jueves, 16 de octubre de 2014

Luis Cedeño: Ley Desarme no sirve de nada sin aplicación de la normativa

Publicado el Jueves, 16/October/2014

El director de la asociación Paz Activa, Luis Cedeño, declaró en exclusiva a El Diario de Caracas, que el establecimiento de la Ley Desarme no "serviría de nada" sin aplicación de la normativa, además de que el gobierno no ha correspondido con la entrega de beneficios prometidos a cambio de la entrega de armas. "La Ley Desarme se aprobó y fue no hace mucho que se aprobó la normativa, sin la normativa la Ley no serviría de nada... El Ejecutivo activó los centros de recolección de amas y se recolectaron armas en esos centros, pero lo que no ha sido muy claro es conocer cuáles son los beneficios. Se habla de algunos que recibieron motos, algunos otros han pedido como beneficio operaciones médicas, o becas, o inclusive, apartamentos, cosa que obviamente no se ha dado".



"El tema del beneficio otorgado es complejo porque dentro de la normativa se dio como una gran amplitud, en cuanto al tipo de beneficios que se pudiera otorgar, entonces allí hay un vacío en la normativa que puede generar mucha incertidumbre, a lo que uno puede pedir o no, con respecto al entrega de un arma voluntariamente", aseveró.

Cedeño añadió que en términos de resultados, se han recolectado casi 750 armas, "en las dos semanas que lleva esta política, es una Ley y en teoría se debe mantener como programa del Estado para recolectar armas… 750 armas es un número, digamos, modesto, porque no sabemos exactamente todavía a estas alturas, no sabemos realmente cuántas armas hay en el país".

"En realidad a sabiendas que el Estado ha sido el único importador de armas, de suma importante, cerca del 95% de todas las armas que se han traído al país en los últimos 30 años, las ha traído el Estado, en base a ese cálculo, se estima que en Venezuela no hay más de 3 millones de armas… Lo grave es que tengamos un número realmente muy pequeño de armas registradas, se hablaba de 75 mil a 100 mil armas permisadas, frente a 3 millones, eso es muy poco", advirtió.

Aseguró que las armas están en diversas manos, las que pertenecen en "manos legales" al Estado y en las Fuerzas Armadas, y también las están en "manos ilegales", pero se desconoce en qué proporción. "Podemos decir que puede haber un número importante cerca del millón y medio, dos millones de armas que pueden estar no reguladas".

"Lo que se estima en algunos esfuerzos de cálculo que se han hecho en otros países, es que para tu disminuir la estadística en un homicidio se debe recolectar y destruir 7 armas de fuego. Ahora, si el Estado o el gobierno mediante esta Ley y este programa ha recolectado hasta ahora 700 armas más o menos, eso significa que podemos esperar una reducción el año que viene de 100 muertes, 100 homicidios menos… Claro, eso es apenas digamos solo el comienzo del programa", estimó.

Cedeño sostiene el planteamiento de que "hay que apostar el éxito del desarme, las personas que tienen armas que no son parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que son personas civiles, y que las tengan legal o ilegalmente, realmente esas armas no los protegen, está comprobado que se tiene 10 veces más posibilidades de terminar muerto frente a un delincuente si estás armado, que si no lo estás, si estás armado no le das ningún tipo de opción al delincuente sino de matarte, inclusive con tu propia arma. Por eso creemos desde Paz Activa que una sociedad con menos armas es una sociedad más segura".

El Diario de Caracas

lunes, 13 de octubre de 2014

Venezuela es blanco de las balas perdidas

191 cadáveres han sido ingresados a la morgue de Bello Monte en lo que va de mes | Foto Archivo

Un estudio de la ONU indica que entre 2009 y 2013 hubo por lo menos 67 víctimas, casi el doble de los reportados en Colombia

JAVIER IGNACIO MAYORCA
12 DE OCTUBRE 2014 - 12:01 AM

Hace dos años y cinco meses que un proyectil anónimo cercenó a la familia Molina. La bala presumiblemente salió de un arma disparada por uno de los guardias nacionales que intentaba retomar el internado judicial de La Planta, en El Paraíso.

Henry Molina, de 48 años de edad, estaba en la habitación de su apartamento, en el piso 9 de las residencias Las Piedras, en la avenida Oeste 18, a 300 metros del lugar donde ocurría la refriega. Se asomó por una de las ventanas y el proyectil lo impactó en la cabeza.

El hombre murió en el hospital Vargas. Era mensajero jubilado del Ministerio de Finanzas. Al conocer la noticia, su mamá María Ropero quedó postrada en medio de una profunda depresión. Sus familiares aún corren con los gastos del tratamiento.

En ese caso las instituciones del Estado no determinaron responsabilidades. Tampoco ayudaron a los deudos. Lourdes Molina, hermana de la víctima, recordó que la ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, les aseguró que la familia sería indemnizada. Durante un mes hubo conversaciones con un abogado de ese despacho.

“Esto se quedó en el olvido. Ellos querían que les rindiéramos pleitesía”, afirmó.

En el apartamento aún hay dos ventanales rotos por igual número de proyectiles disparados en esa batalla campal. Dos fotografías en el recibo del inmueble recuerdan a la víctima de la bala perdida.

Venezuela primero. Un informe de la Organización de Naciones Unidas presentado en junio pasado revela que los cuerpos de seguridad latinoamericanos son responsabilizados por 14% de las muertes por balas perdidas, como la que mató a Henry Molina.

El documento “Análisis de los reportes de medios sobre muertes y lesiones ocasionadas por balas perdidas en Latinoamérica y el Caribe (2009-2013)”, fue elaborado a partir de las noticias divulgadas por la prensa escrita de 29 países.

En esos 5 años fue posible documentar 550 reportes en los que alguna persona murió o fue herida a consecuencia de proyectiles que inicialmente no iban dirigidos hacia esas personas. En total se registraron 617 víctimas. De ellas 292 resultaron muertas. De todos los países revisados, Venezuela acumuló la mayor cantidad de casos reportados, con un total de 74, así como el número más alto de muertes por esa causa, al reportar 67 víctimas. Llama la atención que la cifra de fallecidos en el país es 86% más alta que la correspondiente a Colombia, que aparece en el segundo lugar en el estudio.

El director de la asociación Paz Activa, Luis Cedeño, dijo que las cifras de muertos por balas perdidas son consistentes con las tasas de homicidios de cada país. En el caso venezolano, dijo que la alta cifra de víticmas con respecto al resto de Latinoamérica podría ser consecuencia del uso generalizado de municiones de guerra tipo parabellum, tradicionalmente fabricadas por Cavim.

“En otros contextos esta munición no se usa tanto, sino que se le da preferencia a la de baja velocidad y más poder de parada. La idea es detener al agresor. La munición parabellum tiende a atravesar al objetivo y sigue”, explicó.

Indicó que la gran cantidad de muertos y lesionados por balas perdidas es un indicador de la alta disponibilidad de municiones, lo que permite usos “recreativos” tales como hacer disparos al aire durante celebraciones.

De las víctimas reportadas en Venezuela, 61% fueron de sexo masculino. Eso es 8% más que el promedio de víctimas de ese género en los años analizados en los países de la región.

En cuanto a las edades de las víctimas, 47% tenía menos de 18 años. 30% era de entre 19 años y 29 años de edad.

En la mitad de los casos de Venezuela se desconoce quién pudo haber disparado. Otro 32% de los reportes atribuyó las balas perdidas a luchas entre bandas, y 4% a la actividad del crimen organizado.

Llegar al origen. América Latina es la región del mundo que acumula la mayor porción de homicidios con 27%. Según ONU, eso es en parte consecuencia de la gran cantidad de armas que circula por esa región sin control alguno.

“Con tales niveles de violencia armada resulta comprensible que muchas balas disparadas no impacten su destino previsto y terminen hiriendo o matando a personas inocentes”, indica el informe.

Para el exjefe de la División contra Homicidios del Cicpc comisario Luis Godoy, las pesquisas sobre muertes por balas perdidas tienen especial dificultad, pues no existe un nexo entre el victimario y su víctima. Se determina que el deceso fue ocasionado por una bala perdida cuando se ve una trayectoria balística que generalmente es descendente en el cuerpo de la víctima.

“Esos casos son muy frecuentes en los días de Navidad y Año Nuevo. La gente sale a echar tiros al aire sin pensar que todo lo que sube tiene que bajar, y en este caso con la misma velocidad que tenía cuando subió”, explicó.

Las pesquisas en estos casos intentan determinar cuál pudo ser el punto de origen del disparo, utilizando cálculos de trayectoria balística que parten desde el punto donde cayó el proyectil mortal.

Además, las balas generalmente tienen marcas a los lados hechas por el cañón del arma. Se les conoce como campos y estrías. Eso permite determinar el tipo de arma que las expulsó. También contribuye a precisar el punto de origen.

Una vez hecho el cálculo, los investigadores hacen un trabajo de campo en el sitio donde se supone que salió el tiro. Las balas perdidas en su mayoría fueron disparadas por personas descuidadas, que no esperan que un agente policial toque a su puerta.

La cifra

22,9% de todas las muertes por balas perdidas reportadas en Latinoamérica durante el lapso 2009-2013 ocurrieron en Venezuela

Sorprendidos

* 1° de enero. En La Pedrera de Antímano y en la laguna de Catia fueron reportados heridos por balas perdidas. En el último caso, la víctima fue un niño de 11 años. El proyectil se alojó en un pulmón.

*19 de marzo. En el piso 8 de la clínica Asistanet una bala perdida chocó en el marco de una puerta e hirió a una empleada.

*25 de abril. Aida Alzuru de 72 años de edad murió luego de ser alcanzada por un proyectil cuando recogía la ropa en su casa de la calle 18 de El Valle.

*2 de junio. Una bala perdida hirió a Naybelis Zambrano de 11 años de edad cuando caminaba hacia su casa en Nueva Cúa. Murió luego de cuatro días de agonía en el Pérez Carreño.

*13 de junio. Proyectil entró a vivienda en el barrio Unión de Petare e hirió en la frente a una niña de ocho años de edad que estaba acostada.

* 27 de julio. Nayibis Carolina Riera, de 27 años de edad, murió al ser alcanzada por bala perdida en la espalda, en la zona sur de Cabimas.

* 17 de septiembre. Murió niña de un año de edad al ser impactada por proyectil perdido en Colinas de la Guacamaya, Valencia.

lunes, 6 de octubre de 2014

Expertos piden no apresurar conclusiones sobre sicariato

Mientras se adelantan las investigaciones del homicidio del legislador Robert Serra, y su compañera, voceros oficiales señalan que fue un grupo de sicarios el que lo mató.



Caracas.- Horas después del asesinato del diputado Robert Serra y su acompañante, voceros  del Gobierno insistieron en adelantar que este hecho fue ejecutado por sicarios.   

No es la primera vez que esto ocurre. Tras el  homicidio  del concejal Eliézer Otaiza en abril  pasado, el jefe de Estado, Nicolás  Maduro, lo calificó de político y posteriormente el 30 de abril -durante un acto en Propatria-  dijo que fue un caso de sicariato. La investigación posterior demostró que un grupo de delincuentes lo había cometido.   

Algo similar ocurrió tras  las manifestaciones del 12 de febrero, cuando Juan  Montoya, coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela, -que agrupa a colectivos de Caracas-, recibió un impacto de bala que segó su vida.  En ese momento el presidente del parlamento,  Diosdado Cabello, apuntó que se trataba de un asesinato  perpetrado por el fascismo.  

Especialistas advierten que solo las investigaciones pueden arrojar la resolución del caso. El criminólogo Francisco Javier Gorriño y el director ejecutivo de la ONG, Paz Activa, Luis Cedeño, consideran que ante un homicidio de tanta exposición pública  como el de Serra las autoridades deben actuar apegadas a lo que dicten las averiguaciones, y por ninguna razón o circunstancia apresurar la resolución del caso, pues se pueden arriesgar a exponer una tesis que luego no pueda ser probada.   

Este jueves, tanto el presidente Nicolás Maduro, como el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, señalaron que el homicidio de  Serra  fue encargado. El jefe de Estado dijo que “estaban cerca de dar un fuerte golpe a la banda de sicarios”, y Samper sostuvo que el hecho es una “señal de infiltración del paramilitarismo colombiano”, donde abunda el sicariato. 

Modus operandi   

De acuerdo con la información ventilada sobre el caso Serra, un grupo de seis personas entró a su residencia. Tanto al parlamentario  como a su compañera le propinaron múltiples heridas con arma blanca.   

Cedeño sostuvo que los aspectos descritos  no concuerdan con la tesis del sicariato, pues “no sigue el guión típico”, ya que “un sicario suele trabajar solo o con una persona, y a Serra lo atacó un grupo”.   

Gorriño enfatizó que en los casos de sicariato, el asesino busca causar la muerte de forma rápida (arma de fuego), lo que contrasta con lo ocurrido con Serra y su compañera.   

Para Cedeño, el asesinato del diputado parece un ajuste de cuentas “muy personal”, un caso en el que un individuo  con diferencias con Serra pudo haberse convertido en el homicida. Sin embargo insistió en la necesidad de esperar los resultados de la averiguación.   

Pese a eso, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, insistió -ayer- en la tesis de la muerte por encargo, al calificar el crimen de “sicariato político”, mientras el diputado William Fariñas (Psuv) declaró que “hubo una reunión el martes, donde se decidió la muerte de Serra y participó el paramilitarismo”.

Maduro retoma plan de desarme para frenar la delincuencia en Venezuela

El Gobierno venezolano busca que la población entregue sus armas para disminuir la violencia en el segundo país de América Latina con la mayor tasa de homicidio.

El plan nacional de desarme fue firmado por Maduro durante un acto para conmemora el día internacional de la paz. (Prensa Presidencial Venezuela)

Términos como “ofensiva económica”, “guerra económica” o “guerra bacteriológica” son de uso común por parte de los voceros del Gobierno venezolano. Pero el lenguaje belicoso del régimen para referirse a las acciones y reacciones de la política nacional no condice con la cultura de desarme que ahora se quiere implementar en Venezuela.

En sintonía con las nuevas tecnologías, y confiando en la buena voluntad de los portadores de armas, el Gobierno presidido por Nicolás Maduro anunció en la última semana dos nuevas acciones para contrarrestar la delincuencia que azota al país petrolero.

La primera de ellas es el Plan Desarme, cuyo propósito es destruir armas ilegales, y la segunda viene en formato 3.0: una aplicación de celular llamada Patrullaje Inteligente con la que los ciudadanos podrán denunciar presuntos actos delictivos.

Venezuela ostenta el penoso récord de ser el segundo país con más homicidios en la región, siendo superada sólo por Honduras. La tasa de homicidios en el país suramericano es de 53,7 por cada 100.000 habitantes, según el Informe Global de Homicidios 2013 de la Organización de Naciones Unidas.

La cifra es respaldada por los datos que presenta el Observatorio Venezolano de Violencia. De acuerdo con esta ONG venezolana, el país culminó el año 2013 con 24.763 homicidios, que en comparación a los 21.692 decesos ocurridos en el año 2012, representan una variación de 3.071 muertes más entre ambos años.

Sin embargo, en materia de seguridad ciudadana, para 2014 el Gobierno venezolano sólo destinó 1% del presupuesto anual, según el análisis de Transparencia Venezuela.

Desde 1999, año en el que el fallecido Hugo Chávez asumió por primera vez la presidencia, se han implementado al menos 20 planes de seguridad. A pesar de estos esfuerzos, en Venezuela han ocurrido más de 200.000 asesinatos durante los últimos 14 años.

Ante esta realidad, la incertidumbre se cierne sobre las nuevas medidas que se ejecutarán para combatir la inseguridad en el país en el marco del plan nacional de seguridad Gran Misión A Toda Vida Venezuela.

En un acto realizado en el centro de Caracas, el mandatario venezolano Nicolás Maduro firmó el nuevo Plan Desarme, al cual dotó con Bs. 300 millones para la creación de un Fondo Nacional de Desarme, el cual, sin embargo, debía haberse constituido en junio de 2013, cuando entró en vigencia la legislación en la materia.

Y es que esta iniciativa no es novedosa. El anuncio de Maduro se trata más bien de un relanzamiento. La ley en cuestión, llamada Ley De Desarme, fue promovida por el expresidente Hugo Chávez con el fin de derogar una norma existente desde 2002 que, a juicio de los mismos oficialistas, era inaplicable y no correspondía a la realidad venezolana.

Ahora, bajo la remozada norma de desarme, se plantea el desarrollo del plan en 10 de los 24 Estados del país. Serán cuatro las modalidades de entrega de las armas: de manera confidencial voluntaria con y sin incentivo; y de manera no confidencial con y sin incentivos.

Entre las opciones ofrecidas por el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, para todos los que se atrevan a entregar voluntariamente sus armas, está la entrega de medicamentos y el pago de intervenciones quirúrgicas. Incluso están contempladas becas universitarias para las primeras 10 personas que entreguen sus armas voluntariamente.

El primer mandatario venezolano anunció que para complementar esta iniciativa, desde el mes de octubre se incorporaron al Plan Patria Segura 2.000 nuevas patrullas para reforzar los cuadrantes de seguridad activos en el país, en conjunto con el lanzamiento de la aplicación Patrullaje Inteligente, con la que se espera que sean los ciudadanos quienes denuncien hechos irregulares desde sus celulares.

Radio de acción insuficiente

Para el sociólogo y director ejecutivo de la ONG venezolana Paz Activa, Luis Cedeño, el Plan Desarme es sólo uno de los elementos que pudiera garantizar una política exitosa y coherente en términos de disminución de criminalidad y homicidios.

“El plan concebido como desarme voluntario está dirigido a personas portadoras de armas legales o ilegales que las poseen por un tema de defensa personal. No va dirigido al delincuente, a estos sólo los desarma la policía. La estadística va en contra de la persona que tiene el arma, ante un delincuente entrenado y con voluntad: estando armadas, nueve de cada 10 veces la víctima va a terminar muerta frente a un victimario”, explicó Luis Cedeño para PanAm Post.

El director ejecutivo de Paz Activa sostuvo que la entrega voluntaria de armas debe ir acompañada de otras condiciones, como su destrucción pública y la garantía del anonimato para quienes las entreguen, que generalmente son viudas, hermanas y madres de sus antiguos portadores. Reiteró que los esfuerzos para disminuir la criminalidad en el país no deben ser esporádicos, ni ser reactivos, como suelen ser, sino continuos.

No hay cifras oficiales sobre el número de armas que circulan en el país, pero los números más conservadores señalan que al menos hay 3 millones, de las cuales menos de 100.000 son de porte legal. “Para que se note el esfuerzo, se deben al menos inutilizar 200.000 armas anualmente, pero no estamos ni cerca de ese número”, sentenció Cedeño.

Coincide con él el abogado y criminólogo Luis Izquiel, quien declaró para Unión Radio que “tiene que haber una campaña de concienciación para que el Plan Desarme sea efectivo. En Brasil, por ejemplo, las armas no se entregaban a los cuerpos policiales. Actuaron las ONG y la Iglesia [católica] en esas entregas voluntarias. Otro punto para que tenga éxito es que sean destruidas, en Brasil se les daba un martillazo para inutilizarlas”.

El escepticismo continúa en un país donde el índice de impunidad en homicidios alcanza la alarmante cifra de 90%. No hay suficientes funcionarios y las fuerzas de seguridad no están adecuadamente dotadas para hacer frente a criminales mejores armados. La ecuación de la lucha contra la delincuencia en Venezuela tiene más de una incógnita por ser develada.




lunes, 22 de septiembre de 2014

Femicidio es delito contra los derechos humanos

Sin beneficio procesal quien mate a una mujer




Ricardo Márquez.- El femicidio, el homicidio en agravio de una mujer, será competencia de la jurisdicción especial de Tribunales de Violencia contra la Mujer, según  reciente reforma de la Ley Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia

Lo informó la magistrada Carmen Zuleta de Merchán en acto especial celebrado en el auditorio del TSJ,durante el cual se rindió homenaje  a  María del Mar Álvarez de Lovera, recientemente fallecida, y quien fuera la primera defensora nacional de los Derechos de la  Mujer.

Hasta ahora, puntualizó la magistrada Zuleta de  Merchán, el feminicido no existía en nuestra legislación, la muerte ilícita de una mujer era un homicidio, agravado o no según las circunstancias, materia del Código Penal y competencia de los tribunales penales ordinarios.

Además, puntualizó la magistrada, con esta reforma el feminicidio es un delito contra los derechos humanos y, en consecuencia, quien sea procesado por su comisión no gozará de beneficio procesal alguno ni de la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena; y destacó que la AN acogió el criterio de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial e incorporó parte de la jurisprudencia de la Sala Constitucional.  

Inseguridad modifica la rutina de los venezolanos



La percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos venezolanos ha modificado por completo los hábitos cotidianos de cada uno. Los habitantes prefieren asistir a lugares cerrados como centros comerciales, cines y teatros, en lugar de disfrutar de los espacios públicos que ofrece la ciudad.

El sociólogo, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Tito La Cruz, explicó a Globovisión.com que la conducta de cada quien ha cambiado porque los individuos piensan que existe un mayor riesgo.

“La percepción es lo suficientemente real para que la gente sienta que está expuesta a un peligro. Cuando percibes eso, modificas tu rutina. Este es un fenómeno colectivo, no solo lo tú lo sientes, sino que te das cuenta de que tu entorno también percibe la posibilidad como real”.

La Cruz señaló que este cambio del venezolano se empezó a observar en los pasados diez años, con mayor insistencia en los últimos cinco. Por su parte, la psicóloga social y profesora de la UCAB, Yorelis Acosta, afirmó que la inseguridad es el factor principal por el cual los ciudadanos han cambiado sus costumbres.

Las personas no han sido las únicas que reformaron sus comportamientos. La sociedad también se ha ido adaptando a este problema que agobia a los habitantes. Acosta mencionó que hasta el cine y el teatro tienen funciones desde tempranas horas del día.

Venezuela insegura

Un estudio publicado por la firma Gallup en 2013 indica que los países latinoamericanos son los más peligrosos, entre estos, Venezuela que además es catalogado como la nación en la cual sus habitantes tienden a sentirse más inseguros, no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo.
En una escala de 0 a 100, siendo “0” el nivel más bajo de seguridad y 100 el más alto, el país obtuvo un puntaje de 41. La encuesta analizó tres aspectos principales: la confianza en la policía local, el sentimiento de seguridad personal y las incidencias de robos.

De los resultados, 19% de los encuestados  dijo que se sentían resguardados caminando solos de noche en la ciudad o área en la que viven, 22% indicó haber sido víctima de robo o conocer a un familiar que lo fue en los últimos 12 meses y 74% expresó desconfianza en la policía local.
Al respecto, el ex director de la Policía Chacao, Einer Giulliani, declaró que si bien muchos civiles no tienen confianza en las fuerzas públicas aún hay 90% de personas que respetan o “al menos obedecen” a los oficiales.

Venezuela no solo es una sociedad percibida como insegura, sino también como una muy violenta. La Organización Mundial de la Salud (OMS), habla de una epidemia de homicidios cuando asesinan a 10 ciudadanos por cada 100 mil habitantes.

El año pasado, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que la tasa de homicidios para 2013 se ubicó en 39. Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Violencia indicó que ese número asciende a 79. Cualquiera de las dos cifras son alarmantes y catalogan al país como un lugar con alta violencia.

Objetividad vs. Subjetividad

La psicóloga social aclaró que lo que sienten los venezolanos no es solamente una sensación, a diferencia de lo que han mencionado representantes del Gobierno en distintas oportunidades.
“La inseguridad tiene dos dimensiones, una dimensión objetiva que tiene que ver con los hechos, las cifras, lo que vemos, los testimonios de carne propia o de conocidos muy cercanos, y una dimensión subjetiva que es lo que los ciudadanos perciben de toda esta realidad”

La Cruz estuvo de acuerdo con Acosta. Para él, “lo subjetivo no es inventado”, sino que es algo que está en la mente porque fue percibido de los cambios reales en el entorno. “La subjetividad se altera porque las condiciones reales cambian”, enfatizó.

La sensación de inseguridad que predomina en los venezolanos está directamente relacionada con sus experiencias personales, de conocidos e informaciones a las que están expuestos. Acosta mencionó con preocupación que en el último estudio realizado por ella, el sentimiento predominante en la población es la angustia.

A continuación puede apreciar a manera de navegación los datos más relevantes del estudio  publicado por la firma Gallup que muestra los países latinoamericanos más peligrosos. Haga click en la flecha para comenzar.

miércoles, 6 de agosto de 2014

La posición agresiva que ha adoptado EEUU contra funcionarios venezolanos, es una señal para mirar hacia adentro, aseguró Luis Cedeño



Como positivo consideró la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la decisión de EEUU de negar la entrada a ese país a funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones de derechos humanos.

No obstante, consideró que para que esta acción tenga consecuencias sería mejor que ese país diera a conocer cuáles son los casos en los que estarían incursos los funcionarios, para determinar si son susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción internacional.

"Creo que sería pertinente por parte del Gobierno estadounidense señalar concretamente qué tipo de violaciones de derecho humanos se han cometido, para ver si este tipo de acciones tuviese jurisdicción universal", manifestó a EL IMPULSO.

El anuncio de la revocatoria de visas lo hizo este miércoles la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, al expresar la posición del gobierno de Obama frente a las "detenciones arbitrarias y el uso excesivo de fuerza" que habrían ejercido "las fuerzas de seguridad del gobierno de Maduro" contra los manifestantes y sociedad civil. Aunque no señala la identidad de las personas vetadas, la medida estaría dirigida a funcionarios militares y del gobierno.

Para San Miguel, esta acción traerá consecuencias.
"Esta es una política que va nuevamente a tensar las relaciones diplomáticas entre ambos países ineludiblemente. Lo que sucede es que el concepto de derechos humanos es un concepto que va a seguir siendo parte de la agenda hemisférica y que no solamente va a provenir de EEUU sino probablemente de otros países de la región", señaló.

"Este tipo de situaciones visibiliza las circunstancias de lo que está ocurriendo en Venezuela ante la comunidad internacional. De allí a que esto tenga efectos reales sobre la disminución de las violaciones de derechos humanos, habría que medirlo con el tiempo", añadió San Miguel.

De la teoría a la práctica

Por su parte, el sociólogo y director de la ong Paz Activa, Luis Cedeño, considera que la posición más agresiva que recientemente ha adoptado EEUU contra venezolanos a los que señala de incurrir en delitos de alcance universal, es una señal para mirar hacia adentro.

El investigador cree que, si bien no se puede acusar al general Hugo Carvajal porque no ha sido juzgado, los nexos entre autoridades y redes de narcotráfico en el país no es una idea descabellada.

"Entre los estudios que hemos hecho desde el Observatorio de Delincuencia Organizada, el año pasado hicimos una encuesta nacional sobre la percepción del ciudadano y vimos que el venezolano mira a las Fuerzas Armadas y a las policías como instituciones profundamente corruptas. La mayoría cree que las FAN están involucradas en narcotráfico", señaló Cedeño.

Pero más allá de la mirada subjetiva, "teóricamente sabemos que Venezuela si bien no es un país productor o consumidor de drogas, por su posición geopolítica es muy favorable para el tránsito.También hemos identificado que las trazas de vuelos ilegales que antes se concentraban en Colombia, hoy en día se concentran en Venezuela. Esto nos dice que el país se ha convertido en una autopista para la droga, y necesariamente tiene que haber una complicidad muy activa de las autoridades venezolanas, especialmente en las fronteras", manifestó el investigador.

Por otro lado, sobre la medida de EEUU contra funcionarios venezolanos por su participación en violaciones de derechos humanos, Cedeño consideró que son "medidas unilaterales son difíciles de justificar, porque no hay un derecho a la defensa".

Sin embargo, "Venezuela tiene que cumplir con los tratados de derechos humanos que ha suscrito, tal como el gobierno exige que se cumpla en ellos", agregó.

domingo, 13 de julio de 2014

ORBITUARIO - GERARDO JOSE BRICEÑO PEÑALVER - QEPD



El equipo de la AC PAZ ACTIVA lamenta la desaparición física de nuestro amigo y colaborador:
 
GERARDO JOSE BRICEÑO PEÑALVER.
 
Nos unimos al duelo de su familia por esta lamentable pérdida.
 
Caracas, 11 de Julio del 2014

jueves, 29 de mayo de 2014

Luis Cedeño: “El sistema de justicia en Venezuela es ineficaz producto de la corrupción”

El doctor Luis Ernesto Cedeño, director de la Asociación Civil Paz Activa, quien participó en un Conversatorio sobre el Delito Organizado celebrado en Mérida, señaló que esta es una Asociación Civil que tiene, entre sus programas, el observatorio del delito organizado, que es uno de los elementos que más se han visibilizado en el tema de la inseguridad, porque es la supra estructura que permea todo el delito común el cual, en Venezuela, el de mayor incidencia es el robo y, dentro de éste, el robo de celulares. Agregó que se roban más de un millón de teléfonos móviles anualmente y para procesar esta cantidad de celulares robados en Venezuela se necesita de una supra estructura, donde interviene el pegador que es el que roba, el aguantador, el procesador, y la gente que está dentro de las telefónicas que activan esos teléfonos por lo que es toda una estructura necesaria para que este delito sea un negocio lucrativo.
Dijo el doctor Cedeño que en la Primera Encuesta Nacional sobre Delito Organizado se preguntó qué tipo de actividad delictiva observaba la gente en sus comunidades y encontraron que hay mercado de armas, mercado de drogas, mercado de productos robados e incluso mercado de comercialización de productos regulados a precios no regulados, algo que no habría salido hace 5 años atrás. Esto demuestra que no solo hay las formas tradicionales del delito organizado como el homicidio, sicariato o el secuestro, que es el delito que más se ha incrementado en Venezuela, sino otro tipos delitos los cuales requieren de una concertación de voluntades para atacarlos.
Señaló que una de las aristas del delito organizado es la corrupción, y ésta es uno de los elementos que más debilita al Estado y a la democracia, porque el sistema de justicia hoy día goza de tal ineficacia, debido a la corrupción, que esas estructuras de justicia son infiltradas por el delito organizado, y ello se demuestra, por ejemplo, en el hecho de tener micro estados dentro de estructuras del Estado como las cárceles, donde los reos las controlan, lo cual solo es posible con la facilitación del delito organizado, porque se necesita una gran concertación de voluntades para que una parte del Estado sea controlada por delincuentes y agregó que el dinero de la corrupción es el lubricante que hace posible que el delito organizado permeé las instituciones del Estado y, en consecuencia, las debilite, atentando contra los principios básicos democráticos.

Luis Cedeño dijo que el primer pasó para disminuir el delito organizado ya se dió con la identificación del problema. (Foto: Lánder Altuve)

miércoles, 21 de mayo de 2014

Policías se valen de su autoridad para cometer extorsiones

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La Ley establece de 10 a 15 años de prisión para quien cometa ese delito

El pasado 3 de abril ante el Grupo Antiextorsión y Secuestros de Carabobo fueron denunciados seis funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia que pretendían cobrar una fuerte cantidad de dinero a un comerciante chino, de apellido Mok, a cambio de no abrir una investigación por la importación de nueve contenedores que se encontraban retenidos en Puerto Cabello.

"Tenían una copia del manifiesto de importación y alegaron que presentaba una serie de irregularidades (...) me informaron que iban a abrir una averiguación (...) luego me hacen una observación de que el 'chinito' les agradó y que podíamos llegar a un acuerdo", declaró la denunciante, que es la administradora del comerciante, ante el Gaes, señalando además la cantidad de dinero que le solicitaron.

Las extorsiones se basan en un esquema que suplanta la autoridad para la obtención de algún beneficio económico. Cuando son cometidas por funcionarios del Estado, suceden porque estas personas utilizan su autoridad para tener el control y ejercer algún tipo de presión, fue una de las consideraciones del sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, quien advirtió que este tipo delictivo utiliza mecanismos de presión muy perversos.

"Para cada tipo de extorsión hay una víctima y lo que sucede en casos en el interior, en zonas rurales, es que se aprovechan de personas de bajos recursos que se ven obligados a conseguir sumas de dinero a cambio de que no les agredan a un familiar", explicó Cedeño.

Otro de los casos reportados este año fue el de Félix Ezer Hidalgo, un comerciante que fue secuestrado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en el kilómetro 12 de El Junquito el pasado 6 de abril, cuando llegaba a su casa.

Al día siguiente su esposa coordinó con las autoridades del Gaes un pago controlado que se efectuaría en la Plaza Catia y para el momento en que iban a entregar el dinero, se percataron de que eran los oficiales Stevenson Gregorio Carrillo Ospino y Richard Adrián Zambrano Pincay.

La víctima en su declaración contó que lo mantuvieron secuestrado en una sede de la PNB en Catia y que varios uniformados se percataron de la irregularidad.

"Cada cuerpo de seguridad tiene una dirección que se encarga de supervisar a los funcionarios y sus actuaciones y sancionar a administrativamente a los que incurran en faltas o delitos", expresó el comisario Vicente Álamo, ex subdirector del Cicpc.

El experto indicó que parte de la solución del problema es incentivar la denuncia por parte de las víctimas.

"La gente a veces no denuncia, pero debe saber que si no lo hace, el funcionario se siente impune, mientras que si las víctimas acuden a los organismos de seguridad, el funcionario sabe que será sancionado y terminará preso", dijo.

A la entrega voluntaria de armas le faltan señales claras

La Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme se publicó en la Gaceta Extraordinaria nro 6.129 del martes 8 de abril.
La Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme se publicó en la Gaceta Extraordinaria nro 6.129 del martes 8 de abril.

Caracas.- La ruta ya fue trazada. Luego de diez meses de aprobación de la Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme (que duró en discusión más de dos años y fue sancionada de manera unánime en la Asamblea Nacional en junio de 2013), se publicó en la Gaceta Extraordinaria nro 6.129 del martes 8 de abril el reglamento que define, entre otros puntos, el protocolo para la entrega voluntaria de las armas de fuego y municiones.

La espera fue larga. Desde que en enero pasado fue asesinada a balazos la ex Miss Venezuela y actriz Mónica Spear, voceros del gobierno habían señalado, en varias ocasiones, que el Reglamento estaba listo.

Eso fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro cuando el diputado suplente Ricardo Sánchez –en la reunión que sostuvo el gobierno con sectores de oposición en febrero pasado- le preguntó qué había ocurrido con el documento.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, también lo había afirmado un mes antes, a la salida de un encuentro con la Conferencia Episcopal Venezolana.

En febrero, Julio César Bermúdez y César Marín, activistas de la Organización No Gubernamental (ONG) Amnistía Internacional, así como Jesús Machado, investigador del Centro Gumilla, manifestaron a El Tiempo la necesidad de que el reglamento se publicara, porque en él se debían precisar aspectos de la ley poco claros, lo cual complicaba medir el impacto de la legislación.

La Comisión de Política Interior del Parlamento y la Comisión Nacional para el Desarme Voluntario, conscientes de ello, habían previsto un lapso de 90 días para la elaboración y publicación del reglamento, en la mitad del tiempo establecido en la ley (180 días). La idea era“acelerar el procedimiento legal que permitirá la aplicación oportuna de la ley”, declaró el parlamentario del Psuv Juan Carlos Alemán en el programa A Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión.

Pero el reglamento se materializó diez meses después de la aprobación de la ley. Para Luis Cedeño, de Paz Activa, más vale tarde que nunca. “La aprobación es un gran avance”, sostiene. “Había que lanzar un reglamento de la ley desarme del 2002 y eso nunca ocurrió. Como nunca fue política pública, no se aplicó. Esa ley fue letra muerta ”, recuerda.

Las experiencias internacionales exitosas en materia de desarme apuntan hacia la claridad y contundencia de las medidas. Brasil, México, Guatemala, Argentina, Colombia y El Salvador lograron concretar el desarme a través de planes impulsados por el gobierno, concluye un reportaje publicado en un medio de circulación nacional en enero pasado. Por eso, para Cedeño, que exista un reglamento es una buena noticia.

Sin consecuencias

Una de las grandes expectativas de la ley gira en torno al desarme voluntario. El reglamento precisa el protocolo, paso a paso, que deben seguir quiénes deseen entregar un arma y quienes la reciben (ver infografía).

Cedeño advierte que esta estrategia no es suficiente para desarmar a la población. “Eso no va dirigido a los delincuentes, porque a ellos los debe desarmar la policía y para ello tienen los recursos. Podría aplicar para las bandas y los colectivos armados, pero tampoco van a entregar sus armas”. El experto sostiene que el desarme voluntario podría ser efectivo en las personas que no delinquen, que tienen un arma ilegal en su casa, y la usan para protección personal.

“Los estudios nos dicen que portar un arma de fuego incrementa diez veces el riesgo de morir a causa de esa misma arma”, agrega.

Pablo Fernández, exsecretario de la Comisión Presidencial para el Desarme, le aseguró a El Tiempo que, luego del acercamiento de esta instancia a tres parroquias capitalinas -en las que se intentó implementar un plan piloto de desarme voluntario y fracasó-, muchos jóvenes delincuentes estaban esperando la concreción de los procedimientos del canje para entregar sus armas y reorientar su vida.

Cedeño duda de que el impacto de la ley, ahora con el reglamento, pueda sentirse a corto plazo. Cree que la instalación de la tecnología, la formación del personal necesario (como armeros) y la adecuación de los centros de recepción de armas tomará, incluso siendo eficientes, al menos un año. “Siempre se dijo que esto no era la solución a los problemas de violencia armada. Debe ser parte de una política integral que se concatene con una gran política nacional de prevención de la violencia”.

  • Toma y dame 
La Comisión Presidencial para el Desarme, en su página web, recibió la opinión de más de 7 mil personas sobre los beneficios que le otorgaría el gobierno a quien entregue un arma. Hasta junio pasado, la mitad (50%) pedía oportunidades de estudio o de empleo. En el reglamento este aspecto quedó poco preciso, considera Cedeño. El capítulo V, referente a los incentivos, establece que pueden ser individuales o colectivos. Los primeros, refiere el artículo 181, pueden ser bienes muebles. Al respecto el experto advierte: “A través de artículos materiales pudiera quedar en evidencia quién entregó o no un arma de fuego, lo cual contraviene el principio del anonimato”. También dispone que pueden ser incentivos laborales, educativos, de salud, que el Ejecutivo concederá directamente.

Vicerrectorado Académico ULA participó en apertura del Conversatorio sobre delito organizado en Venezuela

El delito más común en nuestro país es el robo de celulares, cien mil al mes dijo el sociólogo Luis Ernesto Cedeño Villalba.


El Vicerrectorado Académico de la Universidad de Los Andes participó en la apertura del Conversatorio sobre Delito Organizado en Venezuela, el cual se llevó a cabo en el Salón Barquisimeto del Hotel La Pedregosa de Mérida, bajo la organización del Observatorio de Delito Organizado, la Asociación Civil Paz Activa y la Alcaldía del Municipio Libertador del estado Mérida. El evento tuvo lugar el día martes 13 de mayo a las nueve de la mañana.

La licenciada Marlene Bauste, coordinadora de los Servicios Bibliotecarios de la ULA, asistió en representación del vicerrectora académica Dra. Patricia Rosenzweig Levy, e indicó que para el vicerrectorado académico era motivo de orgullo apoyar este tipo de evento en donde se dan a conocer trabajos investigativos que tienen que ver con el delito en nuestro país. En nombre de la profesora Patricia Rosenzweig Levy dio las gracias a los organizadores del evento por la participación en el mismo y los felicitó por el trabajo presentado.

El programa fue bastante condensado, iniciándose con la presentación del Observatorio del Delito Organizado y Resultados del 1er. Estudio Nacional sobre Delito Organizado, el cual estuvo a cargo del sociólogo Luis Ernesto Cedeño Villalba, quien además es el director de la Asociación Civil Paz Activa. Igualmente la abogada Maira Yadhira Duque Ramírez, Criminólogo y Docente de la ULA, disertó sobre Desplazamiento del Delito en Tiempos de Crisis. Cerró el ciclo el abogado Luis Miguel Balza Arismendi, Penalista y representante de la ULA, con  el tema: ¿Existe Política Criminal para Combatir el Delito Informático?

En la presentación de los resultados del primer estudio nacional sobre delito organizado efectuado el año pasado, el sociólogo Cedeño Villalba identifica cinco líneas económicas de estos delitos.  En ese sentido mencionó: el contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas.

“Todos estos elementos contribuyen a la violencia generalizada que tenemos hoy en día en Venezuela.”, señaló Cedeño Villalba. Manifestó que el secuestro es uno de los crímenes de mayor crecimiento en nuestro país.

Entre los delitos comunes que se identificaron en el investigación está el robo, y el más común, el robo de teléfonos celulares. Cien mil aparatos móviles se roban al mes en Venezuela y van a parar al mercado internacional a través de una cadena bien organizada de este delito.

Cuando indagamos cuáles serían las posibles causas del robo en nuestro país, el director de la Asociación Civil Paz Activa, expresó que es el lucro y no el hambre.

El estudio también develó una alta red de corrupción, en la cual se ven involucradas las estructuras del estado. Hay mafias muy bien organizadas en los distintos delitos que se cometen en el país.





Paz Activa en conjunto con la Alcaldía de Mérida realizó Conversatorio sobre Delito Organizado

Venezuela mantiene crisis de Seguridad Pública


(14/05/2014).- Con el objetivo de dar a conocer los resultados del 1er Estudio Nacional sobre Delito Organizado en Venezuela, que se realizó con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea, Laboratorio de Ciencias Sociales y del Observatorio Venezolano de Violencia, se llevó a cabo el conversatorio sobre el Delito Organizado en Venezuela, el cual contó con la presencia de diferentes representantes de entes Gubernamentales.

Carlos García, alcalde del municipio Libertador del estado Mérida, explicó que este evento es el inicio de un plan de trabajo, "agradezco a la fundación Paz Activa por brindarnos asesoría en estos temas que son fundamentales para el desenvolvimiento de la gestión, para que podamos seguir articulando acciones que beneficien al municipio al estado y al país.”

Luis Ernesto Cedeño, Director Ejecutivo de la Asociación Civil Paz Activa señaló que “se realizó un trabajo de campo acerca del delito organizado en Venezuela, crisis de seguridad pública y la percepción de los ciudadanos en sus comunidades, donde se le preguntaba acerca de los robos, sicariato, tráfico de armas, venta de droga y la facilidad de tener acceso a todos estos elementos, y los resultados de estos delitos en la comunidades de Venezuela son alarmantes ”.


Maira Duque, profesora de la Escuela de Criminología de la Universidad  de Los Andes señaló que "el sentimiento de inseguridad en el estado es alto, la población  necesita estar informada de cuáles son los delitos que están ocurriendo en su comunidad para que los propios ciudadanos tomen sus precauciones".

martes, 15 de abril de 2014

Paz Activa suscribe acuerdo con Municipio Libertador (Mérida) para fortalecer la gestión de la Policía Municipal





(10-04-2014).- La Asociación Civil Paz Activa suscribió el pasado jueves un convenio de cooperación en materia de seguridad ciudadana y políticas públicas, con el alcalde del municipio Libertador, Carlos García para fortalecer las gestiones emprendidas por la Policía Municipal. Así lo informó, el director ejecutivo de la asociación Paz Activa, Luis Cedeño.

Cedeño, explicó que los mecanismos a emprender están sustentados en una herramienta de diagnóstico creada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y aplicado en varias ciudades del mundo, para desarrollar una política local que le permita al municipio Libertador encontrar soluciones a los problemas de seguridad y convivencia.

“En una primera fase se establecerá un diagnóstico sobre las estadísticas administrativas que mantiene la policía en torno a los sucesos delictivos, de manera que se puedan identificar y atacar los puntos críticos de los mismos para, posteriormente, iniciar con la puesta en funcionamiento de los mecanismos que se definan”, precisó el director ejecutivo de la asociación Paz Activa.

En el caso del municipio Libertador (Edo. Mérida) el diagnóstico realizado hasta los momentos con los reportes publicados en los diarios Pico Bolívar, Diario Frontera y el Diario de los Andes, le caracterizan como un municipio donde el robo se reporta como el delito más grave en la zona, constituyendo el 17,29% de todas los incidentes reportados en prensa, seguido por los intentos de homicidio (16,21%) y el homicidio (9,72%), y donde el 65% de los delitos reportados involucran armas de fuego. De igual manera, se ha podido identificar los días de mayor peligro para los principales crímenes en el municipio: en cuanto al homicidio, en cuanto al homicidio, comprende los días domingos (25%) y los lunes (25%); mientras que para el robo son los días lunes (16,66%), martes (20,83%) y los miércoles con un (16,66%) de las incidencias reportadas en prensa.

Al mismo tiempo, se logró identificar las horas o momentos del día en los que tienen lugar la mayoría de las incidencias reportadas en prensa, siendo estas las horas de la noche y madrugada para el homicidio (con un 83,33% concentradas entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana), y las de la noche (con un 58,33% concentradas entre las 6 de la tarde y las 12 de la medianoche) para el robo.

Se identificó también a la parroquia El Sagrario como la de mayor índice delictivo, ya que de los múltiples delitos registrados, destaca el homicidio con un total de 4 incidencias completadas y 4 más frustradas reportadas en prensa desde el 6 de enero hasta el 17 de marzo del presente año, seguido por el robo y el tráfico de drogas con un total de 2 incidencias reportadas respectivamente para el mismo período, dentro de la parroquia.

La Asociación Civil Paz Activa, fundada en 2000 y con sede en Caracas, desarrolla en la actualidad el “Programa de Gobernabilidad Local en materia de Seguridad Ciudadana”. El objetivo de este programa es cooperar con las instituciones de los gobiernos locales para desarrollar y evaluar,  planes de intervención que generen soluciones eficaces a nivel local en cuanto a la convivencia y seguridad ciudadana.

A la espera de que las nuevas autoridades locales den el visto bueno a este programa, Paz Activa ha venido desarrollando un diagnóstico basado en la investigación hemerográfica sobre la situación de seguridad ciudadana en los siguientes municipios seleccionados: Alberto Adriani, Libertador y Campo Elías del estado Mérida, Iribarren, Paravecino y Jiménez del estado Lara, Guaicaipuro (Miranda), Girardot (Aragua), Valencia (Carabobo), San Cristóbal (Táchira).  Dicha revisión hemerográfica realizada en periódicos locales, permite presentar algunos resultados preliminares.

martes, 18 de marzo de 2014

La protesta se mantuvo pese a la militarización

Ciudadanos opinaron que los militares intentaban intimidarlos | Foto Williams Marrero
Ciudadanos opinaron que los militares intentaban intimidarlos | Foto Williams Marrero

Residentes del casco central y vecinos de la plaza Francia salieron en la tarde a manifestar 

EMILY AVENDAÑO | MAOLIS CASTRO
18 DE MARZO 2014 - 12:01 AM

Jóvenes con morrales y motorizados fueron requisados | Foto Alexandra Blanco

Después de 33 días de batallas con piedras, lacrimógenas y perdigones, cada esquina de Chacao se convirtió en zona militar. Grupos de cinco o seis guardias nacionales o del Pueblo se desplegaron en la avenida Francisco de Miranda, desde Chacaíto hasta el Parque del Este, como parte de un plan del Ministerio de Interior, Justicia y Paz para declarar a Chacao “Municipio de paz”, con el despliegue de funcionarios y la colocación de colchones inflables alrededor del obelisco de la plaza Francia.

En la mañana hubo mucho control. Alberto Caballero debió mostrar la cédula en la salida de la estación Altamira a petición de los militares. “Soy extranjero. Les mostré el pasaporte y me dejaron continuar”, dijo. Requisaron a transeúntes y motorizados. Se enfocaban en los ciudadanos con morrales, con aspecto más estudiantil o que iban con grandes paquetes.

En la tarde, la presencia militar no evitó manifestaciones ni intimidó. Los vecinos del casco de Chacao y de la plaza Francia salieron en masa a protestar de manera pacífica. Un grupo de mujeres, con letreros pegados a las franelas, salió desde la iglesia Don Bosco hasta la cuadrícula. Allí rezaron un rosario, como lo harán cada tarde en el lugar por nueve días. Otro grupo dibujó un SOS humano en silencio en la plaza, que congregó mucha más gente que en los días previos de protesta.

Quienes residen en el municipio dudan de que, luego de un mes de represión, la militarización logre acabar con el conflicto. “Es un acto de represión. Deberían militarizar las zonas donde hay delincuentes. Esta es una provocación cuando la gente únicamente está protestando por la inseguridad y la escasez”, afirmó William Ravelo, habitante de Chacao.

En la plaza Francia el ambiente estuvo tenso en la mañana. Seguidores del Gobierno y de la oposición se enfrentaban tratando cada uno de hacer valer su opinión. A Ravelo, un manifestante del oficialismo le rompió la pancarta que tenía en las manos.

Vecinos como José Antonio García y Marlene Vanegas, por su parte, se mostraron de acuerdo con la militarización, pues no están a favor de las guarimbas.

El ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, informó que desplegaron más de 1.200 funcionarios de la GNB, la Policía Nacional y el Cicpc. Cuadrillas de Supra Caracas, de la Corporación de Servicios de Libertador y del Ministerio de Transporte Terrestre limpiaron el municipio. Jorge Rodríguez, alcalde de Libertador, especificó que recogieron 26 toneladas de basura y atendieron 2,8 kilómetros en labores de aseo y barrido.

¿Intervención?

Chacao no es el municipio con el mayor récord de delincuencia en el Área Metropolitana de Caracas. En esa jurisdicción han ocurrido dos asesinatos en lo que va de año: Roberto Redman y Asdrúbal Rodríguez, ambos en las manifestaciones.

Pero Miguel Rodríguez Torres, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, refirió que el despliegue militar obedeció a motivos de  seguridad ciudadana. “Vamos a devolver a este municipio la normalidad y la calma. Esto es netamente de seguridad ciudadana”, dijo.

Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, opina que no se puede hablar de normalidad cuando en las calles están desplegados “más militares que civiles”. Para Luis Cedeño, director de Paz Activa, hay una situación especial en el municipio: “La instalación obedece a orden público. El margen de actuación que tiene Polichacao es corto, legalmente no tienen competencia en esa materia”.

En relación con el uso de los recursos de Libertador en la limpieza de Chacao, es un asunto que debería ser revisado por la Contraloría de Libertador. Paola Bautista, miembro de la Fundación Caracas Mía, indicó que habría que investigar el uso de fondos, que constitucionalmente están dirigidos a una circunscripción específica, fuera de ese territorio.

martes, 25 de febrero de 2014

Derechos humanos abatidos en protestas venezolanas

Por Humberto Márquez

Concentración opositora el último fin de semana en Caracas. Crédito: Cortesía MUD
Concentración opositora el último fin de semana en Caracas. Crédito: Cortesía MUD

CARACAS, 24 feb 2014 (IPS)  Trece muertos, decenas de heridos, unos 500 detenidos, denuncias de tortura, de represión ilegal de fuerzas de seguridad y grupos irregulares y de agresiones a la prensa, marcan las dos semanas de confrontación política en las calles de más de 30 ciudades de Venezuela.

El Estado “ha tirado a la basura los principios básicos de (la Organización de las) Naciones Unidas sobre uso de la fuerza y de armas de fuego (aprobados en La Habana en 1990), con el desdén de sus órganos controladores, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo”, dijo a IPS el coordinador de la organización humanitaria Provea, Marino Alvarado.

Según testimonios, investigaciones de prensa y vídeos que circulan en las redes sociales, varios manifestantes murieron por disparos de policías vestidos de civil, de grupos violentos que interceptaron manifestaciones, o por descargas de perdigones supuestamente lanzadas por efectivos de la militarizada Guardia Nacional Bolivariana.

Uno de los últimos, este lunes 24 por la mañana, fue Jimmy Vargas, de 34 años, quien cayó del segundo piso de un edificio atacado supuestamente por efectivos de la Guardia Nacional con perdigones y bombas lacrimógenas en San Cristóbal, capital del estado de Táchira, en el sudoeste andino fronterizo con Colombia.

El domingo murió un ingeniero de sistemas, Alejandro Márquez, víctima de una golpiza propinada presuntamente por guardias nacionales cuando registraba con su teléfono móvil incidentes junto a una barricada en una zona céntrica de Caracas.

Entre los muertos se cuentan también víctimas del vandalismo de grupos de manifestantes.

El viernes 21 falleció el trabajador de un supermercado Elvis Durán, de 29 años, cuando regresaba a su casa conduciendo una motocicleta y chocó con un cable de alambre colocado al parecer por opositores a la entrada de la calle donde residía.

En Valencia, urbe industrial al oeste de Caracas, se denunció entre jóvenes torturados que a uno de ellos, Juan Carrasco, le introdujeron el cañón de un fusil en el recto. “Mi hijo fue vejado, violado, humillado por los de uniforme verde. Le destrozaron la vida a él y a otros muchachos”, deploró su madre, Rebeca González de Carrasco.

La joven Geraldine Moreno Orozco murió por perdigones disparados a quemarropa en su rostro, después de que ya estaba derribada por una primera andanada.

En varias ciudades hubo denuncias de que a jóvenes detenidos los rociaron con gasolina y amenazaron con quemarlos, o que fueron torturados con bastones eléctricos. Las denuncias también se refieren a agentes de seguridad arrojando bombas lacrimógenas dentro de viviendas.

Los primeros manifestantes abatidos, al cabo de una marcha en Caracas el día 12, cayeron en una balacera en la que actuaron efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (policía política) que desobedecieron una orden de acuartelamiento, según el presidente Nicolás Maduro.

De acuerdo al mandatario, 30 personas han muerto porque las “guarimbas” (refugios resultantes de las barricadas) les han impedido recibir atención médica oportuna.

Entidades de juristas, como el Foro Penal Venezolano y la Fundación para los Derechos y la Equidad, acopian denuncias para presentar a instancias internacionales. “Responsables del gobierno pueden ser acusados por delitos de lesa humanidad”, dijo a IPS la abogada Elenis Rodríguez.

La ola de manifestaciones se inició el 6 de febrero en la capital de Táchira con estudiantes que protestaban contra la delincuencia, pues en su universidad una alumna estuvo a punto de ser violada por asaltantes.

La protesta fue disuelta y dio origen a una mayor, contra la represión, en la que algunos exaltados arrojaron piedras a la residencia del gobernador de la región, José Vielma, militar retirado e integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

A tres jóvenes aprehendidos se les abrió juicio y se los envió a una prisión en la noroccidental ciudad de Coro. Las protestas estudiantiles se extendieron entonces como reguero de pólvora a otras ciudades en demanda de su libertad, y en los Andes fueron acompañadas por miles de vecinos, en solidaridad.

El 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela y fecha del bicentenario de una batalla de la guerra de independencia, movimientos estudiantiles prepararon marchas en todo el país, y un sector crítico de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática, encabezado por el dirigente Leopoldo López, llamó a reclamar “la salida” del gobierno de Maduro.

Se produjeron grandes movilizaciones, encabezadas por jóvenes y sectores de clase media cuyo sustrato, coinciden analistas políticos, es el descontento por las erráticas políticas del gobierno ante la escasez de productos básicos, la inflación y el auge de la criminalidad.

Aunque el grueso de las demostraciones son pacíficas, algunas se acompañan de pedreas, improvisación de barricadas con desechos a los que se prende fuego en calles y avenidas y otros actos vandálicos.

El gobierno ordenó arrestar al dirigente opositor López, del pequeño partido centroderechista Voluntad Popular, acusándolo de instigar los desórdenes al llamar a propiciar “La Salida”, mediante la toma de las calles, y este se entregó a la cabeza de una multitudinaria concentración en Caracas.

Mientras, al estado de Táchira se enviaron aviones de combate y helicópteros militares que sobrevolaron las manifestaciones callejeras, así como un batallón de paracaidistas para despejar los accesos a San Cristóbal.

Un elemento nuevo ha sido la irrupción de “colectivos” armados, grupos irregulares que se desplazan principalmente a bordo de motocicletas y que actúan tanto para confrontar a los manifestantes como para castigar residencias en zonas opositoras de ciudades como Caracas y Mérida (suroeste), con disparos y destrozos a vehículos y ventanales.

Para Alvarado se trata de “paramilitares de izquierda”, que se amparan en el trabajo social en barriadas de Caracas y otras ciudades para ejercer la violencia en favor del gobierno. Maduro advirtió contra “la demonización de los colectivos”, a los que elogió en distintos actos.

No todos los colectivos chavistas o revolucionarios, como se llama a grupos oficialistas y seguidores del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) están armados y ejercen la violencia.

Luis Cedeño, de la organización no gubernamental sobre seguridad Paz Activa, dijo a IPS que “bandas parapoliciales, que en ausencia del Estado controlan ciertos espacios urbanos, se autodenominan colectivos y actúan como un brazo armado del oficialismo para así obtener cierta legitimidad e impunidad”.

El desarme y disolución de estos colectivos se han convertido en una consigna opositora.

Ante ese panorama, Alvarado criticó que “la Fiscalía y la Defensoría, que debían actuar de oficio, han hecho oídos sordos, han adelantado indebidamente opinión en favor del gobierno y culpado a dirigentes opositores, y además han callado ante la contaminación de pruebas efectuada por responsables del Poder Ejecutivo”.

Rodríguez y Alvarado deploran que las fuerzas de seguridad y otros poderes públicos ignoren la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, aprobada en forma unánime por el parlamento hace menos de un año.

“En Venezuela no se tortura”, remarcó Maduro en conferencia de prensa el sábado 22.

También el periodismo ha encajado golpes. Organizaciones periodísticas han denunciado 62 agresiones en el marco de las protestas de este mes. Incluso se vedó la señal de televisión por cable de la estación colombiana de noticias NTN24 y pende la amenaza de hacer otro tanto con CNN en Español.


Para Alvarado, el Mercado Común del Sur (Mercosur, de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), y la Unión de Naciones Suramericanas “pueden hacer un aporte de mediación, con base en las cláusulas en favor de la democracia, los derechos humanos y el diálogo político, incluidas en los textos que le dan soporte a su existencia”.








lunes, 24 de febrero de 2014

Líderes deben desapegarse de intereses personales para promover la paz

Modelaje de violencia inicia con imitación y el entorno


El padre, el jefe, el capitán del equipo, el político o el líder vecinal brindan ejemplos con sus palabras y acciones que crean un ambiente cuyas condiciones son imitadas por sus cohabitantes.

Promover la paz, aumentar la tolerancia y practicar la otredad empieza en el lenguaje. Igual que la inclusión en aspectos sociales como la diversidad sexual o funcional, el discurso de género o las normas de cortesía, el reconocimiento otorgado en la retórica abre las puertas a la tolerancia, la comprensión y el entendimiento. Una espiral similar a la de la violencia, donde la agresión y hostilidad física comienza en la verbal y psicológica con los insultos, descalificativos, gritos e intimidación, pero que gira al contrario.

La violencia puede tener causas diversas según las teorías sociológicas. Las dos principales son las relacionadas a la pobreza y desigualdad social y la segunda en la violación de la norma por parte de modelos sociales como las celebridades, los padres y los políticos, quienes inducen conductas por imitación. Así lo señaló Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, en un foro sobre “Violencia, cifras, causas y soluciones” en Maracay a principios del mes de febrero.

Para el caso de la violencia, sus efectos tendrían similitudes con la teoría de la ventana rota. En esta última, un automóvil dejado en una zona rica pasó 48 horas sin daños, hasta que los investigadores le rompieron uno de los vidrios, causando lo que había pasado en los primeros minutos en la zona pobre. Fue desvalijado.

Similarmente, varias investigaciones han certificado que la cercanía a áreas verdes, a espacios recuperados, limpios y ordenados, tienden a reducir notablemente los niveles de estrés, la depresión y la ansiedad, provocando que los espacios públicos y comunitarios sean más concurridos. De esta forma, el lenguaje de inclusión, tolerancia y aceptación del otro puede brindar beneficios similares para la paz y la convivencia.

El psicólogo Reinaldo Olavarrieta, directivo de la Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud, acepta que la violencia también la aprendemos del entorno, lo que se traduce en una alerta constante. Esto hace que el cerebro suplante el modo de supervivencia a uno de alerta. “Si vemos que alguien camina mucho tiempo detrás de nosotros, si escuchamos al motorizado que gira repentinamente, eso se nos hace cotidiano”.

Por su parte, el médico psiquiatra Fernando Jiménez, dice que el discurso político también se ha vuelto violento, de un bando y otro, como causa o respuesta. “Cuando ignoran tu queja, cuando te dicen que no hay razones para protestar, también es violento, y eso impulsa una respuesta violenta que puede traducirse no sólo en acciones violentas en la calle, sino en malestar, trastornos emocionales, cuadros graves de ansiedad y depresión”.


PACTO DE ÉLITES

El sociólogo Luis Cedeño, de la ONG Paz Activa, explica que hubo un rompimiento del pacto social con El Caracazo en 1989 y del institucional en 1992, con los atentados militares para derrocar el gobierno, en ambos casos, un grupo de ciudadanos desistió de ceder el monopolio de la violencia en el Estado para la protección de la sociedad y empezaron las agresiones entre personas sin mediación estatal.

“Lo que se requiere es un pacto de élites, de los participantes del conflicto para salir del juego de no suma cero, en el que nadie cede nada. Lo que hace falta es la negociación, llegar a un acuerdo entre las partes”. Paz Activa ha propuesto desde el año 2000 tres métodos alternativos de resolución de conflictos: mediación, conciliación y negociación. “Dentro del Plan Nacional de Negociación, vimos que se incluyó la justicia de paz, que es una forma alternativa de resolver los conflictos”.

Cedeño señala el modelaje que nace en las élites. “Si allí hay descalificación, estas serán imitadas. Hace falta que entiendan este tiempo histórico con actitudes desapegadas, en la que la medición de fuerzas no permite buscar soluciones hasta que se tranque el juego”, explicó

Briceño León recordó la única época del país cuando bajó la tasa de homicidos, de 1994 a 1998. “Pasó de 4.700 a 4.550 muertes violentas por año, cuando hubo un claro esfuerzo por reforzar la institucionalidad y brindar espacios para la conciliación. Por ejemplo, Caldera le entregó el Plan de Paz de Catia al Movimiento Al Socialismo (MAS), que era oposición, perdona a los golpistas del 92 y el Ministro de Justicia, José Guillermo Palacios, declaró que se suspendían todos los nuevos portes de armas, incluso para sus amigos, lo que brindó una nueva confianza en la autoridad y la norma”.

El director del OVV pide como soluciones actuar por igual con políticas sociales para reducir la pobreza y la desigualdad junto a la “desideologización” de la seguridad ciudadana. “Se creyó que la inseguridad social obedecía a una lucha de clases, de pobres contra ricos, por lo que no era algo tan negativo, pensando además que la represión policial era violencia contra los pobres, por lo que no puede permitirse”. Citó además las altas cifras de impunidad que han monitoreado en los últimos 20 años. “En 1998 se realizaban 110 detenciones por cada 100 homicidios, mientras en 2009 hay entre 8 a 9 detenciones por cada 100 asesinatos”, para finalmente depurar y recuperar la confianza en los cuerpos policiales. “Nuestras encuestas señalan que 56% de los venezolanos cree que la policía está involucrada en la delincuencia, mientras 60% considera que es peligroso ayudar a los cuerpos de seguridad. 3 de cada 4 venezolanos cree que los militares están relacionados con el narcotráfico”, enfatizó.


¿QUÉ PUEDO HACER?

Desde lo individual también podemos ser agentes de cambios. Olavarrieta brinda estos pasos ante la violencia:

- Canalizar mis acciones. ¿Realmente estoy en peligro, este es un riesgo verdadero, qué resultado tendré?
- Reconocer el estado emocional. ¿Lo que siento es miedo, ansiedad, rabia?
- Enfocar asertivamente. No siempre hace falta dañar un poste, quemar caucho, agredir al vecino, sino ser efectivo y asertivo.

Sin embargo, el experto advierte que aunque somos modeladores conductuales de los otros, sino eres violento en una comunidad o situación violenta, puedes ser agredido por salirte de lo que se considera normal en ese lugar o momento.

Jiménez coincide en sus recomendaciones:

- Reconocer la situación, estando tan informados como seamos posible. ¿Qué tanto me afecta y cómo?
- Analizarse como individuo: ¿Hasta dónde puedo llegar y si lo haré, qué mejora traerá para mí?
- Tomar distancia del problema, cuidar la salud psíquica por la rabia, ira e indignación que produce la violencia y/o la injusticia
- Buscar asesoría profesional. “Admitir problemas mentales es difícil, pero dentro del abanico de éstas hay muchísimas distintas a la locura, muchas de las cuales el colectivo ignora que deben ser tratadas, hay que superar la idea del psiquiatra como alguien que receta medicación. No es sólo venir a consultas, sino hacer preguntas, como una entrevista”.


SU PALABRA VAYA POR DELANTE

“El respeto al otro, mediante el uso adecuado del lenguaje, es fundamental para comunicarse en una sociedad civilizada, especialmente cuando los problemas que confronta la autoridad exigen su comprensión. De allí la necesidad de la corrección y precisión en la expresión utilizada en la comunicación verbal, buscando la compresión de lo que sucede a fin de compartir las posibles soluciones mediante el diálogo”, escribió la socióloga Maritza Izaguirre, Decana de la Facultad Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB, en enero de 2013, en su artículo titulado “Violencia y lenguaje”.

El bullying o acoso escolar ha dado muestras fehacientes de la fuerza del lenguaje para crear situaciones desagradables, una herramienta que puede ser utilizada para el cambio. “Tenemos que aprender a aplicar la Escucha Asertiva, que es escuchar ideas que no compartas sin caer en la enemistad, practicar la tolerancia con tu pareja, tu familia, tus vecinos, en el trabajo, en la cola del banco, para que se expanda. Es realizar una instauración de la tolerancia”. Alerta que hay una patología que se ha aprendido como estilo conductual, el pasivo-agresivo. “Si me tocas, si me molestas, te ataco”. “Eso no es paz, es una amenaza”, exclama el sociólogo Olavarrieta.

Una golondrina puede no hacer verano, pero cuando los cambios individuales se unen, esta red puede hacer muchas cosas, diserta Jiménez al respecto. “Nos agreden cuando nos cambian nuestra manera de vivir, porque es injusto. Cuando te parten el vidrio del carro para robarte a plena luz del día, si ignoran tus quejas, si te descalifican, buscas protegerte de lo que puede interpretarse como terror, y allí hay que pasar de lo colectivo a lo individual.

“Si me descalificas, yo no lo hago, si me acusas de algo y al analizarme, no me identifico, ignorarlo, pero además, conviene evitar discutir sobre religión y política, que sólo terminan en conflictos”, insiste Jiménez, quien ha tratado a familias con diferencias de este estilo dentro de sus miembros, que permanecen viviendo juntas, pero han logrado entenderse. “Hay que sopesar que el que reclame tiene razones válidas para hacerlo”.


PARECER VÍCTIMA, NO SERLO

Julio Burga es monitor certificado del Sistema Progresivo de Autodefensa (SPAD), con origen en Argentina. Brinda charlas gratuitas junto a varias ONGs y Fundaciones, así como cursos privados para público en general. En una reciente en la Parque La Estación, en la Avenida Constitución, vecinos recibieron instrucción básica de cómo lidiar con individuos violentos, con un 90% de posibilidades de evitar la pérdida de bienes materiales y si esto no es posible, salir completamente ilesos.

“El robo promedio dura entre 12 y 20 segundos, por lo que el delincuente común trata de hacerlo rápidamente para evitar ser visto, detenido o perseguido. Por tanto, alargar el proceso de interacción con éste, reduce notablemente su radio de acción, logrando que desista de su acción”.

Burga da además varios consejos cuando enfrentes a alguien violento, sea para hacerte un reclamo, amenazarte, intimidarte o tratar de robarte. Siempre con personas no armadas.

- Bajar la guardia en lugar de lucir demasiado confiado, airado o confrontar. Elevar los niveles de violencia causará que el atacante haga lo mismo.
- No ser víctima en tu mente. Usar la diplomacia para convencer que quieres resolver negociando, dialogando, sin agresividad. El 90% de los enfrentamientos pueden resolverse en la interacción, haciendo preguntas para reafirmar lo que te cuestionan, lo que piden, pero sin repetir el argumento. No resistirse al robo, sino provocar que la atención se vaya a distintos lugares, no que gire en tres frases. Esta habilidad puede ser innata o practicarse: “¿Qué quieres, este bolso, tan viejo? Me lo regaló mi mamá, ¿y si en vez de eso te doy el dinero que resuelve más? ¿De qué persona me hablas? ¿Ella no es la hermana de tu vecino?”.
- Si el caso es reiterativo y has disuades varias veces al individuo, en SPAD recomiendan la confrontación verbal de forma firme, pero sin herir egos ni actuar con agresividad, insistiendo en estas preguntas “¿Me puedes explicar cuál es el problema conmigo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué buscas lograr con tu actitud?”, insistiendo que no quieres pelear, sino ponerle punto final al acoso, explicó.




jueves, 20 de febrero de 2014

Sociólogo: Cuando se acabe con la impunidad serán efectivos los planes de seguridad

El director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño, explicó que cualquier política pública de seguridad "se mide por su resultado". Afirmó que los 22  planes del Estado "no han sido eficientes" y añadió que "cuando se acabe con la impunidad (estos planes) tendrán efectividad". 

Exhortó al Gobierno a que se exalte la ley como el mecanismo que resuelve los conflictos para acabar con la impunidad. 

Briceño aseguró, en el programa Soluciones de Globovisión, que los últimos 15 años ha incrementado los índices de criminalidad en el país y reiteró que se debe a la "impunidad muy grande que se vive". 

Destacó que la organización "realiza proyecciones con datos parciales para mostrarle una cifra al país de asesinatos violentos" y acotó que desde el año 2003 "existe una censura oficial de la cifras". 

Exhortó a que "la policía tiene que ser despolitizada" para que este cuerpo de seguridad pueda garantizar el resguardo de todos los ciudadanos. También se refirió a las cárceles y aseguró que existen los mismos problemas desde hace 3 años, cuando se creó el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. 

Paz Activa: El delincuente de hoy es más joven que el de hace 20 años 

El director de la  Organización No Gubernamental Paz Activa, Luis Cedeño, explicó el perfil del delincuente venezolano y aseguró que "es mucho más joven que el de hace 20 años". 

También señaló que en años anteriores, el criminal era mayor de edad y con escolaridad parcial y dijo en la actualidad un niño entre 10 y 13 años "ya entra en la carrera delictiva"

Detalló que esta nueva generación de los "coco secos" se debe a que "desde muy pequeños observan el patrón delincuencial en su entorno y ven los beneficios del empoderamiento criminal". 

Añadió que estos jóvenes "no sienten respeto por la vida de nadie y es porque a ellos también se le han irrespetado sus derechos" y explicó que las fallas en la sociedad perjudican a estos jóvenes que ante falta de oportunidades se dedican a delinquir. 

Robert Serra: "Vamos a desarmar a todos los que estén armados" 

El diputado de la Asamblea Nacional, Robert Serra, se refirió a las recientes manifestaciones en el país, acotó "ahora dicen que son infiltrados". Cuestionó que "si son infiltrados por qué exigen su libertad". Asimismo, consideró "que se le ha querido endosar la violencia a los colectivos". Sobre que estos grupos pudiesen portar armamentos, el diputado aseguró "vamos a desarmar a todos los que estén armados". 

Asimismo, destacó que el Plan de Pacificación Nacional se diferencia de las otras iniciativas del Gobierno, porque en esta ocasión tiene una trascendencia hacia otros sectores políticos. Mencionó la reunión del ministro de Interior Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, junto a todos los alcaldes del país sin distinción ideológica. 

El presidente Nicolás Maduro anunció el pasado 8 de enero que se está preparando una Ley de Pacificación para la "construcción de la paz desde adentro de las comunidades". 

Serra añadió que el problema de la inseguridad “es estructural y  tiene que ver con toda la sociedad”. Dijo que la formación de valores para la paz y vida son importantes para la contribución de este nuevo plan.