1er informe de Delito Organizado en Venezuela; con temas como: tráfico drogas, secuestro, tráfico de armas, robo de teléfonos móviles, contrabando de gasolina, legitimación de capitales, delito organizado en las cárceles, entre otros.
Esta actividad es gratuita y se ofrecerá un almuerzo a los participantes, por lo que es necesario inscribirse para garantizar su participación en el siguiente link:

martes, 31 de marzo de 2015

¿Quién le tiende la mano a los sobrevivientes de las balas?

Foto: Archivo

Nadie sabe con exactitud cuántos son. No hay registros oficiales que muestren qué cantidad de venezolanos lesionados por armas de fuego entre 2004 y 2014, por ejemplo

Caracas.- Esa tarde estaba lloviendo en Camatagua (estado Aragua). El cielo estaba furioso. Emerson, de 19 años, tenía la adrenalina a millón. Iba camino al hospital en su moto para ver a su novia que estaba embarazada y había empezado a sangrar, cuando unos encapuchados le salieron al paso para robarlo. Lo bajaron del vehículo de dos ruedas y al amigo que lo acompañaba echaron al suelo. A él comenzaron a golpearlo. Después de la paliza lo obligaron a encender la motocicleta y conducirla.

Unos metros más adelante volvieron a bajarlo y, esta vez, uno de los delincuentes gritó: ¡Mátalo!

“Chamo, por favor, no me mates”, suplicó Emerson. (Otra vez, golpes, cachetadas, cachazos).

“Ponte las manos en la cabeza y camina”, le ordenó uno de los antisociales.

(Emerson comenzó a caminar en dirección a su amigo  que aún permanecía tirado en el suelo, dejando atrás a sus agresores).

Lo siguiente fue una tormenta de balas. Un aluvión de proyectiles que acabó con la vida del parrillero y, por poco, también con la suya. A él solo lo alcanzó una. Le entró por la cadera y le rozó la columna. Fue operado de emergencia, pero no pudieron extraerle el trozo de plomo que le había perforado el cuerpo.

Han pasado ocho años desde que Emerson se convirtió en un sobreviviente. Pero el recuerdo del episodio que, asegura, le cambió la vida para siempre, permanece intacto en su memoria. Las secuelas, sobre todo las psicológicas, están vivas. El miedo lo acompaña silencioso a donde quiera que va.

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“Las consecuencias de la violencia son graves y duran toda la vida”, afirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014.

En Venezuela hay miles de Emerson. Pero nadie sabe con certeza cuántos son los sobrevivientes de las balas. No hay estadísticas oficiales. Lo que existe son aproximaciones. “Se estima que por cada homicidio puede haber entre dos y tres heridos”, explicó el sociólogo y director de Paz Activa, Luis Cedeño.  

El también sociólogo y director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, dijo a finales del año pasado que en 2014 alrededor de  75 mil ciudadanos resultaron lesionados producto de hechos violentos; es decir, por cada homicidio que registró la organización (24 mil 980) hubo al menos tres heridos. “El derecho a la vida ha sido vulnerado en el país”, advirtió.

El 90% de los asesinatos registrados en Venezuela son cometidos con armas de fuego, según la OMS. Por lo que, en la misma proporción, las víctimas colaterales de la violencia homicida suelen ser baleados.

Entre 2004 y 2014  fueron asesinados en el país, según cifras oficiales (emanadas por diferentes organismos), 136 mil 405 ciudadanos. Si las estimaciones de Cedeño y Briceño León son validas (por cada homicidio hay hasta tres heridos) en ese mismo período de tiempo habrían sido lesionados 409 mil 215 ciudadanos, de los cuales 272 mil 810 habrían sobrevivido. Si el mismo cálculo es hecho con la cifra oficial de homicidios, según la cual entre 2004 y 2014 murieron a manos de la violencia 184 mil 103 ciudadanos, el número de personas heridas por armas de fuego, estaría cerca de los 552 mil 309. De ese total al menos 368 mil 206 no habrían muerto.

En resumidas cuentas, en Venezuela, país que en 2014 figuró, según la OMS, como el segundo más violento del mundo, poco más de 400 mil personas (el escenario más optimista) les metieron una o dos balas en el cuerpo en los  últimos 10 años,. Las dos terceras partes de los lesionados “vivió para contarlo”. El número de sobrevivientes supera ocho veces la cantidad de soldados norteamericanos heridos durante la guerra en Irak (32 mil 200).

La violencia cuesta caro   

Estaba acordado. Esa noche, un comando de la extinta Policía Metropolitana entraría a un barrio de Coche (oeste de Caracas) a capturar a un delincuente -solicitado y entregado por un familiar- y regresaría triunfante. El plan parecía perfecto. Pero los cálculos fallaron. Inesperadamente el delator se arrepintió y cuando los miembros del cuerpo de seguridad llegaron al lugar, el antisocial los recibió a balazos.

A Leonardo, uno de los policías que integraba el comando, y que estaba a punto de culminar su carrera universitaria y retirarse definitivamente del cuerpo policial, lo atravesaron seis proyectiles, dos a la altura del húmero y cuatro en el estómago.

Las balas hicieron estragos en su cuerpo: le fracturaron la columna, le perforaron 80 centímetros de intestino, le quemaron un riñón, le agujerearon un pulmón y le fracturaron una pierna. Lo siguiente fue: múltiples intervenciones quirúrgicas, paro respiratorio, terapia intensiva, colostomía temporal y meses de recuperación. La condición final: parálisis permanente de los miembros inferiores.

Han pasado casi ocho años desde la noche en que un arma de fuego le cambió la vida a Leonardo. Ahora tiene 31 años, está a punto de graduarse de sociólogo y es coordinador nacional para el trato adecuado de las personas con discapacidad en la Fundación Socialista Revolucionaria para la Defensa de las Comunidades y Pueblos Indígenas (Fredenacional). Llegar hasta allí no le fue fácil: superar el trauma que le produjo el episodio violento y asumir su nueva condición le tomó años.

“Para poder enfrentarlo debes tener un grupo familiar que te apoye; si no te vas a quedar encerrado en cuatro paredes. Volver a la selva de concreto cuando te sobreviene una discapacidad es tres veces más difícil que cuando naces con ella”, contó Leonardo.

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En general, la violencia tiene un costo muy alto. Un estudio realizado por la organización Paz Activa, hace algunos años ,reveló que cada homicidio le costaba al país alrededor de 400 mil dólares. “Las pérdidas se calculan en años de vida productiva: cuando alguien es asesinado deja de producir, así que parte del costo se factoriza por allí. Ahora, un lesionado resulta aún más caro porque: en primer lugar, hay costos asociados a los tratamientos médicos que requiera la persona; y  segundo  hay costos relacionados a los años de productividad perdida cuando sobreviene alguna discapacidad. Así pues, económicamente hablando, es mas gravoso que alguien resulte lesionado a que muera”, explicó Cedeño.

Según el artículo 30 de la Carta Magna venezolana, el Estado está obligado a “indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que le sean imputables, y a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios (...) el Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados”.

Algunas regulaciones nacionales que procuran favorecer en alguna medida a las víctimas de delitos son el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales. La cuestión es que no hay registros oficiales de cuántas víctimas, específicamente lesionados por armas de fuego, han recibido apoyo del Estado en la última década.

“Estamos muy retrasados. En lo referente a la atención de las víctimas tenemos todavía camino por recorrer. En materia de victimología, Venezuela está en pañales”, afirmó Cedeño.

Impacto aproximado  

“Las emergencias están abarrotadas de personas tiroteadas”, aseguró Cedeño. Pero no las de las clínicas privadas. El director de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (Avch), Cristino García indicó que 90% de esos casos son atendidos en hospitales públicos. “Las emergencias de nuestras instituciones no han atendido un volumen importante de heridos de bala  el último año (2014)”, puntualizó.

Sacar cuentas es difícil porque si efectivamente existe un registro de cuántos heridos de bala hay en el país cada año, no es de dominio público. El abogado, criminólogo y subcomisario jubilado de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Francisco Javier Gorriño, aseguró que hasta los años 80 había en los centros asistenciales funcionarios policiales que llevaban el registro de los que ingresaban por heridas de balas. “Ahora eso no ocurre. Además, la gente no denuncia. La cifra negra, que no es necesariamente correcta, es muy alta”, afirmó.

Al no haber registros oficiales disponibles, no es posible saber cuántos de los que recibieron una o más balas perdieron alguna de sus facultades físicas.

El director del Consejo Metropolitano de Personas con Discapacidad, Luis Rojas, quien luego de haber sido herido hace 25 años quedó con paraplejía flácida, dijo que de las 100 personas con discapacidad atendidas en 2014 por la organización que dirige, al menos a 70% les había sobrevenido la discapacidad después de haber sido lesionadas con armas de fuego.

“Tenemos muchos compañeros con discapacidad que han sido víctimas de armas de fuego. De ese grupo, la mayoría queda con discapacidad físico-motora, pero también hay quienes han perdido la audición o la visión”, dijo Rojas.

Las estimaciones de Leonardo (coordinador de Fredenacional) y Coromoto Linares, presidenta de la Organización Ayarí Bolívar, abocada a apoyar a personas con discapacidad, son un poco más altas que las de Araujo. Ambos coincidieron en que del número de personas que se atendieron en 2014 entre 80% y 90% recibieron impactos de balas.


“En  segundos me cambió la vida”

El 15 de septiembre de 1990, Luis Rojas, quien tenía entonces 23 años, estaba cumpliendo diez días de casado. Recuerda la fecha con claridad, porque ese día un balazo inesperado le arrebató para siempre la movilidad de sus miembros inferiores.

“Hace 25 años fui víctima de una bala. Fui a guardar mi moto y me interceptaron para robarme. Me pidieron los zapatos y cuando fui a quitármelos me dieron un tiro. En cuestión de segundos me cambió la vida”, contó.

El trozo de plomo le produjo una paraplejía flácida.

“A los trece días supe que no caminaría más. Estaba recién casado, mi esposa estaba embarazada y tenía ya una niña de seis años, no podía decaer, sabía que si decaía yo, decaería la familia”, recordó.

Los primeros cuatro o cinco años después del siniestro fueron los más difíciles para Rojas. ” Yo pensé que no lograría vivir ni dos años, pensé que me iba a morir, pero cuando consigues por quien vivir sales adelante”. En su caso, fue su familia quien lo apoyó.

Cuando comenzó a asimilar su nueva condición, Rojas decidió incorporarse a la economía informal. Conoció a otras personas con algún tipo de discapacidad y decidió sumarse a la lucha por los derechos de los ciudadanos con limitaciones.

Aseguró haber participado en la elaboración de la Ley de Personas con Discapacidad que en 2007 derogó la Ley para la Integración de Personas Incapacitadas. “Con (Hugo) Chávez salimos adelante”, afirmó.

Actualmente es líder del Colectivo Antonio Monsalve Sierra, que brinda apoyo a personas con algún tipo de discapacidad y director del Consejo Metropolitano de Personas con Discapacidad desde hace diez años.

En 2014, el Consejo brindó apoyo a aproximadamente unas 100 personas con discapacidad, de las cuales, no menos 70% fueron lesionadas por armas de fuego, aseguró Rojas.

“Nos dedicamos (el Consejo) a buscarle trabajo formal a personas con discapacidad. Dictamos talleres de sensibilización, de lenguaje de señas. Tenemos un equipo multidisciplinario a la disposición de aquellas personas que están comenzando a vivir con discapacidad”.


“Quedé atrapada en la línea de fuego”

Fue hace 18 años. Entonces Coromoto Linares trabajaba en un puesto de comida en la calle y estaba embarazada. De repente, muy cerca de donde ella se encontraba, se armó una acalorada discusión que acabó a tiros. “Quedé atrapada en la línea de fuego”, relató.

Desafortunadamente la bala que ese día tenía escrito su nombre le arrebató la movilidad. Los años siguientes al siniestro fueron un pesadilla. Luego de enterarse de que no volvería a caminar entró en depresión.

“Me quise hasta suicidar. estuve 13 años encerrada sin salir. Vi crecer a mi hija y no pude estar con ella cuando más me necesitaba. Mi familia me rechazó. Me salieron escaras y mi cuerpo se deterioró”, contó.

Un día la voluntad le alcanzó para sobreponerse a la tragedia y  tomó una decisión: “Me dije: voy a salir de este encierro y salí a la calle buscando personas en igual condición que yo, salí a la calle a aprender. Ahora soy una mujer sumamente activa”, dijo.

Linares, quien aseguró que durante el gobierno de Hugo Chávez fue beneficiada con una pensión, es ahora  presidenta de la Organización Ayarí Bolívar, abocada a prestar apoyo a  personas con discapacidad. Invitó a quienes están en una situación similar a la suya a “darse una oportunidad”.


Fuente: El Tiempo (Alejandra Rodríguez Álvarez) 

lunes, 9 de marzo de 2015

Aumentó en Anzoátegui cifra de jóvenes que mueren por causa de la delincuencia

De acuerdo con una investigación de la ONG Cecodap, el año pasado, cuerpos de seguridad del Estado ultimaron a 10 adolescentes en Anzoátegui, casi todos en enfrentamientos

Los dos jóvenes implicados en el asesinato de la quinceañera, que terminaron muertos contribuyeron a que Anzoátegui esté en el top five de los más violentos

Caracas.- Las tarjetas, quizá, decían así: “Sábado, 17 de mayo de 2014. Lugar: Puerto La Cruz. Frente al centro comercial Regina, La Gran Parada”.

Pero tal vez la familia se encargó de invitar a todos “de boca”, como suelen  planificarse las fiestas familiares informales. La idea era que el agasajo fuera sorpresa. Que ella, la niña de la casa entrara, radiante, al salón de fiesta: que los viera a todos (familiares, amigos, vecinos). Que entonces soltara una lágrima de alegría. Que los mariachis comenzaran una interpretación. Que ella bailara el vals. Que brindaran por la vida.

Mayo, 17, 2014. Es de noche. El salón decorado, y allí, los familiares, los amigos, los vecinos. Faltan los mariachis. Por eso, a los encargados de llevar a la quinceañera hasta ahí, a una amiga de la agasajada y  un conocido de la familia-, les piden que todavía no se bajen del auto, y  que den unas vueltas por el sector.

–Para hacer tiempo mientras llegan los músicos– les dicen.

Pero a veces el tiempo tiene  vueltas amargas.  Llegan  a Chuparín, donde se estacionan. Y,  todo cambia para siempre: pasan unos motorizados, disparan al carro: hieren a quienes estaban dentro. Los llevan de emergencia a un hospital cercano: allí fallece la quinceañera, la misma madrugada en la que debía celebrar su vida.

Al otro día se supo que  los culpables de la tragedia tenían casi la misma edad de la víctima. A las 10:00 am  fueron abatidos   en un supuesto enfrentamiento con el  Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en  el cerro El Guarataro. Eran de la banda de “el antony”.

Eran casi niños: uno de 17 años  y uno de 15, apodado “el pupy”.

Ellos dos son parte de los 10 adolescentes que murieron el año pasado en Anzoátegui a manos de cuerpos de seguridad del Estado, casi todos (80%) en presuntos  enfrenamientos.

Ellos, como otros 411 menores de edad, aparecieron en las páginas de sucesos de El Tiempo involucrados en hechos delictivos.  Este último dato sitúa a la entidad a la cabeza de un ránking nada honorable: es donde hay más chamos al margen de la ley.

Los dos jóvenes implicados en el asesinato de la quinceañera, que terminaron muertos contribuyeron a que Anzoátegui esté en el top five de los estados en los que se registró más violencia institucional (agresiones de funcionarios policiales) hacia niños, niñas y adolescentes.

Esas estadísticas dibujan este fenómeno: hay, en Anzoátegui, chamos delincuentes –quizá más que en otras entidades, que son ultimados  por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado (ver gráficos)

Perfil difuso

Esos datos los reportó la última investigación divulgada por Cecodap, una organización no gubernamental  dedicada a la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia-.

Son cuentas poco esclarecedoras, porque apenas refieren los casos publicados por la prensa venezolana, nueve diarios nacionales y 34 regionales –en Anzoátegui sólo se consideró a El Tiempo-) sobre la forma en  que la violencia impacta a la niñez y adolescencia.

“No podemos generalizar, no es la totalidad de los casos”, advierte Carla Villamediana, quien coordinó el estudio.  

Es decir, pudieran ser más. Por eso, aunque la fotografía que arroja el registro hemerográfico de Cecodap es difusa, no deja de ser alarmante.

Hay, por ejemplo,  números como estos: en 2014 se registraron 126 niños, niñas y adolescentes abatidos en el país a manos de cuerpos de seguridad, de los cuales 108 murieron  en enfrentamientos (lo que significa un aumento sustancial, porque en 2013 fueron 70). Y es la segunda causa de asesinatos a jóvenes  en el país.

Villamediana acotar: “No en todos los casos se trató de violación de derechos humanos”, y advierte que cada vez hay más chamos involucrados en hechos delictivos: fueron 2 mil 309 en 2014 en todo el país, según el conteo de Cecodap, de esos,  36.03% estuvieron vinculados con robos, 13.25% con narcotráfico y 11.43%, como los abatidos en el caso de la quinceañera, en homicidios.

La región en rojo

En Anzoátegui, de los 10 ultimados  por fuerzas del orden, ocho fallecieron en enfrentamientos, uno en una violación de derechos humanos, uno en un hecho accidental. Tenían, en promedio, 16 años.

Esos casos ocurrieron 90% entre Puerto La Cruz y Barcelona, y las  instituciones involucradas en esos hechos fueron la Policía Nacional Bolivariana, Polianzoátegui, Polisotillo y el Cicpc.

El contexto en el que ocurrió esa decena de casos no estuvo del todo claro para los periodistas que redactaron las notas, porque  la mayoría de las veces contaron con una sola versión: la de la familia o la de los policías”.

“No podemos hacerles seguimiento a los casos. Hay algunos que quedan heridos en enfrentamientos (en Anzoátegui fueron entre cinco y nueve): no sabemos cuáles fallecen luego o quedan con discapacidad. Y no podemos comparar con nada, porque no hay un Anuario de Mortalidad actualizado ”, insiste Villamediana.

Más jóvenes

Los últimos informes anuales del Ministerio Público (MP) refuerzan lo reportado por Cecodap: también muestran un incremento en las acusaciones a adolescentes como autores de hechos delictivos. En 2009 fueron 13 mil 28 chamos y en 2013 se contabilizaron 23 mil 786.

Ni las cuentas de Cecodap, ni las del Ministerio Público sorprenden a Luis Cedeño, sociólogo y director de la ONG Paz Activa, porque, asegura, retratan el perfil del joven delincuente de hoy.  

“Entre los 9  y los 11 años ya comienzan a  observar conductas delictivas en el entorno, y entre los 12 y 13 están en las bandas. Esas edades han disminuido: comienzan muy temprano, y a los 19 o 20, si llegan, ya tienen mucha experiencia”.

Francisco Javier Gorriño, subcomisario jubilado del Cicpc, abogado y criminólogo, coincide con Cedeño: “Cada vez la edad de iniciación en delitos es menor. Para ellos, matar es una forma de demostrar que son más grandes: les da reconocimiento”.

Aunque sean victimarios, también son víctimas. Carlos Trapani, especialista en derechos de niñez y adolescencia, sostiene: “Hay que entender que muchos de esos chamos están en una pobreza que los arropa y los atrapa, donde hay muchas carencias y muchas ausencias”.

Resistencia familiar

Los allegados a los 10 chamos muertos a manos de las policías en la entidad  declararon a El Tiempo que los muchachos  eran inocentes. “Es natural que ocurra, es algo de naturaleza humana”, asegura Cedeño. “La querencia está por encima de todo”, dice Gorriño.  

Aunque sea así en muchos casos,  los especialistas dudan de  que todos los caídos ante funcionarios policiales sean realmente delincuentes.

“Hay un porcentaje de inocentes que registran como ´resistencia a la autoridad´. En el interior del país ocurre mucho. Es difícil saber cuáles son los casos de violaciones a derechos humanos, en cuáles fueron enfrentamientos y en cuáles se aplicó el uso proporcional de la fuerza.  Habría que hacer esa investigación, no se ha hecho. Algunos se aprovechan de que la familia no denuncia”, sostiene Cedeño.   

Por eso el experto recomienda a los familiares denunciar. Es una vía, señala  Gorriño, para verificar que el funcionario actuó en legítima defensa: “El enfrentamiento puede demostrarse criminalísticamente, y si no, es un homicidio como cualquier otro. Sé que hay un número importante de policías en prisión por dudas sobre su actuación en presuntos enfrentamientos”.

¿Qué hacer?

Cecodap presentó recomendaciones puntuales al Estado Venezolano, entre ellas: implementar medidas de prevención, con énfasis en adolescencia; especial atención  a la población de adolescentes agresores, formación a funcionarios públicos y policiales, brindar patrones de crianza y masculinidad, implementar un desarme efectivo.



Fuente: El Tiempo (Erick Lezama Aranguren)

viernes, 27 de febrero de 2015

Paz Activa realizó en el municipio El Hatillo capacitación en Prevención Situacional del Delito

Los problemas trabajados fueron: paradas ilegales de transporte público (taxis y busetas); flujo de motorizados en Los Robles que causan arrollamientos; robos y micro-tráfico de drogas, robos a residencias particulares en la zona, y la construcción de viviendas en terrenos de alto riesgo e invasiones.

PoliHatillo y Comunidad (Fotos: Katherin Contreras)


(Caracas, 24 de febrero de 2015) Luisa Berlioz – Representantes de la Asociación Civil, PAZ ACTIVA llevaron a cabo en el municipio El Hatillo, estado Miranda un taller de capacitación dirigido a los miembros de las comunidad organizada y de las policías municipales, sobre herramientas para la prevención del delito con el fin de salvaguardar vidas y bienes. Así lo informó, Luis Cedeño, Director Ejecutivo de la organización.

Esta actividad se llevó a cabo en los salones del Centro Cultural El Hatillo, donde un nutrido grupo de funcionarios de PoliHatillo, Protección Civil El Hatillo y representantes de la comunidad de los sectores Los Robles, Tusmare, Los Naranjos, así como representantes de algunos Consejos Comunales del municipio y del Casco Histórico de El Hatillo, se dieron cita para compartir e intercambiar información sobre las diferentes problemáticas que enfrenta el municipio en lo que a seguridad ciudadana se refiere.

Se organizaron cuatro grupos de trabajo de acuerdo a las problemáticas más importantes que aquejan al municipio: paradas de transporte público ilegales (taxis y busetas); flujo de motorizados en Los Robles que causan arrollamientos, robos y micro-tráfico de drogas; robos a residencias particulares, y construcción de viviendas en terrenos de alto riesgo e invasiones, para luego proceder a evaluar las técnicas de prevención más adecuadas para uno de estos problemas.

Por la Alcaldía de El Hatillo estuvo presente el Coordinador de Seguridad Ciudadana, abogado Ernesto Romero; la Coordinadora de la Unidad de Asuntos Internacionales, licenciada Lourdes Cobo, y el Alcalde David Smolansky, quien clausuró la actividad agradeciendo y resaltando la importancia de este tipo de acciones para fortalecer la prevención del delito y la seguridad ciudadana.  

En este sentido, Luis Cedeño Director de Paz Activa, comentó que el objetivo primordial “es el fortalecimiento del enfoque preventivo de la actuación policial y civil en la comunidad, el estrechamiento de lazos entre ambos y la coordinación de actividades que en conjunto disminuyan los índices de criminalidad”.

Asimismo, Cedeño señala que “es importante resaltar que el municipio El Hatillo del estado Miranda, ha sido identificado como unos de los 79 municipios prioritarios dentro de la ‘Misión A Toda Vida Venezuela’, por lo que resulta de vital importancia sumar esfuerzos para capacitar al personal de seguridad de dichos municipios”, afirmó. 

Uno de los resultados de esta actividad es la elaboración de un Informe Técnico que será entregado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio El Hatillo para su evaluación y consideración en el diseño de políticas públicas de prevención situacional del delito en todas las parroquias del municipio.


miércoles, 11 de febrero de 2015

"La sana convivencia es fundamental para lograr un estado de concordia"


El 11 de febrero se celebra en Venezuela el Día Nacional del Sociólogo y el Antropólogo, en homenaje a la creación del Colegio que agrupa a estos profesionales, para recordar el inicio de los estudios de la sociología y la antropología en la Universidad Central de Venezuela en la década de los cincuenta.

El director de la asociación civil Paz Activa, sociólogo Luis Cedeño, aportó su voz y sus ideas para la construcción de la “Concordia” una campaña para su fomento, que han venido impulsando las redes de activistas de Amnistía Internacional Venezuela.

Paz Activa es una organización no gubernamental fundada en el año 2000, inicialmente con la participación de un grupo de abogados que deseaba trabajar en varios temas como el acceso a la justicia, la justicia de paz y los métodos alternativos de resolución de conflicto. Actualmente, Cedeño indicó que el trabajo de la asociación se centra en el impulso de una agenda de convivencia y seguridad ciudadana.

Para Cedeño el tema de la sana convivencia ciudadana es fundamental para lograr un estado de concordia social que apunte al mejoramiento de la calidad de vida del venezolano en todos los ámbitos.

¿Qué valoración le da usted al concepto de concordia en la sociedad en la que vivimos?

Cuando me hablan de concordia inmediatamente me viene a la mente la palabra convivencia. Una convivencia de un número importante de personas que viven en un mismo lugar placenteramente. En un estado de concordia es necesario que se respeten los derechos de todos. Representa definitivamente una sana convivencia.

Partiendo de ese punto de vista ¿Qué pasos son importantes para que las personas puedan mantener una sana convivencia?

Pienso que es importante, en primer lugar, dejar de usar el lenguaje bélico que elimina de alguna manera al otro. Palabras como batalla, guerra, enemigo y todas esas expresiones que apuntan a la confrontación debemos desactivarlas en el diálogo nacional. Tenemos, además, que fomentar la confianza, confiar en el otro hace que las sociedades normalmente funcionen de una manera más eficaz. Igualmente, debemos generar patrones de respeto que tengan que ver con la ley de la moral y la cultura donde las personas se abstengan de violar las normas establecidas en las leyes.
El sociólogo destacó que para lograr una sociedad mejor es vital generar un capital social entendido como la capacidad de un grupo de personas para organizarse con el fin de resolver problemas comunes. “Cuando hablo de organización para resolver problemas colectivos es la organización de toda la sociedad, no excluyendo a una mitad o más de la mitad, sin excluir a nadie”, señaló Cedeño.

Si tuviera la oportunidad de hablarle a una gran masa de personas ¿Qué mensaje o consejo le diría para logar una sociedad donde impere la concordia y la paz?

Un consejo sencillo que pudiera dar es llamar a las personas a conocerse, a reconocerse y a respetarse en las diferencias para capitalizar en las igualdades. De esa manera podemos realmente tener juegos o roles donde todos ganemos. Es importante concienciar que todos somos parte de un país. Siempre decimos que tenemos el mejor país del mundo, pero debemos trabajar para construir ese país que deseamos.

¿Cómo pudiera la gente contribuir con los objetivos de Paz Activa?

No manejamos un modelo de voluntariado, pero todas las personas que quieran ayudar y apoyarnos en la ejecución de los programas que llevamos a cabo en varios estados del país pueden buscar información de lo que hacemos y nuestros contactos en la página web: pazactiva.org.ve. También la gente que no puede involucrarse tan cercanamente al voluntariado nos pueden apoyar replicando en las redes sociales el trabajo que venimos realizando por Venezuela.


Autora: Daniela Damiano (Amnistía Internacional) 

lunes, 9 de febrero de 2015

Polimaracaibo y Paz Activa promueven taller de prevención del delito

Embajada Británica en Venezuela, Polimaracaibo y Paz Activa promueven taller de prevención del delito

Funcionarios policiales, concejos comunales y vecinos de las parroquias marabinas compartieron sus experiencias en un taller de capacitación para la prevención del delito, en el que se elogió la labor de la policial comunal de la policía municipal.

El facilitador del taller, Luis Cedeño, director ejecutivo de la organización Asociación Civil, Paz Activa dictó la capacitación dirigida a los miembros de las comunidades organizadas y a policías municipales, sobre algunas herramientas para la prevención del delito para salvaguardar vidas y bienes.

Cedeño explicó que el objetivo es el fortalecimiento del enfoque preventivo de la actuación policial en la comunidad, el estrechamiento de lazos entre ambos y la coordinación de actividades que en conjunto disminuyan los índices de criminalidad.

Señala que “es importante resaltar que Maracaibo se encuentra entre los 79 municipios prioritarios dentro de la ‘Misión A Toda Vida Venezuela’, por lo que resulta de vital importancia sumar esfuerzos para capacitar al personal de seguridad de dichos municipios”, afirmó.  

Por su parte, el director de Polimaracibo, José Luis Alcalá Rhode, indicó que toda mancomunidad que permita enriquecer los conocimientos de los funcionarios, son siempre bien recibidos. “Las puertas de nuestra institución siempre están abiertas para quienes aportan de buena fe sus conocimientos, y esta es una oportunidad maravillosa para que mostrar los alcances que tiene Polimaracaibo con la comunidad, una sinergia que cada día se fortalece más”.

La autoridad municipal resaltó que con la aplicación del Patrullaje Inteligente, y los planes preventivos de Patria Segura los índices delictivos han disminuido en la ciudad, hecho respaldado por organizaciones internacionales.

En relación con la dinámica de la actividad, el Director Ejecutivo de Paz Activa precisó que “la acción gira en torno a la identificación de los problemas de convivencia y seguridad ciudadana, a través de un taller denominado “Prevención Situacional de las Faltas y Delitos Locales”, bajo la modalidad de ‘World Café’. De esta actividad surgirán informes técnicos por parroquias que serán entregados a las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana para su evaluación y consideración en el diseño de políticas públicas de prevención situacional del delito en las localidades seleccionadas dentro del municipio”.


Fuente; Alcaldía de Maracaibo

jueves, 5 de febrero de 2015

Cedeño: No tratan con delincuentes sino con población civil

El sociólogo y director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, respecto a la resolución del uso de armas de fuego contra protestas, explica: "Primero hay que considerar que son las policías regionales y las nacionales las que están facultadas para el control de orden público, lo digo porque recientemente hubo situaciones contra ciertos alcaldes porque no utilizaron la policía municipal para el control del orden público, cuando realmente las policías municipales no tienen la competencia ni el equipamiento para el orden público".



Cedeño, agrega: "Está claro que en la Constitución nacional no se considera que cuando hay manifestaciones o cuando hay, digamos, problemas de orden público, no estamos tratando con delincuentes sino con población civil que además está en un comportamiento no individual sino un comportamiento de masa".

Cedeño, además señala: "Solo el Estado por su condición de Estado puede ser imputado por delitos de derechos humanos, que no son prescriptibles en el tiempo. Si hay una manifestación y se usa la fuerza letal, los responsables de esos cuerpos de seguridad que usaron fuerza letal, jamás prescribiría la posibilidad de procesarlos por delitos de lesa humanidad o en delitos de derechos humanos".


Fuente: Informe21

lunes, 12 de enero de 2015

“Ya no salimos a buscar al hampa”

El escaso apoyo institucional y bajos salarios hacen que los funcionarios opten por reducir los riesgos, afirmó Luis Cedeño, director de Paz Activa

En una calle del este caraqueño un oficial de policía explica la receta para finalizar la jornada a salvo. “Ahora cumplimos con nuestro horario y nuestros puntos de control sin meternos en problemas, a menos que sea algo in fraganti”, dijo, sin perder la vista de los vehículos que pasaban a su lado.

El funcionario, con tres años de servicio, está consciente de que 2014 cerró con 132 agentes ultimados en la misma ciudad donde él trabaja. 32% más caídos que en 2013. El tema, a su juicio, ya no es el “respeto por el uniforme”, sino que los propios delincuentes pueden intentar vengarse de ellos por cumplir con su trabajo, tal y como sucedió en noviembre con Andrés Alejandro Carrizo, oficial de Polibaruta, que capturó a dos delincuentes que mataron a un hombre para robarse la moto y días después lo atacaron cuando cubría una guardia en el patrullaje vial.

“Ya no salimos a buscar al hampa porque ella nos puede buscar a nosotros”, expresó.

En otro municipio capitalino, un oficial agregado con nueve años de servicio cree que ahora los funcionarios están en permanente riesgo. “Te buscan cuando no tienes puesto el uniforme para robarte el arma, pero también cuando lo llevas”, dijo.

Aunque ambos oficiales pertenecen a distintas instituciones de seguridad, coincidieron en que lo mejor para ellos es obtener un título académico con el apoyo del cuerpo y luego buscar un cargo en una empresa privada. A esto lo llaman “abrirse”.

Esta situación fue alertada en el último informe del Observatorio Venezolano de la Violencia presentado el 30 de diciembre. Según Roberto Briceño León, director de esta organización: “Hay un abandono de la carrera policial por muchos funcionarios honestos que opinan que no tienen ni la remuneración ni el respeto que su profesión merece”.

Briceño indicó que los funcionarios están desmoralizados. Por una parte, explicó, son victimizados por delincuentes y, por otra, sienten que trabajan en instituciones que no les brindan apoyo cuando afrontan dificultades legales en el ejercicio de su profesión.

El informe del OVV dice que durante 2014 se incrementaron 30% las muertes por enfrentamientos con los policías. Casi 3.000 homicidios ocurrieron por “resistirse a la autoridad”, lo que denota que los funcionarios policiales que han visto fallecer a sus compañeros tampoco creen en la justicia de los tribunales y han decidido tomar justicia por mano propia, lo que crea un ambiente de más violencia y agresividad en el país.

Mala paga. El abandono de la función policial fue observado por Carlos Ocariz, alcalde de Sucre, al ofrecer su informe de fin de año. Las constantes solicitudes de baja en ese municipio han mermado en 30% desde 2012 el pie de fuerza de la Policía Municipal.

En Baruta hay una situación similar. Extraoficialmente se conoció que solo en diciembre 40 agentes manifestaron su interés de irse a la empresa privada. En Chacao también ocurre lo mismo.

Representantes del municipio Sucre plantearon al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz la necesidad de implantar una norma que obligue al funcionario policial a permanecer por un lapso mínimo en la institución.

Ángel Alvarado, director de Seguridad de ese municipio, indicó que la propuesta fue formulada al anterior ministro Miguel Rodríguez Torres. “Se elaboró un proyecto, pero al final no se hizo nada y eso quedó así”, recordó.

Para compensar esta situación se planteará hacer convenios entre el agente y el municipio. “El tiempo mínimo de servicio para pedir la baja puede ser de cuatro años. En caso de que no lo tengan, el funcionario se obligaría a pagar una compensación”, propuso.

Para Alvarado, el tema salarial es fuente de preocupación para el policía. “Este trabajo tiene un riesgo asociado que no es cubierto por el salario. No sé hasta qué punto las policías puedan mantenerse en esta situación. La función policial se va anulando”, alertó.




Fuente: JAVIER IGNACIO MAYORCA (El Nacional)

viernes, 9 de enero de 2015

Paz Activa sugiere no participar en hechos violentos ante escasez de productos (+audio)


El sociólogo y director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, manifestó a 6to Poder que factores económicos como la inflación y escasez, ligado a factores políticos, han generado tensiones sociales que atentan contra la convivencia ciudadana.

"Esto por supuesto afecta a la psiquis propia del venezolano", dijo durante un contacto telefónico y recomendó a la población no participar en hechos violentos o saqueos "simplemente porque estamos todos en el mismo barco".

"Puntualmente uno ve en las redes sociales que hay personas en cola buscando comida y una vez que llega el producto se origina una anarquia con hechos violentos", puntualizó.

Cedeño expresó que se debe generar capital social, lo que se traduce en la capacidad de los individuos de organizarse de forma dialogada para un objetivo común. "Si hay un problema de agua, la sociedad se organiza y se dirige a las autoridades pero de forma pautada, no sirve que dos o tres individuos bloqueen una calle porque no tienen agua".

Sobre un posible estallido social, el director de Paz Activa dijo que Venezuela tiene antecedentes como el del año 89 en el Caracazo, pero afirmó que son momentos históricos diferentes, con gobiernos diferentes.

"Desde Paz Activa creemos que se deben hacer todos los esfuerzos para canalizar las protestas a través de los entes más regulares posibles, sea a través del voto popular, de los partidos politicos o de los representantes del Gobierno", sostuvo.

Si desea escuchar la entrevista completa Click Aquí ---> https://soundcloud.com/grupo6to-poder/luis-cedeno-sociologo-09-01-15-viernes-mezcla


Fuente: Sexto Poder

lunes, 22 de diciembre de 2014

Venezuela y Argentina “raspadas” en materia de seguridad según el barómetro de Las Américas




La política de seguridad del gobierno de Cristina Kirchner en Argentina tiene la menor aprobación en todo el continente. Según el Barómetro de las Américas, que realiza la Universidad de Vanderbilt, tiene el apoyo de sólo el 32,3% de los argentinos.

Casi en el mismo nivel está la administración de Nicolás Maduro en Venezuela, el segundo peor ubicado, con 32,4 por ciento. Tercera, también cerca, está la gestión de Dilma Rousseff en Brasil, con 34,8 por ciento.

Completan la lista de los países con menores niveles de aprobación en materia de seguridad Perú (35,6%), Paraguay (36,9%), Estados Unidos (38,7%), Trinidad y Tobago (39,3%), Colombia (40,6%), Jamaica (41,3%) y México (41,3%).

El gobierno con más apoyo a su política contra el crimen es el de Daniel Ortega en Nicaragua, que alcanza el 65,6 por ciento. En segundo lugar está el de Rafael Correa en Ecuador, con 62 por ciento.

Los otros que superan el 50% de aprobación son República Dominicana (54,2%), Honduras (53,7%), Haití (52,7%) y El Salvador (50,1%).

Venezuela: el problema de tener a militares a cargo

“El descontento tiene una correlación directa con el nivel de criminalidad que se registra en el país, que es uno de los más altos de Latinoamérica. La tasa oficial de homicidios, que es bastante inferior a las de algunas organizaciones, es 52 cada 100.000 habitantes, segunda después de Honduras”, dice a Infobae el sociólogo Luis Cedeño, director de Paz Activa, una ONG abocada a buscar soluciones a los problemas de seguridad ciudadana en Venezuela.

“En delitos más comunes, como el robo y el hurto, se pueden registrar cerca de 1,8 millones al año. Los teléfonos inteligentes se transformaron en el gran commodity del delito en Venezuela. Y el problema no son sólo las cifras. La dimensión subjetiva, la percepción del delito, es también muy desfavorable”, agrega.

Al igual que en el caso argentino, el rasgo distintivo de la gestión gubernamental fue la combinación de subestimación con improvisación y falta de continuidad.

“El gobierno actual nunca tuvo a la seguridad ciudadana como un tema prioritario, y se puede ver en los niveles de inversión, que no representa ni el 1% del presupuesto nacional. Mientras fue presidente, Hugo Chávez casi nunca habló sobre el tema, y Nicolás Maduro -actual mandatario- lo hizo un poco al principio, pero rápidamente dejó de hacerlo”, explica Cedeño.

Por eso no debería sorprender que las políticas implementadas para combatir la criminalidad hayan sido erráticas. “En los últimos 15 años de gobierno hubo más de 20 planes de seguridad, lo que llevó a que ninguno fuera eficaz, por la falta de continuidad. Eso se anuda al cambio sucesivo de los responsables de esos planes”, dice Cedeño.

“Además -continúa- en Venezuela tenemos el gravísimo problema de que haya un gobierno de corte militar, lo que llevó a que las respuesta que se han querido dar al tema vinieran por el lado de la intervención militar en la seguridad interior. Eso ha pervertido lo que está en la Constitución y no tuvo ningún tipo de éxito”.

Argentina: cuando la seguridad no es una prioridad

“El delito en Argentina sigue aumentando en cantidad y en calidad. Ha habido fenómenos como el avance del narcotráfico, que no eran comunes en el país, y que generaron un impacto en la percepción de la gente. El aumento de la violencia es una peste nueva”, explica Eugenio Burzaco, CEO de Seguridad Integral Templar S.A. y ex jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires, consultado por Infobae.

“Lo segundo que ha pasado -continúa- es que el Gobierno tuvo, durante buena parte de su gestión, una conducta de negación del problema, que exasperó a la gente. Hablar de sensación de seguridad y echarle la culpa a los medios son cosas que molestan. Hubo una conjunción de falta de políticas eficaces con fenómenos nuevos”.

En parte, esto se debió a una mala estrategia política para minimizar las dificultades y licuar su responsabilidad. Pero también hubo un componente ideológico para no buscar soluciones.

“El Gobierno avaló durante mucho tiempo posturas mal llamadas garantistas, que en realidad son abolicionistas, y que también generan exasperación en la población. Dan una percepción de impunidad, de que se termina beneficiando a los criminales”, dice Burzaco.

El intento más reciente del gobierno argentino para responder a la criminalidad fue la confección de un nuevo Código de procedimientos penales, que peca de muchos de los vicios que son comunes en su gestión.

“Cuando uno va a la letra fina, tiene muchas falencias -dice Burzaco. Los que entendemos de crímenes complejos nos preguntamos cómo se pueden combatir el narcotráfico y la venta de armas con esos mecanismos. Hicieron algunos gestos para la galería, pero el trasfondo del código es para una provincia, no para una nación”.

“El Gobierno no tuvo una estrategia y no supo cómo utilizar el sistema de seguridad interior para evitar el avance del crimen organizado. Fue una política de parches: por ejemplo, como hay crisis en algunas provincias, se saca a los gendarmes de la frontera y se los lleva a los lugares más conflictivos, lo que deja descubierta la frontera. Es un parche tras otro”, agrega.

La falta de un plan estratégico se puede verificar en los abruptos cambios en el perfil de los encargados de manejar la seguridad. La primera ministra del área fue Nilda Garré, que en su juventud había estado muy ligada a la organización político armada Montoneros, y cuya línea era marcadamente garantista. Pero su reemplazante en la conducción de la seguridad -si bien se desempeña como viceministro- fue Sergio Berni, un militar que propone mano dura contra el crimen y la deportación de los inmigrantes que delinquen.

“Hay mucho trabajo para el corto plazo y poco trabajo estructurado. Entonces no hay un marco legal adecuado para sustentar las políticas y hay zonas muy endebles, como la radarización, las fronteras, el lavado de dinero y otras, que son fundamentales para el crimen organizado. El resultado es el que estamos viendo”, sintetiza Burzaco.

Ecuador, un caso exitoso

Que el 62% de los ecuatorianos califiquen positivamente la gestión del gobierno en la lucha contra el delito no es una casualidad. A diferencia de los dos ejemplos anteriores, una política seria y planificada obtuvo resultados destacables.

“En Ecuador ha habido un cambio muy significativo en las políticas de seguridad, cosa que no ocurrió en otros países. Hubo muchas modificaciones en el marco institucional. Antes no había Ministerio de Justicia para el manejo de las cárceles, y ahora ya existe. Además había un Ministerio de Gobierno encargado de la política y de la seguridad al mismo tiempo, lo que dejaba a la última en un segundo plano. Entonces, se creó el Ministerio del Interior, exclusivamente dedicado a la seguridad”, explica Fernando Carrión, investigador de estudios urbanos y seguridad ciudadana de FLACSO, Ecuador, en diálogo con Infobae.

“También se instituyó un Ministerio de Coordinación de la Seguridad, que permite la cooperación entre distintas áreas del gobierno. En esa misma línea, ha habido una evolución en el sistema penal, a partir de cambios importantes en la policía, en el sistema judicial y en el carcelario”, agrega.

Todas estas transformaciones fueron muy recibidas por la ciudadanía, que tras muchos años de inacción vio cómo el Estado comenzó a tomar el problema de la delincuencia como una prioridad. Mucho más teniendo en cuenta que estas políticas impactaron directamente sobre la reducción del delito.

“Los resultados concretos son los siguientes: según datos oficiales, Ecuador tiene una tasa de 8,1 homicidios cada 100.000 habitantes. Los estudios que hemos hecho nosotros indican que es un poco más alta, y debería estar alrededor de los 14, 15. En cualquier caso, frente a los 20 del 2010, obviamente que es una mejora muy importante, en un plazo de tiempo muy corto”, concluye Carrión.

Vía Infobae

lunes, 15 de diciembre de 2014

Luis Cedeño: "La campaña Baja al Niño de la moto, es necesaria ya que la ley aún no ha calado en los motorizados"


Imprudencia: Dos adultos, ambos con cascos, trasladan a un recién nacido. La mujer lleva al bebé en los brazos

14.12.2014 | La Defensoría del Pueblo requirió información pero no se la suministraron. La falta de estadísticas sobre ese tipo de siniestros frena las políticas de protección y prevención.

Caracas.- Los ruidos de una moto son característicos: cuando la encienden, cuando su conductor arranca y acelera, cuando pasa a toda velocidad. En Venezuela, esos sonidos hacen eco en cada ciudad, en cada pueblo, en cada rincón.
Este medio de transporte es cada vez más popular en el país, no solo por ser más económico que un carro o por representar una opción de desplazamiento rápido en las urbes de mayor tráfico. También es un hecho que por la aguda crisis de producción nacional de autos y escasez de repuestos,  miles de venezolanos han  apelado al vehículo de dos  ruedas.

La moto ya no solo le funciona a algún solitario con prisa: se ha convertido hasta en un vehículo para toda la familia. Esta situación  motivó a la Defensoría del Pueblo a poner la lupa sobre sus pasajeros más vulnerables: niños y adolescentes.

A finales del mes pasado, el órgano del Poder Ciudadano arrancó una campaña para sensibilizar y educar a la población. También llama la atención del resto del Estado ante una inquietante realidad: en quince meses, 4 mil 640 niños y adolescentes han fallecido o resultado lesionados, o con alguna discapacidad, a causa de siniestros con motocicletas.  

Combinación letal

En 2013 se contabilizaron 17 muertes por accidentes con este tipo de vehículos. En los primeros tres meses del 2014, la cifra repuntó hasta 44 casos, casi se triplica.    
La investigación de la Defensoría del Pueblo, titulada “Motocicletas, niños, niñas y adolescentes: una combinación letal”, abarcó sólo 14% de la red hospitalaria nacional (40  hospitales)  sin incluir clínicas, ambulatorios o centros diagnósticos integrales. Luego de consultar a los centros asistenciales más representativos de cada entidad, éstos suministraron datas entre enero de 2013 y los primeros tres meses del presente año.

Las variables requeridas  para la investigación fueron: nombre del hospital, nombre y apellido del niño, niña o adolescente, edad, sexo, fecha de ingreso-egreso, severidad y tipo de lesión (fatal, grave, leve, ileso) y diagnóstico-observaciones.

En algunos casos se tuvo que acudir a la fuente primaria de información como  las historias médicas de los pacientes, pues un porcentaje importante de los hospitales no registran la naturaleza específica de la víctima de accidentes, vale decir, no incorporan variables como la edad, que queda registrada como población general.  

Carlos Molina, director general de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, es el encargado de  la campaña y advierte que los números obtenidos solo representan la punta del iceberg.

“Las cifras son mucho más altas considerando, entre otros aspectos, que no incluimos a las víctimas fallecidas en el lugar del siniestro”. Éstas - explica- son trasladadas directamente a las morgues. Los números a mano son los obtenidos en los hospitales donde los niños y/o adolescentes ingresan con vida y luego fallecen.

“En la medida en que se lleve un buen registro, se podrán aplicar políticas públicas efectivas”
No llevan cifras

El funcionario recalca que hay regiones, como el estado Anzoátegui, donde las que están a ciegas con la información oficial. No hay estadísticas, por lo que se dificulta la toma de medidas adecuadas para prevenir y disminuir los accidentes.

Molina señala que a través de solicitudes por escrito se les pidió la información a directores de hospitales en la entidad y luego a la Dirección de Salud, pero en ninguno de los  casos obtuvieron respuesta. Sin embargo señala que pudieron observar la realidad de primera mano en las calles, al visitar la entidad, y lograr  testimonios propios y de noticias publicadas en la prensa regional.

“Únicamente hace falta saber de un caso para ponerle atención a ese fenómeno en cualquier locación. Recuerdo una noticia sobre una mujer embarazada de ocho meses que iba en moto, hubo un choque y ambos murieron. Ahí estaba un bebé al que se le vulneró su derecho a la vida”, dice el funcionario al referirse a un percance ocurrido en 2013 en El Tigre.

El estudio difundido por la Defensoría  registró el año pasado un solo siniestro en Anzoátegui, 603 en Monagas, 14 en Sucre y 12 en Nueva Esparta. En el primer trimestre de 2014, las cifras son: cero, 238,  tres y seis, respectivamente.

El único accidente contabilizado  en Anzoátegui fue el de la embarazada de El Tigre, porque el organismo del Poder Ciudadano lo incluyó luego de una revisión hemerográfica. No hay cifras estadales de 2014 debido a que los hospitales anzoatiguenses carecen de registros.  

El antropólogo subraya que existen inconvenientes para sistematizar la información y mantenerla lo más actualizada posible, lo que contribuye a la vulneración de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. “En la medida en que se lleve un buen registro, se podrán aplicar políticas públicas efectivas”, asegura.    

El estudio de la Defensoría del Pueblo mostró que entre las entidades con mayor cantidad de siniestros está Distrito Capital (incluyendo los cinco municipios de la Gran Caracas), Táchira y Monagas.

“No existen registros oficiales que nos permitan discriminar la cantidad de víctimas anuales por accidentes en motos, tipos de traumatismo causados, género de las víctimas; que facilitarían al Estado producir políticas adecuadas a partir de necesidades concretas”, precisa el informe.  

Foros y talleres en diversos lugares del país son las herramientas que desea aplicar la campaña “Baja al niñ@ de la moto”. En principio, Molina ha realizado una gira nacional para difundir los alarmantes resultados del estudio.

“La idea es que en cada entidad, los actores que deben velar por los derechos humanos de los más jóvenes instalen mesas técnicas y ahí planifiquen ese tipo de actividades, como conversatorios, dirigidos a funcionarios, al personal médico, a la comunidad”, señala.    

Una de las premisas esenciales de difusión es que el diseño de las motos y la anatomía de un niño son incompatibles, ya que ellos no pueden alcanzan los posapies. “Las motocicletas que se ofertan en el mercado venezolano no están diseñadas bajo circunstancia alguna para el traslado de niños”, añade.

En segundo lugar, el pequeño no tiene autonomía para garantizarse seguridad a sí mismo, depende de otra persona para su estabilidad y en tercer término, no existen implementos de seguridad adecuados para transportar niños en moto.

“Necesidad”

José Palacios está consciente de esos tres hechos; aun así un par de piernitas lo acompañan cuando conduce su Suzuki HJ 125 automática por Caracas: Las de su hijo Jesús, de año y medio de edad. Nunca van solos, con ellos va la mamá del bebé, quien viaja –como el relleno de un sándwich– entre los cuerpos de sus padres. El bebito no lleva casco porque no existen para el tamaño de su pequeña cabeza.

Palacios está de acuerdo con la campaña de la Defensoría, pero dice que monta a su hijo en moto para evitar el fuerte tráfico de la ciudad y porque considera que el transporte público se ha vuelto muy inseguro.

Eso sí, aclara, cuando Jesús está a bordo de la moto, él conduce con mucho más cuidado, además  que procura trasladarlo una distancia corta: desde su casa en Parque Central hasta La Candelaria donde queda la guardería. El joven asegura que nunca ha sido detenido por ninguna autoridad aunque viajar en esas condiciones es ilegal.

El reglamento  de la Ley de Tránsito  Terrestre, en vigencia desde 2012, prohíbe, en su artículo 31, numeral 7, la circulación de más de dos personas y de niños menores de diez años en motocicletas.

Desde la Defensoría se advierte sobre la precaria intervención de las autoridades frente a la abierta transgresión de la mencionada ley.

Molina es categórico al señalar que la iniciativa de la institución no implica estar en contra del uso de motos ni de los motorizados, sino en contra del empleo inadecuado del vehículo.

Agrega la necesidad de jerarquizar las responsabilidades: en primer orden está el Estado, a través del sistema rector de protección de niños, niñas y adolescentes, integrado por el Ministerio de las Comunas, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre  otras instancias que también tienen competencia para garantizar un traslado seguro a los menores de edad.

El informe de la Defensoría concluye con varias recomendaciones. La principal es la que abandera en su campaña: bajar a los niños de las motos.

Usuarios insistentes    
En la línea de mototaxistas Centro Parque Caracas, en la capital del país, sus trabajadores procuran respetar la ley. Yorman Lovera, uno de los conductores de la organización, acota: “…pero muchas veces llegan clientes con sus hijos y se molestan cuando se les dice que no pueden viajar con ellos. Si vamos con niños, en ocasiones nos paran (las autoridades) y nos multan. Si alguien es muy insistente y va a una distancia corta a veces los llevamos, aunque en la mayoría de los casos, no”. Otro de los mototaxistas, Gustavo Díaz, afirma que transportar a un menor es muy engorroso. “Hay que estar pendiente de sus movimientos y existe la presión de saber que corren peligro”.  

Costo
900 bolívares es el precio mínimo de un casco tamaño estándar para niños. No vienen por tallas, explica Mónica Maldonado, encargada de la tienda Suministros Dakota 1107, que vende accesorios para motos. En la vitrina del establecimiento destacan unos cascos pequeños, de colores y con diseños vistosos. Algunos de estos cuestan hasta 1 mil 500 bolívares.    

Táchira por el carril    
El director de Divulgación y Promoción de la Defensoría del Pueblo, Carlos Molina, indicó que Táchira es uno de los estados más organizados respecto a la sistematización y suministro de los datos sobre siniestros en moto. Las estadísticas de la entidad andina, recabadas por la Coordinación Regional de Prevención de Accidentes y Hechos Violentos de la Corporación regional de Salud, precisan –entre otros- los casos en los que la persona afectada es conductor o pasajero.    

Campaña necesaria    
Luis Cedeño, director de Paz Activa, asociación civil que tiene un Observatorio de Seguridad Vial, opina que la campaña “Baja al Niñ@” de la moto, promovida por la Defensoría, es necesaria porque la ley vigente aún no ha calado en la comunidad de motorizados. El sociólogo considera pertinente que los organismos competentes establezcan precedentes en la opinión pública, publiciten las sanciones y las razones por las cuales existen. “Por ejemplo, en una alocución presidencial se podría hablar de los riesgos que representa un viaje en moto para los niños”.

lunes, 1 de diciembre de 2014

Paz Activa denuncia la falta de legislaciones en materia de servicios de seguridad privada

El director de la Asociación Civil Paz Activa, Dr. Luis Cedeño indicó a 6to Poder Radio que la carrera policial "debe ser más atractiva" en cuanto a preparación y remuneración para evitar la fuga de talentos hacia los servicios de seguridad privada. Denunció además la falta de legislaciones en cuanto a la protección de los funcionarios privados. 

"Hay una deuda legislativa con respecto a la regulación de seguridad privada, inclusive la legislación choca contra esa seguridad privada, porque en Venezuela no hay una figura legal que proteja a terceros que prestan sus servicios de seguridad (...) La falta de regulación hace que la legislación contravenga la actividad como tal (...) Ningún tipo de código más allá de las iniciativas privadas", manifestó.

Informó que "la función policial no ofrece los incentivos necesarios" para que los funcionarios permanezcan en esta área. "El Estado invierte dinero en funcionarios de seguridad pública que terminan entrando al sector privado, hay que lograr que la carrera policial sea lo suficientemente atractiva para que esto no ocurra".

Cedeño expresó que en Venezuela ha aumentado la contratación de los servicios de seguridad privada, debido a la desconfianza de las personas en la seguridad pública. 

"En Venezuela, el espacio se ha ido parcializando hacia las famosas garitas privadas que controlan el acceso, también hemos visto en Venezuela los carros blindados con escoltas, estamos acostumbrados a ver un motorizado detrás de un carro o camioneta", resaltó. 

video

lunes, 24 de noviembre de 2014

¿Qué debería contener la Ley contra la Corrupción?

corrupcion


La lucha contra la corrupción se ha convertido en bandera del discurso político oficial, reiterada en cada intervención por el Presidente de la República Nicolás Maduro. Sin embargo, fue en el cierre de los 365 días de poderes especiales del Primer Mandatario cuando se promulgó la reforma a la Ley que enfrenta más directamente al flagelo.

Mientras se espera que sea difundido el contenido detallado de la modificación, oficializada este viernes en la Gaceta No. 40.544, se conoció a modo de adelanto en la cadena nacional del pasado miércoles que los cambios estarían orientados a contemplar sanciones para el soborno a nivel nacional e internacional, así como a la creación de un Cuerpo y una Policía Nacional contra la Corrupción.

El sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, declaró a Globovision.com que la corrupción “es uno de los delitos que más socava las bases de la democracia en cualquier Estado”. En 2013, de hecho, el Observatorio de Delito Organizado de esta agrupación civil realizó una encuesta trienal a 600 familias venezolanas. La mayoría, reseñó, concibe a la corrupción como el principal delito de este tipo ocurrido en el país y 60% opinó que en ella participan “muchos funcionarios públicos”.

En el último informe de Transparencia Internacional, Venezuela fue catalogada como el segundo país de Latinoamérica con niveles más altos de corrupción, al obtener 20 puntos de 100. En la región, solo fue superada por Haití, con 19.

Tres caminos a la solución

El defensor de Derechos Humanos y director de la ONG PROVEA, Marino Alvarado, aplaudió los esfuerzos estatales por controlar y detener los niveles de corrupción en Venezuela. En es marco añadió que, para que sean exitosos, las labores deben orientarse a tres niveles de acción: el preventivo, el de investigación y sanción y el de reparación a las víctimas.

A su juicio, la legislación, y lo anunciado como nuevas variaciones, parecen enfocadas al área sancionatorio, sin abarcar por completo a los otros dos niveles.

Sobre el caso, Cedeño percibió como positivo el enfoque hacia la lucha contra la impunidad para enfrentar los niveles de corrupción, pero añadió que “además de contemplarse en el marco legal, las sanciones deben aplicarse en el área funcional”. Para el sociólogo, “los niveles punitivos sobre un delito no son suficientes para detenerlo y eso se ha probado en Venezuela. Para funcionar debe engranarse la Ley con una verdadera acción de los tribunales”.

De acuerdo con información del Ministerio Público, el país cuenta actualmente con 49 Fiscalías para atender casos de corrupción.

Información como prevención

Con relación al área preventiva, el Presidente de la República indicó que una de las labores del Cuerpo Nacional contra la Corrupción será “difundir campañas preventivas” sobre el tema.

Alvarado añadió que otro de los métodos que deben garantizarse, por ser valorado internacionalmente como forma para reducir posibilidades de corrupción, es la divulgación puntual y completa de la memoria y cuenta de cada institución del Estado. A su juicio, a pesar de que la legislación así lo exige, “al menos 70% de los ministerios no tiene publicados sus últimos informes en su página web y cada vez es más difícil acceder a fuentes oficiales. Esto dificulta la contraloría ciudadana y favorece el ocultismo”.

Mirar a las víctimas

En la Ley contra la Corrupción se establece como parte de la sanción a los señalados de haber cometido un delito la obligación de reivindicar su daño frente al Estado. Como defensor de los Derechos Humanos, el director de PROVEA sugirió añadir una consideración de indemnización a las personas que se convierten en víctimas de algún caso de corrupción. 

“Cuando alguien, por ejemplo, le paga a un juez para que guíe la justicia hacia un sector en particular, a la otra parte se le vulnera su derecho a la justa administración de justicia”.


Globovisión

viernes, 21 de noviembre de 2014

El delito organizado es un flagelo social


El delito organizado, entendido como la conformación de "grupos de delincuentes que se asocian de forma duradera para realizar actividades ilegales”, es un secreto a voces en el país. La mayoría de los venezolanos saben de su existencia y conoce sus implicaciones, pero el tema es poco abordado en público.

La Asociación Civil Paz Activa considera que se trata de un fenómeno en aumento y tiene un impacto significativo en el incremento de la criminalidad en el país. Así lo perciben los venezolanos consultados en la I Encuesta sobre Delito Organizado en Venezuela, cuyos resultados fueron divulgados el miércoles en el auditorio Raúl Quero Silva de la Universidad Fermín Toro, en una actividad dirigida a los estudiantes de Derecho, Comunicación Social, Ciencias Políticas y público general.

El sociólogo Luis Cedeño, director de Paz Activa, señaló que la iniciativa resulta innovadora al ser la primera ocasión en que se consulta el tema con los venezolanos. "Llama la atención lo que entienden las personas por ‘Delito Organizado’ y los crímenes que asocian al término: narcotráfico, microtráfico, robo y hurto, homicidio, secuestro y extorsión”.

La encuesta forma parte de un proyecto que busca la consolidación de un Observatorio de Delito Organizado en el país, que es bandera de Paz Activa. Contó con respaldo del Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) y el Observatorio Venezolano de Violencia. El proyecto es respaldado por el Instrumento Europeo para la Promoción de la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) de la Unión Europea.

"Detrás de las manifestaciones constantes de los delitos comunes que se observan en las comunidades, funciona un mercado ilegal”. En tal sentido se identificó la existencia de venta ilegal de armas y municiones, microtráfico de droga, venta de productos de primera necesidad a precios no regulados y el contrabando.

"En este sentido, los encuestados señalan o dicen tener la noción de la existencia de alguien con poder detrás de esos tejidos o redes del delito organizado, aunque no logran identificar a los actores o protagonistas”.

"Estos delitos han adquirido mayor relevancia en el contexto de ‘guerra económica’ planteado por el Gobierno nacional, porque nos dicen que justamente son estas acciones las que están afectando más a la población; pero, este tipo de delitos no se registraban hace cuatro o cinco años, porque no existían las distorsiones en la economía venezolana como las que hoy se observan”.

Los resultados del estudio arrojan que ciertas instituciones del Estados lucen vulnerables frente al delito organizado, aupado por la corrupción, detalla Cedeño.

"Más de la mitad de las personas tienen la percepción de que la Policía es corrupta, incluso dentro de los diferentes niveles del sistema policial venezolano ya se identifica a la Policía Nacional Bolivariana, creada hace pocos años, como un foco de corrupción”.

Más del 52% de los consultados considera que los estamentos militares también se encuentran permeados por el delito organizado y la corrupción. Situación parecida ocurre en el ámbito de administración de justicia, "cuya actuación ineficaz e ineficiente es atribuida a la presencia de este tipo de delitos”.

En los centros penitenciarios son los más vulnerables "porque se encuentran controlados por la delincuencia y esta es la gran amenaza que identificamos como gran conclusión del estudio. La presencia del delito organizado en las instituciones del Estado van minando las bases propias de la democracia”.

El estudio se llevó a cabo en el ámbito nacional, en los principales centros poblados y con una cobertura de 600 encuestas en hogares, con un nivel de confianza de 95%.

Escrito por Mariángel Durán

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Paz Activa y Alcaldía de Iribarren dictan talleres de convivencia y seguridad ciudadana

taller paz activa 18-11-14

Con la finalidad de proporcionar herramientas de resolución de conflicto de convivencia ciudadana y proporcionar técnicas de seguridad, la Policía Municipal de Iribarren desarrolla una jornada de talleres dirigidos a funcionarios y representantes comunitarios, así lo dio a conocer la directora del organismo, Marisol Vargas.

Vargas explicó que esta actividad de formación se realiza en alianza con la Asociación Civil Paz Activa, cuyo objetivo es que los ciudadanos aprendan a resolver de manera adecuada las diferencias entre vecinos y prevenir un posible delito. “No todo puede ser asumido por el policía”, enfatizó.

Indico que para esta jornada se han apoyado en la Asociación Paz Activa, por cuanto es una instancia creada con la intención de buscar métodos alternativos de resolución de conflictos. Actualmente la conforman profesionales destacados y preocupados por el acceso a la justicia.

Por su parte, el director de la asociación, Luis Cedeño, argumentó que el principal problema  en algunos sectores comunitarios es el déficit de capital social.  “Venezuela está polarizada. Existen conflictos sociales y políticos. Esto es una amenaza para la construcción del capital social y la capacidad de organizarse y enfrentar problemas comunes”, recalcó.

Explicó que en las comunidades no existe organización ni acercamiento entre vecinos, esto genera en ocasiones altercados, por lo que es interés de la alcaldía de Iribarren y la Policía Municipal, la formación de la comunidades para la resolución de los conflictos de manera armónica y, prevenir el delito antes que suceda.


Prensa Alcaldía de Iribarren 

Paz Activa y Alcaldía de Jiménez a favor de la prevención del delito




En la mañana del pasado martes, la asociación civil Paz Activa, conjuntamente con la Alcaldía del municipio Jiménez, realizó el taller de capacitación dirigido a miembros de las comunidades organizadas y de los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, nacionales y regionales, en las instalaciones de la Hostería Valle de Quíbor, para ofrecer las herramientas para la prevención del delito.

La intención es salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos que hacen vida en la capital del municipio, así como aquellos que radican en la parte foránea del mismo. Además de las instituciones mencionadas, la Embajada Británica en Venezuela fue la organización que financió dicha actividad, y que se enfocó en el fortalecimiento de la seguridad preventiva de la actuación policial y de la comunidad.

La actividad se cumplió como estaba prevista con la asistencia de un conglomerado que llenó el salón Guadalupe, del central hotelero.

De esta actividad surgieron informes técnicos por parroquias que serán entregados a las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana para su evaluación y consideración en el diseño de políticas públicas.


Prensa Alcaldía de Jiménez

martes, 18 de noviembre de 2014

Paz Activa y Alcaldía de Palavecino celebraron taller de Prevención del delito


La Asociación Civil Paz Activa, conjuntamente con la Alcaldía de Palavecino, desarrollaron un taller de Prevención Situacional del Delito en una exitosa metodología patrocinada por la Embajada Británica en Caracas. Luis Cedeño, director ejecutivo de esta ONG, informó que con la dinámica Café Mundial, buscan detectar y prevenir los delitos más marcados en una localidad.

"Implementamos una exitosa metodología para que habitantes de diferentes comunidades de las tres parroquias de Palavecino, así como representantes de organismos de prevención como Policía de Lara, Prefectura, entre otros, expongan e identifiquen, en mesas de trabajo, los problemas más recurrentes de inseguridad”, observó Cedeño.

Herramientas de prevención
Apunta que con la metodología, no solamente se identifica el problema en general, sino que detallan cada una de las aristas del problema comunitario: víctima, victimario y el lugar en donde suceden.
Luego de las mesas de trabajo, Paz Activa planifica y explica las herramientas de prevención situacional a implementar en cada caso, en donde cooperen la comunidad, organismos de seguridad y Alcaldía, para prevenir los problemas que identificaron.

También se indican algunas técnicas de prevención comunitaria en donde no necesariamente tenga que intervenir los cuerpos de seguridad.

Los más recurrentes
A juicio de Cedeño, los problemas más recurrentes expuestos en las mesas de trabajo del municipio Palavecino, son: distribución y comercio de drogas, robo y hurto de vehículos, ingesta de alcohol en lugares públicos y contaminación sónica.

En tres municipios de Lara
La actividad se desarrolla en tres municipios de Lara: Palavecino, Iribarren y Jiménez.
Asimismo, la ON’G Paz Activa, ha implementado el taller en varios municipios del estado Zulia, así como en otras 12 alcaldías de Venezuela, incluyendo la Gran Caracas.


Luis Alberto Perozo Padua