lunes, 26 de junio de 2017

El cambio político requiere de una “justicia de transición” para garantizar la gobernabilidad

Expertos y un grupo de ONG abogaron por el debate de esta iniciativa que busca garantizar justicia y reparo a las víctimas y el debido proceso a los investigados.


Caracas. Uno de los elementos que deberán considerar quienes quieren un cambio político en Venezuela será cómo equilibrar las demandas de justicia de la población y la necesidad de que un nuevo Gobierno cuente con estabilidad. Abogados, expertos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) señalaron que la experiencia mundial indica que es necesario establecer una “justicia de transición” o “transicional” temporal que permita que la sociedad cure sus heridas y que, a la vez, las nuevas autoridades cuenten con el piso suficiente para lograr el avance y el desarrollo del país.

“Lo que queremos no es ni impunidad, ni venganza, sino justicia”, indicó que el abogado y director de Paz Activa, Luis Cedeño.

El director de la Fundación del Centro Latinoamericano de Altos Estudios de Gobierno, Flavio Carucci, indicó que este es el único mecanismo que asegura que, sobre los deseos de venganza o los intereses políticos, prevalezca la justicia, cuando se produce un tránsito de un régimen autoritario a uno democrático. “Si no avanzamos ahí, la gobernabilidad se va a ver bien comprometida. Así se tenga el mejor proyecto de Gobierno, y con las mejores intenciones, este va a ser inviable”, señaló.

En un contexto en el que se incrementan las violaciones de los Derechos Humanos, la idea de la llamada “justicia transicional” es cuestionada en la opinión pública. Sin embargo, los expertos señalaron que es necesario que el tema sea introducido en el debate por dirigentes y líderes de opinión, pues este es un paso necesario para que el cambio político tenga bases sólidas.

Los pasos

Herrera explicó que la idea de una justicia de transición empieza por el hecho de que se producen hechos y circunstancias “extraordinarias” que hacen imposibles que la justicia ordinaria de un país resuelvan las controversias. Por ejemplo, en el caso de Venezuela son los mismos tribunales y otras instituciones del Estado los que han violado derechos de los ciudadanos. “Cuando los países llegan a esta situación se requiere de medidas extraordinarias”.

A partir de ahí hay tres pasos fundamentales:

  1. El establecimiento de la verdad de los hechos, tarea que asume la llamada Comisión de la Verdad. 
  2. Establecer las responsabilidades personales, en donde se debe hacer diferenciaciones de acuerdo con las violaciones, sin que se convierta en una “cacería de brujas”. Se establecen atenuantes de las penas a quienes reconozcan y colaboren con las instancias creadas para este propósito. 
  3. La reparación a las víctimas, que puede ser a través de la visibilización de lo sucedido, el otorgamiento de indemnizaciones, la impartición de justicia, entre otras.

A través de un comunicado, diversas ONG se comprometieron a impulsar estas iniciativas y el debate sobre esto en toda la sociedad, al considerar que otorga garantías a las víctimas de ser reconocidas y reparadas y a los investigados el respeto a sus derechos fundamentales.

“La justicia transicional puede tomar muchas formas, y cada país debe construir su propio mapa de ruta para implementar los mecanismos que más se adapten a su realidad”, señalaron en un comunicado.

El texto está firmado por las organizaciones Paz Activa, Acceso a la Justicia, el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Fundepro, El Observatorio Hanna Arendt, el Invesp, el Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso), Un Estado de Derecho, Espacio Público, el Observatorio de Conflictividad Social, entre otras. Las asociaciones llamaron a otras instituciones a sumarse a la propuesta.

Fuente: Crónica Uno

jueves, 4 de mayo de 2017

AC PAZ ACTIVA llama al respeto y defensa de los principios de la Constitución

COMUNICADO

AC PAZ ACTIVA llama al respeto y defensa de los principios
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) vigente

La Venezuela de hoy está lejos de funcionar como una Democracia moderna. A pesar de las maniobras oficiales de esconder y maquillar los indicadores económicos y sociales, la contundencia de estas cifras deja al descubierto la gravísima situación social y humanitaria que sufre el grueso de la población que no tiene memoria de penurias similares en el pasado reciente ni lejano.

A través de estas líneas, nos hacemos eco del rechazo manifestado en los últimos meses por millones de venezolanos pertenecientes a diversos sectores de la población, en relación a la continuada y flagrante violación de la Carta Magna por parte del gobierno nacional.

La Constitución vigente fue impulsada por el finado presidente Hugo Chávez. Sometida a Referéndum Constituyente el 15 de Diciembre de 1999, en el marco de una de las mayores tragedias naturales registradas en el país, los deslaves de Vargas, proceso que no se suspendió para llamar a la emergencia nacional con el costo de miles de vidas de venezolanos. Aunque no fue una constitución popularmente deseada, si contó con una constituyente votada universalmente, que expresaba el pluralismo político del momento y ulteriormente aprobada por votación universal. El voto fue la herramienta endilgada por el oficialismo para impulsar su proyecto político, y siempre que fueron favorecidos en numerosas ocasiones, se escudaron esta figura.

Defendida a ultranza como “la Constitución más moderna del planeta”, no tardaron en querer reformar el principio de alternabilidad consagrado en la CRBV. Este fue el primer precepto en ser atacado, fracasando su reforma en el año 2007, primer revés electoral del gobierno. El mantra que usó Chávez por muchos años fue “todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella” adquiere todo sentido cuando ya plantaban la semilla de su propia destrucción en los artículos 347, 348, 349 de la misma.

Las Democracias saludables no cambian sus constituciones en cada lustro. No son planes que se cumplen y pierden vigencia. No creemos que la CRBV haya cumplido ya su objetivo y por tanto la necesidad de ser sustituida. Es el contrato social marco dentro del cual se desarrolla la vida social de una nación. Los mismos déficits políticos, económicos y sociales que impulsaron la sustitución de la “moribunda” de 1961, siguen vigentes hoy con aún mayor gravedad que en el año 1999.  Ahora la “moribunda” es la actual CBRV, y su verdugo es el “hijo” de Chávez.

Para lograr los objetivos sociales de un país, lo más importante es tener instituciones saludables autónomas, un Estado de Derecho y Sistema de Justicia que responda a las leyes y no a intereses políticos, un sistema electoral que organice elecciones oportunas y transparentes. El sistema económico y social consagrado en la actual CRBV, es adecuado para alcanzar el desarrollo del país; pero sus autoridades electas claramente no fueron capaces, ni poseen las herramientas para llevar adelante ese proyecto. La respuesta: “guerra económica” o mejor dicho, someter al país a una economía de guerra; sin guerra aparente.

Las Democracias tienen el mecanismo adecuado para sustituir a aquellas autoridades electas que no rinden resultados: el voto. Nuestra CRBV cuenta hasta con referéndums revocatorios de mandato, posibilidad que fue claramente negada al electorado vía subterfugios en el 2016.

La Asociación Civil PAZ ACTIVA, llama a respetar y defender la vigente CRBV, que no es el origen de los problemas que actualmente atraviesa el país sino que ha sido el conjunto de políticas impulsadas por el ejecutivo, muchas fuera del marco jurídico, que no tienen el interés y bienestar colectivo como meta, sino el mantenimiento de una élite política agotada, corrupta y desahuciada que se atrinchera en el poder.

En consecuencia, llamamos a la activación de los mecanismos de consulta y voto popular consagrados en la constitución para la resolución de las diferencias en las visiones de cómo se debe gobernar a un país.


Caracas, 2 de mayo de 2017.

jueves, 6 de abril de 2017

El Billetazo: Hechos, implicaciones e impactos


  • Fernando M. Fernández, Abogado penalista: "Venezuela es el único país del mundo que no tiene delitos monetarios".
  • Oscar Torrealba, Economista: "El Billetazo y la realidad no tienen ningún sentido económico". 
  • Luis Cedeño, Sociólogo: "Nunca se explicó cuál era “la estafa”, ni tampoco en qué consistía la supuesta “guerra financiera".

Fernando M. Fernández

- "Esta situación es tan grave como si en el capítulo del Código Penal referido a los delitos contra las personas no existiera el delito de homicidio”.
- "Al mantenerse ese vacío legislativo en materia de delitos monetarios lo mismo que ocurrió con los billetes de 100 va a seguir ocurriendo con los billetes bajo el nuevo cono monetario”.


Óscar Torrealba

- "El Billetazo y la realidad no tienen ningún sentido económico, ya que el Banco Central de Venezuela (BCV) ha continuado emitiendo nuevos billetes de 100 bolívares, mientras que anuncia una próxima prórroga de desmonetización hasta el 20 de abril de 2017”.


Luis Cedeño, Sociólogo.

- “Nunca se explicó cuál era “la estafa”, ni tampoco en qué consistía la supuesta “guerra financiera” que fraguaban contra la nación.
- ¿Cómo sacaron esos billetes? ¿Con qué intención se los llevaron? “Nuestra hipótesis es que esos grupos actuaron con la anuencia de alguna autoridad del Estado”. Las 7 hipótesis sobre el “billetazo” (Runrun.es)

Fuente: Observatorio de Delito Organizado

Un delincuente puede robar hasta 30 celulares en un día


Raymond Orta, especialista en delitos informáticos, indicó que actualmente en el país opera una red internacional de robos y hurtos de equipos móviles, que se apropia de los datos de la víctimas a través de su usuario y contraseña.

Caracas. Según estimaciones de la asociación Paz Activa, al mes se reportan hasta 100.000 celulares robados en el país, por lo que resulta el delito más común.

De acuerdo con su director, Luis Cedeño, los motorizados que cometen este tipo de crimen apenas son una parte del entramado que opera en el robo de celulares, lo que calificó como “crimen organizado”.

“El que roba el equipo no es el mismo que lo procesa y lo vende. Aproximadamente, los motorizados pueden llegar a robar hasta cinco celulares en una cola. Pero también están los pegadores, los aguantadores y los procesadores”, indicó el sociólogo.

Los pegadores son aquellos que usan la fuerza para robar los equipos. Diariamente pueden acumular hasta 30 móviles en sus bolsos, según Cedeño. En la escala le siguen los aguantadores, quienes reciben la mercancía y pagan por los equipos y repuestos de acuerdo a la gama del móvil.

Los procesadores se encargan de clasificar los teléfonos para decidir cuáles van a las cárceles —normalmente los de menor valor— y cuáles vuelven al mercado para ser revendidos.

El pasado 20 de febrero funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana incautaron 500 celulares en tiendas ubicadas en los centros comerciales City Market, Doral Baralt y Metrocenter, ya que los establecimientos compraban y vendían equipos robados.

Tanto Cedeño como Orta no dudan en indicar que el robo de celulares se convirtió en crimen organizado, ya que se manejan altas cantidades de dinero, lo que sugiere que alguien se encarga de las cuentas en todo el sistema.

“Actualmente en el país hay más celulares que personas, por lo que la venta de equipos robados también sale de las fronteras, lo que genera más ganancias”, sostuvo Cedeño.

Secuestros virtuales

El director de Paz Activa también mencionó que otro delito que ocurre por el atraco de celulares son los secuestros virtuales, donde los delincuentes, una vez que roban el aparato, llaman a un familiar de la víctima y le indican que está secuestrada.

“La familia, al no tener cómo comunicarse con la persona, cree lo que dicen los delincuentes y de esta manera entrega el dinero que estén pidiendo”.

Aunque este delito está penado por la ley, son pocas las personas que denuncian el robo de los equipos, pues no ven respuesta de las autoridades, lo que genera impunidad y da margen a que los delincuentes se salgan con la suya. Pese a esto, los especialistas recomendaron acudir a los cuerpos de seguridad y colocar la denuncia.

domingo, 19 de febrero de 2017

Venezuela es una mezcla de cleptocracia, corrupción y narcotráfico


  • “La sociedad venezolana ha sido corrompida y golpeada en su moral y ética por un Gobierno que actúa como un Estado mafioso”, sostuvo Luis Cedeño, Director de Paz Activa y el Observatorio del Delito Organizado” en una entrevista al periódico venezolano La Razón.
  • El estado mafioso funciona como delito organizado que genera diferentes modelos de negocio ilegales dentro del propio Estado y a su vez, los mecanismos para permitir tales ilícitos.


Según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), Venezuela se ubica por segundo año consecutivo, como el país más corrupto de América Latina. “El país repitió su pobre calificación de 2015, 17 puntos sobre 100, con lo que quedó relegado al último puesto de la lista de 32 naciones de la región y a solo 10 lugares de la peor posición en la lista global de 176 que integran la edición 2016 del IPC, considerado como el indicador de corrupción más usado en el mundo”, según informa Transparencia Venezuela.

“Venezuela no es un narcoestado”, afirma Luis Cedeño, “sino una mezcla de varias cosas: cleptocracia, corrupción y narcotráfico. Además considera que el Gobierno busca llevar al pueblo venezolano a un estadio de debilidad moral, donde no puedan reclamarle a sus líderes sus faltas morales porque ellos también las han cometido”. (La Razón)

Como hemos señalado en anteriores trabajos, en algunas de las Ex Repúblicas Soviéticas se han instaurado nuevas formas de gobierno e instituciones que surgieron a partir de sus revoluciones. Tales gobiernos presentan algunas debilidades en cuanto a la solidez de su estado de derecho, así como de sus sistemas de contraloría, dejando el control de la institucionalidad del estado en manos de las nuevas élites, algunas corruptas y con poca formación política que vieron en el manejo del estado grandes oportunidades de enriquecimiento. Estas son llamadas en algunos casos “Estados Mafiosos”. 

Estos “estados” son controlados por una pequeña élite que puede estar conformada por familias dominantes (estilo la Cosa Nostra) o pequeños grupos de poder que se identifican con un “Poligarca”, que se define como un oligarca con poder político y gran poder económico oculto a través de testaferros, o una mezcla de estos.

CLEPTOCRACIA = Dominio de los ladrones
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra CLEPTOCRACIA viene del griego clepto, 'ROBO'; y cracia, 'FUERZA' = DOMINIO DE LOS LADRONES. Es el “Sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos”.

En julio de 2016, la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado realizaron el Foro “El desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela” ¿Qué tipo de estado somos?, donde se profundizó en el análisis de la compleja problemática del impacto del crimen organizado en los diferentes ámbitos de Venezuela, no sólo como estado sino como país, con una situación socio-económica y política que cada día nos hace más vulnerable a este flagelo. En ese contexto Cedeño, comentó que existen algunos signos de la presencia de la Cleptocracia en Venezuela y enumeró algunos Indicadores que ilustran tal afirmación:

  1. Maximizan los impuestos y el endeudamiento del país.
  2. Monopolizan los actos de corrupción de gran volumen: Poligarquía y Nepotismo.
  3. Usan fondos del Estado para pagar coimas a cambio de apoyos incondicionales de políticos, diputados, medios, periodistas, jueces y similares.
  4. Capitalismo de Estado e Ideología totalitaria –de derecha o izquierda. 5. Reducen los servicios públicos, las calles se llenan de hoyos, las medicinas escasean, la educación empeora.

Como vemos Venezuela empieza a parecerse a esos “Estados Mafiosos”, donde participar en el gobierno, es una oportunidad para desarrollar negocios ilegales. “En la misma medida en que el Gobierno crea la gran oportunidad de generar dinero de forma muy rápida y muy fácil, a través de la distorsión económica y del control, hace que todo el mundo quiera hacerlo también. Es en este sentido que afirmamos que este Gobierno es un Gobierno criminógeno, que promueve la  criminalidad o desviación, en este caso”, precisó el Director de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado.

El estado mafioso funciona como delito organizado que genera diferentes modelos de negocio ilegales dentro del propio Estado y a su vez, los mecanismos para permitir tales ilícitos. En nuestro caso, lo están facilitando porque prácticamente el Sistema de Justicia y todos los jueces están controlados por estos poligarcas, lo que hace imposible que se haga justicia, o por lo menos que se haga justicia en Venezuela. Se hizo justicia en una corte norteamericana con estos sobrinos porque está fuera del control del Estado mafioso venezolano.

En Venezuela hay muchas otras oportunidades de estar al margen de la ley y de generar grandísimas fortunas, sea porque te dan un dólar a 10 bolívares y lo vendes a 4.000 bolívares, y eso en ninguna parte del mundo sucede. Venezuela no es un narcoestado por esta razón. Nos convertimos en un rompecabezas de actividad delictiva boyante, que además permea todas las instancias del Estado.

lunes, 16 de enero de 2017

Armas de guerra en una Venezuela sin guerra


Ya para finales del 2015, Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado, llamaba la atención en relación a que “nadie fuera de la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX), que es la división de armamento de la FANB, puede comprar o vender armas en Venezuela; no existe fuente privada que compre o venda armas en el país, eso está prohibido por la Ley, es un monopolio exclusivo del Estado”.

Resaltó que el monopolio de las granadas y de las armas de guerra es el mismo Estado, la FANB. “Hay que estar muy pendiente de si los arsenales que ellos administran, si hay algún tipo de corrupción que está permitiendo justamente que esas granadas lleguen a manos de grupos criminales”, puntualizó Cedeño. 

Como hemos visto la situación ha empeorado en el transcurso del año 2016. 

Según reseña la Oficina de Naciones Unidas para el Desarme en América Latina y el Caribe (Unlirec): Venezuela es el país con más muertes por estallidos de granadas en toda Latinoamérica. 

El pasado mes de agosto, el portal Runrun.es, reseñó que entre 2015 y 2016 las muertes aumentaron un 33% y los heridos se situaron en un 60% más en cuestión de un año. “De enero a agosto de 2016, ocurrieron 32 ataques con granadas, según registro de prensa recopilado por Runrun.es, en los cuales murieron 49 personas y 155 resultaron heridas”.

El reportaje de Lisseth Boom (Runrun.es), indica que “Caracas y Aragua son las zonas donde más se usan estos artefactos en ataques contra sedes policiales, enfrentamientos entre bandas pero también para cometer robos y secuestros. Las granadas, armas de uso confinado constitucionalmente a las Fuerzas Armadas de Venezuela,  están cada vez más presentes como instrumento criminal fuera de los cuarteles”. Asimismo, precisan que “si bien hasta agosto de 2016 hubo un número menor de ataques  al registrado entre enero y octubre de 2015 (cuando ocurrieron 60 sucesos con granadas, según el último informe de Transparencia Venezuela), se han reportado más víctimas que en 2015, específicamente un incremento de 33% en comparación a los primeros 10 meses de 2015, cuando fallecieron 33 personas y 62 resultaron heridas”.


Por su parte, en un informe elaborado por Javier Ignacio Mayorca, GRANADAS AL VUELO - Auge del uso de armas explosivas militares por civiles en Venezuela, publicado por Transparencia Venezuela en 2015: “Entre 2013 y 2015 más de 18 personas fallecieron a raíz de la manipulación de este artefacto en el país. Le sigue Colombia con 8 muertes, país que registra una tendencia a la disminución de muertes y heridas por granadas, al igual que México”.

Mayorca resalta que “Las granadas son por definición armas de guerra, pero en Venezuela se han transformado en moneda común en los enfrentamientos entre funcionarios de los cuerpos de seguridad y delincuentes de todo el país. También han sido usadas para reemplazar a los explosivos de fabricación casera (IED, por sus siglas en inglés) en los ataques a instalaciones de estas instituciones. Esto añade un componente de violencia a tales acciones que las acerca más a conflictos armados como los vistos en Colombia y países centroamericanos”.



El gobierno nacional, en reiteradas oportunidades, ha aseverado que dichos crímenes están directamente asociados con bandas organizadas vinculadas con el paramilitarismo. Se presume que este nuevo modus operandi tiene como objetivo atemorizar a los efectivos policiales, desprestigiar a los cuerpos de seguridad, generar deserciones y, lo más importante, promover una matriz de opinión vinculada a la supuesta incompetencia de los funcionarios.

A continuación, a manera de recapitulación, y para sustentar las teorías expuestas, presentamos una breve cronología con los casos de ataques a instalaciones policiales, que más han dado de qué hablar en los últimos meses:
  • 24 de mayo de 2015: Una granada fue arrojada contra la sede del Cicpc en la Cañada de Urdaneta, estado Zulia. Solo hubo daños materiales.
  • 22 de agosto de 2015: Delincuentes lanzaron granadas contra una patrulla policial en la Cota 905, al final de la avenida Los Laureles, Caracas. Al sitio acudieron varias unidades del SEBIN.
  • 27 de septiembre de 2015: Motorizados lanzaron granadas a la comandancia de Polibaruta en Las Mercedes, Caracas. Se reportaron 6 funcionarios y 4 civiles heridos.
  • 2 de octubre de 2015: Cuatro motorizados lanzaron granadas a la sede del Cicpc en Catia, Caracas. Los artefactos no explotaron. Fueron capturados dos de los sujetos.
  • 6 de octubre de 2015: Dos desconocidos en un vehículo gris, marca Dodge, atacaron con granadas y con armas de fuego la sede del Cicpc en Higuerote, estado Miranda. No hubo muertos ni heridos. Se desconoce el paradero de los atacantes.
  • 17 de octubre de 2015: Atacaron con una granada y con armas de fuego la estación de la PNB en la calle Los Alpes de El Cementerio, Caracas. Dos efectivos resultaron heridos. Los delincuentes iban a bordo de un jeep de pasajeros.
  • 12 de diciembre de 2015: Una mujer, apodada "Piel Canela", muere durante un operativo de las OLP luego de arrojar una granada a efectivos del Cicpc. El hecho ocurrió en El Cementerio, Caracas. Varios funcionarios resultaron heridos.
  • 19 de enero de 2016: Motorizados lanzaron dos granadas contra el Centro de Atención al Detenido en Maracay (penal de Alayón), estado Aragua. El saldo fue 25 heridos y 6 muertos. Se desconocen las causas del ataque, aunque se presume ajuste de cuentas.
  • 5 de abril de 2016: Dos motorizados lanzaron tres granadas contra la sede principal del Cicpc en Maracay, estado Aragua. No se reportaron muertos ni heridos. Se presume que los atacantes formaban parte de El Tren de Aragua.
  • 11 de abril de 2016: Luego de intentar detonar una granada fragmentaria contra funcionarios de Poliguárico, murieron tres delincuentes en el barrio Tacope de Calabozo. Los antisociales, según se informó, intentaban robar una casa del sector.
  • 21 de junio de 2016: Reos del Centro de Coordinación Policial de El Tigre, estado Anzoátegui, accionaron una granada que hirió a 6 personas. Se presume que se trató de pugna entre bandas.
  • 8 de julio de 2016: Dos motorizados lanzaron dos granadas fragmentarias contra las instalaciones del Centro de Coordinación Policial de Los Próceres, en la ciudad de Guanare. El suceso dejó como trágico saldo 25 funcionarios heridos y uno fallecido.
El modus operandi de este tipo de organizaciones delictivas, según las autoridades, se asemeja mucho al de las células "convivir" que se instauraron en la década de los 90 del siglo pasado en la ciudad de Medellín, Colombia. No se descarta la complicidad y el suministro de armamento de parte de algunos funcionarios desertores o corruptos. Los ataques serían llevados a cabo bajo la orden de líderes negativos o pranes que operan en las distintas regiones del país.

Uno de los últimos sucesos ocurridos en el 2016 con granadas fue el de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), donde “84 granadas fragmentarias modelo M26 fueron hurtadas fueron hurtados del Servicio de Armamento del Ejército fuerte Conopoima. Tal situación fue detectada el lunes 19 de septiembre”, como lo reseñó el periódico Últimas Noticias.

Una comisión mixta compuesta por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y Guardia Nacional inició un operativo en los alrededores de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) en busca de las 84 granadas hurtadas del fuerte Conopoima ubicado en San Juan de los Morros (Guárico), dijeron fuentes castrenses. 

lunes, 12 de diciembre de 2016


  • Política Policial y Militarización de la Seguridad Ciudadana.

El gran problema que representa la actividad delictiva se debe a una multitud de causas, y el sistema de policía juega un papel importante en el modelo multifactorial de la seguridad. El modelo policial implementado en Venezuela siempre ha sido uno reactivo/represivo sujeto a intereses políticos. El más notable fue la Seguridad Nacional, que funcionaba como policía política (1948-1958); su función era la de vigilar a líderes oposición, torturar y encarcelar cuando lo consideraban necesario. Modelo que se reprodujo en cuerpos como la Dirección General sectorial de Servicios de Inteligencia (DISIP) actualmente el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Es un modelo represivo diseñado para mantener el status quo del gobierno de turno donde prevalece el modelo de seguridad nacional sobre el de seguridad ciudadana.

En el 2006, el gobierno nacional realizó un esfuerzo único para evaluar el sistema policial en Venezuela. La Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) sobrevino sobre tres casos claves que sacudieron a la opinión pública. La masacre en el barrio Kennedy, con la ejecución extrajudicial de estudiantes. Una investigación condenó a más de 23 agentes de policía. El segundo caso se refiere al secuestro y asesinato de los tres hermanos Foudoul, así como su chófer. El tercer y último caso giraba en torno al secuestro y posterior asesinato de Filippo Sindoni, reconocido dueño de una compañía local de pasta. Autoridades señalaban que cerca del 20% de todos los delitos contaban con participación de funcionarios policiales.

A 10 años de este esfuerzo, pocas cosas se han logrado. Una de las conclusiones extraídas de estos estudios fue la necesidad de crear una Policía Nacional que serviría como fuerza unificada para la investigación de la delincuencia a escala nacional y ayudar a la policía local y estatal. Se necesitaron tres años para que se aprobara la ley y en 2009 finalmente permitió que la Policía Nacional naciera. Como muchas instituciones durante el régimen de Chávez, que tenía que tener el sello de la revolución y en contra de las recomendaciones de muchos, la nueva policía nació con el apellido Bolivariana. Chávez se aseguró de que la formación de la nueva policía respondiera a la ideología revolucionaria y a un mando centralizado militar. Las instituciones creadas por la nueva ley de policía incluyeron Policía Nacional Bolivariana (PNB)  y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Hubo algunas disposiciones sobre cómo los diferentes niveles de la policía deben operar y coordinar los esfuerzos; cosa que no se vio en la práctica.

El mejor ejemplo de esto es Caracas. Se divide en cinco municipios, cuatro de ellos están bajo control de la oposición, y el más poblado y con mayor criminalidad, Libertador, es un bastión chavista. La policía del estado de Miranda también cubre esos cuatro municipios bajo su jurisdicción, y la PNB tiene jurisdicción sobre toda la zona metropolitana. Esos son siete cuerpos de policía que trabajan en Caracas con poca o nula colaboración entre ellos.

  • Retos al Modelo Policial Civil.

Hay muchos retos para el servicio policial en Venezuela. La Guardia Nacional Boliviana (GNB) debe cesar sus funciones de policía. A pesar que la Constitución permite utilizar las fuerzas armadas en funciones de seguridad ciudadana, es sólo como último recurso cuando la policía civil es sobrepasada en capacidad en situaciones de emergencia nacional. La participación continua del ejército en la política policial y penal ha tenido un resultado negativo en general. Las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP´s) son un ejemplo vergonzoso de mano dura, donde el modelo militarista de ´dar de baja´ presuntos delincuentes, legalizando de facto la pena de muerte en Venezuela, es clara violación de los Derechos Humanos. Esto a su vez ha debilitado el sistema policial nacional. La participación del ejército también ha desviado recursos que de otra manera se pudieron haber invertido en el fortalecimiento de todos los niveles de la fuerza policial.

Un cambio en la política criminal debe ocurrir. El modelo reactivo de trabajo destinado a la captura de los delincuentes debe reorientarse a las técnicas de prevención del delito. Aunque hay mucho que hacer en el área de control del delito, sería inútil si el sistema de justicia no mejora las tasas de impunidad para la mayoría de los crímenes y las cárceles cesen de ser universidades del crimen y base de operaciones del delito organizado. El cambio a un modelo que sea más proactivo, con un enfoque en la prevención del delito es necesario y la única medida a corto plazo con oportunidad de hacer un impacto notorio en las cifras de criminalidad.


  • La Policía que queremos.

El desarrollo óptimo de oficiales de policía, una carrera policial de valía y seguridad social, es una receta para el éxito de la política criminal. Esto sólo se puede lograr mediante la elevación de los salarios que atraigan a los mejores candidatos a las academias de policía. La promoción de programas de policía en las escuelas que expongan a los jóvenes a las actividades que realizan los agentes de policía atraerá nuevos reclutas también.

La mejora de las percepciones negativas que venezolanos tienen acerca de la policía debe ser un objetivo central de una política nacional contra la delincuencia. Los ciudadanos deben llegar a percibir la policía como aliados y no como agresores. La policía de proximidad y un cambio total de hacia la prevención del delito pueden alinear estos objetivos de una policía moderna. Cuando la policía junto a las comunidades trabajan y participar en actividades conjuntas, se crea empatía entre estas dos partes.

Pero lo más importante es la inversión. El actual presupuesto nacional destina alrededor del 1% a la seguridad ciudadana según Transparencia Venezuela. Esto es demasiado poco para hacer frente a uno de los problemas históricos que enfrentan los venezolanos según todas las encuestas. Invertir de forma extraordinaria en seguridad ciudadana versus seguridad nacional, no solo es una necesidad, sino un clamor nacional.

Escrito por: Sociólogo Luis Cedeño

miércoles, 9 de noviembre de 2016

La crisis lo llevó a tomar el camino más fácil: secuestrar


Alejandro Aranguibell, de 24 años, fue uno de los cuatro jóvenes que fallecieron el martes 4 de octubre, durante un enfrentamiento con la PNB y el Cicpc, en la autopista Francisco Fajardo. Su esposa dijo que tenía dos meses con actitudes extrañas.

Caracas. Yorleanis Calanchi, de 20 años, no sabía que su esposo planeaba involucrarse en un secuestro para resolver la crisis económica que había en la casa y que les generaba preocupaciones a ambos por su bebé, de ocho meses. Se enteró después de que lo mataron.

La noticia confirmó sus sospechas, pues desde hace dos meses su esposo no era el mismo. Se perdía de la casa hasta dos días seguidos y cuando ella —celosa— le reclamaba, él respondía que se había quedado en casa de unos amigos haciendo negocios. Pensó que le era infiel, aunque no descartaba que estuviera agarrando malas juntas.

Los problemas en la pareja se hicieron cada vez más frecuentes, la niña no tenía pañales, además ya estaba más grande y debía alimentarse con algo más que teteros. Yorleanis comenzó a oír extrañas conversaciones telefónicas entre su esposo y un desconocido.

La última pelea fue el viernes 30 de septiembre en casa de la mamá de Alejandro, donde vivían. Los motivos, muchos y de siempre: los pañales otra vez, la comida, el dinero, los celos, las actitudes raras. Razón por la que la muchacha decidió irse con su hija a casa de su mamá y no habló con su cónyuge durante todo el fin de semana.

“El lunes me llamó porque quería pasar buscando a la niña para verla y me dejó esperando, no me llamó más ni se apareció”, contó en voz baja.

Alejandro participó en un secuestro junto con cinco hombres más, que generó una persecución policial y terminó con cuatro de ellos fallecidos; dos se dieron a la fuga.

La víctima fue una mujer, que resultó herida en el procedimiento, pero está fuera de peligro. Dos cadáveres de los secuestradores quedaron en la autopista Francisco Fajardo, vía este, a la altura de El Paraíso y los otros dos, más adelante, en la autopista Valle-Coche, sentido a El Cementerio.

La crisis sí puede llevar al delito

Aunque el director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el sociólogo Roberto Briceño León, siempre ha referido que la delincuencia no tiene su origen en la pobreza, desde hace un año y medio las cosas comenzaron a cambiar, pues la necesidad está llevando a los jóvenes a entrar en el mundo del delito para obtener dinero fácil.

“Es la nueva forma del delito amateur. Son delitos cometidos por ‘no delincuentes’, aunque la expresión es paradójica. Estamos hablando de individuos que no tienen el delito como profesión, pero las circunstancias los llevan a participar para buscar el dinero fácil”, explicó.

Anteriormente, los jóvenes cometían robos o hurtos para comprarse un celular inteligente, unos zapatos de marca o una tableta, es decir, no lo practicaban por necesidad. No obstante, las conductas cambiaron y se convirtió en un efecto nuevo.

“La pobreza, la escasez, la carencia de soluciones y futuro, llevan a muchos jóvenes a entrar en la delincuencia y a cometer delitos que terminan en homicidios”, sostuvo Briceño.

Luis Cedeño, sociólogo y director de la Asociación Civil Paz Activa, también coincide en que la crisis económica del país puede estar influyendo en los índices delictivos: “Sucede, por ejemplo, con un empleado de un hotel que comienza a robar pertenencias y se justifica porque no le pagan bien. La crisis facilita las decisiones, quizá hay personas que comienzan a bachaquear, a tomar caminos fuera de la ley”.

Sin necesidad para robar 

El ojo de una suegra es implacable y Yorleana Ochoa, madre de Yorleanis, siempre vio a Alejandro como un buen muchacho, sumamente trabajador.

Era socio en una línea de taxis en la avenida Victoria, pero hace un año que el vehículo marca Fiat —adquirido en pareja— tiene problemas en la caja y está malo.

Yorleana decidió trabajar y aunque Alejandro se molestó, porque consideraba que su hija estaba muy pequeña, comenzó en una tienda de telas en el centro de Caracas.

Luis Cedeño indicó que en Venezuela la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 y 24 años es el homicidio. En otros países, la tasa de mortalidad se ve afectada por accidentes de distintos tipos. “De cada 100 asesinatos, 94 son a hombres”.

Precisamente en la adolescencia (13 y 14 años) es que los hombres se inician en el delito, según el director del OVV, Briceño León. Se incorporan primero como señuelos, pues los hampones más adultos les dicen que por ser menores de edad no los van a detener: “Hay muchos jóvenes que por la inexperiencia no saben manejar las situaciones y matan a sus secuestrados”, declaró.

Fuente: Crónica Uno

lunes, 26 de septiembre de 2016

El estado venezolano como facilitador del delito organizado




  1. 66% de los venezolanos considera que policías y militares venden armas al delito organizado.
  2. Hasta el momento en el país se han ejecutado más de 23 planes para combatir la inseguridad y solo se puede observar como la violencia sigue en aumento, al punto de pasar a ser el segundo país más violento del mundo.

De las 10 ciudades más violentas en 2015, 9 son latinoamericanas y 3 son venezolanas, según el más reciente informe de la organización civil mexicana Seguridad, Justicia y Paz. Caracas se convirtió en la capital con más homicidios del planeta con 119,87 muertes violentas por cada 100.000 habitantes Luis Cedeño Director de la Asociación Civil Paz Activa afirma: “No podemos esperar que dedicando 1% del presupuesto nacional a la seguridad, resolvamos el problema que hoy en día el 80% de los venezolanos menciona como su principal inconveniente”.

Un gobierno carente de autoridad, medidas de seguridad equivocadas y falta de voluntad política ha sido el detonante para que la criminalidad se apodere del país. Y así lo percibe el venezolano en la II encuesta sobre Delito Organizado en Venezuela, realizada por el Observatorio de Delito Organizado.

Aunque las pandillas y bandas, junto a pranes y colectivos armados son los grupos que el venezolano considera causantes del delito organizado, los encuestados también opinan que el estado es quien ha facilitado el incremento de estos grupos irregulares en el país, bien sea mediante las llamadas “zonas de paz” o a través de la entrega de arsenal bélico.

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lunes, 29 de agosto de 2016

Alcaldía de San Cristóbal y Paz Activa firman convenio de colaboración


Buscando crear vínculos con los organismos de seguridad del municipio, la alcaldía de San Cristóbal, firma convenio con asociación sin fines de lucro Paz Activa, con el fin de tener ambientes de sana convivencia ciudadana.

Mediante un convenio de colaboración entre la Alcaldía de San Cristóbal y Paz Activa, a fin de crear una mancomunidad en convivencia ciudadana dentro del estado Táchira,  inicialmente se conformará por los municipios Cárdenas, Torbes y San Cristóbal donde se tratará de compartir información vital entre las policías.

Luis Cedeño Director de Paz Activa, aseguró que se tomarán en cuenta dentro de este convenio las reseñas policiales, con temas que tienen que ver con las características delictivas para tener una visión conjunta de lo que está sucediendo en cuanto a seguridad ciudadana.

El programa tiene  como objetivo promocionar buenas prácticas que se estén llevando dentro de los municipios que puedan realizarse en los municipios que no tengan estas prácticas exitosas dijo Cedeño, quien a su vez hizo énfasis que también se quiere involucrar a los demás organismos de protección y resguardo para tratar temas que tiene que ver con seguridad vial y gestión de riesgos.

“Con este trabajo mancomunado queremos es coordinar internamente políticas públicas de seguridad ciudadana basada en información que tengan cada una de estas alcaldías, es más factible tener una visión de varios entes para evitar la migración de la criminalidad”, dijo Cedeño.

Puntualizó que se espera firmar convenio con la Universidad Experimental del Táchira UNET, para el tema del apoyo técnico en cuanto a la creación de bases de datos para de alguna manera hacer programas informáticos para levantar la información, procesarla y dar resultados que puedan traducirse en bases sólidas para políticas públicas en convivencia y seguridad ciudadana.

Por su parte Ángel Perdomo Director Gerente de la Policía de San Cristóbal, afirmó que este es un proyecto que tiene que ver con el desarrollo y análisis de información en cuanto a criminalidad y hechos delictivos en el municipio, por lo que se realizarán mesas de trabajo respetando todos los aspectos de ley y lo que en materia de seguridad se viene definiendo a través del órgano rector.

Fuente: Alcaldía de San Cristóbal

martes, 9 de agosto de 2016

Bandas delictivas reclutan a niños de 10 a 12 años como “gariteros


Más allá de los incentivos económicos de pertenecer a un grupo de antisociales, los más pequeños buscan el respeto y la atención que no reciben en casa de parte de sus familiares.

Caracas. Dinero fácil, joyas, motos y mujeres son las metas actuales de la mayoría de los niños que viven en las zonas populares y el camino más fácil que encuentran para lograrlo es pertenecer a una banda delictiva.

Las cosas han cambiado y para el sociólogo y director de Paz Activa (asociación civil dedicada a la promoción desarrollo humano en el ámbito social), Luis Cedeño, los jóvenes de ahora se involucran más temprano en las bandas que hace 20 años atrás, lo que también implica una muerte más temprana.

Muchos son reclutados a los 10 o 12 años, algunos ya están iniciados en homicidios, ventas de drogas. Ya al cumplir los 16 o 18 años se ganan el respeto del barrio, de sus compañeros. Y aunque es una vía violenta, es la oportunidad más fácil para llegar a la meta que buscan”.
Pero el respeto no se logra de un día para otro y por esto deben hacer lo que les diga el “manda más” de la banda a la que deseen pertenecer. Según el abogado criminalista, Fermín Mármol García, muchos comienzan su vida delictiva como “corredores” o “vigilantes” (también conocidos como “gariteros”)

“Los ‘corredores’ son quienes llevan las armas, las municiones, los teléfonos a los líderes de las bandas a través de las escaleras o callejones de los barrios. Mientras que los vigilantes son los ojos y oídos del barrio. Dan la información de todo lo que pasa en el barrio y cuando viene la policía”, explicó el abogado.
Añadió que ya en el país no se habla de una delincuencia juvenil, sino infantil, pues con edades tan cortas ya manejan armamento y tienen la violencia, y tortura como lenguaje cotidiano.

La casa como base de todo

Mármol declaró que muchos de los niños tienen un origen complicado, pues “vienen de embarazos precoces, no tienen la figura paterna o tienen padrastros de turno. Cuando comienzas el colegio, los padres les exigen que tienen que producir para la casa. En otros hogares ya puede haber un familiar que sea delincuente y los reclutan”.

A todo esto se añaden los altos niveles de impunidad del país, de cada 100 delincuentes solo agarran a ocho, pero salen rápido de las prisiones, tal y como citó Mármol García.

Aunque el país se llene de cárceles, cementerios o policías, para Mármol y Cedeño se necesitan planes de prevención a largo plazo, como cambiar el sistema educativo, generar oportunidades de progreso y bienestar y rescatar el concepto de familia.

Incentivar a los chamos

Según estudios realizados por Cecodap (organización que defiende los derechos de la niñez), los adolescentes de 12 años son quienes están en mayor riesgo de integrarse a las bandas. El coordinador general de la ONG, Fernando Pereira, indicó que en el año 2015 hubo un aumento de la participación de los adolescentes en hechos delictivos de 30%  con respecto al 2014, lo que también implica un aumento en la tasa de mortalidad.

En 2015 Cecodap registró 1.026 homicidios en menores de 18 años, lo que representa 86 hechos mensualmente y un aumento del 12.5% en comparación al año anterior.

Recalcó la importancia de incentivar a los chamos a los estudios, a tener un proyecto de vida, una familia, mejorar la relación con los padres y generar oportunidades de estudio.

“Pero también se les debe indicar las consecuencia de integrar una banda delictiva, pues por la corta esperanza de vida de los delincuentes, es un proyecto de corto plazo”.

Fuente: Crónica Uno

lunes, 25 de julio de 2016

Los tres grandes vicios de la OLP a un año de su implementación


(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium).- El Gobierno apostó el 13 de julio de 2015 por la activación de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) para atacar los problemas de inseguridad en las áreas que estaban siendo controladas por bandas criminales.

Con las elecciones parlamentarias en puertas para ese entonces; y tras el fracaso previo de otros muchos planes de seguridad, se acusó a la OLP de medida electoral que poco alcance tendría. Sin embargo, hoy, a un año de su implementación el balance es largo.

¿Positivo o negativo?, de acuerdo al trabajo realizado por el periodista Álvaro Púlido para El Nacional, al menos tres grandes vicios ensombrecen este operativo:

CUERPOS DE SEGURIDAD QUE PARTICIPAN

Las fuerza de seguridad que conforman estos procedimientos están integradas principalmente por el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), para el criminólogo y especialista en seguridad ciudadana, Luis Izquiel, de todos esos cuerpos de seguridad, el único que debería estar participando en la OLP debería ser la PNB.

Izquiel explicó que las fuerzas militares no están preparadas para la seguridad ciudadana sino para la destrucción del enemigo externo que atente contra la soberanía de la nación.

Pese a ello, “en los últimos 17 años, casi todos los ministros de Interior y Justicia han sido militares. Este concepto, de estar preparados para una guerra, no ha servido para disminuir la criminalidad y no hay mayor evidencia que la que estamos viviendo”, dijo Izquiel a El Nacional Web.

Resaltó que la GNB, el Cicpc y el Sebin no son cuerpos de seguridad que deberían participar en los procedimientos de la OLP debido a que sus funciones son otras. La única razón lógica de la participación de estos organismos de seguridad en las operaciones de la OLP es, para Izquiel, una necesidad de respuesta por parte del gobierno debido a que la PNB no cuenta con la preparación adecuada para intervenir en las zonas donde operan las bandas delictivas.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

A medida que los operativos fueron avanzando, las denuncias de abusos a los derechos humanos no se hicieron esperar. La OLP es vista hoy como una “política de exterminio” por activistas de Derechos Humanos. El director del Observatorio del Delito Organizado y Paz Activa, Luis Cedeño, en entrevista a El Nacional Web, afirmó que “este procedimiento falla porque no actúa en concordancia con los crímenes”.

Cedeño considera que la OLP está diseñada para eliminar y no para establecer una política de seguridad nacional.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, durante la presentación del informe anual 2015 dijo que 84 personas fueron asesinadas en Carabobo durante las OLP; 49 en Bolívar, 27 en Cararas y 13 en Miranda.

Sin embargo, en las estadísticas no se incluyeron registros del estado Aragua, entidad donde más operativos se realizaron, ni del Zulia que registró al menos 58 muertos tras las OLP, solo en enero 2016, según informó el general Franklin García Duque, jefe de la Redi-Occidente.

IMPLICACIÓN PARA LA SOCIEDAD

A pesar de las denuncias contra la OLP, la última carta del Gobierno tiene aceptación en gran parte de la sociedad venezolana. El sociólogo Roberto Briceño León argumenta que esto se debe a que la política de “plomo al hampa” aún es aceptada como una respuesta ante la inseguridad.

No obstante, la realidad para el también experto en el área de seguridad ciudadana es que “después de esa inmensa intervención que hacen en las zonas populares para tratar de preservar la seguridad, es evidente que no tiene resultados palpables. Llegan a los lugares donde hacen las requisas y después se retiran, sin ser conscientes del desastre que dejaron atrás”.

Por esta razón, en una entrevista exclusiva con El Nacional Web, consideró a la OLP un “fracaso social” ya que no disminuye la violencia o el delito, sino que lo incrementa: “Siempre una reacción violenta contra la injusticia es aprobada, aunque no sea la manera correcta de tratarla”.

Para ver la publicación original de El Nacional, pulse aquí.

viernes, 8 de julio de 2016

Foro "El desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela"

El Observatorio de Delito Organizado tiene el agrado de invitarlos al Foro "El desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela": ¿Qué tipo de estado somos? a realizarse el próximo 19 de julio, en la ciudad de Caracas.
Contará con la ponencia de los expertos en el tema:
  • Marcos Tarre: Arquitecto, venezolano, nacido en Nueva York, con más de 25 años dedicado al tema de la delincuencia, violencia y seguridad ciudadana en Venezuela. Tema: Estado Delincuente.
  • Fernando M. Fernando Fernández, Abogado, con mas de 40 años impartiendo clases y capacitaciones a especialistas de alto nivel y formando recursos gerenciales y docentes. Tema: Estado Dual o Anómico.
  • Luis Cedeño, Sociólogo de la UCAB con Maestría en investigación social aplicada de la Universidad de Westminster, Londres. Director de Paz Activa y Observatorio de Delito Organizado. Tema: Estado Mafioso. 
El foro no posee ningún tipo de costo. Si desea asistir, comuníquese al 0212.265.73.16 o escriba a eventos.pazactiva@gmail.com
¡Esperamos contar con su valiosa presencia! Cupos limitados. 

miércoles, 29 de junio de 2016

Los linchamientos, la nueva pesadilla de Venezuela


  • La impunidad de la justicia y el aumento de la inseguridad disparan los casos de linchamientos de ciudadanos a delincuentes comunes.
  • La Fiscalía de Venezuela investiga 74 ataques de particulares en los primeros cuatro meses del año, de los que 37 acabaron en muerte.

A Roberto Josué Fuentes lo linchó una turbamulta en el municipio de Sucre, al este de Caracas, tras ser señalado como autor de un robo. Josué fue golpeado, acuchillado y quemado. En realidad, este cocinero de 42 años acudió en auxilio de la víctima de un hurto en plena calle. En el vídeo que alguien graba durante la golpiza, el hombre linchado clama por su inocencia y pide piedad. Pero nadie le cree y horas después muere en el hospital.

Las noticias de linchamientos en Venezuela y los vídeos subidos a Youtube, como el de Josué, son cada vez más abundantes y han disparado las alarmas en un país que sufre una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Para los expertos consultados, constituyen un síntoma nuevo de una sociedad en descomposición en la que el Estado ya no administra justicia.

Según datos de la Fiscalía General de Venezuela, en los cuatro primeros meses de 2016 se abrieron investigaciones por 74 linchamientos, de los cuales 37 acabaron en muerte y otros 37 resultaron con lesiones por delitos de diversa gravedad. Gonzalo Himiob, director de Foro Penal y criminólogo, asegura a LA RAZÓN que esa cifra se queda corta. “A nosotros nos llegan informes periódicos que harían palidecer esos números de la Fiscalía General”. Luis Cedeño, de la ONG Paz Activa, asegura que hasta hace unos cinco años el número de linchamientos en Venezuela eran de entre diez y quince anuales.

Lo que preocupa no es sólo el mayor número casos en los que la comunidad se toma la justicia por su mano sino la generalización de este delito a zonas urbanas. “El linchamiento era una práctica que se daba en las áreas rurales del país como respuesta a delitos aberrantes, como la pederastia, la violación sexual de mujeres o el asesinato de niños”, añade Cedeño. Ahora, los ataques colectivos, analizados como una respuesta desesperada por la frustración que genera el clima de violencia, son cada vez más frecuentes en ciudades como Valencia o Maracaibo y en la misma Caracas, asegura Himiob. “Ya no se producen sólo en barrios populares sino que es algo que vemos en áreas de clase media”.

Otro cambio en el patrón habitual es que las víctimas de la ira popular son “delincuentes menores, incluso novatos”, señala a este periódico el profesor Roberto Briceño, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), “lo cual eleva la gravedad del fenómeno”. El diario “El Nacional” relata el caso de una señora que tuvo que salir en defensa de su atracador para evitar que fuera ejecutado por un grupo de vecinos. “La gente lo golpeaba y gritaba. Le vi la cara y tuve que defenderlo. Me daba miedo porque pensaba que lo matarían por mi culpa”.

Las causas del incremento del número de este tipo de delito hay que buscarlas en la impunidad reinante, que en el caso de los homicidios llega al 95%, según el Foro Penal. “El mensaje es que ser delincuente es un negocio y merece la pena”, explica Himiob, quien añade que el chavismo introdujo en la sociedad un discurso “reivindicador de la violencia desde las autoridades: “Chávez fue un gran reivindicador de la violencia como mecanismo para resolver los conflictos sociales”. Cedeño, de Paz Activa, señala también el colapso del sistema penitenciario y la participación a veces pasiva de la propia Policía, que hace la vista gorda ante un linchamiento. Al final, las personas sienten que tiene que protegerse a sí mismas, y en el caso de los linchamientos lo hace de manera preventiva, para evitar “que me pase algo”, dicen los expertos.

Briceño alerta ante la privatización de la violencia, que recuerda, afirma, a lo sucedido en países como Colombia y de Centroamérica, en los que las defensas populares actúan por su cuenta para reprimir a los delincuentes. “Cuando la población se organiza para hacer esto ya no estamos hablando de linchamientos, que se caracterizan por ser espontáneos. Esos son grupos de limpieza”, explica Briceño.

Fuente: La Razón de España

lunes, 20 de junio de 2016

Sociólogos coinciden en que el hambre y la rabia son el combustible de los saqueos


La tensión llegó a su nivel máximo este martes 14 de junio, cuando Cumaná, la capital de la entidad, fue el epicentro de actos vandálicos que se prolongaron durante horas y dejaron como saldo un muerto, 400 detenidos y decenas de comercios saqueados en al menos ocho zonas distintas de la ciudad.

El reporte de la sección Sucre del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) arrojó un dato clave. Aunque hubo mucha participación popular en los saqueos, quienes los iniciaron fueron, en gran medida, grupos delincuenciales que se infiltraron en las manifestaciones.

“En esta gran obra del hambre, la población es el coro y quienes llevan la voz cantante son los que están entrenados en violencia y delito. Una persona normal no se atreve a romper un vidrio. Pero si llega otra persona que lo rompe, entra al sitio y saca algo, el padre de familia que tiene hambre también entra y busca comida”, afirmó Roberto Briceño León, sociólogo y director del OVV.

“El saqueo no se puede ver sólo como un acto delincuencial. Los criminales se valen de la población que protesta y se molesta porque no tiene comida en su casa aún teniendo dinero en el bolsillo. Los ladrones también tienen hambre y roban al igual que lo hicieron los policías en Cumaná y como lo hizo cualquiera. Estamos en un nivel de sobrevivencia y esta es una lucha descarnada. Ese es el comportamiento del ser humano y del animal que tiene que garantizar la comida a la familia y los hijos”, explicó Briceño León.


El momento de la tensión

Luis Cedeño, sociólogo y director de la ONG Paz Activa, relaciona los saqueos con la tensión social del momento actual, la cual está determinada por los medios que se utilizan para conseguir un fin.

“En este caso –detalló– el fin es la comida y el medio para obtenerla es el saqueo. Si el medio no está disponible, si es inaccesible, la tensión se incrementa porque esto significa que la gente no tiene los medios para alcanzar los fines”, sentenció.

Dentro de su análisis, el especialista incluyó otros factores que han impulsado los saqueos, como la ausencia de la autoridad y la matriz de la guerra económica, difundida desde el gobierno de Nicolás Maduro, que sitúa a los comerciantes y empresarios como los culpables del desabastecimiento y los altos precios. Por eso son ellos quienes sufren los ataques.

El “homo economicus” saquea

En cada saqueo, señaló Cedeño, hay promotores que incitan al acto vandálico. Estos suelen ser individuos que están fuera de la ley, tal como los que actuaron en Cumaná. Hay otros que son observadores, que están alrededor de los primeros y que pueden decidir el siguiente rol a cumplir en el momento. “Es ahí cuando se desdibujan los niveles morales, cuando bajan los niveles de tolerancia y se decide si se participa o no en el saqueo”, recalcó el especialista. Por último, hay otros que en lugar de actuar, permanecen como espectadores y sancionan o increpan a los saqueadores para ejercer un control informal.

Pero incluso quienes saquean, arrastrados o no por el comportamiento del grupo, lo hacen de una manera racional. Allí influye la postura del “homo economicus”, término con el que se designa al ser humano como elemento del proceso de la producción y el intercambio de bienes económicos.

Es en ese proceso que la racionalidad apunta no sólo hacia los bienes escasos, sino hacia aquellos que tienen más valor. Por eso, Cedeño consideró que los saqueos a tiendas que no venden productos alimenticios no pueden ser sacadas del contexto del hambre que se sufre en el país. Al final, el bien que se robe podrá ser también intercambiado por comida.

Fuente: RunRunes

jueves, 2 de junio de 2016

“Venezuela es considerada como el principal puente de salida de la droga hacia otros continentes”

El Foro “Tráfico de drogas ilícitas en Venezuela: ¿Institucionalidad comprometida?”, organizado por la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado contó con la participación de la exmagistrada Mildred Camero como ponente principal y como panelistas intervinieron los periodistas: Ángela Vera Lefeld, Javier Ignacio Mayorca y Gustavo Azócar.

(Caracas, 01 de junio, 2016) -  “La República Bolivariana de Venezuela es considerada por la Comunidad Internacional y por los Organismo Multilaterales, que rigen la materia, como el principal puente de la salida de la droga desde Suramérica a hacia otros continentes”, así lo señaló la experta Mildred Camero.


Para Luis Cedeño, analizar este tema es fundamental porque “nuestro país no es productor, ni tampoco un país de consumidores de droga; pero el hecho que seamos el principal puerto para la droga que llega a los mercados norteamericanos y europeos, pone en altísimo riesgo debilitante a nuestras instituciones por la presión corruptora de los operadores internacionales de la droga; su principal objetivo son las FANB, Policías y tribunales de la nación”, precisó el Director de Paz Activa.

En Venezuela, el tráfico de drogas a nivel internacional, está en manos de ciertos grupos que ejercen funciones de seguridad nacional. En otras palabras, son miembros de nuestras fuerzas armadas, de los cuatro componentes y cuerpos policiales civiles”, indicó Mildred Camero.

Ha sido de tal magnitud este fenómeno, que nuestro sistema financiero está en riesgo de ser utilizado como plataforma para legitimar capitales (lavado de dinero), comprometiendo sin duda alguna la reputación del Sistema Bancario y Financiero Venezolano”, puntualizó la expresidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID).

Otro aspecto fundamental que mencionó la especialista, es que “la droga ya elaborada viene de Colombia principalmente, y estos grupos en Venezuela se encargan de trasportarla, almacenarla o enfriarla, como se llama en el argot delincuencial de drogas, incluso de sacarla al exterior”, dijo la ponente del Foro.

Es de imperiosa necesidad depurar las altas esferas de las FANB y GNB de elementos que contribuyen activamente como miembros de los carteles internacionales de la droga, y construir un entramado legal que permita el escrutinio cercano de aquellos más vulnerables a ser corrompidos por el Delito Organizado vinculado a los mercados de la drogas  ilegales”,  resaltó Luis Cedeño, Director de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado.

A manera de conclusión, la exmagistrada Camero reiteró que “bajo cualquier contexto  y por ser la lucha contra el fenómeno de las drogas una política de Estado, es menester que el Estado Venezolano asuma el problema desde una perspectiva global que compete a todos los Estados; esto es, que involucra a todos sin excepción y que obedece al principio de la responsabilidad compartida, vale decir «son tan responsable los países que producen y consumen drogas, como aquellos que permiten que sea utilizado su territorio para trasladarlas»”.

viernes, 20 de mayo de 2016

Foro 'Tráfico de drogas ilícitas en Venezuela'


El Observatorio de Delito Organizado tiene el agrado de invitarlos al Foro sobre Tráfico de drogas ilícitas en Venezuela: ¿Institucionalidad comprometida? a realizarse el próximo 31 de mayo, en la ciudad de Caracas. 

Contará con la ponencia de la Licenciada Mildred Camero, egresada de la UCV, especialista en Derecho Penal y Criminología Especialista en Drogas, expresidenta de la CONACUID de Venezuela y CICAD-OEA.

El grupo de panelistas estará conformado por: 
  1. Javier I. Mayorca: Periodista especializado en criminalística (Iupolc). Miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.
  2. Ángela Vera: Periodista venezolana
  3. Gustavo Azócar: Magíster en Estrategia y Comunicación Política (The George Washington University). Profesor de la ULA. Escritor y conferencista internacional.

El foro no posee ningún tipo de costo. Si desea asistir, comuníquese al 0212 265 73 16 o escriba eventos.pazactiva@gmail.com

¡Esperamos contar con su valiosa presencia! Cupos limitados. 

lunes, 16 de mayo de 2016

Saqueos en Venezuela dejaron de ser meros intentos


  • Entre marzo y abril ocurrió el fenómeno: el número de saqueos ejecutados sobrepasó al de los intentos de saqueo. Sólo en el último mes hubo 33 eventos de esta naturaleza. Durante el año han sucedido 116.
  • El estado Zulia es el territorio donde se ha consumado el mayor número de acciones vandálicas de este tipo. A raíz de los desórdenes que se han presentado allí desde el lunes, el Comando Estratégico de Operaciones aplica un dispositivo “anti-guarimbas y antisaqueos”.

Este abril y el marzo pasado comparten una particularidad. En ambos meses, los saqueos ejecutados superaron a los intentos de saqueo. El fenómeno era exactamente el contrario en los dos primeros meses del año. En enero, por ejemplo, el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) indicó que hubo 19 intentos de saqueo y 10 saqueos consumados, mientras que en febrero, los intentos llegaron a 22 y los saqueos a 13. Los primeros, como se ve, solían ser más numerosos que los últimos.

Estas acciones violentas no son nuevas. La profundización de la escasez, cuyo índice oficial dejó de difundirse hace dos años, dejó ver los primeros sucesos de esta naturaleza en 2013, cuando comenzaron a verse los ataques hacia gandolas y camiones que transportaban distintas mercancías.

A medida de que transcurre el tiempo, los anaqueles están más vacíos y los números de este delito avanzan año a año. Según el OVCS, en 2015 hubo 287 saqueos e intentos de saqueo en Venezuela. La mayoría estaba dirigidos a transportes de carga de productos alimenticios y a expendios de alimentos.

Cuatro factores que potencian los saqueos

Los hechos de violencia colectiva, que han pasado de protestas, quema de cauchos y cierre de vías, a saqueos y actos vandálicos, están potenciados por cuatro factores, afirma el sociólogo y experto en temas de violencia, Luis Cedeño: erosión del salario, escasez, desmovilización laboral y la matriz de opinión que transfiere la carga de culpa por la falta de alimentos a los comerciantes.

El experto y coordinador de la ONG Paz Activa, explica que los ciudadanos han disminuido sus acciones en sus diferentes roles pues sienten que sus ingresos no compensan sus esfuerzos. En el caso de los policías la inconformidad con su realidad salarial se manifiesta de distintas maneras. “La policía hoy día siente que no tiene la responsabilidad de intervenir en este tipo de hechos de violencia, como los saqueos y los linchamientos. Que lo que ganan, lo que reciben a cambio no compensa los riesgos que deben enfrentar. Y entonces lo que hay es una conducta permisiva. La gente ha notado que la función policial ha disminuído y aprovechan esa situación.”, explica Luis Cedeño.

El tercer elemento que sirve de abono a los actos vandálicos y desvalijamiento de comercios es que se ha creado una matriz de opinión que transfiere la carga de culpa por la falta de alimentos a los privados. “Desde el Gobierno han hecho ver que no es un problema de escasez sino de acaparamiento. Que el responsable no es el Estado sino los comerciantes, y esto de alguna manera explica el porqué la gente arremete contra los establecimientos como abastos, farmacias y panaderías”, dijo el coordinador de Paz Activa.

El último factor que podría estar facilitando los saqueos es la desmovilización laboral, así denomina Luis Cedeño le medida del Gobierno de suspender las actividades en los entes del Estado de miércoles a domingo. Esto solo ocupa dos mediodía a los funcionarios públicos. “El ocio es un estado que facilita la sugestión y que lleva a las personas a participar en hechos en los que no intervendrían si estuvieran ocupados en sus trabajos. Esto aplica para los saqueos y los linchamientos”.

Artículo completo: Runrunes

viernes, 29 de abril de 2016

¿Cómo el delito organizado destruye la institución policial a través de la Corrupción?

Mayerlin Fagundez y Marcos Tarre

(Caracas, 28 de abril, 2016) -  Hoy jueves en la mañana se llevó a cabo en Caracas, el Foro “Corrupción Policial”, actividad organizada por la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado. Contó con la participación del experto en la temática, Marcos Tarre y Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado, quien contextualizó el tema de la corrupción policial en el marco de delito organizado y la seguridad ciudadana, señalando que “la función policial es una de las más importantes dentro de cualquier sociedad, y debe ser valuada conforme al importante servicio que presta en cuanto a la protección de personas y bienes. Más allá de esta función, hoy día es la primera línea de interconexión entre los ciudadanos y los diferentes niveles del Estado. Es por ello que debemos realizar esfuerzos extraordinarios para brindarles la remuneración y beneficios sociales que garanticen la lealtad a la institución y a los ciudadanos a cuales sirven, sobre cualquier otra oferta para tentar desviar su función”, enfatizó Cedeño.

La presentación central estuvo a cargo de Marcos Tarre,  quien destacó que “la creciente ola de violencia y criminalidad que se desató a partir de 1999 y generó una perdida directa en la calidad de vida de todos los venezolanos y un nuevo imaginario colectivo. Impactados por los efectos de la violencia, sometidos a una escalada criminal sin precedentes en la historia, los venezolanos dejaron de preocuparse por otros problemas, sufriendo los efectos de la violencia sin apreciar sus causas, y una de ellas es precisamente la corrupción. La criminalidad violenta, el homicidio, secuestro, atraco o violación tienen un poder mediático lógicamente mayor que el de los delitos no violentos. En la medida en que fue aumentando la violencia criminal se fue opacando la corrupción”, precisó el ponente del Foro.

El programa se desarrolló en tres partes. La primera revisó antecedentes; definición y tipos de corrupción policial; variables que favorecen la corrupción policial; dimensión e indicadores; cómo detectar la Corrupción Policial. En la segunda, se hizo una evaluación de las variables para controlar la Corrupción Policial en Venezuela: Los necesarios controles que requieren los cuerpos policiales; la Asamblea Nacional; la Fiscalía General de la República; la Defensoría del Pueblo; Supervisión Interna; Asuntos Internos o Inspectoría General de Servicios; Organizaciones No Gubernamentales y defensores de derechos; medios de comunicación y control ciudadano; todo complementado por algunos ejemplos de casos. Y en la tercera parte se habló de las comisiones para la Reforma Policial; el impacto de la Corrupción Policial; ¿Por qué y cómo denunciar?,  y por último, las conclusiones y recomendaciones.

Otro aspecto fundamental que mencionó Tarre sobre las causas de la degeneración, es que “desde los más altos niveles la corrupción llegó a los niveles intermedios y continuó hasta los más bajos y favoreció a los que están al margen de la Ley. Para ellos fue el motor para potenciar todo tipo de delitos ofreciendo lo que cualquier delincuente anhela: impunidad. Y esa corrupción llegó y se instaló también en los cuerpos policiales y otras autoridades responsables de la seguridad ciudadana. En ellos aparecieron los “cómplices necesarios” para delitos como el secuestro, el sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas o de armas hacia los centros penitenciarios. La corrupción generó impunidad y favoreció la consolidación de bandas delictivas, lo que se tradujo en más sangre y violencia”.

Por su parte, el Director Ejecutivo de Paz Activa, Luis Cedeño resaltó la importancia de “considerar al sistema de justicia como un sólo organismo donde subsisten varios componentes que deben coordinar esfuerzos; iniciando por las policías, pasando por los tribunales y concluyendo en el sistema penitenciario; todos deben garantizar funcionamientos adecuados para que el sistema de justicia funcione adecuadamente”.

Con este foro Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, continúan una serie de actividades propuestas durante este año 2016 para analizar en profundidad la compleja problemática del impacto de la corrupción en la ciudadanía y en el crimen organizado.

viernes, 22 de abril de 2016

¡Asiste a nuestro Foro!


El próximo 28 de abril estaremos realizando el Foro ‘Corrupción policial’, con la ponencia de Marcos Tarre, arquitecto, novelista y analista de seguridad. Autor de conocidos bestsellers de los años 80 y 90.
El foro tendrá lugar en el Hotel Embassy Suites y entre los temas a tratar están:
  • Sobre la Corrupción Policial
    – Introducción, Antecedentes, Definición y tipos de corrupción policial.
    – Variables que favorecen la corrupción policial, Dimensión, casos e indicadores.
    – Cómo detectar la Corrupción Policial.
  • Evaluación de las variables para controlar la Corrupción Policial en Venezuela
    – Los controles necesarios que requieren los cuerpos policiales.
    – El papel de las instituciones: La Asamblea Nacional, La Fiscalía General de la República, La Defensoría del Pueblo.
    – Otros actores: Supervisión Interna, Asuntos Internos o Inspectoría General de Servicios, El Ejemplo, Organizaciones No Gubernamentales y Defensores de Derechos, Medios de Comunicación, Control Ciudadano.
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viernes, 15 de abril de 2016

El incremento del Delito Organizado es una amenaza para la democracia

  • Los venezolanos perciben que los cuerpos de seguridad del Estado, en lugar de combatir, propician la existencia y operatividad del Delito Organizado. El 66% de los entrevistados consideró que son los policías y los militares quienes le venden armas al Delito Organizado. 
  • Las tres actividades más comunes a nivel nacional son: tráfico de drogas, contrabando de productos y robo y venta de vehículos y repuestos. En promedio, aproximadamente por cada 3 entrevistados que dijeron que el tráfico de drogas está “muy presente” en el país, 1 entrevistado señaló que está “nada presente”. 
El Observatorio de Delito Organizado y el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) se complacen en presentar el II informe del observatorio de delito organizado, realizado a partir de los “Resultados de la 2ª Encuesta de Delito Organizado en Venezuela”, estudio realizado en 7 regiones del territorio nacional en el período de julio y agosto del presente año 2015.
Más allá de la mera divulgación de los resultados de nuestras investigaciones, consideramos de extrema importancia, informar en alguna manera al ciudadano sobre la naturaleza de estos delitos y cómo no ser parte de ellos ni víctimas de estos en particular.
Es bajo esta perspectiva que hemos realizado la segunda edición de la “Encuesta sobre Delito Organizado en Venezuela”La primera en 2013 y la segunda en julio y agosto de 2015, ambas difundidas a nivel masivo y publicadas en completos informes.
Como se refleja en las páginas de esta publicación, más de la mitad de los venezolanos considera que el incremento del Delito Organizado es una amenaza para la democracia, y más aún en esta época donde percibimos su presencia en gran parte de nuestra vida diaria. 
A continuación algunos resultados relevantes de este estudio:
  1.  Las tres actividades más comunes a nivel nacional son: tráfico de drogas, contrabando de productos, robo y venta de vehículos y repuestos.
  2.  Pandillas, mafias y bandas, junto a pranes y colectivos armados, son los grupos que se consideran causantes del Delito Organizado. Por cada 3 personas que señalaron que la actividad de las pandillas, mafias y bandas son causantes del Delito Organizado, 1 persona dijo lo contrario.
  3.  El 66% de los entrevistados consideró que son los policías y los militares quienes le venden armas al Delito Organizado.
  4.  Más de la mitad de los entrevistados manifiestan temor a la denuncia y a cooperar con los cuerpos policialesy el sistema judicial.
  5.  La mitad de los entrevistados a nivel nacional, en los últimos 12 meses, ha sido víctima de robo o hurto.
  6.  El 64% de los entrevistados considera que, en su comunidad, es fácil o muy fácil conseguir drogas. Esta percepción ha aumentado poco entre 2013 y 2015 en 3 puntos porcentuales.
  7.  Los entrevistados consideran que la inseguridad personal ha empeorado en el país en los últimos doce meses. Así lo percibe el 76% de los encuestados.
  8.  Los actores identificados como responsables del Delito Organizado fueron las pandillas, mafias y bandas, los pranes de las cárceles y los colectivos. Hubo poca atribución a los paramilitares y la guerrilla. Una mayoría importante de la población consideró que los militares habías sido corrompidos por el narcotráfico.
  9.  La población considera que se debe combatir al Delito Organizado con la aplicación de la ley y no negociar con los delincuentes o las zonas de paz.
  10.  La gran mayoría de la población, en todo el país y de todos los sectores sociales o políticos, considera que el incremento del Delito Organizado es una amenaza para la democracia.