Voceros de organizaciones no gubernamentales tienen posiciones encontradas en relación con el operativo practicado este lunes 13 de julio en la Cota 905. Por un lado están de acuerdo y consideran necesarias las políticas que garanticen la seguridad de los venezolanos, pero por otro expresan su preocupación por la desproporción entre las personas heridas y asesinadas, así como las condiciones en las que fueron detenidas 134 personas.
A Rafael Uzcátegui, secretario general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el hecho de que de no hayan personas lesionadas le genera muchas interrogantes, ya que si se basa en los informes de la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol) impulsada por el Gobierno de Chávez en 2006, la desproporción entre las bajas civiles y las bajas policiales hacía presumir que se estaban encubriendo casos de ajusticiamiento bajo la figura del enfrentamiento.
“Ellos hablaban de que por cada caso de lesionado hubiera tres asesinatos ya era peculiar, aquí fueron 15 muertos y ni un herido lo que quiere decir que a nivel de procedimiento policial es extraño”, agregó. En su opinión, la Fiscalía y la Defensoría deben abrir la investigación y solución de estos casos.
Uzcátegui también se refirió a los estándares internacionales sobro cómo deben ser las personas privadas de libertad teniendo en cuenta el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. “Por supuesto si un funcionario es atacado tiene derecho a su legítima defensa para responder, pero también debe adaptarse a una serie de condiciones donde debe privar el respeto a la vida, garantizarle la vida al adversario”, especificó.
“Vemos con preocupación que de las 134 personas detenidas solo han quedado privadas de libertad 19; es decir, estamos repitiendo un procedimiento que fue altamente cuestionado por el Gobierno, es la situación de razzias, de operativos indiscriminados en las zonas populares donde se detenían a las personas por una serie de características físicas o sociales” , agregó e hizo énfasis en la eficiencia limitada del mismo.
Para Roberto Briceño, del Observatorio Venezolano de Violencia, es paradójico que en una sociedad donde la impunidad es común, y donde no se enfrente directamente a las bandas criminales, de pronto se use el Ejército y una gran cantidad de armas para establecer un operativo contra la delincuencia. “Evidentemente es necesario responder a estos grupos delincuenciales, pero no puedo asegurar que esa haya sido la forma correcta”, aclaró.
Considera que para lograr el éxito de estos operativos es necesario tener por delante el respeto por la ley, por los derechos humanos concebidos en esas leyes para así lograr que la acción sirva para disminuir la violencia y no para aumentarla. “En cualquier acción tu tienes que cuidar que no caigan victimas inocentes. Al igual que el principio de comportamiento del médico, no se puede causar más daño del que intentas evitar” , ejemplificó.
Sobre el número de personas que resultaron muertas en estos operativos, Luis Cedeño, director de la Asociación Civil Paz Activa, explicó que aquí hasta podría pensarse en el ajusticiamiento como forma de profilaxis social que manifiesta en lo que son las cifras de resistencia de la autoridad. En el tema de justicia, Cedeño recordó que es necesario que se garanticen los derechos de las personas que fueron detenidas. Hizo un llamado a la Defensoría para que hagan un monitoreo de los casos y los investiguen.
fuente: María Laura Chang (Efecto Cocuyo)
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