lunes, 15 de diciembre de 2014

Luis Cedeño: "La campaña Baja al Niño de la moto, es necesaria ya que la ley aún no ha calado en los motorizados"


Imprudencia: Dos adultos, ambos con cascos, trasladan a un recién nacido. La mujer lleva al bebé en los brazos

14.12.2014 | La Defensoría del Pueblo requirió información pero no se la suministraron. La falta de estadísticas sobre ese tipo de siniestros frena las políticas de protección y prevención.

Caracas.- Los ruidos de una moto son característicos: cuando la encienden, cuando su conductor arranca y acelera, cuando pasa a toda velocidad. En Venezuela, esos sonidos hacen eco en cada ciudad, en cada pueblo, en cada rincón.
Este medio de transporte es cada vez más popular en el país, no solo por ser más económico que un carro o por representar una opción de desplazamiento rápido en las urbes de mayor tráfico. También es un hecho que por la aguda crisis de producción nacional de autos y escasez de repuestos,  miles de venezolanos han  apelado al vehículo de dos  ruedas.

La moto ya no solo le funciona a algún solitario con prisa: se ha convertido hasta en un vehículo para toda la familia. Esta situación  motivó a la Defensoría del Pueblo a poner la lupa sobre sus pasajeros más vulnerables: niños y adolescentes.

A finales del mes pasado, el órgano del Poder Ciudadano arrancó una campaña para sensibilizar y educar a la población. También llama la atención del resto del Estado ante una inquietante realidad: en quince meses, 4 mil 640 niños y adolescentes han fallecido o resultado lesionados, o con alguna discapacidad, a causa de siniestros con motocicletas.  

Combinación letal

En 2013 se contabilizaron 17 muertes por accidentes con este tipo de vehículos. En los primeros tres meses del 2014, la cifra repuntó hasta 44 casos, casi se triplica.    
La investigación de la Defensoría del Pueblo, titulada “Motocicletas, niños, niñas y adolescentes: una combinación letal”, abarcó sólo 14% de la red hospitalaria nacional (40  hospitales)  sin incluir clínicas, ambulatorios o centros diagnósticos integrales. Luego de consultar a los centros asistenciales más representativos de cada entidad, éstos suministraron datas entre enero de 2013 y los primeros tres meses del presente año.

Las variables requeridas  para la investigación fueron: nombre del hospital, nombre y apellido del niño, niña o adolescente, edad, sexo, fecha de ingreso-egreso, severidad y tipo de lesión (fatal, grave, leve, ileso) y diagnóstico-observaciones.

En algunos casos se tuvo que acudir a la fuente primaria de información como  las historias médicas de los pacientes, pues un porcentaje importante de los hospitales no registran la naturaleza específica de la víctima de accidentes, vale decir, no incorporan variables como la edad, que queda registrada como población general.  

Carlos Molina, director general de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, es el encargado de  la campaña y advierte que los números obtenidos solo representan la punta del iceberg.

“Las cifras son mucho más altas considerando, entre otros aspectos, que no incluimos a las víctimas fallecidas en el lugar del siniestro”. Éstas - explica- son trasladadas directamente a las morgues. Los números a mano son los obtenidos en los hospitales donde los niños y/o adolescentes ingresan con vida y luego fallecen.

“En la medida en que se lleve un buen registro, se podrán aplicar políticas públicas efectivas”
No llevan cifras

El funcionario recalca que hay regiones, como el estado Anzoátegui, donde las que están a ciegas con la información oficial. No hay estadísticas, por lo que se dificulta la toma de medidas adecuadas para prevenir y disminuir los accidentes.

Molina señala que a través de solicitudes por escrito se les pidió la información a directores de hospitales en la entidad y luego a la Dirección de Salud, pero en ninguno de los  casos obtuvieron respuesta. Sin embargo señala que pudieron observar la realidad de primera mano en las calles, al visitar la entidad, y lograr  testimonios propios y de noticias publicadas en la prensa regional.

“Únicamente hace falta saber de un caso para ponerle atención a ese fenómeno en cualquier locación. Recuerdo una noticia sobre una mujer embarazada de ocho meses que iba en moto, hubo un choque y ambos murieron. Ahí estaba un bebé al que se le vulneró su derecho a la vida”, dice el funcionario al referirse a un percance ocurrido en 2013 en El Tigre.

El estudio difundido por la Defensoría  registró el año pasado un solo siniestro en Anzoátegui, 603 en Monagas, 14 en Sucre y 12 en Nueva Esparta. En el primer trimestre de 2014, las cifras son: cero, 238,  tres y seis, respectivamente.

El único accidente contabilizado  en Anzoátegui fue el de la embarazada de El Tigre, porque el organismo del Poder Ciudadano lo incluyó luego de una revisión hemerográfica. No hay cifras estadales de 2014 debido a que los hospitales anzoatiguenses carecen de registros.  

El antropólogo subraya que existen inconvenientes para sistematizar la información y mantenerla lo más actualizada posible, lo que contribuye a la vulneración de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. “En la medida en que se lleve un buen registro, se podrán aplicar políticas públicas efectivas”, asegura.    

El estudio de la Defensoría del Pueblo mostró que entre las entidades con mayor cantidad de siniestros está Distrito Capital (incluyendo los cinco municipios de la Gran Caracas), Táchira y Monagas.

“No existen registros oficiales que nos permitan discriminar la cantidad de víctimas anuales por accidentes en motos, tipos de traumatismo causados, género de las víctimas; que facilitarían al Estado producir políticas adecuadas a partir de necesidades concretas”, precisa el informe.  

Foros y talleres en diversos lugares del país son las herramientas que desea aplicar la campaña “Baja al niñ@ de la moto”. En principio, Molina ha realizado una gira nacional para difundir los alarmantes resultados del estudio.

“La idea es que en cada entidad, los actores que deben velar por los derechos humanos de los más jóvenes instalen mesas técnicas y ahí planifiquen ese tipo de actividades, como conversatorios, dirigidos a funcionarios, al personal médico, a la comunidad”, señala.    

Una de las premisas esenciales de difusión es que el diseño de las motos y la anatomía de un niño son incompatibles, ya que ellos no pueden alcanzan los posapies. “Las motocicletas que se ofertan en el mercado venezolano no están diseñadas bajo circunstancia alguna para el traslado de niños”, añade.

En segundo lugar, el pequeño no tiene autonomía para garantizarse seguridad a sí mismo, depende de otra persona para su estabilidad y en tercer término, no existen implementos de seguridad adecuados para transportar niños en moto.

“Necesidad”

José Palacios está consciente de esos tres hechos; aun así un par de piernitas lo acompañan cuando conduce su Suzuki HJ 125 automática por Caracas: Las de su hijo Jesús, de año y medio de edad. Nunca van solos, con ellos va la mamá del bebé, quien viaja –como el relleno de un sándwich– entre los cuerpos de sus padres. El bebito no lleva casco porque no existen para el tamaño de su pequeña cabeza.

Palacios está de acuerdo con la campaña de la Defensoría, pero dice que monta a su hijo en moto para evitar el fuerte tráfico de la ciudad y porque considera que el transporte público se ha vuelto muy inseguro.

Eso sí, aclara, cuando Jesús está a bordo de la moto, él conduce con mucho más cuidado, además  que procura trasladarlo una distancia corta: desde su casa en Parque Central hasta La Candelaria donde queda la guardería. El joven asegura que nunca ha sido detenido por ninguna autoridad aunque viajar en esas condiciones es ilegal.

El reglamento  de la Ley de Tránsito  Terrestre, en vigencia desde 2012, prohíbe, en su artículo 31, numeral 7, la circulación de más de dos personas y de niños menores de diez años en motocicletas.

Desde la Defensoría se advierte sobre la precaria intervención de las autoridades frente a la abierta transgresión de la mencionada ley.

Molina es categórico al señalar que la iniciativa de la institución no implica estar en contra del uso de motos ni de los motorizados, sino en contra del empleo inadecuado del vehículo.

Agrega la necesidad de jerarquizar las responsabilidades: en primer orden está el Estado, a través del sistema rector de protección de niños, niñas y adolescentes, integrado por el Ministerio de las Comunas, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre  otras instancias que también tienen competencia para garantizar un traslado seguro a los menores de edad.

El informe de la Defensoría concluye con varias recomendaciones. La principal es la que abandera en su campaña: bajar a los niños de las motos.

Usuarios insistentes    
En la línea de mototaxistas Centro Parque Caracas, en la capital del país, sus trabajadores procuran respetar la ley. Yorman Lovera, uno de los conductores de la organización, acota: “…pero muchas veces llegan clientes con sus hijos y se molestan cuando se les dice que no pueden viajar con ellos. Si vamos con niños, en ocasiones nos paran (las autoridades) y nos multan. Si alguien es muy insistente y va a una distancia corta a veces los llevamos, aunque en la mayoría de los casos, no”. Otro de los mototaxistas, Gustavo Díaz, afirma que transportar a un menor es muy engorroso. “Hay que estar pendiente de sus movimientos y existe la presión de saber que corren peligro”.  

Costo
900 bolívares es el precio mínimo de un casco tamaño estándar para niños. No vienen por tallas, explica Mónica Maldonado, encargada de la tienda Suministros Dakota 1107, que vende accesorios para motos. En la vitrina del establecimiento destacan unos cascos pequeños, de colores y con diseños vistosos. Algunos de estos cuestan hasta 1 mil 500 bolívares.    

Táchira por el carril    
El director de Divulgación y Promoción de la Defensoría del Pueblo, Carlos Molina, indicó que Táchira es uno de los estados más organizados respecto a la sistematización y suministro de los datos sobre siniestros en moto. Las estadísticas de la entidad andina, recabadas por la Coordinación Regional de Prevención de Accidentes y Hechos Violentos de la Corporación regional de Salud, precisan –entre otros- los casos en los que la persona afectada es conductor o pasajero.    

Campaña necesaria    
Luis Cedeño, director de Paz Activa, asociación civil que tiene un Observatorio de Seguridad Vial, opina que la campaña “Baja al Niñ@” de la moto, promovida por la Defensoría, es necesaria porque la ley vigente aún no ha calado en la comunidad de motorizados. El sociólogo considera pertinente que los organismos competentes establezcan precedentes en la opinión pública, publiciten las sanciones y las razones por las cuales existen. “Por ejemplo, en una alocución presidencial se podría hablar de los riesgos que representa un viaje en moto para los niños”.

lunes, 1 de diciembre de 2014

Paz Activa denuncia la falta de legislaciones en materia de servicios de seguridad privada

El director de la Asociación Civil Paz Activa, Dr. Luis Cedeño indicó a 6to Poder Radio que la carrera policial "debe ser más atractiva" en cuanto a preparación y remuneración para evitar la fuga de talentos hacia los servicios de seguridad privada. Denunció además la falta de legislaciones en cuanto a la protección de los funcionarios privados. 

"Hay una deuda legislativa con respecto a la regulación de seguridad privada, inclusive la legislación choca contra esa seguridad privada, porque en Venezuela no hay una figura legal que proteja a terceros que prestan sus servicios de seguridad (...) La falta de regulación hace que la legislación contravenga la actividad como tal (...) Ningún tipo de código más allá de las iniciativas privadas", manifestó.

Informó que "la función policial no ofrece los incentivos necesarios" para que los funcionarios permanezcan en esta área. "El Estado invierte dinero en funcionarios de seguridad pública que terminan entrando al sector privado, hay que lograr que la carrera policial sea lo suficientemente atractiva para que esto no ocurra".

Cedeño expresó que en Venezuela ha aumentado la contratación de los servicios de seguridad privada, debido a la desconfianza de las personas en la seguridad pública. 

"En Venezuela, el espacio se ha ido parcializando hacia las famosas garitas privadas que controlan el acceso, también hemos visto en Venezuela los carros blindados con escoltas, estamos acostumbrados a ver un motorizado detrás de un carro o camioneta", resaltó. 

video

lunes, 24 de noviembre de 2014

¿Qué debería contener la Ley contra la Corrupción?

corrupcion


La lucha contra la corrupción se ha convertido en bandera del discurso político oficial, reiterada en cada intervención por el Presidente de la República Nicolás Maduro. Sin embargo, fue en el cierre de los 365 días de poderes especiales del Primer Mandatario cuando se promulgó la reforma a la Ley que enfrenta más directamente al flagelo.

Mientras se espera que sea difundido el contenido detallado de la modificación, oficializada este viernes en la Gaceta No. 40.544, se conoció a modo de adelanto en la cadena nacional del pasado miércoles que los cambios estarían orientados a contemplar sanciones para el soborno a nivel nacional e internacional, así como a la creación de un Cuerpo y una Policía Nacional contra la Corrupción.

El sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, declaró a Globovision.com que la corrupción “es uno de los delitos que más socava las bases de la democracia en cualquier Estado”. En 2013, de hecho, el Observatorio de Delito Organizado de esta agrupación civil realizó una encuesta trienal a 600 familias venezolanas. La mayoría, reseñó, concibe a la corrupción como el principal delito de este tipo ocurrido en el país y 60% opinó que en ella participan “muchos funcionarios públicos”.

En el último informe de Transparencia Internacional, Venezuela fue catalogada como el segundo país de Latinoamérica con niveles más altos de corrupción, al obtener 20 puntos de 100. En la región, solo fue superada por Haití, con 19.

Tres caminos a la solución

El defensor de Derechos Humanos y director de la ONG PROVEA, Marino Alvarado, aplaudió los esfuerzos estatales por controlar y detener los niveles de corrupción en Venezuela. En es marco añadió que, para que sean exitosos, las labores deben orientarse a tres niveles de acción: el preventivo, el de investigación y sanción y el de reparación a las víctimas.

A su juicio, la legislación, y lo anunciado como nuevas variaciones, parecen enfocadas al área sancionatorio, sin abarcar por completo a los otros dos niveles.

Sobre el caso, Cedeño percibió como positivo el enfoque hacia la lucha contra la impunidad para enfrentar los niveles de corrupción, pero añadió que “además de contemplarse en el marco legal, las sanciones deben aplicarse en el área funcional”. Para el sociólogo, “los niveles punitivos sobre un delito no son suficientes para detenerlo y eso se ha probado en Venezuela. Para funcionar debe engranarse la Ley con una verdadera acción de los tribunales”.

De acuerdo con información del Ministerio Público, el país cuenta actualmente con 49 Fiscalías para atender casos de corrupción.

Información como prevención

Con relación al área preventiva, el Presidente de la República indicó que una de las labores del Cuerpo Nacional contra la Corrupción será “difundir campañas preventivas” sobre el tema.

Alvarado añadió que otro de los métodos que deben garantizarse, por ser valorado internacionalmente como forma para reducir posibilidades de corrupción, es la divulgación puntual y completa de la memoria y cuenta de cada institución del Estado. A su juicio, a pesar de que la legislación así lo exige, “al menos 70% de los ministerios no tiene publicados sus últimos informes en su página web y cada vez es más difícil acceder a fuentes oficiales. Esto dificulta la contraloría ciudadana y favorece el ocultismo”.

Mirar a las víctimas

En la Ley contra la Corrupción se establece como parte de la sanción a los señalados de haber cometido un delito la obligación de reivindicar su daño frente al Estado. Como defensor de los Derechos Humanos, el director de PROVEA sugirió añadir una consideración de indemnización a las personas que se convierten en víctimas de algún caso de corrupción. 

“Cuando alguien, por ejemplo, le paga a un juez para que guíe la justicia hacia un sector en particular, a la otra parte se le vulnera su derecho a la justa administración de justicia”.


Globovisión

viernes, 21 de noviembre de 2014

El delito organizado es un flagelo social


El delito organizado, entendido como la conformación de "grupos de delincuentes que se asocian de forma duradera para realizar actividades ilegales”, es un secreto a voces en el país. La mayoría de los venezolanos saben de su existencia y conoce sus implicaciones, pero el tema es poco abordado en público.

La Asociación Civil Paz Activa considera que se trata de un fenómeno en aumento y tiene un impacto significativo en el incremento de la criminalidad en el país. Así lo perciben los venezolanos consultados en la I Encuesta sobre Delito Organizado en Venezuela, cuyos resultados fueron divulgados el miércoles en el auditorio Raúl Quero Silva de la Universidad Fermín Toro, en una actividad dirigida a los estudiantes de Derecho, Comunicación Social, Ciencias Políticas y público general.

El sociólogo Luis Cedeño, director de Paz Activa, señaló que la iniciativa resulta innovadora al ser la primera ocasión en que se consulta el tema con los venezolanos. "Llama la atención lo que entienden las personas por ‘Delito Organizado’ y los crímenes que asocian al término: narcotráfico, microtráfico, robo y hurto, homicidio, secuestro y extorsión”.

La encuesta forma parte de un proyecto que busca la consolidación de un Observatorio de Delito Organizado en el país, que es bandera de Paz Activa. Contó con respaldo del Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) y el Observatorio Venezolano de Violencia. El proyecto es respaldado por el Instrumento Europeo para la Promoción de la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) de la Unión Europea.

"Detrás de las manifestaciones constantes de los delitos comunes que se observan en las comunidades, funciona un mercado ilegal”. En tal sentido se identificó la existencia de venta ilegal de armas y municiones, microtráfico de droga, venta de productos de primera necesidad a precios no regulados y el contrabando.

"En este sentido, los encuestados señalan o dicen tener la noción de la existencia de alguien con poder detrás de esos tejidos o redes del delito organizado, aunque no logran identificar a los actores o protagonistas”.

"Estos delitos han adquirido mayor relevancia en el contexto de ‘guerra económica’ planteado por el Gobierno nacional, porque nos dicen que justamente son estas acciones las que están afectando más a la población; pero, este tipo de delitos no se registraban hace cuatro o cinco años, porque no existían las distorsiones en la economía venezolana como las que hoy se observan”.

Los resultados del estudio arrojan que ciertas instituciones del Estados lucen vulnerables frente al delito organizado, aupado por la corrupción, detalla Cedeño.

"Más de la mitad de las personas tienen la percepción de que la Policía es corrupta, incluso dentro de los diferentes niveles del sistema policial venezolano ya se identifica a la Policía Nacional Bolivariana, creada hace pocos años, como un foco de corrupción”.

Más del 52% de los consultados considera que los estamentos militares también se encuentran permeados por el delito organizado y la corrupción. Situación parecida ocurre en el ámbito de administración de justicia, "cuya actuación ineficaz e ineficiente es atribuida a la presencia de este tipo de delitos”.

En los centros penitenciarios son los más vulnerables "porque se encuentran controlados por la delincuencia y esta es la gran amenaza que identificamos como gran conclusión del estudio. La presencia del delito organizado en las instituciones del Estado van minando las bases propias de la democracia”.

El estudio se llevó a cabo en el ámbito nacional, en los principales centros poblados y con una cobertura de 600 encuestas en hogares, con un nivel de confianza de 95%.

Escrito por Mariángel Durán

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Paz Activa y Alcaldía de Iribarren dictan talleres de convivencia y seguridad ciudadana

taller paz activa 18-11-14

Con la finalidad de proporcionar herramientas de resolución de conflicto de convivencia ciudadana y proporcionar técnicas de seguridad, la Policía Municipal de Iribarren desarrolla una jornada de talleres dirigidos a funcionarios y representantes comunitarios, así lo dio a conocer la directora del organismo, Marisol Vargas.

Vargas explicó que esta actividad de formación se realiza en alianza con la Asociación Civil Paz Activa, cuyo objetivo es que los ciudadanos aprendan a resolver de manera adecuada las diferencias entre vecinos y prevenir un posible delito. “No todo puede ser asumido por el policía”, enfatizó.

Indico que para esta jornada se han apoyado en la Asociación Paz Activa, por cuanto es una instancia creada con la intención de buscar métodos alternativos de resolución de conflictos. Actualmente la conforman profesionales destacados y preocupados por el acceso a la justicia.

Por su parte, el director de la asociación, Luis Cedeño, argumentó que el principal problema  en algunos sectores comunitarios es el déficit de capital social.  “Venezuela está polarizada. Existen conflictos sociales y políticos. Esto es una amenaza para la construcción del capital social y la capacidad de organizarse y enfrentar problemas comunes”, recalcó.

Explicó que en las comunidades no existe organización ni acercamiento entre vecinos, esto genera en ocasiones altercados, por lo que es interés de la alcaldía de Iribarren y la Policía Municipal, la formación de la comunidades para la resolución de los conflictos de manera armónica y, prevenir el delito antes que suceda.


Prensa Alcaldía de Iribarren 

Paz Activa y Alcaldía de Jiménez a favor de la prevención del delito




En la mañana del pasado martes, la asociación civil Paz Activa, conjuntamente con la Alcaldía del municipio Jiménez, realizó el taller de capacitación dirigido a miembros de las comunidades organizadas y de los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, nacionales y regionales, en las instalaciones de la Hostería Valle de Quíbor, para ofrecer las herramientas para la prevención del delito.

La intención es salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos que hacen vida en la capital del municipio, así como aquellos que radican en la parte foránea del mismo. Además de las instituciones mencionadas, la Embajada Británica en Venezuela fue la organización que financió dicha actividad, y que se enfocó en el fortalecimiento de la seguridad preventiva de la actuación policial y de la comunidad.

La actividad se cumplió como estaba prevista con la asistencia de un conglomerado que llenó el salón Guadalupe, del central hotelero.

De esta actividad surgieron informes técnicos por parroquias que serán entregados a las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana para su evaluación y consideración en el diseño de políticas públicas.


Prensa Alcaldía de Jiménez

martes, 18 de noviembre de 2014

Paz Activa y Alcaldía de Palavecino celebraron taller de Prevención del delito


La Asociación Civil Paz Activa, conjuntamente con la Alcaldía de Palavecino, desarrollaron un taller de Prevención Situacional del Delito en una exitosa metodología patrocinada por la Embajada Británica en Caracas. Luis Cedeño, director ejecutivo de esta ONG, informó que con la dinámica Café Mundial, buscan detectar y prevenir los delitos más marcados en una localidad.

"Implementamos una exitosa metodología para que habitantes de diferentes comunidades de las tres parroquias de Palavecino, así como representantes de organismos de prevención como Policía de Lara, Prefectura, entre otros, expongan e identifiquen, en mesas de trabajo, los problemas más recurrentes de inseguridad”, observó Cedeño.

Herramientas de prevención
Apunta que con la metodología, no solamente se identifica el problema en general, sino que detallan cada una de las aristas del problema comunitario: víctima, victimario y el lugar en donde suceden.
Luego de las mesas de trabajo, Paz Activa planifica y explica las herramientas de prevención situacional a implementar en cada caso, en donde cooperen la comunidad, organismos de seguridad y Alcaldía, para prevenir los problemas que identificaron.

También se indican algunas técnicas de prevención comunitaria en donde no necesariamente tenga que intervenir los cuerpos de seguridad.

Los más recurrentes
A juicio de Cedeño, los problemas más recurrentes expuestos en las mesas de trabajo del municipio Palavecino, son: distribución y comercio de drogas, robo y hurto de vehículos, ingesta de alcohol en lugares públicos y contaminación sónica.

En tres municipios de Lara
La actividad se desarrolla en tres municipios de Lara: Palavecino, Iribarren y Jiménez.
Asimismo, la ON’G Paz Activa, ha implementado el taller en varios municipios del estado Zulia, así como en otras 12 alcaldías de Venezuela, incluyendo la Gran Caracas.


Luis Alberto Perozo Padua

“Entregué mi arma, pedí un crédito productivo y se burlaron de mí”

A José García, quien hace un mes consignó su 12mm, aún no le han dado el incentivo previsto en el Reglamento de la Ley para el Desarme

Las cifras de entregas voluntarias de armas logradas hasta ahora en Venezuela están lejos de las alcanzadas por países como Brasil o Argentina, donde este tipo de desarme fue exitoso

Caracas.- José García cree en el proceso. Es un revolucionario convencido: un tatuaje del rostro y la firma del fallecido presidente Hugo Chávez en su brazo izquierdo lo corrobora. Hace un mes se sumó al desarme voluntario. Entregó, en la 41 Brigada Blindada de Valencia (Carabobo), un arma de fuego que usaba cuando andaba en “malos pasos”, y que guardó en casa cuando ya no quiso seguir con esa vida. “No estaba haciendo nada con ella, (los armamentos) llaman la atención de los choros, así que me sumé al plan desarme y la entregué”.   

Haberse plegado al Plan Nacional de Canje de Armas de Fuego y Municiones mediante el Desarme Voluntario, que arrancó el pasado 29 de septiembre, es algo de lo que García se siente orgulloso: “Yo cumplí, ahora faltas tú. Sí al desarme, dale un punto de confianza al Gobierno”, escribió en su cuenta de twitter (@felixtapon) hace casi un mes. Pero García aún no recibe el incentivo que le prometieron el día que entregó su 12 mm. Y aunque no está arrepentido de haber apoyado  la iniciativa, se siente estafado: “Entregué mi arma, pedí un crédito productivo y se burlaron de mí”, dijo.   

A García tenían que llamarlo, en un plazo no mayor de 15 días, para hacerle entrega del incentivo, en su caso, un crédito productivo.

La explicación la dio a El Tiempo un funcionario de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA, uno de los centros de recolección de armas en Caracas): “Luego de que entregas el arma, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp) te contacta. No tienes que dar tu número de teléfono, puede ser el de otra persona”.   

A la luz del Reglamento de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, publicado en Gaceta Extraordinaria N° 6.129 del martes 8 de abril, al momento de hacerse efectiva la entrega del arma de fuego o municiones, la autoridad encargada de recibirlas debe otorgar  al “dador o dadora” un instrumento de canje en el que queda establecido el incentivo.

Con dicho instrumento, el beneficiario debe dirigirse a la institución competente para hacer efectivo el canje. El documento no hace referencia a llamadas telefónicas, ni a plazos de entrega.   

Cifras no tan alentadoras   

A diferencia de García, Carmen Bastardo y Martín Gaspar Moreno, quienes también entregaron sus armas, ya están disfrutando de los incentivos: Bastardo recibió un aire acondicionado y Gaspar una laptop y una tablet durante un acto público, realizado el pasado 1 de noviembre, en el que la ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, entregó incentivos a 40 personas que -aseguró- dieron sus armas por iniciativa propia.

El Reglamento de la Ley para el Desarme es enfático: la entrega debe ser anónima.   

No hay forma de saber cuántos de quienes se han despojado de sus armas han recibido incentivos, García dijo conocer por lo menos a unas 15 personas que como él atendieron el llamado al  desarme y aún no han sido beneficiadas. No hay cuentas oficiales que contradigan su afirmación. Lo que sí es de dominio público es el número de armas que el plan logró recoger en un mes: entre el 29 de septiembre y 1 noviembre la cifra ascendió a 1.038.   

Si el ritmo de entrega se mantiene, en un año el Plan de Desarme Voluntario habrá logrado sacar de circulación 12 mil 456 armas, es decir, 0,41% de las casi 3 millones que estima la Asociación Civil Paz Activa hay ilegalmente en el país. Si el cálculo se hace sobre la base de las estimaciones que maneja  la Comisión Presidencial para el Desarme (creada en 2011 por Hugo Chávez), que indican que en Venezuela hay casi 1,5 millones de armas, la disminución de armamento en el territorio nacional ascendería a 0,83%. Un funcionario de la ONA dijo que, al menos en ese centro de recolección, el número de entregas ha bajado conforme han ido transcurriendo los días.   

Cualquier arma que se recoja y se destruya es ganancia, sostiene el sociólogo dedicado a la Seguridad Ciudadana y a la Convivencia y director de Paz Activa, Luis Cedeño. “Hay que recoger siete armas y destruirlas para prevenir un homicidio”, explicó el especialista. El cálculo se desprende de estimaciones hechas por otros países con experiencia en materia de desarme, detalló. Si es así, y el ritmo de recolección del primer mes del plan no desciende, se habrán prevenido cerca de 450 homicidios durante el último trimestre de 2014, este cálculo no incluye las armas que se suman cada día al lote criminal de armamento ilegal. En 2013 la tasa de muertes violentas se ubicó en 39 por cada 100 mil habitantes, según el Mpprijp; y en 79 por cada 100 mil, según el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV).   

Aunque Cedeño se proclama a favor de la iniciativa que busca disminuir la violencia homicida en el país, admitió que mil armas no representan nada: “Al mercado le están entrando entre 10 mil y 20 mil armas al año. Se siguen robando las pistolas de los cuerpos policiales. Si destruyes mil y entran 5 mil, no sirve de nada”.   

Esfuerzos insuficientes   

Si los números obtenidos durante el primer mes de vigencia del Plan de Desarme Voluntario se comparan con los alcanzados por otros países latinoamericanos, que en los últimos años también han puesto en marcha programas similares para reducir los índices de criminalidad, los resultados no son  tan alentadores como destacan algunos funcionarios.   

Uno de los casos más emblemáticos en materia de desarme es el del Brasil. En 2004, el gobierno brasileño, junto con organizaciones no gubernamentales, inició un plan de entrega voluntaria de armas que ha recogido hasta la fecha casi 600 mil. Se estima que en el país circulan cerca de 8 millones de armas ilegales, de acuerdo con un estudio del Instituto Sou da Paz publicado en 2010. Quiere decir que en seis años fueron retiradas cerca de 8%. Si en Venezuela se recogieran, en promedio, las 12.456 armas anuales estimadas según  los resultados del primer mes del plan, en seis años habrían sido sacados de circulación solo 2,5% de equipos bélicos.   

En Argentina fueron sacadas de circulación cerca de 120 mil armas en cinco años. Entre 2007 y 2012 el plan voluntario de armas redujo en aproximadamente 10% el armamento total en manos de civiles, reportó  el Registro Nacional de Armas de ese país.   

Al ritmo que lleva, Venezuela no podrá ni siquiera acercarse a la mitad de los logros alcanzados por Argentina o Brasil. Es que el desarme no camina solo: “El Estado debe invertir una gran cantidad de dinero si  quiere resolver el problema de las armas. El plan desarme no parece tener el impulso que sí tienen otras iniciativas del Estado. Dentro de una política de seguridad ciudadana, la iniciativa no puede ir sola, tiene que estar acompañada de grandes programas de seguridad pública”, afirmó Cedeño.   

El desarme voluntario tampoco resuelve por sí solo el problema de la delincuencia, agregó Cedeño, y explicó que “las armas que se están recogiendo no son  de grupos delictivos”. Es que a los delincuentes “los tienen que desarmar los cuerpos de seguridad del Estado”, subrayó el experto en seguridad.   

En los últimos 15 años, el gobierno ha puesto en marcha, mínimo, 20 planes de seguridad. Ninguno ha rendido frutos, al menos, no permanentes. Para Cedeño, el problema no son los planes en sí mismos, sino la falta de continuidad. “Uno quiere de forma honesta que los planes para acabar con la criminalidad funcionen, que le funcionen a quien sea, pero que funcionen”.

Irregularidad extra  

El Reglamento de la Ley para el Desarme es claro en cuanto al procedimiento que debe realizarse para la  recepción de armas y sobre cuál será el destino final de los artefactos bélicos recolectados: todos, sin excepción, deben ser destruidos.

Pero algunos no están respetando los lineamientos de la legislación que tardó dos años en ser promulgada.   

Cuando García llegó a la 41 Brigada Blindada de Valencia para entregar su 12 mm se sorprendió: en el recinto, uno de los funcionarios le ofreció dinero a cambio del arma, relató. El hombre se negó. “Si se la vendía quedábamos en las mismas”.


Que conste en acta
Hay 72 centros de recepción de armas distribuidos en todo el territorio nacional. A cualquiera de ellos pueden acercarse los ciudadanos interesados en despojarse de artefactos bélicos. En ninguno podrán exigirles datos personales o documentos de identificación. El desarme es anónimo, está claro en el Reglamento de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, y los especialistas insisten en que ese aspecto de la iniciativa  es crucial para que funcione. Luego de que el ciudadano entrega el arma, el funcionario debe expedir un acta de recepción que contendrá los datos descriptivos del artefacto y/o munición recibida: tipo, marca, modelo, calibre y serial. Una copia del documento (ver imagen) debe ser entregada al “dador”.
322.347    
Armas de fuego fueron incautadas y destruidas en Venezuela entre 2003 y 2012, reportó el extinto Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ahora Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia.   
13.126    
Armas de fuego han sido inutilizadas en lo que va de 2014 en 125 jornadas realizadas en todo el país, informó la ministra de Relaciones Interiores y de Justicia, almirante Carmen Meléndez, el pasado viernes 7 de noviembre.   
5.000    
Armas de fuego, aproximadamente, ingresan ilegalmente al país cada año, estima el director de la Asociación Civil Paz Activa, Luis Cedeño.   
95%    
De todas las armas ingresadas al país en los últimos 30 años, las ha traído el Estado, destaca el director de la Asociación Civil Paz Activa, Luis Cedeño.   
7    
Es el número de armas que deben ser destruidas para evitar un homicidio. El cálculo lo han hecho países que adelantan planes para la reducir la circulación de armas en sus territorios, dijo el director de la Asociación Civil Paz Activa, Luis Cedeño.   
10%    
Aumentaron las adquisiciones de material de defensa en América Latina en el período comprendido entre 2009 y 2013, respecto al lustro anterior, según el Sipri (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo).   
555%    
Aumentaron las importaciones de armas en Venezuela entre 2007 y 2011. El país es el segundo importador de armas en toda América (después de Estados Unidos), señala el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).
3 millones    
De armas, aproximadamente, circulan en el país, de acuerdo con estimaciones de Paz Activa. De este total sólo tienen permiso legal entre 75 mil y 100 mil, indica el director de la referida Asociación Civil, Luis Cedeño. Los cálculos hechos por la Comisión Presidencial para el Desarme (creada en 2011) refieren que en Venezuela hay entre 1,2 y 1,5 millones de armas.   
90%  
De los homicidios que ocurren cada año en Venezuela se cometen con armas de fuego automáticas. El sociólogo, dedicado a la Seguridad Ciudadana y a la Convivencia, Luis Cedeño, asegura que el armamento recolectado en los desarmes voluntarios suele ser viejo.   
1.038   
Armas fueron entregadas voluntariamente, entre el 29 de septiembre y 1 de noviembre, dijo la ministra de Relaciones Interiores y de Justicia, almirante Carmen Meléndez.    

Alejandra Rodríguez Álvarez

Utilidades y escasez ponen en alerta a policías

Los centros comerciales reforzarán el personal de seguridad durante este mes | Foto Archivo El Nacional
Policías y vigilantes de centros comerciales pondrán atención a la prevención de delitos contra las personas que hacen colas


El 1° de noviembre el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz ordenó el inicio del dispositivo de seguridad Navidad 2014. El tradicional despliegue de militares y policías en las calles venezolanas comenzó este año con dos semanas de antelación. Este detalle es un indicador de las precauciones que el Ejecutivo está tomando para impedir un alza en la criminalidad violenta en los meses finales del año.

En estos meses se origina un “pico” en las cifras de homicidios y otros delitos, que se extiende generalmente hasta la primera quincena de enero, según Luis Cedeño, director de la asociación Paz Activa.

El primer fin de semana de noviembre no fue auspicioso, pues solo en el Distrito Capital fueron reportadas 47 muertes violentas: más de quince diarias.

Al panorama de este año se suman la escasez de bienes y servicios (superior a la de 2013) con mayor cantidad de dinero en poder de la gente, luego del 15 de noviembre cuando pagarán la primera fracción de utilidades en el sector público. Para ese momento todo el personal de la Fuerza Armada ya habrá cobrado el incremento salarial de 45%. Posteriormente se hará efectivo el aumento de 15% al salario mínimo.

Para Cedeño esta es una situación sin precedentes que deberá ser objeto de investigación. Dijo que no necesariamente aumentarán los homicidios, aunque sí habrá un desplazamiento de la actividad delictiva hacia los lugares donde se perciba que está la mayor cantidad de víctimas potenciales.

Efectivo y colas en la calle. El director de la Policía de Miranda, comisario general Elisio Guzmán, indicó que esta situación ocasiona que la gente lleve elevadas sumas de efectivo lo cual la hace atractiva para los delincuentes.

Dijo que el esfuerzo de vigilancia se pone en las entidades bancarias y los centros comerciales.

En Baruta, donde hay cuatro centros comerciales de importancia, se implantará el sistema de “puntos de atención a la ciudadanía”. El director de Seguridad, Manuel Tangir, afirmó que estos dispositivos serán colocados donde se reporte la más afluencia de personas. Por ejemplo, colas para entrar a algún comercio o centro de compras.

Igualmente, los agentes municipales continuarán con los puntos nocturnos de control en la autopista Prados del Este.

“Esto ha sido muy efectivo para controlar el secuestro. En esta época los plagiarios atacan más ya que ellos también buscan sus “aguinaldos”. Entonces tenemos que reforzar la vigilancia lo cual, a veces, causa molestias en la gente, pero yo prefiero cinco minutos más de cola que más secuestros”, argumentó.

Tangir anunció que solicitará más presencia de la Guardia Nacional Bolivariana para esta temporada en el municipio. En la actualidad solo hay una carpa de ese componente en la avenida principal de Las Mercedes. Esto permitirá extender la vigilancia a otras zonas.

En Chacao, un municipio de alto flujo de visitantes, desplegarán 900 funcionarios durante el operativo. El refuerzo será en centros comerciales y plazas, además del control de motorizados y la instalación de un punto en Aeroexpresos Ejecutivos. El mismo número desplegó Sucre, que también realizará operativos de control en las principales vías del municipio.

Delitos en las colas
Los centros comerciales reforzarán la vigilancia a partir del 15 de noviembre. El incremento en el personal de seguridad se hará tomando en cuenta las necesidades propias de la época y también la disponibilidad financiera de los dueños de tiendas. En el caso de la cadena de centros comerciales Sambil será de 25%, informó el director de Seguridad Isaac Levy.

En 2013 los vigilantes de estos establecimientos tuvieron que afrontar el llamado “Dakazo”. Según Levy, en diciembre se prevé un incremento en las colas fuera de las tiendas, debido a que la gente dispone de más dinero.

Esto los ha obligado a coordinar con las policías municipales para prevenir los robos y hurtos, así como posibles alteraciones del orden público.

Dijo que la gente espera desde la madrugada para entrar a las instalaciones. Entonces, la vigilancia se orienta hacia estas personas que luego se agolpan frente a las tiendas, horas antes de que se origine la apertura.

LaCifra
46.000 personas en promedio visitarán todos los días el centro comercial Sambil de Chacao a partir del 1 de diciembre. La mayoría se trasladará a pie. El promedio diario de vehículos en esa instalación será 15.000



JAVIER IGNACIO MAYORCA
JMAYORCA@EL-NACIONAL.COM

martes, 11 de noviembre de 2014

Seminario "Retos para la Gobernabilidad Democrática en Venezuela"



El Director de Paz Activa, sociólogo Luis Cedeño participó en el Seminario de Gobernabilidad Democrática y Sociedad Civil en Venezuela, llevado a cabo en Caracas este martes 11 de noviembre de 2014, con el objetivo de determinar "El papel de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil". INVESP y sus organizaciones socias, gracias al apoyo de la Unión Europea, desarrollan el proyecto Gobernabilidad Democrática y Sociedad Civil en Venezuela: nuevos marcos de actuación y agendas para la concertación social.

Representantes de distintos Partidos Políticos, al igual que Asociaciones Civiles se hicieron presentes en este evento con el objetivo de compartir ideas, dar opiniones y exponer los retos a los cuales se enfrentan para el diálogo entre Sociedad Civil y Partidos Políticos. De igual manera, se plantearon oportunidades con estrategias y mecanismos que permitan mejorar el diálogo y fortalecer la gobernabilidad democrática. 

Este seminario tuvo como propósito establecer un intercambio de ideas y reflexión sobre las agendas sociales y políticas entre líderes de organizaciones de sociedad civil (OSC) y partidos políticos.


                     

jueves, 16 de octubre de 2014

Luis Cedeño: Ley Desarme no sirve de nada sin aplicación de la normativa

Publicado el Jueves, 16/October/2014

El director de la asociación Paz Activa, Luis Cedeño, declaró en exclusiva a El Diario de Caracas, que el establecimiento de la Ley Desarme no "serviría de nada" sin aplicación de la normativa, además de que el gobierno no ha correspondido con la entrega de beneficios prometidos a cambio de la entrega de armas. "La Ley Desarme se aprobó y fue no hace mucho que se aprobó la normativa, sin la normativa la Ley no serviría de nada... El Ejecutivo activó los centros de recolección de amas y se recolectaron armas en esos centros, pero lo que no ha sido muy claro es conocer cuáles son los beneficios. Se habla de algunos que recibieron motos, algunos otros han pedido como beneficio operaciones médicas, o becas, o inclusive, apartamentos, cosa que obviamente no se ha dado".



"El tema del beneficio otorgado es complejo porque dentro de la normativa se dio como una gran amplitud, en cuanto al tipo de beneficios que se pudiera otorgar, entonces allí hay un vacío en la normativa que puede generar mucha incertidumbre, a lo que uno puede pedir o no, con respecto al entrega de un arma voluntariamente", aseveró.

Cedeño añadió que en términos de resultados, se han recolectado casi 750 armas, "en las dos semanas que lleva esta política, es una Ley y en teoría se debe mantener como programa del Estado para recolectar armas… 750 armas es un número, digamos, modesto, porque no sabemos exactamente todavía a estas alturas, no sabemos realmente cuántas armas hay en el país".

"En realidad a sabiendas que el Estado ha sido el único importador de armas, de suma importante, cerca del 95% de todas las armas que se han traído al país en los últimos 30 años, las ha traído el Estado, en base a ese cálculo, se estima que en Venezuela no hay más de 3 millones de armas… Lo grave es que tengamos un número realmente muy pequeño de armas registradas, se hablaba de 75 mil a 100 mil armas permisadas, frente a 3 millones, eso es muy poco", advirtió.

Aseguró que las armas están en diversas manos, las que pertenecen en "manos legales" al Estado y en las Fuerzas Armadas, y también las están en "manos ilegales", pero se desconoce en qué proporción. "Podemos decir que puede haber un número importante cerca del millón y medio, dos millones de armas que pueden estar no reguladas".

"Lo que se estima en algunos esfuerzos de cálculo que se han hecho en otros países, es que para tu disminuir la estadística en un homicidio se debe recolectar y destruir 7 armas de fuego. Ahora, si el Estado o el gobierno mediante esta Ley y este programa ha recolectado hasta ahora 700 armas más o menos, eso significa que podemos esperar una reducción el año que viene de 100 muertes, 100 homicidios menos… Claro, eso es apenas digamos solo el comienzo del programa", estimó.

Cedeño sostiene el planteamiento de que "hay que apostar el éxito del desarme, las personas que tienen armas que no son parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que son personas civiles, y que las tengan legal o ilegalmente, realmente esas armas no los protegen, está comprobado que se tiene 10 veces más posibilidades de terminar muerto frente a un delincuente si estás armado, que si no lo estás, si estás armado no le das ningún tipo de opción al delincuente sino de matarte, inclusive con tu propia arma. Por eso creemos desde Paz Activa que una sociedad con menos armas es una sociedad más segura".

El Diario de Caracas

lunes, 13 de octubre de 2014

Venezuela es blanco de las balas perdidas

191 cadáveres han sido ingresados a la morgue de Bello Monte en lo que va de mes | Foto Archivo

Un estudio de la ONU indica que entre 2009 y 2013 hubo por lo menos 67 víctimas, casi el doble de los reportados en Colombia

JAVIER IGNACIO MAYORCA
12 DE OCTUBRE 2014 - 12:01 AM

Hace dos años y cinco meses que un proyectil anónimo cercenó a la familia Molina. La bala presumiblemente salió de un arma disparada por uno de los guardias nacionales que intentaba retomar el internado judicial de La Planta, en El Paraíso.

Henry Molina, de 48 años de edad, estaba en la habitación de su apartamento, en el piso 9 de las residencias Las Piedras, en la avenida Oeste 18, a 300 metros del lugar donde ocurría la refriega. Se asomó por una de las ventanas y el proyectil lo impactó en la cabeza.

El hombre murió en el hospital Vargas. Era mensajero jubilado del Ministerio de Finanzas. Al conocer la noticia, su mamá María Ropero quedó postrada en medio de una profunda depresión. Sus familiares aún corren con los gastos del tratamiento.

En ese caso las instituciones del Estado no determinaron responsabilidades. Tampoco ayudaron a los deudos. Lourdes Molina, hermana de la víctima, recordó que la ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, les aseguró que la familia sería indemnizada. Durante un mes hubo conversaciones con un abogado de ese despacho.

“Esto se quedó en el olvido. Ellos querían que les rindiéramos pleitesía”, afirmó.

En el apartamento aún hay dos ventanales rotos por igual número de proyectiles disparados en esa batalla campal. Dos fotografías en el recibo del inmueble recuerdan a la víctima de la bala perdida.

Venezuela primero. Un informe de la Organización de Naciones Unidas presentado en junio pasado revela que los cuerpos de seguridad latinoamericanos son responsabilizados por 14% de las muertes por balas perdidas, como la que mató a Henry Molina.

El documento “Análisis de los reportes de medios sobre muertes y lesiones ocasionadas por balas perdidas en Latinoamérica y el Caribe (2009-2013)”, fue elaborado a partir de las noticias divulgadas por la prensa escrita de 29 países.

En esos 5 años fue posible documentar 550 reportes en los que alguna persona murió o fue herida a consecuencia de proyectiles que inicialmente no iban dirigidos hacia esas personas. En total se registraron 617 víctimas. De ellas 292 resultaron muertas. De todos los países revisados, Venezuela acumuló la mayor cantidad de casos reportados, con un total de 74, así como el número más alto de muertes por esa causa, al reportar 67 víctimas. Llama la atención que la cifra de fallecidos en el país es 86% más alta que la correspondiente a Colombia, que aparece en el segundo lugar en el estudio.

El director de la asociación Paz Activa, Luis Cedeño, dijo que las cifras de muertos por balas perdidas son consistentes con las tasas de homicidios de cada país. En el caso venezolano, dijo que la alta cifra de víticmas con respecto al resto de Latinoamérica podría ser consecuencia del uso generalizado de municiones de guerra tipo parabellum, tradicionalmente fabricadas por Cavim.

“En otros contextos esta munición no se usa tanto, sino que se le da preferencia a la de baja velocidad y más poder de parada. La idea es detener al agresor. La munición parabellum tiende a atravesar al objetivo y sigue”, explicó.

Indicó que la gran cantidad de muertos y lesionados por balas perdidas es un indicador de la alta disponibilidad de municiones, lo que permite usos “recreativos” tales como hacer disparos al aire durante celebraciones.

De las víctimas reportadas en Venezuela, 61% fueron de sexo masculino. Eso es 8% más que el promedio de víctimas de ese género en los años analizados en los países de la región.

En cuanto a las edades de las víctimas, 47% tenía menos de 18 años. 30% era de entre 19 años y 29 años de edad.

En la mitad de los casos de Venezuela se desconoce quién pudo haber disparado. Otro 32% de los reportes atribuyó las balas perdidas a luchas entre bandas, y 4% a la actividad del crimen organizado.

Llegar al origen. América Latina es la región del mundo que acumula la mayor porción de homicidios con 27%. Según ONU, eso es en parte consecuencia de la gran cantidad de armas que circula por esa región sin control alguno.

“Con tales niveles de violencia armada resulta comprensible que muchas balas disparadas no impacten su destino previsto y terminen hiriendo o matando a personas inocentes”, indica el informe.

Para el exjefe de la División contra Homicidios del Cicpc comisario Luis Godoy, las pesquisas sobre muertes por balas perdidas tienen especial dificultad, pues no existe un nexo entre el victimario y su víctima. Se determina que el deceso fue ocasionado por una bala perdida cuando se ve una trayectoria balística que generalmente es descendente en el cuerpo de la víctima.

“Esos casos son muy frecuentes en los días de Navidad y Año Nuevo. La gente sale a echar tiros al aire sin pensar que todo lo que sube tiene que bajar, y en este caso con la misma velocidad que tenía cuando subió”, explicó.

Las pesquisas en estos casos intentan determinar cuál pudo ser el punto de origen del disparo, utilizando cálculos de trayectoria balística que parten desde el punto donde cayó el proyectil mortal.

Además, las balas generalmente tienen marcas a los lados hechas por el cañón del arma. Se les conoce como campos y estrías. Eso permite determinar el tipo de arma que las expulsó. También contribuye a precisar el punto de origen.

Una vez hecho el cálculo, los investigadores hacen un trabajo de campo en el sitio donde se supone que salió el tiro. Las balas perdidas en su mayoría fueron disparadas por personas descuidadas, que no esperan que un agente policial toque a su puerta.

La cifra

22,9% de todas las muertes por balas perdidas reportadas en Latinoamérica durante el lapso 2009-2013 ocurrieron en Venezuela

Sorprendidos

* 1° de enero. En La Pedrera de Antímano y en la laguna de Catia fueron reportados heridos por balas perdidas. En el último caso, la víctima fue un niño de 11 años. El proyectil se alojó en un pulmón.

*19 de marzo. En el piso 8 de la clínica Asistanet una bala perdida chocó en el marco de una puerta e hirió a una empleada.

*25 de abril. Aida Alzuru de 72 años de edad murió luego de ser alcanzada por un proyectil cuando recogía la ropa en su casa de la calle 18 de El Valle.

*2 de junio. Una bala perdida hirió a Naybelis Zambrano de 11 años de edad cuando caminaba hacia su casa en Nueva Cúa. Murió luego de cuatro días de agonía en el Pérez Carreño.

*13 de junio. Proyectil entró a vivienda en el barrio Unión de Petare e hirió en la frente a una niña de ocho años de edad que estaba acostada.

* 27 de julio. Nayibis Carolina Riera, de 27 años de edad, murió al ser alcanzada por bala perdida en la espalda, en la zona sur de Cabimas.

* 17 de septiembre. Murió niña de un año de edad al ser impactada por proyectil perdido en Colinas de la Guacamaya, Valencia.

lunes, 6 de octubre de 2014

Expertos piden no apresurar conclusiones sobre sicariato

Mientras se adelantan las investigaciones del homicidio del legislador Robert Serra, y su compañera, voceros oficiales señalan que fue un grupo de sicarios el que lo mató.



Caracas.- Horas después del asesinato del diputado Robert Serra y su acompañante, voceros  del Gobierno insistieron en adelantar que este hecho fue ejecutado por sicarios.   

No es la primera vez que esto ocurre. Tras el  homicidio  del concejal Eliézer Otaiza en abril  pasado, el jefe de Estado, Nicolás  Maduro, lo calificó de político y posteriormente el 30 de abril -durante un acto en Propatria-  dijo que fue un caso de sicariato. La investigación posterior demostró que un grupo de delincuentes lo había cometido.   

Algo similar ocurrió tras  las manifestaciones del 12 de febrero, cuando Juan  Montoya, coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela, -que agrupa a colectivos de Caracas-, recibió un impacto de bala que segó su vida.  En ese momento el presidente del parlamento,  Diosdado Cabello, apuntó que se trataba de un asesinato  perpetrado por el fascismo.  

Especialistas advierten que solo las investigaciones pueden arrojar la resolución del caso. El criminólogo Francisco Javier Gorriño y el director ejecutivo de la ONG, Paz Activa, Luis Cedeño, consideran que ante un homicidio de tanta exposición pública  como el de Serra las autoridades deben actuar apegadas a lo que dicten las averiguaciones, y por ninguna razón o circunstancia apresurar la resolución del caso, pues se pueden arriesgar a exponer una tesis que luego no pueda ser probada.   

Este jueves, tanto el presidente Nicolás Maduro, como el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, señalaron que el homicidio de  Serra  fue encargado. El jefe de Estado dijo que “estaban cerca de dar un fuerte golpe a la banda de sicarios”, y Samper sostuvo que el hecho es una “señal de infiltración del paramilitarismo colombiano”, donde abunda el sicariato. 

Modus operandi   

De acuerdo con la información ventilada sobre el caso Serra, un grupo de seis personas entró a su residencia. Tanto al parlamentario  como a su compañera le propinaron múltiples heridas con arma blanca.   

Cedeño sostuvo que los aspectos descritos  no concuerdan con la tesis del sicariato, pues “no sigue el guión típico”, ya que “un sicario suele trabajar solo o con una persona, y a Serra lo atacó un grupo”.   

Gorriño enfatizó que en los casos de sicariato, el asesino busca causar la muerte de forma rápida (arma de fuego), lo que contrasta con lo ocurrido con Serra y su compañera.   

Para Cedeño, el asesinato del diputado parece un ajuste de cuentas “muy personal”, un caso en el que un individuo  con diferencias con Serra pudo haberse convertido en el homicida. Sin embargo insistió en la necesidad de esperar los resultados de la averiguación.   

Pese a eso, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, insistió -ayer- en la tesis de la muerte por encargo, al calificar el crimen de “sicariato político”, mientras el diputado William Fariñas (Psuv) declaró que “hubo una reunión el martes, donde se decidió la muerte de Serra y participó el paramilitarismo”.

Maduro retoma plan de desarme para frenar la delincuencia en Venezuela

El Gobierno venezolano busca que la población entregue sus armas para disminuir la violencia en el segundo país de América Latina con la mayor tasa de homicidio.

El plan nacional de desarme fue firmado por Maduro durante un acto para conmemora el día internacional de la paz. (Prensa Presidencial Venezuela)

Términos como “ofensiva económica”, “guerra económica” o “guerra bacteriológica” son de uso común por parte de los voceros del Gobierno venezolano. Pero el lenguaje belicoso del régimen para referirse a las acciones y reacciones de la política nacional no condice con la cultura de desarme que ahora se quiere implementar en Venezuela.

En sintonía con las nuevas tecnologías, y confiando en la buena voluntad de los portadores de armas, el Gobierno presidido por Nicolás Maduro anunció en la última semana dos nuevas acciones para contrarrestar la delincuencia que azota al país petrolero.

La primera de ellas es el Plan Desarme, cuyo propósito es destruir armas ilegales, y la segunda viene en formato 3.0: una aplicación de celular llamada Patrullaje Inteligente con la que los ciudadanos podrán denunciar presuntos actos delictivos.

Venezuela ostenta el penoso récord de ser el segundo país con más homicidios en la región, siendo superada sólo por Honduras. La tasa de homicidios en el país suramericano es de 53,7 por cada 100.000 habitantes, según el Informe Global de Homicidios 2013 de la Organización de Naciones Unidas.

La cifra es respaldada por los datos que presenta el Observatorio Venezolano de Violencia. De acuerdo con esta ONG venezolana, el país culminó el año 2013 con 24.763 homicidios, que en comparación a los 21.692 decesos ocurridos en el año 2012, representan una variación de 3.071 muertes más entre ambos años.

Sin embargo, en materia de seguridad ciudadana, para 2014 el Gobierno venezolano sólo destinó 1% del presupuesto anual, según el análisis de Transparencia Venezuela.

Desde 1999, año en el que el fallecido Hugo Chávez asumió por primera vez la presidencia, se han implementado al menos 20 planes de seguridad. A pesar de estos esfuerzos, en Venezuela han ocurrido más de 200.000 asesinatos durante los últimos 14 años.

Ante esta realidad, la incertidumbre se cierne sobre las nuevas medidas que se ejecutarán para combatir la inseguridad en el país en el marco del plan nacional de seguridad Gran Misión A Toda Vida Venezuela.

En un acto realizado en el centro de Caracas, el mandatario venezolano Nicolás Maduro firmó el nuevo Plan Desarme, al cual dotó con Bs. 300 millones para la creación de un Fondo Nacional de Desarme, el cual, sin embargo, debía haberse constituido en junio de 2013, cuando entró en vigencia la legislación en la materia.

Y es que esta iniciativa no es novedosa. El anuncio de Maduro se trata más bien de un relanzamiento. La ley en cuestión, llamada Ley De Desarme, fue promovida por el expresidente Hugo Chávez con el fin de derogar una norma existente desde 2002 que, a juicio de los mismos oficialistas, era inaplicable y no correspondía a la realidad venezolana.

Ahora, bajo la remozada norma de desarme, se plantea el desarrollo del plan en 10 de los 24 Estados del país. Serán cuatro las modalidades de entrega de las armas: de manera confidencial voluntaria con y sin incentivo; y de manera no confidencial con y sin incentivos.

Entre las opciones ofrecidas por el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, para todos los que se atrevan a entregar voluntariamente sus armas, está la entrega de medicamentos y el pago de intervenciones quirúrgicas. Incluso están contempladas becas universitarias para las primeras 10 personas que entreguen sus armas voluntariamente.

El primer mandatario venezolano anunció que para complementar esta iniciativa, desde el mes de octubre se incorporaron al Plan Patria Segura 2.000 nuevas patrullas para reforzar los cuadrantes de seguridad activos en el país, en conjunto con el lanzamiento de la aplicación Patrullaje Inteligente, con la que se espera que sean los ciudadanos quienes denuncien hechos irregulares desde sus celulares.

Radio de acción insuficiente

Para el sociólogo y director ejecutivo de la ONG venezolana Paz Activa, Luis Cedeño, el Plan Desarme es sólo uno de los elementos que pudiera garantizar una política exitosa y coherente en términos de disminución de criminalidad y homicidios.

“El plan concebido como desarme voluntario está dirigido a personas portadoras de armas legales o ilegales que las poseen por un tema de defensa personal. No va dirigido al delincuente, a estos sólo los desarma la policía. La estadística va en contra de la persona que tiene el arma, ante un delincuente entrenado y con voluntad: estando armadas, nueve de cada 10 veces la víctima va a terminar muerta frente a un victimario”, explicó Luis Cedeño para PanAm Post.

El director ejecutivo de Paz Activa sostuvo que la entrega voluntaria de armas debe ir acompañada de otras condiciones, como su destrucción pública y la garantía del anonimato para quienes las entreguen, que generalmente son viudas, hermanas y madres de sus antiguos portadores. Reiteró que los esfuerzos para disminuir la criminalidad en el país no deben ser esporádicos, ni ser reactivos, como suelen ser, sino continuos.

No hay cifras oficiales sobre el número de armas que circulan en el país, pero los números más conservadores señalan que al menos hay 3 millones, de las cuales menos de 100.000 son de porte legal. “Para que se note el esfuerzo, se deben al menos inutilizar 200.000 armas anualmente, pero no estamos ni cerca de ese número”, sentenció Cedeño.

Coincide con él el abogado y criminólogo Luis Izquiel, quien declaró para Unión Radio que “tiene que haber una campaña de concienciación para que el Plan Desarme sea efectivo. En Brasil, por ejemplo, las armas no se entregaban a los cuerpos policiales. Actuaron las ONG y la Iglesia [católica] en esas entregas voluntarias. Otro punto para que tenga éxito es que sean destruidas, en Brasil se les daba un martillazo para inutilizarlas”.

El escepticismo continúa en un país donde el índice de impunidad en homicidios alcanza la alarmante cifra de 90%. No hay suficientes funcionarios y las fuerzas de seguridad no están adecuadamente dotadas para hacer frente a criminales mejores armados. La ecuación de la lucha contra la delincuencia en Venezuela tiene más de una incógnita por ser develada.




lunes, 22 de septiembre de 2014

Femicidio es delito contra los derechos humanos

Sin beneficio procesal quien mate a una mujer




Ricardo Márquez.- El femicidio, el homicidio en agravio de una mujer, será competencia de la jurisdicción especial de Tribunales de Violencia contra la Mujer, según  reciente reforma de la Ley Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia

Lo informó la magistrada Carmen Zuleta de Merchán en acto especial celebrado en el auditorio del TSJ,durante el cual se rindió homenaje  a  María del Mar Álvarez de Lovera, recientemente fallecida, y quien fuera la primera defensora nacional de los Derechos de la  Mujer.

Hasta ahora, puntualizó la magistrada Zuleta de  Merchán, el feminicido no existía en nuestra legislación, la muerte ilícita de una mujer era un homicidio, agravado o no según las circunstancias, materia del Código Penal y competencia de los tribunales penales ordinarios.

Además, puntualizó la magistrada, con esta reforma el feminicidio es un delito contra los derechos humanos y, en consecuencia, quien sea procesado por su comisión no gozará de beneficio procesal alguno ni de la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena; y destacó que la AN acogió el criterio de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial e incorporó parte de la jurisprudencia de la Sala Constitucional.  

Inseguridad modifica la rutina de los venezolanos



La percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos venezolanos ha modificado por completo los hábitos cotidianos de cada uno. Los habitantes prefieren asistir a lugares cerrados como centros comerciales, cines y teatros, en lugar de disfrutar de los espacios públicos que ofrece la ciudad.

El sociólogo, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Tito La Cruz, explicó a Globovisión.com que la conducta de cada quien ha cambiado porque los individuos piensan que existe un mayor riesgo.

“La percepción es lo suficientemente real para que la gente sienta que está expuesta a un peligro. Cuando percibes eso, modificas tu rutina. Este es un fenómeno colectivo, no solo lo tú lo sientes, sino que te das cuenta de que tu entorno también percibe la posibilidad como real”.

La Cruz señaló que este cambio del venezolano se empezó a observar en los pasados diez años, con mayor insistencia en los últimos cinco. Por su parte, la psicóloga social y profesora de la UCAB, Yorelis Acosta, afirmó que la inseguridad es el factor principal por el cual los ciudadanos han cambiado sus costumbres.

Las personas no han sido las únicas que reformaron sus comportamientos. La sociedad también se ha ido adaptando a este problema que agobia a los habitantes. Acosta mencionó que hasta el cine y el teatro tienen funciones desde tempranas horas del día.

Venezuela insegura

Un estudio publicado por la firma Gallup en 2013 indica que los países latinoamericanos son los más peligrosos, entre estos, Venezuela que además es catalogado como la nación en la cual sus habitantes tienden a sentirse más inseguros, no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo.
En una escala de 0 a 100, siendo “0” el nivel más bajo de seguridad y 100 el más alto, el país obtuvo un puntaje de 41. La encuesta analizó tres aspectos principales: la confianza en la policía local, el sentimiento de seguridad personal y las incidencias de robos.

De los resultados, 19% de los encuestados  dijo que se sentían resguardados caminando solos de noche en la ciudad o área en la que viven, 22% indicó haber sido víctima de robo o conocer a un familiar que lo fue en los últimos 12 meses y 74% expresó desconfianza en la policía local.
Al respecto, el ex director de la Policía Chacao, Einer Giulliani, declaró que si bien muchos civiles no tienen confianza en las fuerzas públicas aún hay 90% de personas que respetan o “al menos obedecen” a los oficiales.

Venezuela no solo es una sociedad percibida como insegura, sino también como una muy violenta. La Organización Mundial de la Salud (OMS), habla de una epidemia de homicidios cuando asesinan a 10 ciudadanos por cada 100 mil habitantes.

El año pasado, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que la tasa de homicidios para 2013 se ubicó en 39. Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Violencia indicó que ese número asciende a 79. Cualquiera de las dos cifras son alarmantes y catalogan al país como un lugar con alta violencia.

Objetividad vs. Subjetividad

La psicóloga social aclaró que lo que sienten los venezolanos no es solamente una sensación, a diferencia de lo que han mencionado representantes del Gobierno en distintas oportunidades.
“La inseguridad tiene dos dimensiones, una dimensión objetiva que tiene que ver con los hechos, las cifras, lo que vemos, los testimonios de carne propia o de conocidos muy cercanos, y una dimensión subjetiva que es lo que los ciudadanos perciben de toda esta realidad”

La Cruz estuvo de acuerdo con Acosta. Para él, “lo subjetivo no es inventado”, sino que es algo que está en la mente porque fue percibido de los cambios reales en el entorno. “La subjetividad se altera porque las condiciones reales cambian”, enfatizó.

La sensación de inseguridad que predomina en los venezolanos está directamente relacionada con sus experiencias personales, de conocidos e informaciones a las que están expuestos. Acosta mencionó con preocupación que en el último estudio realizado por ella, el sentimiento predominante en la población es la angustia.

A continuación puede apreciar a manera de navegación los datos más relevantes del estudio  publicado por la firma Gallup que muestra los países latinoamericanos más peligrosos. Haga click en la flecha para comenzar.

miércoles, 6 de agosto de 2014

La posición agresiva que ha adoptado EEUU contra funcionarios venezolanos, es una señal para mirar hacia adentro, aseguró Luis Cedeño



Como positivo consideró la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la decisión de EEUU de negar la entrada a ese país a funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones de derechos humanos.

No obstante, consideró que para que esta acción tenga consecuencias sería mejor que ese país diera a conocer cuáles son los casos en los que estarían incursos los funcionarios, para determinar si son susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción internacional.

"Creo que sería pertinente por parte del Gobierno estadounidense señalar concretamente qué tipo de violaciones de derecho humanos se han cometido, para ver si este tipo de acciones tuviese jurisdicción universal", manifestó a EL IMPULSO.

El anuncio de la revocatoria de visas lo hizo este miércoles la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, al expresar la posición del gobierno de Obama frente a las "detenciones arbitrarias y el uso excesivo de fuerza" que habrían ejercido "las fuerzas de seguridad del gobierno de Maduro" contra los manifestantes y sociedad civil. Aunque no señala la identidad de las personas vetadas, la medida estaría dirigida a funcionarios militares y del gobierno.

Para San Miguel, esta acción traerá consecuencias.
"Esta es una política que va nuevamente a tensar las relaciones diplomáticas entre ambos países ineludiblemente. Lo que sucede es que el concepto de derechos humanos es un concepto que va a seguir siendo parte de la agenda hemisférica y que no solamente va a provenir de EEUU sino probablemente de otros países de la región", señaló.

"Este tipo de situaciones visibiliza las circunstancias de lo que está ocurriendo en Venezuela ante la comunidad internacional. De allí a que esto tenga efectos reales sobre la disminución de las violaciones de derechos humanos, habría que medirlo con el tiempo", añadió San Miguel.

De la teoría a la práctica

Por su parte, el sociólogo y director de la ong Paz Activa, Luis Cedeño, considera que la posición más agresiva que recientemente ha adoptado EEUU contra venezolanos a los que señala de incurrir en delitos de alcance universal, es una señal para mirar hacia adentro.

El investigador cree que, si bien no se puede acusar al general Hugo Carvajal porque no ha sido juzgado, los nexos entre autoridades y redes de narcotráfico en el país no es una idea descabellada.

"Entre los estudios que hemos hecho desde el Observatorio de Delincuencia Organizada, el año pasado hicimos una encuesta nacional sobre la percepción del ciudadano y vimos que el venezolano mira a las Fuerzas Armadas y a las policías como instituciones profundamente corruptas. La mayoría cree que las FAN están involucradas en narcotráfico", señaló Cedeño.

Pero más allá de la mirada subjetiva, "teóricamente sabemos que Venezuela si bien no es un país productor o consumidor de drogas, por su posición geopolítica es muy favorable para el tránsito.También hemos identificado que las trazas de vuelos ilegales que antes se concentraban en Colombia, hoy en día se concentran en Venezuela. Esto nos dice que el país se ha convertido en una autopista para la droga, y necesariamente tiene que haber una complicidad muy activa de las autoridades venezolanas, especialmente en las fronteras", manifestó el investigador.

Por otro lado, sobre la medida de EEUU contra funcionarios venezolanos por su participación en violaciones de derechos humanos, Cedeño consideró que son "medidas unilaterales son difíciles de justificar, porque no hay un derecho a la defensa".

Sin embargo, "Venezuela tiene que cumplir con los tratados de derechos humanos que ha suscrito, tal como el gobierno exige que se cumpla en ellos", agregó.