lunes, 24 de agosto de 2015

El fenómeno de los linchamientos crece ante la impunidad en Venezuela


El intento de asalto de una mujer con su bebé en Lomas del Ávila, Caracas, originó una cadena de sucesos que devino en el intento de linchamiento de 4 sujetos el pasado 14 de mayo. Esa urbanización está, como un nido, sitiada por el barrio marginal más grande de Latinoamérica, el José Félix Ribas.

La mujer gritó, lloró, intento huir y el escándalo alertó a la comunidad, que empezó a bajar y arremetieron contra los delincuentes hasta que fueron socorridos por funcionarios de Polisucre cuando estaban a punto de ser linchados.

Ese fue el tercer linchamiento (o intento) del 2015. A continuación la estadística se eleva atropelladamente para alcanzar 25 sucesos de esta naturaleza: en junio hubo 4; en agosto, 10.

Otro elemento alarmante es que la mayoría no responde a reacciones colectivas en contra de crímenes atroces o abominables, como violaciones a menores, sino que detonan por hechos delictivos menores como robos.

El 4 de agosto Guido Pérez (44) fue asesinado en la comunidad Monseñor Arias en la carretera Petare - Santa Lucía cuando su esposa lo botó de su casa. Pérez tomó la calle, bajo el efecto del alcohol, y abordó a una menor de edad para ultrajarla. Logró escapar pero un grupo de sujetos en moto lo apalearon, le amputaron manos y pies y luego lo rociaron con gasolina y lo incendiaron.

Un día después, en Caricuao, Yorbin Ortega fue tiroteado, quemado y linchado bajo la acción de nueve personas de la comunidad por haber estado presuntamente involucrado en robos.

Ambos sujetos fueron objeto de sucesos similares, bajo presuntos hechos delictivos de distinta naturaleza y proporción.

Javier Gorriño, experto criminólogo y criminalista, explica que "cualquier comunidad está cansada ya del hampa, si logran capturar a un delincuente cualquiera, lo linchan. Es como una venganza que llevan adentro. Hay un odio concentrado hacia el delincuente, entonces el primero que cae va a pagar todo ese odio contenido".

"Porque es que la gente siente que la policía no llegará y que si llega soltarán al delincuente a los 5 minutos. Entonces toman la justicia en sus manos", expresa Gorriño y explica que "se pierde la responsabilidad legal cuando es un grupo de personas".

"Lo que llama más la atención es la atrocidad con la que se llevan a cabo los linchamientos. No es solo matarlos (a los criminales), sino quemarlos y amputarlos, en fin, es un odio que hay hacia el delincuente como figura, no hacia el delincuente que capturan".

Gorriño asegura que estas acciones no cohiben a otros criminales de accionar en ciertas comunidades o zonas, que al contrario, esto los vuelve "más violentos".

Expone que la condición esencial de este fenómeno está originado por la falta de respuesta del Estado. "La impunidad e inseguridad que tenemos es por la inacción del Estado. Se ha limitado a demostrarle a la ciudadanía que algo harán con un operativo, como las OLP (Operación Liberación al Pueblo), por la cercanía de la fecha de las elecciones parlamentarias. No es lo indicado ni necesario". Concluye el criminalista y criminólogo.

La diputada al Parlatino, Delsa Solórzano, expuso un informe en marzo de 2015 en el que señaló que "el Ministerio Público (registró) en Delitos Comunes en 2014, 351 mil 321 casos, de los cuales fueron a juicio 5.426, es decir, 98,45 de índice de impunidad".

Por su parte, el sociólogo y director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, explica que: "Los linchamientos se dan generalmente cuando los delitos son fundamentalmente ruines, como casos de violaciones o asesinatos infantiles, porque generan reacciones muy fuertes en las comunidades cuando no se les da respuesta por parte de las autoridades. Recientemente vemos algo diferente, responde a otro patrón: las comunidades están organizándose para el caso en que logren capturar algún delincuente y su nivel de tolerancia ha bajado. Ahora no solo se trata de crímenes muy cuestionados, sino que ya los delitos comunes pueden fácilmente originar la muerte del victimario".

"En sectores populares donde se siente más agudamente la indefensión, traducida como el abandono de las autoridades de sus labores de vigilancia, resguardo y prevención (del delito), las mismas personas han decidido que si se da la situación de captura de un delincuente, ya hay un ritual que incluye el linchamiento", expone Cedeño.

"No hay en la conciencia de estas personas un estado de derecho o una institucionalidad que vele por la aplicación de sanciones proporcionadas a los delitos".

NTN24 le preguntó ¿bajo qué características se debe encontrar una sociedad para volcarse a estas acciones?

Cedeño concluyó que "el linchamiento es la manifestación más clara del fracaso del Estado en la administración del monopolio de la violencia".

El recuento de linchamiento

El 22 de enero, Ronald Mantilla (22) fue muerto a golpes por dos sujetos que lo acusaban de delincuente en Mamera, Caracas.

El 26 de febrero, en el estado Nueva Esparta, quemaron vivo a Jhonatan Guzmán por presuntamente violar a una niña de 12 años.

En Valencia intentaron linchar a dos motorizados por presuntamente dedicarse a secuestros escolares, el 20 de marzo.

Cuatro sujetos fueron objeto de un linchamiento frustrado por robo a una mujer y su bebé, el 15 de mayo en Lomas del Ávila, Caracas.

El 15 de junio, en Ocumare, le quitaron una escopeta a Ángelo González (20) cuando intentaba robar una casa. Con esta la golpearon hasta matarlo.

El 18 de junio, en el estado Carabobo, lincharon estrangulado y golpeado a José Hernández (38) por presunta violación.

El 23 de junio, más de 300 personas golpearon a un presunto violador hasta la muerte y quemaron su cadáver en Los Teques.

En el estado Táchira, apuñalaron y quemaron a Julio Palomo por robo el 24 de junio.

A Eduardo Flores (24) y Jorge Ceballos (30) los golpearon, tirotearon y amarraron por abusar de una mujer mientras la robaban, en el estado Carabobo, el 1 de julio.

El 13 de julio Andry Díaz (22) fue matado a golpes, pedradas y palazos en el estado Zulia por presunto robo.

El 2 de agosto lincharon a Guido Pérez (44) por intento de violación en una comunidad del km 13 de la carretera Petare - Santa Lucía.

A Yorbin Pérez (20) lo tirotearon e incendiaron el 5 de agosto, en Caricuao, Caracas, por robo.

El 7 de agosto lincharon a Alejandrina Orta (54) fue linchada por ser madre de un sujeto que presuntamente había matado a un adolescente, en Santa Lucía del Tuy.

El 9 de agosto, en el estado Mérida, dieron muerte a Franklin Dorante (22) por intento de robo a una casa de familia.

El mismo día, lincharon a Yorgenis Jaspe (23) por atraco a una unidad de transporte en Los Valles del Tuy.

En Terrazas del Club Hípico mataron a cuchilladas a un ladrón de residencias, el 11 de agosto.

El 12 de agosto lincharon a un motochoro que presuntamente robó a una señora en Los Ruices, Caracas.

El 16 de agosto intentaron linchar a un motorizado que intentó robar en La Candelaria, Caracas.

En Táchira, el 17 de agosto, intentaron linchar a un sujeto por querer robar una tablet.

El 18 de agosto lincharon a machetazos a un ladrón de baterías de carro, Lázaro Iriarte (24) en el estado Aragua.


Fuente: Rafael Hernández - NTN24 Venezuela

miércoles, 19 de agosto de 2015

Sociólogo analiza en NTN24 la forma en la que operan los criminales a través de redes sociales en Venezuela



Delincuentes usan redes sociales como una plataforma para comercializarse y buscar clientes potenciales. Así lo reveló Gustavo González, Ministro de Relaciones Interiores, quien además precisó que unas 39 bandas criminales están siendo investigadas.

Luis Cedeño, sociólogo, habló en NTN24 sobre este tema, haciendo un análisis sobre la motivación de los criminales para exhibirse en Facebook y Twitter. “las redes sociales son formas de promoción para que su grupo criminal se vea exaltado”, dijo.

Analizó la delincuencia en general en Venezuela y las medidas que están tomando las autoridades, diciendo que “hay una habilidad dentro del gobierno para hacer seguimiento a estas personas y detenerlas”.

“Hace falta voluntad política para restringir a esos grupos delincuenciales”, dijo.


Fuente: NTN24

martes, 11 de agosto de 2015

Luis Cedeño: “Los saqueos solo generan mayor pobreza


Luis Cedeño, director de la organización no gubernamental Paz Activa, considera que la frustración por no poder acceder de forma regular a los alimentos es el detonante de los niveles de anomia que están detrás de un saqueo. “Las personas están esperando por mucho tiempo los alimentos, se sienten desesperados por obtener los productos”, explica.

Sin embargo, cree que es necesario desarrollar una campaña de concientización con el fin de que los ciudadanos comprendan que un centro de distribución saqueado, probablemente deje definitivamente de prestar sus servicios. “Los saqueos solo generan mayor pobreza, ese centro de distribución no va a funcionar más”, señala.

El sociólogo explica que el saqueo es un fenómeno en el que la personalidad del individuo se desdibuja en función del comportamiento de las masas. De este modo, unos pocos individuos son capaces de generar en el colectivo una actitud capaz de romper el —a su juicio—ya muy fracturado orden social en Venezuela.

Cedeño advierte sobre la posibilidad de que hechos de este tipo se extiendan rápidamente, si el Gobierno nacional no es capaz de demostrar que tiene la autoridad de frenarlos. “Estos conatos de saqueo son fuegos en la llanura. Pueden extenderse fácilmente. En la medida en que el Gobierno de permisividad la gente pensará que es impune. Hay que tener cero tolerancia con el saqueador”, recomienda.

Rechaza que estas acciones sean justificadas y descarta que se consideren como hechos “históricos”. “Quien saqueó hoy, no saqueó en 1989. Estas son personas que buscan beneficiarse de forma rápida”, critica.

Sugiere tomar medidas para reducir la frustración de los consumidores al no conseguir alimentos, o tener que comprarlos a precios inaccesibles. “Si hubiese plena oferta de productos y servicios no hubiese saqueos. Hay que reducir la frustración de las personas”, agrega.



Fuente: RunRunes

Organizaciones de DDHH ven con recelo operativo practicado en la Cota 905


Voceros de organizaciones no gubernamentales tienen posiciones encontradas en relación con el operativo practicado este lunes 13 de julio en la Cota 905. Por un lado están de acuerdo y consideran necesarias las políticas que garanticen la seguridad de los venezolanos, pero por otro expresan su preocupación por la desproporción entre las personas heridas y asesinadas, así como las condiciones en las que fueron detenidas 134 personas.

A Rafael Uzcátegui, secretario general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el hecho de que de no hayan personas lesionadas le genera muchas interrogantes, ya que si se basa en los informes de la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol) impulsada por el Gobierno de Chávez en 2006, la desproporción entre las bajas civiles y las bajas policiales hacía presumir que se estaban encubriendo casos de ajusticiamiento bajo la figura del enfrentamiento.

“Ellos hablaban de que por cada caso de lesionado hubiera tres asesinatos ya era peculiar, aquí fueron 15 muertos y ni un herido lo que quiere decir que a nivel de procedimiento policial es extraño”, agregó. En su opinión, la Fiscalía y la Defensoría deben abrir la investigación y solución de estos casos.

Uzcátegui también se refirió a los estándares internacionales sobro cómo deben ser las personas privadas de libertad teniendo en cuenta el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. “Por supuesto si un funcionario es atacado tiene derecho a su legítima defensa para responder, pero también debe adaptarse a una serie de condiciones donde debe privar el respeto a la vida, garantizarle la vida al adversario”, especificó.

“Vemos con preocupación que de las 134 personas detenidas solo han quedado privadas de libertad 19; es decir, estamos repitiendo un procedimiento que fue altamente cuestionado por el Gobierno, es la situación de razzias, de operativos indiscriminados en las zonas populares donde se detenían a las personas por una serie de características físicas o sociales” , agregó e hizo énfasis en la eficiencia limitada del mismo.

Para Roberto Briceño, del Observatorio Venezolano de Violencia, es paradójico que en una sociedad donde la impunidad es común, y donde no se enfrente directamente a las bandas criminales, de pronto se use el Ejército y una gran cantidad de armas para establecer un operativo contra la delincuencia. “Evidentemente es necesario responder a estos grupos delincuenciales, pero no puedo asegurar que esa haya sido la forma correcta”, aclaró.

Considera que para lograr el éxito de estos operativos es necesario tener por delante el respeto por la ley, por los derechos humanos concebidos en esas leyes para así lograr que la acción sirva para disminuir la violencia y no para aumentarla. “En cualquier acción tu tienes que cuidar que no caigan victimas inocentes. Al igual que el principio de comportamiento del médico, no se puede causar más daño del que intentas evitar” , ejemplificó.

Sobre el número de personas que resultaron muertas en estos operativos, Luis Cedeño, director de la Asociación Civil Paz Activa, explicó que aquí hasta podría pensarse en el ajusticiamiento como forma de profilaxis social que manifiesta en lo que son las cifras de resistencia de la autoridad. En el tema de justicia, Cedeño recordó que es necesario que se garanticen los derechos de las personas que fueron detenidas. Hizo un llamado a la Defensoría para que hagan un monitoreo de los casos y los investiguen.



fuente: María Laura Chang (Efecto Cocuyo)

miércoles, 5 de agosto de 2015

CARACAS: Pandillas mutaron a megabandas

41 bandas en Caracas actúan
sin contención del Estado

 
 Crecieron entre la impunidad y la negligencia, y siembran terror en el país
 Carlos Luis Revete, alias “Coki”, cumple mañana tres semanas prófugo de la justicia.
 En el municipio Libertador están 19 de las organizaciones criminales que actúan en las cinco jurisdicciones de la capital.
 Para erradicar las megabandas, el gobierno lanzó esta semana una razzia militar-policial llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP).
 Solían ser pequeñas y ya infundían terror. Pero ahora las pandillas de los barrios en Venezuela dieron paso a la aparición de las llamadas “megabandas”.
Caracas.- Según los expertos, “megabandas” fuertemente armadas están aterrorizando sectores de Venezuela, lo que sería el más reciente indicio de que el caos criminal en el país puede estar tendiendo hacia la conformación de estructuras más organizadas.
El Observatorio de Delito Organizado de Venezuela emitió una alerta en la que llama la atención sobre el creciente poder de estructuras criminales a las que denomina “megabandas”. Cada una de ellas tiene cerca de 50 miembros que conforman su base, pero pueden apoyarse en redes de hasta 200 criminales mediante conexiones con bandas callejeras locales.
Las principales actividades criminales de las “megabandas” son la extorsión, el secuestro, el robo, el sicariato y el tráfico de drogas. Estas bandas están mejor armadas que las padillas callejeras comunes, y su armamento incluye rifles de asalto y granadas de fragmentación.
El observatorio señaló que las megabandas no son una evolución de las pequeñas pandillas callejeras, sino que se basan en un modelo criminal desarrollado en las prisiones de Venezuela, donde líderes conocidos como “pranes” dominan estructuras jerárquicamente organizadas. Varias de las bandas son controladas por este tipo de figuras desde las prisiones.
 
La Cota 905:
La captura del líder de la banda, que lleva su apodo y que se moviliza por la Cota 905, El Paraíso y El Cementerio, era objetivo de la Operación de Liberación del Pueblo que los cuerpos de seguridad desplegaron en la Cota 905 el 13 de julio, pero ya no estaba allí.
La organización del “Coki” es una de los 41 grupos que operan en los 5 municipios de Caracas ­es una de las 19 que actúan en Libertador­ y que colocan a Caracas en una de las capitales más expuestas al delito en América Latina.
Si bien en Sucre, Chacao, Baruta y El Hatillo se concentran 22 de estas organizaciones delictivas ­la mitad más uno de las que existen en toda la ciudad­, en Libertador los grupos delictivos involucrados con la venta de drogas, homicidios, extorsión y robo de vehículos llevan más de dos décadas en la zona, como la del 70 en El Valle; están más organizadas y cuentan con más de 100 hombres que tienen definidas sus funciones para mantener el control en algunos barrios de la parroquia, como en el bloque 10 de Propatria, donde el grupo de “Las Barras” con jóvenes “gariteros” hacen guardias 24 x 24 horas para vigilar los movimientos en el sector popular.
Aunque algunos de los integrantes de estas bandas han sido detenidos en procedimientos policiales, otros miembros se han reagrupado o han ganado más “cartel”, más popularidad entre las bandas, más poder.
Las “megabandas”, nuevas dueñas del crimen organizado:
“La megabanda, de «El Picure» y la de «El Juvenal», tomaron mucha fuerza en número de integrantes, en materia de logística y en capacidad de fuego”, dijo el sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia. “Tienen acceso a armas de guerra, Ak-47s, AR15s, granadas fragmentarias, y tienen una cobertura geográfica importante, porque coordinan con pequeñas bandas locales, a las que le ofrecen logística y protección”, explicó.
Las megabandas usan ese armamento para no solo emprender sus actividades delictivas, sino también enfrentar a las fuerzas del orden de igual a igual, atacando con granadas y rifles de asalto estaciones de policía en incidentes recientes. El Picure -organización que lleva el nombre de su fundador, José Tovar Colina, alias “El Picure”- ha estado en los titulares de prensa últimamente tras una serie de enfrentamientos con los organismos de seguridad en las zonas donde opera, principalmente en los estados de Aragua y Guárico. El Picure comenzó a extender sus tentáculos a Caracas, pero su poder en la capital es muy inferior al que ejerce El Coqui, otra de las bandas que acaparan la atención de los medios por estos días.
La megabanda de “El Coqui” liderada por Carlos Luis Revete, alias “El Coqui”, una agrupación que logró establecer una amplia alianza con otras pandillas y conforma una confederación que controla las actividades delictivas en el sur de la capital. La mayoría de las megabandas operan en los estados centrales del país y en el corredor nororiental que va desde Caracas hacia Puerto La Cruz. Una de ellas opera en el estado de Zulia y otra en la zona minera del estado de Bolívar.Que el régimen ahora haya salido a combatirlas no es una casualidad. “El costo político de no reprimir se volvió demasiado alto para el gobierno”, dijo Cedeño.
Hay cierto tufillo electoral en las redadas. Los vecinos afectados viven en las zonas populares de alta densidad que tradicionalmente han respaldado al chavismo y el tema había comenzado a verse reflejado en las encuestas de cara a las cruciales elecciones parlamentarias de diciembre.
Pero las relaciones entre el régimen y los pandilleros no siempre fueron hostiles. Entre las principales razones atribuidas al surgimiento de las megabandas están las denominadas “zonas de paz”, o territorios libres de presencia policial, constituidos para beneficiar a las pandillas con la esperanza de que dejaran de matarse en enfrentamientos territoriales y que eventualmente depusieran sus armas para incorporarse a la sociedad. La iniciativa tuvo resultados parciales. Los pandilleros lograron ver las ventajas de hacer las paces, pero terminaron forjando alianzas para seguir delinquiendo.
¿Una paradoja?:
“A 20 funcionarios de Policaracas les abrieron un proceso de sanción y posible destitución por haber ingresado a la Cota 905 sin notificarles a sus superiores. Los 7 oficiales que resultaron lesionados también son investigados”, informa El Nacional en su edición del 14 de junio de 2015.
En la nota un efectivo dice que la Cota 905 es una zona de paz y que el director del organismo de seguridad, general de brigada de la GNB, Eduardo Serrano, les llamó la atención a los agentes que entraron en ese sector e incluso amenazó a algunos con despedirlos.
Sin límites:
Ese poder, a juicio del sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia, aumentó desde 2005 cuando las pandillas de Caracas, de tamaño reducido y actuación limitada, comenzaron a mutar a mafias organizadas, con un mando jerárquico piramidal.
“Hoy se ha puesto al día el crimen organizado y las bandas se convirtieron en alumnos aprovechados”, explicó. El pasado sábado 25, el presidente Maduro dijo: “Estamos desarrollando una fase especial de las OLP. para proteger al pueblo, ya basta de crímenes.
La OLP va a “liberar” al país:
Sin embargo, Caracas es la capita con más homicidios en el mundo. “Tiene una tasa de 122 muertes por cada 100.000 habitantes, nunca había tenido un desarrollo de bandas tan estructuradas como en la actualidad. Antes eran pequeñas, tenían actuación limitada y una estructura jerárquica horizontal y no tenían unificación de mando.
Actualmente existen con una jerarquía piramidal en la que los líderes se entienden con la parte media y esta con el último eslabón”, precisó Briceño León.
Aseguró que las mafias han perfeccionado sus técnicas por la escasa contención del Estado, como sí sucede, por ejemplo, en México, Brasil y Colombia y por esta razón las bandas en Venezuela pueden tener un nivel de acción superior que el de sus pares en otros países: “Mientras en la década de los 90 y a principios del 2000 las pandillas robaban al carnicero, ahora le cobran al carnicero para no robarlo. Los delincuentes les cobran a sus víctimas para no asaltarlas”.
Cada megabanda, según Cedeño, tiene núcleos de 30 a 50 personas que son capaces de trazar alianzas para hacer trabajos específicos en otras áreas del país. El programa de las “zonas de paz” incrementó la magnitud de estas pandillas, y según Cedeño les confirió a sus líderes poderes de negociación similares a los que tienen los “pranes” o jefes de presos.
“La megabanda que vemos surgir en contraposición a la banda tradicional enmarcada a un entorno geográfico particular busca replicar el éxito que han tenido los pranes de las cárceles, en cuanto a capacidad de fuego y peso de negociación con las autoridades del Estado”, afirmó.
Ausencia de controles:
Para el criminólogo Keymer Ávila, el crecimiento de los grupos criminales en el país se origina en la falta de controles formales por parte del Estado.
Ávila indicó que estos grupos desarrollan alianzas con estructuras medias de los cuerpos armados. De esta forma obtienen la posibilidad de operar con impunidad, reúnen armas y aumentan su capacidad logística.
“No los veo como paramilitares, pero sí una consecuencia de la falta de intervención por parte del Estado. Es como el niño al que no le ponen límites. Empezaron usando revólveres, ahora tienen pistolas, granadas y armas largas”, explicó.
En torno a las grandes bandas ya identificadas –según Cedeño– podrían operar hasta 600 personas. Esto incluye tanto a los núcleos de cada grupo como a las personas que ocasionalmente les prestan algún servicio; 7 de las 12 grandes organizaciones tienen su área de acción en el Distrito Capital y el estado Miranda.
En Guárico y Aragua hay 3, incluida una estrechamente relacionada con el penal de Tocorón. Las restantes están en los estados Bolívar y Zulia.
El Dato: Hasta ahora las grandes redadas se han realizado en Aragua y Distrito Capital. Para erradicar las megabandas, el gobierno lanzó esta semana una actividad militar y policial llamada Operación de Liberación del Pueblo. Hasta ahora las grandes redadas se han realizado en Aragua y Distrito Capital.

Por: Angélica Lugo
Javier Ignacio Mayorca
Deivis Ramírez Miranda