martes, 14 de julio de 2015

ALERTA Informativa: El Surgimiento de las Megabandas en Venezuela

  • Se estima que pueden existir hoy en día cerca de 10 megabandas en el territorio nacional, incluyendo a las que operan desde los penales.
  • La Megabanda que vemos surgir en contraposición a la banda tradicional enmarcada a un entorno geográfico particular, busca replicar el éxito que han tenido los pranes de las cárceles en cuanto a capacidad de fuego y peso de negociación con las autoridades del Estado.
13-07-2015  Observatorio de Delito Organizado./| Con preocupación vemos el auge que ha tomado un nuevo fenómeno dentro de la criminalidad en Venezuela. Tradicionalmente, la expresión de esta criminalidad la teníamos en el criminal oportunista y en el criminal de pequeñas bandas con arraigo territorial en sus comunidades de origen. Así fue por mucho tiempo.
El origen de organizaciones criminales más complejas en el país se presenta con el fenómeno del denominado “Pran” de las cárceles. En los últimos 10 años se fueron forjando organizaciones criminales complejas que fueron cooptando los espacios del sistema penal, ejerciendo un control férreo en la administración de sus espacios internos, degenerando en una suerte de feudos dentro de los recintos penales, donde el “Pran” regula todo lo que sucede dentro de sus paredes. El Estado se presenta solo como un elemento formal al exterior del penal, pero su control absoluto lo ejerce estos jefes criminales que ahora controlan la vida de cientos de criminales que quedan a su disposición para ejercer actividades criminales intra y extra muros del penal.
Dentro de los penales que son administrados por la criminalidad organizada, podemos señalar el manejo de lucrativos negocios criminales. Las armas cortas y de guerra, drogas, alcohol y trata de personas son parte de la economía interna del penal, y delitos como secuestro, extorsión y sicariato son planificados y ordenados desde los penales en el país. Para muchos de estos “Pranes” la vida en la cárcel les brinda una estructura criminal y protección difícilmente accesible en las calles. Es por ello que prefieren seguir dentro del sistema que fuera del mismo.  
La Megabanda que vemos surgir en contraposición a la banda tradicional enmarcada a un entorno geográfico particular, busca replicar el éxito que han tenido los “Pranes” de las cárceles en cuanto a capacidad de fuego y peso de negociación con las autoridades del Estado. Este nuevo tipo de banda puede estar conformada por más de 50 personas, que tienen conexiones con bandas locales dentro de un eje donde desarrollan su actividad criminal, pudiendo conseguir apoyo a sus operaciones de una red que puede extenderse en su primer círculo a más de 200 actores criminales.  Lo que hace particular a este tipo de bandas no sólo es su número de integrantes sino una organización superior que les permite el acceso a armas de fuego de grado militar, como los fusiles automáticos de ataque AK-47 y R-15, granadas fragmentarias ofensivas entre otros elementos especializados que pueden incluir algún tipo de armadura corporal. Este armamento lo hemos visto reseñado en los recientes sucesos ocurridos tanto en la Cota 905 en Caracas como en los estados de Aragua y Guárico
Se estima que pueden existir hoy día cerca de 10 Megabandas en el territorio nacional, incluyendo a las que operan desde los penales.  Entre las más conocidas por los medios de comunicación son las del “El Picure” y la de “Juvenal” identificadas por los nombres de sus cabecillas. Se dedican primordialmente a actividades de alto lucro como lo son el secuestro, la extorsión, robos a bancos y joyerías y sicariato. Su actividad tiene una cobertura geográfica importante, que se puede extender a todo un Estado o varios en alianza con bandas locales que prestan apoyo logístico en busca de compartir las inmensas ganancias que genera la Megabanda.
Si bien, las zonas de paz representan un éxito en su capacidad de negociación con el Estado, al dejar los cuerpos de seguridad excluidos de ciertas zonas, éstas se convierten en zonas francas para estos grupos. Por otra parte, han sido exitosas en organizarse y mantenerse en el tiempo en la medida en que el Estado central ha debilitado a las policías civiles en favor de un modelo militarista de la seguridad ciudadana. Esto ha hecho posible, por un lado las bandas desborden la capacidad de respuestas de las policías en capacidad de respuesta de fuego, y por otro lado ha acercado a los militares a la actividad criminal, en gran medida corrompiéndose habilitando el acceso a un arsenal bélico al cual no tenían disponibilidad en el pasado. Los militares se han convertido en el elemento promotor de este fenómeno, en las cárceles, donde administran la seguridad de las mismas, y ahora en las calles donde ejercen una actividad policial para la cual no tienen el entrenamiento adecuado ni tampoco el equipamiento correspondiente que termina por violencia o corrupción, en manos de estas bandas criminales.

jueves, 9 de julio de 2015

Venezuela con más muertes por granadas de Latinoamérica

Foto: Archivo

Las calles, las casas, las patrullas, las cárceles; ningún lugar está a salvo del último instrumento del delito que ha llegado a manos de los criminales: las granadas.

Venezuela, con 18 fallecidos, es la nación latinoamericana con más muertes por el uso de  este artefacto entre enero de 2013 y marzo de 2015. En Colombia [segundo en decesos] estos explosivos fueron utilizados por grupos armados al margen de la ley (FARC y ELN), mientras que en Venezuela este “privilegio” corresponde al hampa. Son reveladores los resultados preliminares del estudio de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc por sus siglas en inglés), presentados durante la 13a reunión del Observatorio del Crimen Organizado en América Latina y el Caribe.

 La mayoría de los casos ocurrió en la Región Central, específicamente en Aragua, Distrito Capital y Miranda. “No es nuevo el tema  de las granadas, ha estado con cierta latencia, lo que adquiere relevancia es el uso también de otros tipos de artefactos bélicos”, aclara el director de la ONG Paz Activa, el sociólogo Luis Cedeño.

A pesar de que Colombia reportó el mayor uso de estos materiales explosivos [más de 50], Venezuela superó a este país en letalidad. Quizás por la impericia de los victimarios al utilizarlas, poniendo en riesgo su propia vida, deduce Cedeño.

Dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) son manipuladas por especialistas, entrenados para el uso de estas armas, concuerda el profesor de Criminalística de Universidad de Carabobo Andrés Monsalve.

Una granada de mano pesa alrededor de 400 g. Contiene una carga explosiva altamente poderosa y fragmentos metálicos conocidos como metralla. Para accionarla es necesario retirar el anillo de seguridad, activándose los mecanismos iniciadores, que encienden una mecha dentro del contenedor y al quemarse -al cabo de unos 4 o 7 segundos-, hace contacto con un propulsor del explosivo, estallando.

-Una vez que detona, produce un efecto densidad, lo que llamamos onda de choque. A medida que se expande deja de ser una sustancia y se convierte en presión y calor, ilustró Monsalve.

Todo lo que no sea lesionado por la onda puede ser alcanzado por la metralla. El impacto del trozo metálico es equivalente a un disparo. El radio de acción de la granada depende del tipo, las ofensivas pueden llegar hasta 12 m y las defensivas hasta 25 m.

Las incógnitas

No hay información oficial sobre producción de granadas, ni registros auditables. “En los rubros de adquisiciones a 14 países no hemos podido auditar este tipo de información, con lo que podría suponer que se están produciendo en el país. El problema está en que no se emite información sobre esta materia en los datos de Cavim”, señala la presidente de la ONG Control Ciudadano, la abogada Rocío San Miguel

La única información disponible es la disminución de la producción en las industrias donde se procesa la materia prima para las armas: 16,56% en Químicos y Explosivos y 17,80%  en la División Metalmecánica [Memoria y Cuenta del Ministerio de Defensa 2015].

 La opacidad en los sistemas de gobierno dificulta la contraloría democrática sobre los poderes públicos, especialmente en temas tan delicados como el control de armas y municiones, sostiene la abogada.

-Venezuela no ha sido un país de tráfico ilícito de armas y municiones como otros países del mundo. De manera que es mucho más preocupante la tenencia ilegal de armas: están entrando o produciéndose legalmente y terminan de manera ilegal en manos de la población civil. Pareciera que agentes del Estado están aprovisionando ilegalmente a la población civil”.


En manos equivocadas

Una noche de mayo, sujetos en motocicleta arrojaron dos granadas a la sede del Cicpc Villa de Cura. Diez minutos más tarde, otro ataque se registró en el Cicpc Turmero. El 5 de junio, delincuentes quemaron 9 motos de Policaracas e hirieron a siete funcionarios con las esquirlas de una granada en la Cota 905, en Caracas. Más recientemente, el 16 de junio, un recluso accionó una granada en el Centro de Coordinación Policial de Santa Lucía; la explosión causó la muerte de un recluso y un policía municipal de Paz Castillo (Caracas).

Aragua, Miranda y Caracas han sido las regiones que han vivido los episodios más dramáticos. En Carabobo, granadas con los seriales borrados son incautadas frecuentemente por los cuerpos de seguridad del estado, de acuerdo con informaciones de prensa.

Las granadas tienen un código para identificar el lote de producción y la fecha de fabricación, datos asociados a la unidad asignada. “¿Para qué borrarles el serial?” se pregunta el profesor Andrés Monsalve. “La acción demuestra que salió de alguna institución legal. Los parques de municiones tienen estrictos controles de seguridad, cualquier persona no puede entrar y tomar una granada. En algún momento estuvieron en un arsenal de la FANB y fueron a tener a las manos del hampa”, enfatizó el profesor de Criminalística.

El problema de fondo es ético, las  FANB tienen que realizar auditorías constantes de sus parques de municiones, mejorar la selección de su personal y revisar sus protocolos de control para determinar por qué tantas armas especiales se han escapado del cuartel, evitando que siga registrándose tal irregularidad, recomendó Monsalve.

Acceder a estas armas requiere poder económico y logístico, razona Cedeño, las bandas que consiguen granadas deben sostener el costo que implica adquirirlas para amedrentar a las fuerzas de seguridad del Estado, con una capacidad de fuego muy inferior a estas organizaciones delictivas.

“El delito organizado opera dentro del Estado a través de la corrupción y uno de sus principales objetivos es la impunidad, porque le da un claro mensaje a los delincuentes: Venezuela es un país liberado de la justicia, uno de los grandes logros del delito organizado”.


Fuente: Estefanía Rosales Coronel

Llano indignado por asesinato de cantante criolla


Elisa Guerrero fue baleada en la sala de su casa. Era mujer y cantante de música recia, o lo que antes se llamaba música llanera, y su nombre artístico era “La Veguera”.

La tragedia de su muerte, a poco más de un año de la de Mónica Spears, refleja una tendencia trágica: ni en su casa, las mujeres están seguras en Venezuela.

Victimización

Las circunstancias del asesinato de Guerrero son, según los expertos consultados, más graves que las de la ex Miss. Mientras la Spears fue asesinada transitando por una carretera peligrosa, a la coplera la mataron en la sala de su casa, al resistirse a un robo.

“Sí, es peor (el caso de Guerrero) en cuanto a la vulnerabilidad; que la gente no se pueda sentir segura en un espacio privado es un agravante, es otro nivel de indefensión”, explica Luis Cedeño, sociólogo y director ejecutivo de “Paz Activa”, una asociación civil que sigue de cerca el tema de la violencia.

“Por lo menos en un espacio público la gente sabe que tiene que estar atenta”.

Pero el problema tiene otra capa: además de matarla en la sala de su casa, la víctima era mujer, lo que se está convirtiendo en un problema cada vez más grave.

Las últimas cifras indican que, si bien el grueso de las víctimas de homicidios en Venezuela son hombres, el número de víctimas femeninas va en aumento. “Ciertamente están matando más mujeres; hay que ser más públicos con esto”, dice Cedeño.

Si bien las víctimas de homicidio siguen siendo predominantemente masculinas (90% a 10%). En los robos la cosa cambia: 60% de las víctimas de este delito son mujeres y solo el 40% restante son hombres; y de los hombres robados, la más alta representación es de adultos mayores y varones muy jóvenes.


Fuente: Carlos Camacho 
ccamacho@dearmas.com

martes, 23 de junio de 2015

Asesinadas tres mujeres por día en Venezuela en lo que va de año

Según el reporte, la edad promedio de las víctimas es de 32 años. Sin embargo, en la lista elaborada por la policía científica incluyen niñas, adolescentes y mujeres adultas de todos los estados del país.

Durante los primeros 166 días del año 2015 en Venezuela fueron asesinadas 516 personas de sexo femenino, de acuerdo con un reporte del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Esto significa que, en promedio, cada día mataron a 3 mujeres en algún lugar del país. El informe de la policía científica indica que son Carabobo y el Distrito Capital las entidades con mayor número de víctimas, con 59 y 58 casos, respectivamente.

En el tercer lugar de la lista está Miranda, con 53 casos y le siguen Aragua y Zulia, con 41 y 40 damas asesinadas, respectivamente. Según el reporte, la edad promedio de las víctimas es de 32 años. Sin embargo, en la lista elaborada por la policía científica incluyen niñas, adolescentes y mujeres adultas de todos los estados del país.

“Hay que hacer una diferencia entre el femicidio y el feminicidio. En el primer caso, es cuando se comete un asesinato contra una mujer; pero en el segundo es cuando a la víctima la matan por su condición de mujer. Son cosas distintas y que hay que establecer para entender el problema”, explicó el sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa y experto en temas relacionados con la inseguridad y la violencia.

Los móviles Precisamente sobre este particular, la policía científica divide en 10 categorías los móviles por los cuales fueron asesinadas esas 516 mujeres en Venezuela, entre el 1° de enero y el 15 de junio de 2015. El informe oficial revela que 148 damas fueron asesinadas por alguna venganza. Esto equivale a 28,6% de los casos registrados por las autoridades.

En segundo lugar de la lista, aparece que a 96 de ellas las mataron en medio de un conflicto pasional, que en realidad es catalogado por las autoridades como violencia de género, es decir, 18,6% serían casos de feminicidio como tal. Sin embargo, resulta llamativo además que en el tercer puesto de la lista de móviles que según el Cicpc obedecen a los asesinatos de mujeres en Venezuela, aparecen las causas por determinar, con 70 casos registrados (13%), y en el cuarto puesto aparece el ajuste de cuentas, con 67 víctimas (12,9%).

“Recientemente, se ha determinado que la mujer tiene cada vez más participación en la actividad delictiva. Eso, evidentemente explicaría por qué hay tantos casos de ajustes de cuentas y venganzas, porque en una sociedad con los índices de violencia como los que tiene Venezuela, resulta que también las mujeres están cada vez más activas dentro de la vida criminal. Lo hemos visto en bandas grandes, donde hay una estructura criminal de hasta 50 personas, en las que hay actuación de mujeres”, comentó Cedeño.

Uno de los casos que está en la lista de la policía científica ocurrió en febrero, en el estado Zulia, cuando dos hombres en moto dispararon a Visabeth Del Valle Acosta Villalobos, de 28 años, cuando iba junto a su pareja. Los atacaron por la espalda y ella recibió cinco tiros. La muchacha tenía dos meses de embarazo.

La comisario Odalys Caldera, ex funcionaria del Cicpc y fundadora de la División de Atención a la Violencia Contra la Mujer y la Familia, en 1999, coincide con Cedeño en el aumento de la participación de las mujeres en actividades delictivas. “En las últimas décadas la mujer ha evolucionado y vemos que cada vez es más común verlas desarrollando roles que antes eran únicamente ocupados por hombres. Pues el mundo delictivo no escapa de esta realidad y también las vemos que forman parte de bandas de ladrones, de secuestradores, se vinculan con organizaciones que trafican drogas y desde luego, se convierten en víctimas de venganzas y de ajustes de cuentas”, dijo Caldera.

Otras causas En el quinto lugar de la lista de las causas por las que fueron asesinadas 516 mujeres en Venezuela, la policía científica ubica los asesinatos cometidos en medio de un robo, con 63 víctimas registradas en todo el país. Esto equivale al 12,2% de los casos. Uno de los casos a los que hace referencia el reporte del Cicpc es el de Maritza del Valle Bravo Rodríguez, de 42 años, asesinada el pasado 4 de mayo en la calle Santa Ana de Macaracuay, en el municipio Sucre del estado Miranda, cuando iba en su vehículo Hyundai Getz, verde, donde se estableció que supuestamente la asesinaron para robarla. Otro de los casos, que además conmocionó recientemente a la opinión pública fue el de la periodista Mariela Ramos, que fue hallada muerta dentro de su casa el pasado 31 de mayo, en la urbanización FundaCagua del estado Aragua.

El texto revela que del total de víctimas, 36 murieron al quedar atrapadas en medio de un tiroteo entre bandas delictivas y que otras 16 fueron asesinadas en hechos accidentales. “Hay una clara diferencia entre morir en la línea de fuego, cuando se es víctima de las circunstancias, del entorno y donde no hay un ataque directo contra esa mujer, sino que simplemente es víctima de las circunstancias y de la violencia generalizada que hay en todo el país. No es comparable a los casos de violencia de género, o los que son por venganzas, donde los ataques son directos contra las víctimas, por algún motivo específico”, explicó Cedeño.

En los reportes de la policía científica también contemplan 12 casos de mujeres asesinadas en medio de riñas, cinco casos de homicidios vinculados con abuso sexual, un caso vinculado con el tráfico de drogas, uno por sicariato y otro de una víctima que fue asesinada mientras se encontraba en cautiverio, víctima de un secuestro.

“En los casos de las venganzas, también sucede que no es necesariamente la mujer la que está incursionando en la actividad delictiva, sino que anda con algún hombre vinculado a una banda y al final les cobran a ellas lo que haga el novio, el marido que quizá sea el que realmente se dedica a la actividad criminal. Ese es otra arista bien lamentable dentro del ámbito delictivo, porque esas mujeres que son parejas de delincuentes están, al final, tan expuestas como ellos y por ese solo hecho de estar vinculadas sentimentalmente, las matan sin misericordia”, dijo la comisario Caldera.

Finalmente, Luis Cedeño explicó que dentro de la sociedad venezolana las mujeres siguen siendo consideradas como un grupo vulnerable, por su condición de debilidad frente a los hombres, a pesar de la evolución del género durante las últimas décadas.



Fuente: Thabata Molina

Destrucción de armas es insuficiente



Se deben desincorporar 150 mil al año para reducir de forma tangible los delitos con armamento ilegal.

El sociólogo y director de la Asociación Civil Paz Activa, Luis Cedeño, plantea algunos mecanismos orientados a reducir la circulación de armas asociadas al delito en Venezuela. Uno de ellos es conocer el estatus del Plan Desarme y cuántas armas, legales e ilegales, hay en el país.

Según Cedeño, la estadística internacional indica que en una situación de riesgo, un civil armado se expone 10 veces más a morir que otro que no lo esté. Adicionalmente, indicó que por cada homicidio que se pretenda evitar, se deben destruir al menos siete armas de fuego.



Audio Completo:

https://soundcloud.com/doblellave-com/luis-cedeno-control-de-armas




Fuente:  Doble Llave

Paz Activa promueve capacitación en Prevención Situacional del Delito en el Municipio Sucre

Luis Cedeño hace entrega de los certificados de asistencia

Este es un proyecto ejecutado por Paz Activa, gracias al financiamiento de Hanns Seidel Stiftung, y contará con el desarrollo de 6 talleres entre los meses de mayo y septiembre de 2015

(Caracas, 22 de junio de 2015) Luisa Berlioz – El pasado 6 de junio en la parroquia Macaracuay y el 20 en la parroquia el Marqués, representantes de la Asociación Civil PAZ ACTIVA, realizaron un taller de capacitación sobre algunas herramientas para la prevención del delito para salvaguardar vidas y bienes, dirigido a los miembros de las comunidades organizadas y de las policías en el municipio Sucre. Así lo informó, Luis Cedeño, Director Ejecutivo de la organización.

Participaron en la actividad, miembros de las comunidades de Macaracuay y el Marqués, así como funcionarios de la Policía del Municipio Sucre quienes interactuaron durante la capacitación.

Esta es una actividad que se realiza, gracias al financiamiento de Hanns Seidel Stiftung, y contará con el desarrollo de 6 talleres entre los meses de mayo y septiembre de este año 2015 en las diferentes parroquias del municipio Sucre en la Zona Metropolitana de Caracas. El objetivo principal de estos entrenamientos, es el fortalecimiento del enfoque preventivo de la actuación policial y civil en la comunidad para estrechar lazos entre ambos y lograr una coordinación de actividades conjuntas para disminuir los índices de criminalidad.

En cuanto a la dinámica de la capacitación, señala Cedeño que “la acción gira en torno a la identificación de los problemas de convivencia y seguridad ciudadana, a través de un taller denominado “Prevención Situacional de las Faltas y Delitos Locales”, bajo la modalidad de “World Café”. De este encuentro, surgirán informes técnicos por parroquias, que serán entregados a las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana para su evaluación y consideración en el diseño de políticas públicas de prevención situacional del delito en las localidades seleccionadas dentro del municipio Sucre”.

jueves, 11 de junio de 2015

Asesinos en el país son cada vez más muchachos

Según el OVV de las víctimas de homicidio 87% son jóvenes menores de 25 años. Según Unicef Venezuela es el tercer país con más muertes de chamos


Caracas. En nuestro país el homicidio se convirtió prácticamente en asunto de hombres y específicamente menores de 25 años. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) de las víctimas de homicidio el 87% son jóvenes menores de 25 años. Aunque también pueden ser quienes los cometen.

Y así lo confirman los casos más recientes reflejados en la prensa, como el del miércoles 27 de mayo de 2015 cuando Yorderlyn Vanesa Mendoza, de 13 años, fue abaleada dentro de su casa en la calle 18 de Los Jardines de El Valle. De acuerdo con información extraoficial el crimen lo cometió un muchacho, de 16 años, quien estaba acompañado también por otro menor.

Tres días después de ese homicidio, ocurrió el de un jovencito de 13 años en el barrio Las Terrazas de Carapita. La víctima estaba ayudando a un vecino a cargar arena, junto con otros amigos, cuando aparecieron disparando unos tipos en moto. Ellos forman parte de los 113 menores de edad que han asesinado nada más en la Gran Caracas en lo que va de año, según cuentas extraoficiales.

En 2014 mataron a 912 niños y adolescentes en el país, de acuerdo con Cecodap; cifra que aumentó 9% con respecto al año 2013 que registró 838 muertes.

Unicef publicó un informe el año pasado, en el cual Venezuela se ubicó entre los tres países del mundo con tasas más elevadas de homicidios a menores de 20 años, junto con Guatemala y El Salvador. “El homicidio es la principal causa de muerte entre los varones adolescentes”, relató el documento con datos del 2012.

“Nuestros jóvenes terminan en la cárcel o en el cementerio. Y el arma de fuego es el medio que utilizan para cometer el delito, ya no se usan armas blancas, objetos contundentes o la fuerza física. El homicidio está llegando a ser una delincuencia infantojuvenil”, explicó el abogado criminalista Fermín Mármol García.

Todo lo arreglan por las malas

De acuerdo con Fernando Pereira, coordinador de Cecodap, que los chamos usen la violencia para resolver problemas, y los papás a veces los empujen a eso, es una de las principales causas para que ellos se conviertan en víctimas o victimarios.

“Les dicen ‘si me avisas de nuevo que te pegaron voy a ser yo quien te pegue a ti’ o ‘los niños no lloran’ y ellos actúan en base a lo que han aprendido. Pegarles para corregirlos es otro error, en su adolescencia algunos no podrán contener la ira”, explicó.

El consumo de drogas también juega más peso, sobre todo en comunidades y escuelas, cuando se trata de defensa o por rollos internos que tienen los muchachos, según Pereira.

Fermín Mármol García añadió que otro de los factores que arriman a los chamos a la violencia es la relación que tienen con bandas criminales desde pequeños, pues los usan para tareas como transportar mandados y después pasan a ser informantes del barrio.

“Poco a poco los jóvenes se dan cuenta de quienes tienen respeto en la comunidad y quieren imitarlos. A esto se le suma que hay bastante facilidad para conseguir armas de fuego y municiones”, dijo.

Junto con estos rollos surgió una nueva manera de delincuencia en el país: matar para ganar respeto. “Ellos creen que mientras más asesinen más respetados van a ser entre los vecinos y los miembros de la banda a la que pertenecen, por lo tanto la vida no vale nada”.

Y a esta larga lista de problemas se suma la alta cifra de embarazo precoz, padres que no quieren a sus hijos o los abandonan desde niños, haciendo que crezcan con rabia o resentimiento, y se vayan de la casa. Así como la impunidad, que le hace propaganda al delito y no castiga al delincuente.



Fuente: Yohana Marra (Cronica Uno)

El problema de inseguridad en el país se agudiza cada vez más


Luis Cedeño, sociólogo, experto en seguridad y director de Paz Activa, señaló gran preocupación porque la inseguridad se ha agudizado, involucrando en delitos a funcionarios de los cuerpos de seguridad y subiendo a niveles alarmante la anomia en el país.

Dijo en el programa “La Noticia Viva” que el poder armamentístico de ciertas bandas ha crecido tanto al límite de utilizar hasta granadas. Expresó que estamos en Venezuela con una violencia de estado superior, con banda de tamaño importante salidas del crimen organizado, tal cual como las existentes en Colombia y México.

Indicó que esta es una debilidad institucional, y que se agrava y acepta a medida que el Estado no genera ni divulga los registros ni estadísticas: “Es el miedo a demostrar el desastre estrepitoso”. Y, en este contexto, “el funcionario se ve como que no tiene que dar cuentas de nada”, agregó,

Finalizó admitiendo que estamos en un país presidencialista, y si el Presidente no asume su responsabilidad ante la situación, poco o ningún cambio se tendrá en materia de seguridad. Aseveró que, si el Presidente no asume el liderazgo, es muy difícil que la búsqueda por hacer justicia trascienda.



Fuente: Caraota Digital

miércoles, 3 de junio de 2015

El robo de celulares es el delito más común del país


De acuerdo con el director de la Asociación Civil Paz Activa, sociólogo Luis Cedeño, al menos 100 mil móviles son arrebatados a diario en Venezuela.

Caracas. “A las 12:30 m estaba dentro de mi carro, en Los Ruices, con los vidrios abajo, estacionada esperando a un amigo. Me llegó un mensaje y al revisar mi celular un niño, como de 12 años, me arrebató el Iphone”. Como el testimonio de Yajaira López hay para tirar al techo.

Y es que al menos 100 mil móviles son robados al mes en Venezuela, de acuerdo con el director de la Asociación Civil Paz Activa, sociólogo Luis Cedeño. Esta cifra se traduce en 1.200 teléfonos quitados a manos del hampa al año.

Según sus investigaciones este es el delito organizado más común del país, pues es muy fácil obtenerlo por su tamaño y porque es de bastante valor. Por la medida chiquita el móvil más económico ronda los 40.000  bolívares.

“Un carro tiene mucho más valor por supuesto, pero es más grande y difícil de robar que un celular”, soltó.

Agregó que además la gente se la pone fácil a los delincuentes porque casi nunca denuncian, ya que ninguna autoridad les asegura que se lo vayan a devolver y pierden el interés.

“Si lo tienen asegurado es lo que les garantiza que habrá reposición del aparato, son muy pocas personas que lo aseguran, no pasan ni del 5%”, explicó.

Pero el atraco no solamente debe conocerlo la policía, recomendó que también tienen que notificarle a la operadora móvil para bloquear el Imei (Sistema Internacional para la Identidad de Equipos Móviles, en español) del aparato, así los malandros no podrán utilizarlo nuevamente, por lo menos en Venezuela.

“Sin embargo en otros lugares del mundo se está desafiando el tema de la seguridad, porque si el celular es desbloqueado podrían borrar el Imei y usar uno virtual”.

Delito organizado

Detrás del robo y hurto de teléfonos hay un batallón de personas que participan. Incluye desde el sujeto que lo arrebata, pasando por los contrabandistas que se encargan de sacarlo para Colombia o Centroamérica, hasta las manos de quien lo empaca y deja como nuevo para la venta. “Genera grandísimas ganancias para el crimen organizado”.

Un hampón en promedio puede quitar entre 30 y 50 equipos al día, luego otro personaje se los compra para guardarlos y procesarlos, y una vez termina este paso llegan a mercados jugosos económicamente. Claro está, depende de los modelos que obtienen: a los de alta gama los trabajan nuevamente para la venta, pero los más viejos se quedan en el mercado local dando a parar, por ejemplo, en cárceles.

“Este delito requiere de una gran infraestructura porque es parte de todo el negocio”.

El sociólogo aclaró que a los celulares de última generación los sacan del país a otras regiones porque aquí ya no resulta por el valor del bolívar; en cambio en sitios como Perú, Bolivia o Ecuador la moneda está mejor.


Fuente: Yohana Marra

martes, 26 de mayo de 2015

De la guerra al crimen: así se mueve una granada en Venezuela



Cual peloticas de goma, las granadas “ruedan” en los barrios, en las calles y en las cárceles venezolanas, bien lejos de los reglamentarios depósitos militares. A pesar de que el monopolio de su uso recae exclusivamente sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada vez son más comunes en las manos de los delincuentes que, como en una guerra, no tienen reparo para accionarlas al enfrentarse contra otras bandas o grupos policiales

Desde enero hasta la tercera semana de mayo de 2015 se contabilizaron 24 hechos delictivos que incluyeron el uso de granadas fragmentarias. “No hay cosa que conmocione más a un policía que un malandro con una granada en la mano”, asegura Luis Godoy, exjefe de la División contra Homicidios del Cicpc.

Un estudio de la Organización de Naciones Unidas para el Desarme, reseñado por el periodista Javier Ignacio Mayorca el 17 de mayo de 2015 en El Nacional, reveló que Venezuela fue la nación con más muertos por el uso de granadas entre enero de 2013 y marzo de 2015. En ese lapso, 18 personas fallecieron a raíz de la manipulación de estos objetos. Venezuela figura, además, en el segundo lugar del ranking de heridos por la explosión de granadas, con 16 víctimas.

Once personas muertas y cuatro heridas (dos civiles y dos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc) se han sumado a la lista de la ONU desde la última semana de abril hasta el cierre de esta edición. Además, tres subdelegaciones del Cicpc sufrieron daños estructurales por ataques con estos explosivos.

La alerta llegó hasta altas esferas del poder. Cuando aún era presidente de la Comisión Presidencial del Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana, Freddy Bernal confesó su preocupación por el auge de estas armas desde 2014. “Dos elementos que empiezan a hacerse frecuentes: el uso de fusiles AR15 y el uso de granadas fragmentarias”, dijo Bernal a Runrunes. El excomisionado subrayó que: “ningún cuerpo policial tiene fusiles, armas de guerra. ¿Quién le da unos fusiles de alta potencia a una banda criminal? Pueden venir de la FANB o del extranjero, o de los perros de la guerra. Exhortamos al Ministerio de Defensa a descubrir el origen de esas municiones y eso sería darle un golpe duro a las bandas criminales”.

Miguel Dao, exdirector del Cicpc, tiene una respuesta: “las granadas se las dan unos malandros a otros malandros. No podemos culpar a todo el sector militar, sino a esos funcionarios que desvían el rumbo”.


¿De dónde vienen estos explosivos?

Juan González, nombre ficticio asignado a un alto funcionario de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) para resguardar su identidad, explica que Venezuela no compra granadas en el exterior desde aproximadamente 15 años. Los explosivos tampoco son fabricados por esta empresa militar.

Sin embargo, revela que en Cavim se está desarrollando tecnología para producir este tipo de armas a largo plazo y así reducir la dependencia de otros países.“Antes, cada componente adquiría sus granadas. De unos años para acá toda la responsabilidad de la importación la asume Cavim”.

Los cuatro componentes de la FANB son los únicos organismos autorizados para el manejo de este tipo de armas, explica Godoy. “Los cuerpos de seguridad no tienen granadas. De hecho, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) solo las utiliza en funciones de resguardo de la frontera”, señala. Entonces, ¿cómo llega una granada a las manos de un delincuente?

Godoy descarta la posibilidad de que sean traídas desde el extranjero por “perros de la guerra”. “Armas que vienen de afuera, puestas en un mercado negro, son difìciles de adquirir por delincuentes de baja monta”, asegura el especialista.

¿Quién las saca del arsenal de la FANB?

En noviembre de 2006, los soldados del Ejército Alexis Antonio Fuentes Soto y Gregory José Espinoza Jhon fueron imputados ante el Ministerio Público sustraer efectos pertenecientes a la FANB. Entre el botín de los soldados, adscritos a la 51 Brigada de Infantería de Selva (estado Bolívar), se encontraron 12 granadas. La consulta a especialistas arroja cinco posibles caminos que “toman” estos explosivos para llegar a los delincuentes.

En primer lugar, a través de algunos jóvenes que ingresan al servicio militar y se retiran en menos de dos años. En ese tiempo, sustraen las armas de los almacenes. Otra posibilidad está en las incautaciones de estas armas no declaradas de los cuerpos policiales.

Una tercera vía es el robo a casas de militares retirados, quienes las almacenan como souvenires de su paso por las FANB. También está la posibilidad de que el material bélico ingrese por las fronteras. La quinta fuente serían los funcionarios de la FANB que se las llevan de las prácticas y entrenamientos.

Miguel Dao advierte que “es una cadena de corrupción bien grande. De ella se conoce el origen, pero difícilmente el final”.

¿Cuántas armas circulan en el país? 

De cada 1.000 armas irregulares que circulan en las calles de Venezuela, una podría ser una granada, de acuerdo con proyecciones de Godoy. La Dirección de Armas y Explosivos (Daex) calculó en 2013 que el armamento ilegal alcanzaría un millón 678 mil. Según esta cifra, más de mil 600 granadas podrían estar en manos de delincuentes.

El gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre estos casos. La responsabilidad recae sobre los ministerios de Defensa y Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MIJP). La Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y el Desarme, creada en 2013, no logró que la FANB revelara el tamaño del arsenal.

Alegó “secreto de Estado” y hasta allí llegaron las averiguaciones. “No rinden cuentas. ¿Les podemos confiar el monopolio de las armas? Lo están cediendo a grupos irregulares”, reflexiona el exjefe de homicidios del Cicpc. González, desde Cavim, corrobora que las cifras se manejan como un tema de seguridad nacional. Sin embargo, destaca que sí hay un registro reservado de las granadas existentes, así como de las faltantes y las “extraviadas”.

Las milicias también pueden pedir granadas

La Milicia Nacional Bolivariana también tiene la potestad de solicitar armamento de guerra al Comando Estratégico Operacional (CEO), según González, funcionario de Cavim, a pesar de que la Constitución de Venezuela establece que la FANB está compuesta por la Armada, el Ejército, la Guardia Nacional y la Aviación. “Hay que entender el concepto de corresponsabilidad. Todos debemos defender al país. En una situación de guerra, ellos (la milicia) deben actuar”, asegura.

¿Cómo detenerlas?

De las 12 granadas incautadas a los soldados Fuentes Soto y Espinoza, 10 eran “polivalentes”, destinadas a misiones ofensivas, defensivas e incluso pueden ser lanzadas con un fusil. Las dos restantes eran ofensivas, menos mortales que las primeras, pero igualmente peligrosas.

El ex Polimirada Rodolfo Contreras (nombre ficticio asignado a un exfuncionario de la Policía de Miranda, quien pidió el resguardo de su identidad) aseguró que la mayoría de las granadas fragmentarias que posee la FANB son de origen estadounidense (modelo M26) y alemán (modelo DM51).

“Venezuela no ha sido un mercado de armas ilegales. Por el contrario, las armas ‘orgánicas’ son extraídas del país y vendidas en los mercados negros internacionales. Es muy fácil corromper el estamento militar”, señala Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa. Las granadas de mano están diseñadas para el combate en frontera, recuerda Cedeño. González justifica su existencia: “sirven para defender la soberanía”. Pero manipulada por delincuentes se convierten en una válvula de emergencia ante el acorralamiento, para amedrentar a la policía”, explica Godoy.

Existen tres tipos de granadas: de ejercicio, de práctica y de guerra, explica el funcionario de Cavim. La última es considerablemente más peligrosa. Se distingue por el color del anillo de seguridad. Quien no conozca esos, puede ser intimidado con facilidad. Dao califica el uso que hacen de ella los delincuentes como “temerario”, pues nada les garantiza que ellos mismos no serán barridos por la onda expansiva.

Encarcelar a quienes sean hallados con estas armas no es suficiente, a juicio de los especialistas consultados. Hacer un inventario claro de las que aún están en los almacenes de la FANB y realizar operativos para “recoger” las granadas son los primeros pasos para que estas armas de guerra dejen de “rodar” por las calles de Venezuela.


Fuente: Adriana Nuñez Moros

Alcaldía municipio Libertador fortalece seguridad ciudadana (Mérida)


Hotel La Pedregosa fue sitial para este primer encuentro sobre Cultura y convivencia.


(22/05/2015).-Debido a la alarmante inseguridad que se ha convertido en un grave problema para los ciudadanos merideños y de los venezolanos en general, la Alcaldía del municipio Libertador hace un aporte a través del Instituto Autónomo de Policía Municipal dando respuesta a este flagelo que afecta a la sociedad.
Durante la mañana de ayer jueves, la Asociación Civil Paz Activa presentó a la comunidad merideña, los “Resultados de la 1ª Encuesta sobre cultura y convivencia ciudadana en la ciudad de Mérida”, un estudio enmarcado en el Programa de Gobernabilidad Local en materia de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que la Asociación Civil lleva a cabo conjuntamente con la Alcaldía del Municipio Libertador.

En tal sentido, el burgomaestre de la ciudad Carlos García expresó, “creemos es necesario tener una agenda compartida con todos los Organismos Públicos ya que gran parte del tema de Seguridad es responsabilidad del Gobierno Nacional y Regional”, “por lo que nos ponemos en plena disposición para que juntos trabajemos en función de esta materia”, dijo.

Por su parte, Luis Cedeño, director ejecutivo de La Sociedad Civil Paz Activa informó acerca de los resultados de esta primera encuesta sobre Cultura y Convivencia, la cual se llevó a efecto en el Hotel La Pedregosa, allí estuvieron presentes el alcalde de la ciudad Carlos García y Víctor Hugo Mora director del Instituto Autónomo de Policía Municipal además de otras personalidades de la entidad merideña.

Indicó Cedeño para concluir, que dicha encuesta se realizó en diferentes puntos de la ciudad preguntando ¿Cómo las personas se relacionan con la ley, con los conciudadanos y con el espacio público?, donde los resultados que arrojó fueron: que existe un divorcio muy marcado entre ley, moral y cultura.

Por tal razón, Paz Activa comenzó conjuntamente con la Alcaldía del municipio Libertador y el Instituto Autónomo de la Policía Municipal, la ejecución de este programa con el propósito de establecer acuerdos y relaciones de colaboración con gobiernos locales para desarrollar acciones novedosas, en materia de seguridad que permitan dar respuestas pertinentes en este tema a la población.



Fuente: Prensa Alcaldía Libertador (Mérida)

El hampa se impone con arsenal Bélico



La presencia de granadas en el parque de armas de grupos delictivos es preocupante y requiere de especial atención, porque los indicadores que se reflejan en la prensa pueden convertirse en una tendencia, asegura Luis Cedeño, director de la Asociación Civil Paz Activa.

De acuerdo a un estudio de la Organización de Naciones Unidas para el Desarme, Venezuela encabeza la lista de países en Latinoamérica con más fallecidos por estos artefactos detonados, reseñó El Nacional.

La investigación, aún en curso, fue presentada el pasado 12 de mayo en Medellín, durante la 13 reunión del Observatorio del Crimen Organizado en América Latina y el Caribe.

Los resultados preliminares se sustentan en registros hemerográficos de la región desde enero de 2013 hasta marzo de 2015. En ese periodo en Venezuela se reportaron 18 muertes por explosivos. El segundo lugar corresponde a Colombia, donde hubo 8 occisos y las bombas fueron accionadas principalmente por las FARC y el ELN.

La mayoría de los casos dentro de la geografía nacional tuvo lugar en Distrito Capital y Aragua y el objetivo fue amedrentar o agredir a personas e instituciones.

El pasado 9 de mayo, en horas de la noche, las sedes del CICPC de Villa de Cura y Turmero, Aragua, fueron blancos de ataques con granadas. Dos efectivos resultaron heridos. Se presume que fue una retaliación por la baja de 15 delincuentes integrantes de dos bandas.

“Detrás de cada hecho delictivo hay un mercado”

El sociólogo y también experto en seguridad, Luis Cedeño, explicó que en Venezuela existe el tráfico de armas de extracción. Los explosivos, así como las armas largas que se han visto en manos del hampa (FAL y AK 47 100), son armas de guerra que deben estar bajo el control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha evidenciado “claras debilidades” en el manejo y custodia de sus arsenales y resistencia para reportar robos y pérdidas.

Para Cedeño el problema es de corrupción, que facilita que esas armas, que tienen un precio, pertenezcan a delincuentes. “Detrás de cada acción delictiva hay un mercado”.

Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano sostuvo, según información de El Nacional, que no hay datos oficiales que comprueben en la actualidad la fabricación de granadas, pese a que Cavim (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares) reportó años atrás su producción.

Además supone que desde 2006- año en que el gobierno dejó de reportar la compra de granadas a otras naciones- el suministro a los arsenales militares proviene de compras a China o de una producción “limitada y secreta en el país”. San Miguel también maneja la teoría del contrabando desde Centroamérica.

El desarme

Cuando se incauta una granada hay que hacer “esfuerzos extraordinarios” para precisar el origen de la misma, propone Luis Cedeño. Argumenta que una vez que estalla no se puede conocer el número de lote ni el marcaje del artefacto, que comúnmente no tiene serial, dato que permite determinar con gran facilidad la procedencia exacta de un arma.

El sociólogo comenta que no comprende cómo ha surgido la idea de que el desarme es para “los malandros”, porque la verdad es que esta iniciativa está dirigida hacia el ciudadano común con o sin porte de arma. “Quién desarma a los delincuentes es la policía”, asegura.

El modelo Bacrim

La actuación de bandas con 30 ó 50 miembros y una gran logística que les permite, entre otras cosas, la tenencia de armas largas y explosivos, así como el adiestramiento necesario, arroja semejanzas con las Bacrim colombianas. Las Bacrim son agrupaciones del vecino país conformadas por paramilitares desmovilizados y se dedican al crimen organizado.

Las bandas que operan con fuerza actualmente en Venezuela están vinculadas al secuestro, la extorsión y el cobro de vacuna; y su radio de acción se extiende a varios estados como el caso de la banda de “El Picure” que opera en Aragua, Guárico, al sur de Anzoátegui y se presume ahora en Caracas.

El abogado criminalista, Fermín Mármol García habla de mega bandas criminales y las define como “microestados” que poseen un poder que coloca en una posición de desventaja a los cuerpos de seguridad municipales y estadales.



Fuente: Barómetro Político

Cuando matar a un escolta se convierte en negocio


Ser guardaespaldas es más lucrativo que ser oficial activo, aunque la formación para cuidar a terceros se obtenga en las mismas academias. Al riesgo propio del oficio se le suma el peligro de andar armado y en buena moto, cual carnada apetitosa para la delincuencia sin freno.

No es mientras ejercen su trabajo que asesinan a los escoltas en Venezuela, es por portar un arma y trasladarse en una moto de alta cilindrada. En lo que va de año han asesinado a 8 guardaespaldas en todo el territorio nacional. Más de uno por mes, según los cálculos y reportes de prensa. De todos ellos, solo tres prestaban sus servicios al sector privado y el resto eran integrantes del personal de seguridad de altos funcionarios del gobierno.

Así, se cuentan los casos de quienes resguardaban a Winston Vallenilla, presidente de Tves; Héctor Rodríguez, ministro de Educación; Tarek William Saab, defensor del Pueblo; Ángel Rodríguez, presidente del Parlatino; y Mario Silva, presentador de VTV.

En ninguno de los casos registrados, el asesinado cayó cumpliendo su deber. Sus empleadores no estuvieron amenazados porque estaban "francos de servicio". El objetivo eran "el hierro" y "las bichas".

De esos hechos, todos protagonizados por hombres menores a 45 años, la mayoría fueron asesinatos en Caracas o en el estado Miranda. En el caso del escolta de William Saab, el cadáver fue encontrado calcinado con cinco impactos de bala en la población de Villa de Cura (Aragua).

Mientras que al de Héctor Rodríguez lo mataron detrás de la maternidad Concepción Palacios en plena capital, luego de que dejara a su hijo de seis años en una guardería que está ubicada por el sector.

El más reciente suceso ocurrió el pasado domingo cuando Eldemar José Bermúdez Patiño, funcionario de la Policía de Caracas, adscrito como escolta al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fue asesinado de tres tiros para el robarle el arma de reglamento, en Turmero, estado Aragua. El sujeto, de 27 años, se desempeñaba como escolta del presentador de La Hojilla, Mario Silva, quien ha perdido a manos del hampa a tres guardaespaldas desde 2010.

"Matar a un escolta lamentablemente se convirtió en un negocio", explica Luis Cedeño, director de la asociación civil Paz Activa. "Un arma usada puede costar mil dólares, y una moto KLR cuesta millón y medio de bolívares". Es decir, un delincuente obtiene casi dos millones de bolívares por cada golpe.

A la situación que viven los guardaespaldas hay que agregarle los funcionarios de la policía que también mueren para ser despojados de su armamento. Según la Fundación para el Debido Proceso (Fundrepro), en lo que va de año van 126 funcionarios caídos y se calcula que en 2014 mataron al menos 25 escoltas en Caracas.

TRABAJO POR LA LIBRE

En Venezuela no hay ninguna figura legal que proteja o regularice el trabajo de los escoltas. A diferencia de otros países, para formar parte del equipo de seguridad de una persona solo hay que tener la confianza del cliente y una licencia de porte de arma.

En Venezuela, la mayoría de los escoltas son entrenados en los cuerpos de seguridad del Estado. La Guardia Nacional y las policías municipales son las principales canteras. De allí salen huyendo de los bajos salarios institucionales para poner el pecho por otro y tener más ingresos.

Mientras un oficial de la Policía de Sucre gana 11.600 bolívares al mes o un funcionario del municipio Baruta recibe una remuneración mensual de 11 mil bolívares; un escolta gana mínimo 25 mil bolívares, pero si es jefe de grupo su sueldo puede llegar a 60 mil.

Manuel Tangir, director de Seguridad Ciudadana de Baruta, explica que "esta situación representa una de las pérdidas más importantes de todas las policías porque luego que el Estado los formó, el recurso humano prefiere irse al sector privado".

El detalle es que en Venezuela no hay ninguna legislación que indique qué requisitos deben tener los escoltas. Lo que quiere decir que los 6.800 escoltas agremiados a la Asociación Bolivariana de Escoltas, y los que están por fuera de esta agrupación, están al margen de la ley y totalmente desprotegidos.

Además, Luis Cedeño, director de la asociación civil Paz Activa, explica que en el caso de que un escolta asesine a otra persona en el trabajo "debe demostrar que lo mató en defensa propia y no defiendo a su cliente", porque de lo contrario iría a prisión por homicidio.

A su juicio, esta situación representa "un hueco legal gigantesco sobre todo ahora que hay un auge de esta actividad producto de la inseguridad".

LA CONFIANZA MATA

Para Francisco Rodríguez, un escolta que trabaja para el sector privado y que prefirió mantener su anonimato, estar bajo perfil es la clave en momentos en los que la inseguridad se ha recrudecido.

"El 90% del trabajo de un escolta es prevención y la rutina es el principal enemigo", asegura. "Siempre he dicho que la confianza es quien mata a un policía o a un escolta", dice.

El argumento también es válido para quienes contratan este tipo de servicio debido a que se han reportado casos en que los propios guardaespaldas son los que aportan información sobre el cliente para robarlo o agredirlo.

De los casos recientes más sonados, es el del diputado por el PSUV Robert Serra, que de acuerdo con la investigación oficial fue asesinado dentro de su casa después que su jefe de escoltas lo traicionó.

En nuestra experiencia de acompañamiento a familias víctimas de violaciones a los derechos humanos, la palabra impunidad ha adquirido diferentes significados: "(...) es un silencio profundo" expresó Graciela Fajardo, líder del Comité de Familiares de Víctimas de abusos policiales y militares del estado Anzoátegui COFIVANZ.

DOS CARAS DE LA MONEDA

Francisco Rodríguez 
Escolta
"Las armas están tan caras que nos volvimos objetivo de los malandros. Esto es el país al revés. En mi caso vivo en Los Valles del Tuy (Miranda), pero ahora resulta que prefieren venir por mí que por la gente que sí tiene plata de verdad".
Francisco Rodríguez es escolta, no alcanza los 30 años de edad y prefiere mantener su nombre real en reserva.

José Acosta 
Policía de Sucre
"Yo salgo de mi casa (en Charallave) sin el uniforme. Me tengo que cambiar cuando llego a la Comandancia porque por mi sector no saben que soy policía. Piensan que tengo un puesto en la redoma de Petare de alquiler de celulares. En Venezuela quien es policía es por amor al arte. A uno le da miedo andar por la calle con su uniforme".



Fuente: MARISELA CASTILLO APITZ (Tal Cual)

martes, 19 de mayo de 2015

Seminario Internacional “Delito Organizado en las Américas y su impacto en Venezuela”

(Caracas, 2015) – El pasado 23 de abril, se llevó a cabo en Caracas, el “Seminario Internacional sobre Delito Organizado en las Américas y su impacto en Venezuela”, con la presencia en el país de Jeremy McDermott, Director de Investigación de InSight Crime para Colombia y América del Sur, quien conjuntamente con un reconocido grupo de expertos nacionales: Luis Cedeño, Alejandro Rebolledo, Marcos Tarre y César Marín, analizaron el tema en profundidad y desde diferentes enfoques.

Cedeño recordó que “Venezuela no escapa a esta realidad, por lo que se requiere atención inaplazable sobre el tema para proteger a las poblaciones vulnerables a esta amenaza”. Por tal razón, considera que “la realización de este tipo de encuentros es esencial para definir acciones y propuestas que contribuyan a enfrentar este flagelo que no conoce fronteras” precisó.



miércoles, 13 de mayo de 2015

En Valles del Tuy hay 52,5% más homicidios que en 2014


El estallido de la criminalidad violenta también se refleja en el incremento del robo y hurto de vehículos

Los residentes de los Valles del Tuy viven la mayor ola de criminalidad violenta de los últimos tres años. La matanza de nueve personas en la planta baja del conjunto Lomas de Guadalupe, un desarrollo de la Misión Vivienda en el municipio Tomás Lander, y del teniente de la GNB Ángel Villegas en el sector El Calvario del mismo municipio son apenas muestras de una situación que ha obligado al Ejecutivo a tomar medidas urgentes.

Cifras de la policía judicial conocidas extraoficialmente indican que en los primeros 4 meses de este año han sido reportados 328 homicidios en los Valles del Tuy. Se incluyen 3 casos ocurridos en prisiones y 34 de supuestas "resistencias a la autoridad". Del total de crímenes, 9 han ocurrido en las vías públicas. Eso representa un incremento general de 52,5% con respecto al primer tercio del año pasado en la misma zona.

En abril cerró con 81 homicidios en los Valles del Tuy, lo que indica un alza de 22,7% en este delito con respecto al mismo mes de 2013, y de 58,8% si se toma en cuenta el total de abril de 2014. Las cifras mensuales de homicidios en esa zona mirandina se han mantenido estables todo el año. El promedio diario casi alcanza los 3 casos. De mantenerse a ese ritmo, 2015 finalizará en la región tuyera con más de 920 homicidios.

Más frecuente, más violento. Los seis municipios de los Valles del Tuy figuran entre los que ameritan mayor atención de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela. Aún así, la violencia no ha disminuido desde que comenzó a ponerse en marcha ese programa, en 2012.

Para 2014, Tomás Lander tenía la séptima tasa de homicidios más alta del país (126 casos por 10.000 habitantes); Cristóbal Rojas la novena; Simón Bolívar, Urdaneta e Independencia estaban respectivamente en los lugares 16, 17 y 18, mientras que Paz Castillo figuró en el puesto 21, con 88,4 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Atrás de cada homicidio hay una estela de delitos que van desde el robo genérico hasta la extorsión. Ha llamado la atención de las autoridades el robo y hurto de vehículos. El Cicpc creó un grupo especial para atender esos delitos. En marzo fueron procesadas 158 denuncias por la policía judicial, y otras 114 en abril. En 75% de los casos hubo acciones armadas contra las víctimas.

Según el consultor Fermín Mármol García, el crecimiento de la violencia criminal en los Valles del Tuy es producto de dos factores. Por una parte, esta ha sido una de las zonas preferidas para las construcciones de complejos habitacionales a través de la Gran Misión Vivienda, donde no hay presencia de las instituciones del Estado.

"En edificios de la Misión Vivienda ocurre el traslado de la cultura carcelaria. La autoridad a menudo está ligada al mundo criminal. Por eso, algunos conjuntos tienen los seudónimos de internados judiciales".

Cifras de Corpomiranda indican que en los Valles del Tuy han entregado más de 45.000 viviendas desde 2012.

El director de la asociación Paz Activa, sociólogo Luis Cedeño, indicó que esos inmuebles generalmente son ocupados por personas que vivían en otras localidades: "La gente llega allí de distintos lugares y con costumbres diferentes. Ese choque genera muchas tensiones sociales y conflictos. Además, hay personas que vienen con problemas delictivos, y la gente lo percibe", señaló.

Luego de la matanza en Lomas de Guadalupe, el propio presidente Maduro reconoció la presencia de bandas en los desarrollos de la Misión Vivienda, y amenazó con ordenar el desalojo de los apartamentos o casas a las personas incursas en hechos delictivos.

Otro factor observado por Mármol es que los nuevos asentamientos urbanos están incluidos o reciben la influencia de las llamadas "zonas de paz", en las que no hay presencia de las autoridades. Indicó que ese programa está inspirado en otros aplicados en El Salvador.

"Los convenios con bandas para que sigan el camino del bien y la legalidad son utopías. El criminal siente que gana más dinero en el delito, especialmente en un país con más de 90% de impunidad", señaló.

En las "zonas de paz" la autoridad a menudo es ejercida por criminales. En diciembre, por ejemplo, una organización ilegal desalojó de su apartamento en Ciudad Betania a una funcionaria del Cicpc. Cuando pidió ayuda de la GNB le indicaron que no podían incursionar allí. La mujer tuvo que mudarse a la residencia de familiares.

Saturación e inteligencia humana. La ola de criminalidad violenta en los Valles del Tuy obligó al Ejecutivo a ordenar el despliegue de 1.000 efectivos de la GNB en refuerzo a las policías preventivas.

La medida comenzó a aplicarse desde la última semana de abril. Pero aún no se traduce en una disminución de los índices delictivos.

Los militares, además, activaron redes de "patriotas cooperantes", para que señalen la ubicación de los líderes de las bandas que operan en este sector de Miranda.Cedeño advirtió que la criminalidad en los Valles del Tuy también es producto de la falta de continuidad en los planes de seguridad: "Esa población es más sensible a los planes de seguridad. Si son buenos, el crimen disminuye. Si no, el alza es muy rápida", dijo.

Déficit

El Censo Nacional de Población y Vivienda proyecta que para este año residirán en los Valles del Tuy más de 801.000 personas. Para cumplir con el estándar mínimo fijado por el Consejo General de Policía de 3,6 agentes preventivos por cada 1.000 habitantes serían necesarios 2.883 uniformados en las calles permanentemente.

Esa cifra nunca ha sido alcanzada, ni siquiera durante los operativos de Carnaval y Semana Santa cuando se llega a 2.400 funcionarios gracias a los refuerzos de la GNB y la PNB. Usualmente se dispone de 1.890 uniformados.

Esos contingentes trabajan en turnos de 8 horas. En la práctica, solo se cuenta en el mejor de los escenarios con 800 agentes de los cuerpos municipales, estatales y nacionales. A esa cifra se debe restar los grupos de permiso y los usados para escolta de personalidades y cuidado de instalaciones.


Fuente: Javier Mayorca (El Nacional)


martes, 12 de mayo de 2015

Situación del país debilita la moral del venezolano


Luego de que la semana pasada una gandola cargada con harina Pan se volcara y se generara un evento de saqueo colectivo, sin tomar en cuenta la salud del conductor quien resultó fatalmente herido, fotos y videos fueron difundidos por las redes sociales.

No es la primera vez que un camión de carga involucrado en un accidente es asaltado, sin embargo eso ha llevado a muchos a preguntarse si se han perdido los valores. ¿El venezolano ha dejado de ser bondadoso y se ha vuelto inmoral?, sociólogos y psicólogos especialistas en la conducta social ofrecieron su opinión para el Diario 2001.

Impunidad

El sociólogo representante de la ONG ‘Paz activa’, Luis Cedeño, indicó que lo que sucede en la actualidad es que las personas ven dentro del estado y la sociedad una anomia total (ausencia de ley). “La gente cree que puede hacer lo que dé la gana. Cuando un venezolano reside en otro país respeta las leyes, pero viene a Venezuela y las pasa por alto”, expresó Cedeño.

En este sentido, cataloga la conducta como el divorcio entre la ley, la moral y la cultura. Hablando sobre lo que el individuo evalúa como lo que está bien o mal y una cultura que te premia o no te sanciona frente a lo que puedas hacer, según explicó Cedeño.

Oportunismo

El bachaqueo es una de las manifestaciones de esta pérdida de valores. Para el sociólogo la actual distorsión económica genera muchísimas oportunidades de lucro y fomentan el carácter individualista.

“Eso hace que la moral de cualquiera se vea debilitada frente a una economía hiperinflacionaria que requiere un circulante de dinero y un ingreso cada vez mayor”, dijo Cedeño.

Adicional a esto resalta la falta de un ejemplo o norte moral a seguir. “Si la hubo en algún momento en este gobierno fue Chávez, sin embargo, el admitía ciertas desviaciones por el ‘bien común’”, señaló el especialista.



Fuente: Nayzai Saavedra (Diario 2001)

jueves, 30 de abril de 2015

Reclusos en Venezuela exigen al gobierno mejores condiciones en las cárceles

video

La crisis volvió a ser visible cuando un hombre fue asesinado en el Centro de Coordinación de la Policía Nacional Bolivariana.

Además, los internos del centro penitenciario se amotinaron y tomaron como rehenes a dos funcionarios para exigir al gobierno de Nicolás Maduro acelerar los procesos judiciales y que haga frente a la situación de hacinamiento.

Por su parte, el sociólogo representante de la ONG ‘Paz activa’, Luis Cedeño, considera que es muy difícil ganarle la batalla al hampa donde la inversión es mínima para la seguridad de los ciudadanos.


Fuente: RCN Colombia

martes, 28 de abril de 2015

Cedeño: Policías no deben cargar el arma fuera de jornada (video)


El sociólogo Luis Cedeño, director ejecutivo de la asociación civil Paz Activa explica a Informe 21 que el arma de fuego orgánica que portan los funcionarios policiales puede incidir en el riesgo que corren dichos policías cuando no están de servicio, pues solo cuentan además del arma con un chaleco antibalas como protección.

Cedeño describe que se ha discutido la idea de que los policías deberían dejar su arma de reglamento al terminar su jornada para disminuir así la posibilidad de ser objetivos del crimen y el asesinato.

"Durante la aprobación de la ley desarme, hubo un estudio donde ellos (los policías) era un blanco de atraco porque los delincuentes tenían como objetivo el arma del funcionario, al no tenerla consigo luego de terminada su jornada, el riesgo de ser asesinados disminuía", comentó el sociólogo.


video

Fuente: Informe21

domingo, 19 de abril de 2015

Invitación - “Seminario Internacional sobre el Delito Organizado en las Américas y su impacto en Venezuela"

Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado tienen el agrado de invitarle:
 
Esta actividad está enmarcada en la presentación del 1er informe de Delito Organizado en Venezuela; con temas como: tráfico drogas, secuestro, tráfico de armas, robo de teléfonos móviles, contrabando de gasolina, legitimación de capitales, delito organizado en las cárceles, entre otros.
Esta actividad es gratuita y se ofrecerá un almuerzo a los participantes, por lo que es necesario inscribirse para garantizar su participación en el siguiente link:

martes, 31 de marzo de 2015

¿Quién le tiende la mano a los sobrevivientes de las balas?

Foto: Archivo

Nadie sabe con exactitud cuántos son. No hay registros oficiales que muestren qué cantidad de venezolanos lesionados por armas de fuego entre 2004 y 2014, por ejemplo

Caracas.- Esa tarde estaba lloviendo en Camatagua (estado Aragua). El cielo estaba furioso. Emerson, de 19 años, tenía la adrenalina a millón. Iba camino al hospital en su moto para ver a su novia que estaba embarazada y había empezado a sangrar, cuando unos encapuchados le salieron al paso para robarlo. Lo bajaron del vehículo de dos ruedas y al amigo que lo acompañaba echaron al suelo. A él comenzaron a golpearlo. Después de la paliza lo obligaron a encender la motocicleta y conducirla.

Unos metros más adelante volvieron a bajarlo y, esta vez, uno de los delincuentes gritó: ¡Mátalo!

“Chamo, por favor, no me mates”, suplicó Emerson. (Otra vez, golpes, cachetadas, cachazos).

“Ponte las manos en la cabeza y camina”, le ordenó uno de los antisociales.

(Emerson comenzó a caminar en dirección a su amigo  que aún permanecía tirado en el suelo, dejando atrás a sus agresores).

Lo siguiente fue una tormenta de balas. Un aluvión de proyectiles que acabó con la vida del parrillero y, por poco, también con la suya. A él solo lo alcanzó una. Le entró por la cadera y le rozó la columna. Fue operado de emergencia, pero no pudieron extraerle el trozo de plomo que le había perforado el cuerpo.

Han pasado ocho años desde que Emerson se convirtió en un sobreviviente. Pero el recuerdo del episodio que, asegura, le cambió la vida para siempre, permanece intacto en su memoria. Las secuelas, sobre todo las psicológicas, están vivas. El miedo lo acompaña silencioso a donde quiera que va.

***

“Las consecuencias de la violencia son graves y duran toda la vida”, afirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014.

En Venezuela hay miles de Emerson. Pero nadie sabe con certeza cuántos son los sobrevivientes de las balas. No hay estadísticas oficiales. Lo que existe son aproximaciones. “Se estima que por cada homicidio puede haber entre dos y tres heridos”, explicó el sociólogo y director de Paz Activa, Luis Cedeño.  

El también sociólogo y director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, dijo a finales del año pasado que en 2014 alrededor de  75 mil ciudadanos resultaron lesionados producto de hechos violentos; es decir, por cada homicidio que registró la organización (24 mil 980) hubo al menos tres heridos. “El derecho a la vida ha sido vulnerado en el país”, advirtió.

El 90% de los asesinatos registrados en Venezuela son cometidos con armas de fuego, según la OMS. Por lo que, en la misma proporción, las víctimas colaterales de la violencia homicida suelen ser baleados.

Entre 2004 y 2014  fueron asesinados en el país, según cifras oficiales (emanadas por diferentes organismos), 136 mil 405 ciudadanos. Si las estimaciones de Cedeño y Briceño León son validas (por cada homicidio hay hasta tres heridos) en ese mismo período de tiempo habrían sido lesionados 409 mil 215 ciudadanos, de los cuales 272 mil 810 habrían sobrevivido. Si el mismo cálculo es hecho con la cifra oficial de homicidios, según la cual entre 2004 y 2014 murieron a manos de la violencia 184 mil 103 ciudadanos, el número de personas heridas por armas de fuego, estaría cerca de los 552 mil 309. De ese total al menos 368 mil 206 no habrían muerto.

En resumidas cuentas, en Venezuela, país que en 2014 figuró, según la OMS, como el segundo más violento del mundo, poco más de 400 mil personas (el escenario más optimista) les metieron una o dos balas en el cuerpo en los  últimos 10 años,. Las dos terceras partes de los lesionados “vivió para contarlo”. El número de sobrevivientes supera ocho veces la cantidad de soldados norteamericanos heridos durante la guerra en Irak (32 mil 200).

La violencia cuesta caro   

Estaba acordado. Esa noche, un comando de la extinta Policía Metropolitana entraría a un barrio de Coche (oeste de Caracas) a capturar a un delincuente -solicitado y entregado por un familiar- y regresaría triunfante. El plan parecía perfecto. Pero los cálculos fallaron. Inesperadamente el delator se arrepintió y cuando los miembros del cuerpo de seguridad llegaron al lugar, el antisocial los recibió a balazos.

A Leonardo, uno de los policías que integraba el comando, y que estaba a punto de culminar su carrera universitaria y retirarse definitivamente del cuerpo policial, lo atravesaron seis proyectiles, dos a la altura del húmero y cuatro en el estómago.

Las balas hicieron estragos en su cuerpo: le fracturaron la columna, le perforaron 80 centímetros de intestino, le quemaron un riñón, le agujerearon un pulmón y le fracturaron una pierna. Lo siguiente fue: múltiples intervenciones quirúrgicas, paro respiratorio, terapia intensiva, colostomía temporal y meses de recuperación. La condición final: parálisis permanente de los miembros inferiores.

Han pasado casi ocho años desde la noche en que un arma de fuego le cambió la vida a Leonardo. Ahora tiene 31 años, está a punto de graduarse de sociólogo y es coordinador nacional para el trato adecuado de las personas con discapacidad en la Fundación Socialista Revolucionaria para la Defensa de las Comunidades y Pueblos Indígenas (Fredenacional). Llegar hasta allí no le fue fácil: superar el trauma que le produjo el episodio violento y asumir su nueva condición le tomó años.

“Para poder enfrentarlo debes tener un grupo familiar que te apoye; si no te vas a quedar encerrado en cuatro paredes. Volver a la selva de concreto cuando te sobreviene una discapacidad es tres veces más difícil que cuando naces con ella”, contó Leonardo.

***

En general, la violencia tiene un costo muy alto. Un estudio realizado por la organización Paz Activa, hace algunos años ,reveló que cada homicidio le costaba al país alrededor de 400 mil dólares. “Las pérdidas se calculan en años de vida productiva: cuando alguien es asesinado deja de producir, así que parte del costo se factoriza por allí. Ahora, un lesionado resulta aún más caro porque: en primer lugar, hay costos asociados a los tratamientos médicos que requiera la persona; y  segundo  hay costos relacionados a los años de productividad perdida cuando sobreviene alguna discapacidad. Así pues, económicamente hablando, es mas gravoso que alguien resulte lesionado a que muera”, explicó Cedeño.

Según el artículo 30 de la Carta Magna venezolana, el Estado está obligado a “indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que le sean imputables, y a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios (...) el Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados”.

Algunas regulaciones nacionales que procuran favorecer en alguna medida a las víctimas de delitos son el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales. La cuestión es que no hay registros oficiales de cuántas víctimas, específicamente lesionados por armas de fuego, han recibido apoyo del Estado en la última década.

“Estamos muy retrasados. En lo referente a la atención de las víctimas tenemos todavía camino por recorrer. En materia de victimología, Venezuela está en pañales”, afirmó Cedeño.

Impacto aproximado  

“Las emergencias están abarrotadas de personas tiroteadas”, aseguró Cedeño. Pero no las de las clínicas privadas. El director de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (Avch), Cristino García indicó que 90% de esos casos son atendidos en hospitales públicos. “Las emergencias de nuestras instituciones no han atendido un volumen importante de heridos de bala  el último año (2014)”, puntualizó.

Sacar cuentas es difícil porque si efectivamente existe un registro de cuántos heridos de bala hay en el país cada año, no es de dominio público. El abogado, criminólogo y subcomisario jubilado de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Francisco Javier Gorriño, aseguró que hasta los años 80 había en los centros asistenciales funcionarios policiales que llevaban el registro de los que ingresaban por heridas de balas. “Ahora eso no ocurre. Además, la gente no denuncia. La cifra negra, que no es necesariamente correcta, es muy alta”, afirmó.

Al no haber registros oficiales disponibles, no es posible saber cuántos de los que recibieron una o más balas perdieron alguna de sus facultades físicas.

El director del Consejo Metropolitano de Personas con Discapacidad, Luis Rojas, quien luego de haber sido herido hace 25 años quedó con paraplejía flácida, dijo que de las 100 personas con discapacidad atendidas en 2014 por la organización que dirige, al menos a 70% les había sobrevenido la discapacidad después de haber sido lesionadas con armas de fuego.

“Tenemos muchos compañeros con discapacidad que han sido víctimas de armas de fuego. De ese grupo, la mayoría queda con discapacidad físico-motora, pero también hay quienes han perdido la audición o la visión”, dijo Rojas.

Las estimaciones de Leonardo (coordinador de Fredenacional) y Coromoto Linares, presidenta de la Organización Ayarí Bolívar, abocada a apoyar a personas con discapacidad, son un poco más altas que las de Araujo. Ambos coincidieron en que del número de personas que se atendieron en 2014 entre 80% y 90% recibieron impactos de balas.


“En  segundos me cambió la vida”

El 15 de septiembre de 1990, Luis Rojas, quien tenía entonces 23 años, estaba cumpliendo diez días de casado. Recuerda la fecha con claridad, porque ese día un balazo inesperado le arrebató para siempre la movilidad de sus miembros inferiores.

“Hace 25 años fui víctima de una bala. Fui a guardar mi moto y me interceptaron para robarme. Me pidieron los zapatos y cuando fui a quitármelos me dieron un tiro. En cuestión de segundos me cambió la vida”, contó.

El trozo de plomo le produjo una paraplejía flácida.

“A los trece días supe que no caminaría más. Estaba recién casado, mi esposa estaba embarazada y tenía ya una niña de seis años, no podía decaer, sabía que si decaía yo, decaería la familia”, recordó.

Los primeros cuatro o cinco años después del siniestro fueron los más difíciles para Rojas. ” Yo pensé que no lograría vivir ni dos años, pensé que me iba a morir, pero cuando consigues por quien vivir sales adelante”. En su caso, fue su familia quien lo apoyó.

Cuando comenzó a asimilar su nueva condición, Rojas decidió incorporarse a la economía informal. Conoció a otras personas con algún tipo de discapacidad y decidió sumarse a la lucha por los derechos de los ciudadanos con limitaciones.

Aseguró haber participado en la elaboración de la Ley de Personas con Discapacidad que en 2007 derogó la Ley para la Integración de Personas Incapacitadas. “Con (Hugo) Chávez salimos adelante”, afirmó.

Actualmente es líder del Colectivo Antonio Monsalve Sierra, que brinda apoyo a personas con algún tipo de discapacidad y director del Consejo Metropolitano de Personas con Discapacidad desde hace diez años.

En 2014, el Consejo brindó apoyo a aproximadamente unas 100 personas con discapacidad, de las cuales, no menos 70% fueron lesionadas por armas de fuego, aseguró Rojas.

“Nos dedicamos (el Consejo) a buscarle trabajo formal a personas con discapacidad. Dictamos talleres de sensibilización, de lenguaje de señas. Tenemos un equipo multidisciplinario a la disposición de aquellas personas que están comenzando a vivir con discapacidad”.


“Quedé atrapada en la línea de fuego”

Fue hace 18 años. Entonces Coromoto Linares trabajaba en un puesto de comida en la calle y estaba embarazada. De repente, muy cerca de donde ella se encontraba, se armó una acalorada discusión que acabó a tiros. “Quedé atrapada en la línea de fuego”, relató.

Desafortunadamente la bala que ese día tenía escrito su nombre le arrebató la movilidad. Los años siguientes al siniestro fueron un pesadilla. Luego de enterarse de que no volvería a caminar entró en depresión.

“Me quise hasta suicidar. estuve 13 años encerrada sin salir. Vi crecer a mi hija y no pude estar con ella cuando más me necesitaba. Mi familia me rechazó. Me salieron escaras y mi cuerpo se deterioró”, contó.

Un día la voluntad le alcanzó para sobreponerse a la tragedia y  tomó una decisión: “Me dije: voy a salir de este encierro y salí a la calle buscando personas en igual condición que yo, salí a la calle a aprender. Ahora soy una mujer sumamente activa”, dijo.

Linares, quien aseguró que durante el gobierno de Hugo Chávez fue beneficiada con una pensión, es ahora  presidenta de la Organización Ayarí Bolívar, abocada a prestar apoyo a  personas con discapacidad. Invitó a quienes están en una situación similar a la suya a “darse una oportunidad”.


Fuente: El Tiempo (Alejandra Rodríguez Álvarez) 

lunes, 9 de marzo de 2015

Aumentó en Anzoátegui cifra de jóvenes que mueren por causa de la delincuencia

De acuerdo con una investigación de la ONG Cecodap, el año pasado, cuerpos de seguridad del Estado ultimaron a 10 adolescentes en Anzoátegui, casi todos en enfrentamientos

Los dos jóvenes implicados en el asesinato de la quinceañera, que terminaron muertos contribuyeron a que Anzoátegui esté en el top five de los más violentos

Caracas.- Las tarjetas, quizá, decían así: “Sábado, 17 de mayo de 2014. Lugar: Puerto La Cruz. Frente al centro comercial Regina, La Gran Parada”.

Pero tal vez la familia se encargó de invitar a todos “de boca”, como suelen  planificarse las fiestas familiares informales. La idea era que el agasajo fuera sorpresa. Que ella, la niña de la casa entrara, radiante, al salón de fiesta: que los viera a todos (familiares, amigos, vecinos). Que entonces soltara una lágrima de alegría. Que los mariachis comenzaran una interpretación. Que ella bailara el vals. Que brindaran por la vida.

Mayo, 17, 2014. Es de noche. El salón decorado, y allí, los familiares, los amigos, los vecinos. Faltan los mariachis. Por eso, a los encargados de llevar a la quinceañera hasta ahí, a una amiga de la agasajada y  un conocido de la familia-, les piden que todavía no se bajen del auto, y  que den unas vueltas por el sector.

–Para hacer tiempo mientras llegan los músicos– les dicen.

Pero a veces el tiempo tiene  vueltas amargas.  Llegan  a Chuparín, donde se estacionan. Y,  todo cambia para siempre: pasan unos motorizados, disparan al carro: hieren a quienes estaban dentro. Los llevan de emergencia a un hospital cercano: allí fallece la quinceañera, la misma madrugada en la que debía celebrar su vida.

Al otro día se supo que  los culpables de la tragedia tenían casi la misma edad de la víctima. A las 10:00 am  fueron abatidos   en un supuesto enfrentamiento con el  Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en  el cerro El Guarataro. Eran de la banda de “el antony”.

Eran casi niños: uno de 17 años  y uno de 15, apodado “el pupy”.

Ellos dos son parte de los 10 adolescentes que murieron el año pasado en Anzoátegui a manos de cuerpos de seguridad del Estado, casi todos (80%) en presuntos  enfrenamientos.

Ellos, como otros 411 menores de edad, aparecieron en las páginas de sucesos de El Tiempo involucrados en hechos delictivos.  Este último dato sitúa a la entidad a la cabeza de un ránking nada honorable: es donde hay más chamos al margen de la ley.

Los dos jóvenes implicados en el asesinato de la quinceañera, que terminaron muertos contribuyeron a que Anzoátegui esté en el top five de los estados en los que se registró más violencia institucional (agresiones de funcionarios policiales) hacia niños, niñas y adolescentes.

Esas estadísticas dibujan este fenómeno: hay, en Anzoátegui, chamos delincuentes –quizá más que en otras entidades, que son ultimados  por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado (ver gráficos)

Perfil difuso

Esos datos los reportó la última investigación divulgada por Cecodap, una organización no gubernamental  dedicada a la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia-.

Son cuentas poco esclarecedoras, porque apenas refieren los casos publicados por la prensa venezolana, nueve diarios nacionales y 34 regionales –en Anzoátegui sólo se consideró a El Tiempo-) sobre la forma en  que la violencia impacta a la niñez y adolescencia.

“No podemos generalizar, no es la totalidad de los casos”, advierte Carla Villamediana, quien coordinó el estudio.  

Es decir, pudieran ser más. Por eso, aunque la fotografía que arroja el registro hemerográfico de Cecodap es difusa, no deja de ser alarmante.

Hay, por ejemplo,  números como estos: en 2014 se registraron 126 niños, niñas y adolescentes abatidos en el país a manos de cuerpos de seguridad, de los cuales 108 murieron  en enfrentamientos (lo que significa un aumento sustancial, porque en 2013 fueron 70). Y es la segunda causa de asesinatos a jóvenes  en el país.

Villamediana acotar: “No en todos los casos se trató de violación de derechos humanos”, y advierte que cada vez hay más chamos involucrados en hechos delictivos: fueron 2 mil 309 en 2014 en todo el país, según el conteo de Cecodap, de esos,  36.03% estuvieron vinculados con robos, 13.25% con narcotráfico y 11.43%, como los abatidos en el caso de la quinceañera, en homicidios.

La región en rojo

En Anzoátegui, de los 10 ultimados  por fuerzas del orden, ocho fallecieron en enfrentamientos, uno en una violación de derechos humanos, uno en un hecho accidental. Tenían, en promedio, 16 años.

Esos casos ocurrieron 90% entre Puerto La Cruz y Barcelona, y las  instituciones involucradas en esos hechos fueron la Policía Nacional Bolivariana, Polianzoátegui, Polisotillo y el Cicpc.

El contexto en el que ocurrió esa decena de casos no estuvo del todo claro para los periodistas que redactaron las notas, porque  la mayoría de las veces contaron con una sola versión: la de la familia o la de los policías”.

“No podemos hacerles seguimiento a los casos. Hay algunos que quedan heridos en enfrentamientos (en Anzoátegui fueron entre cinco y nueve): no sabemos cuáles fallecen luego o quedan con discapacidad. Y no podemos comparar con nada, porque no hay un Anuario de Mortalidad actualizado ”, insiste Villamediana.

Más jóvenes

Los últimos informes anuales del Ministerio Público (MP) refuerzan lo reportado por Cecodap: también muestran un incremento en las acusaciones a adolescentes como autores de hechos delictivos. En 2009 fueron 13 mil 28 chamos y en 2013 se contabilizaron 23 mil 786.

Ni las cuentas de Cecodap, ni las del Ministerio Público sorprenden a Luis Cedeño, sociólogo y director de la ONG Paz Activa, porque, asegura, retratan el perfil del joven delincuente de hoy.  

“Entre los 9  y los 11 años ya comienzan a  observar conductas delictivas en el entorno, y entre los 12 y 13 están en las bandas. Esas edades han disminuido: comienzan muy temprano, y a los 19 o 20, si llegan, ya tienen mucha experiencia”.

Francisco Javier Gorriño, subcomisario jubilado del Cicpc, abogado y criminólogo, coincide con Cedeño: “Cada vez la edad de iniciación en delitos es menor. Para ellos, matar es una forma de demostrar que son más grandes: les da reconocimiento”.

Aunque sean victimarios, también son víctimas. Carlos Trapani, especialista en derechos de niñez y adolescencia, sostiene: “Hay que entender que muchos de esos chamos están en una pobreza que los arropa y los atrapa, donde hay muchas carencias y muchas ausencias”.

Resistencia familiar

Los allegados a los 10 chamos muertos a manos de las policías en la entidad  declararon a El Tiempo que los muchachos  eran inocentes. “Es natural que ocurra, es algo de naturaleza humana”, asegura Cedeño. “La querencia está por encima de todo”, dice Gorriño.  

Aunque sea así en muchos casos,  los especialistas dudan de  que todos los caídos ante funcionarios policiales sean realmente delincuentes.

“Hay un porcentaje de inocentes que registran como ´resistencia a la autoridad´. En el interior del país ocurre mucho. Es difícil saber cuáles son los casos de violaciones a derechos humanos, en cuáles fueron enfrentamientos y en cuáles se aplicó el uso proporcional de la fuerza.  Habría que hacer esa investigación, no se ha hecho. Algunos se aprovechan de que la familia no denuncia”, sostiene Cedeño.   

Por eso el experto recomienda a los familiares denunciar. Es una vía, señala  Gorriño, para verificar que el funcionario actuó en legítima defensa: “El enfrentamiento puede demostrarse criminalísticamente, y si no, es un homicidio como cualquier otro. Sé que hay un número importante de policías en prisión por dudas sobre su actuación en presuntos enfrentamientos”.

¿Qué hacer?

Cecodap presentó recomendaciones puntuales al Estado Venezolano, entre ellas: implementar medidas de prevención, con énfasis en adolescencia; especial atención  a la población de adolescentes agresores, formación a funcionarios públicos y policiales, brindar patrones de crianza y masculinidad, implementar un desarme efectivo.



Fuente: El Tiempo (Erick Lezama Aranguren)