martes, 27 de octubre de 2015

Cicpc sin identificación viola la Ley e implica un retroceso en el sistema policial


Retrocederíamos al año 2006 con la supuesta orden sobre  la circulación de vehículos oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) sin logos de la institución. La medida estaría basada en la protección de los uniformados, tras los últimos ataques que han sufrido con granadas y armas de alto calibre en manos de antisociales.

Con la decisión se estaría violando el artículo 66 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, la cual entró en vigencia el 7 de diciembre de 2009, y que fue publicada en Gaceta Oficial 5.940, luego del trabajo que realizó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) en los años 2006, 2007 y 2008. El mencionado artículo dice lo siguiente:

De la identificación Artículo 66.

”Los funcionarios policiales están obligados, durante el ejercicio de sus funciones, a utilizar los uniformes, insignias policiales y equipos autorizados, así como portar los documentos de identificación que los acrediten como funcionarios. El uniforme, insignia policial y equipo autorizado deberán encontrarse debidamente identificados de modo visible, con mención expresa al funcionario y cuerpo de policía al cual pertenece, estando obligados a identificarse a solicitud de las personas. Quedan a salvo las normas especiales sobre agentes encubiertos e inteligencia policía”.

Desde que ocurrió la masacre de tres estudiantes de la universidad Santa María en el barrios Kennedy de Las Adjuntas, en Caracas, se prendieron las alarmas sobre la identificación o no de los funcionarios policiales, señala el director de la ONG Paz Activa Luis Cedeño.

Ese 27 de noviembre de 2005 personas sin distintivo alguno y encapuchados asesinaron a Eric Montenegro, Leonardo González y Edgar Quintero e hirieron a tres mujeres que los acompañaban. Posteriormente se supo que los homicidas eran de la policía científica. Dos de los tres asesinados presentaron orificios producto del paso de los proyectiles disparados por armas de fuego a próximo contacto, (menos de 1 metro de distancia).

“De ese caso devino en la ley que todos los cuerpos de policía nacional debían estar uniformados y debían tener nombres en su uniforme para justamente evitar esos anonimatos, porque detrás del anonimato se esconde el abuso de autoridad o la violación de derechos humanos, por eso se estableció de esa manera”, indicó Cedeño.

El sociólogo no cree que la medida de no circular con logos se estaría aplicando para proteger a los funcionarios de ataques. Advirtió que la no identificación contribuye a que “los delincuentes se mezclen con los policías; entonces nadie va a saber exactamente cuando uno de estos cuerpos de seguridad, que no está identificado y se le acerque a la ciudadanía, la gente podría confundirlos con antisociales, como ha pasado, pudiendo generarse situaciones delicadas como un intercambio de disparos sin necesidad”, afirmó.

De hecho, para evitar esto, en la reforma policial, se estableció un solo logotipo para las policías y un uniforme que se diferenciaba entre estadales o municipales, sólo por el color.

Para Luis Cedeño, “esto sería un retroceso porque ya sabemos que cuando no existía la identificación eso generaba una cantidad de problemas, sería regresar y que esos problemas vuelvan a aparecer y por ende aumente la violación de derechos humanos así como las muertes por resistencia a la autoridad”, agregó el director de la ONG.

Esa mezcla entre funcionarios y antisociales, que podría dar el anonimato como menciona Luis Cedeño, lo vivieron los venezolanos en febrero de 2006 cuando en una supuesta alcabala de la Policía Metropolitana (PM) en el sector Vista Alegre, se produjera el secuestro de Jhon, Kevin y Jeison Faddoul de 17, 13 y 12 años de edad respectivamente y su chofer Miguel Rivas.

El 4 de abril de ese mismo año fueron localizados muertos en una localidad del estado Miranda. Cuatro funcionarios de la PM y otras nueve personas fueron condenados a 30 años de prisión. Otros cuatro civiles asumieron los cargos y su sentencia fue menor.

El pasado domingo, la Coordinación Nacional de Investigaciones Penales del Cicpc ordenó a todas las divisiones y subdelegaciones del área metropolitana de Caracas la prohibición de circular las unidades de la policía científica, debido a los ataques con granadas ocurridos durante el fin de semana.


Fuente: El Estímulo

miércoles, 21 de octubre de 2015

ONG vincula zonas de paz con aumento de linchamientos


Luis Cedeño, director de la agrupación encargada de promover la convivencia ciudadana, aseguró que el Gobierno ha cedido el monopolio del control de la violencia

Caracas.- La “impunidad casi absoluta” cuando se trata de delitos menores y la falta de presencia policial en los barrios ha generado un estado de indefensión frente al cual las comunidades venezolanas se sienten obligadas a organizarse para buscar justicia al margen de la ley. Así lo señaló la Organización No Gubernamental (ONG) Paz Activa.

El director de la ONG y también sociólogo, Luis Cedeño, afirmó que en los últimos años el Gobierno ha cedido “de manera deliberada” el monopolio del control de la violencia, lo que explica en parte el aumento acelerado de los casos de linchamiento de criminales que son hallados en flagrancia.

“Frente a la ausencia de un Estado capaz de hacer justicia, la gente se organiza y adopta este comportamiento. La falta de respuestas a la inseguridad ha hecho que regrese el ojo por ojo, diente por diente”.

Cedeño señaló que la legitimación de los colectivos armados, así como la aparición de las zonas de paz - creadas en 2013 con el fin de pacificar a bandas armadas y reinsertarlas en actividades legales- constituyen una muestra de cómo las autoridades han ido perdiendo terreno en el control de la criminalidad.

Refirió que esta realidad ha propiciado un mayor número de ejecuciones extrajudiciales, que ya no se limitan a los llamados “delitos despreciables”. Alertó que estos hechos son un síntoma de sociedades que han involucionado.

“Antes esta conducta estaba reservada para los casos de sucesos aborrecibles como violaciones o pedofilia, pero ahora vemos como también por robo o hurto se han vuelto cada vez más frecuentes y consuetudinarios”, manifestó.

En menos de una semana se han registrado dos casos de linchamiento en Petare (Miranda).

"Frente a la ausencia de un Estado capaz de hacer justicia, la gente se organiza (...) la falta de respuesta a la inseguridad ha hecho que regrese a la comunidad el ojo por ojo, diente por diente”. Luis Cedeño Director de Paz Activa

El martes, el joven Edicson Parra falleció tras ser golpeado y quemado por una turba del barrio Carpintero, mientras que una situación similar se produjo el jueves pasado con Jorge Alberto Catari y Wilson Peña Rodríguez, quienes fueron asesinados por la comunidad del sector Mesuca.

Mano dura

El vocero de la ONG promotora de la convivencia ciudadana prevé que para el cierre de 2015 se produzcan hasta 300 linchamientos en todo el país, lo que sería un pico histórico, pues hasta el año 2011 el promedio se situaba en 30 ajusticiamientos anuales.

“Lo que sucede es que hay una cifra negra porque la mayoría no se denuncian (...) Hay más de 3 mil homicidios al año que se califican como muerte por averiguación y muchos de ellos son linchamientos”, dijo.

Cedeño también aludió a la implementación de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), de las cuales dijo que pese a las denuncias de violación de derechos humanos, la medida ha sido bien recibida en las zonas populares.

“La gente siente que es necesario que se aplique esa mano dura a la impunidad (...) Necesitan que de alguna forma sea resarcido el daño que les ha hecho la impunidad”, dijo.

Esta semana fueron activadas OLP en Sucre y Anzoátegui.

El ministro para Relaciones Interiores, Gustavo González López, dijo que la medida continuará extendiéndose para combatir la delincuencia y el paramilitarismo.

98,4 por ciento de los casos que manejó el Ministerio Público en 2014 quedaron impunes. La cifra aportada por el inspector jubilado de la Disip y asesor de seguridad, José Moreno, corresponde al informe de la Fiscalía del año pasado, que señala que en 2014 hubo 352 mil 321 delitos y solo 5 mil 426 de ellos fueron resueltos.

Victimario difuso El director de Paz Activa, Luis Cedeño, aseguró que los linchamientos constituyen un desafío para las institucionalidad, pues la figura del victimario es difusa. “Es muy difícil esclarecer estos casos, porque no hay un responsable, sino que se trata de una identidad difusa por un comportamiento de masas”.



Fuente: El Tiempo

miércoles, 14 de octubre de 2015

Vigilantes, una opción no muy querida


La inseguridad ha implantado un nuevo campo laboral para los jóvenes venezolanos, incluso cuando "este es uno de esos oficios con los que nadie de niño piensa ni dice qué quiere ser cuando sea grande", como afirma Gerardo, un ex soldado de 27 años ahora a las órdenes de una firma de vigilancia privada.

Por Humberto Márquez

Gerardo no permaneció en la milicia "para no seguir con esa disciplina", no quiere ir al comercio detallista informal (y a menudo ilegal) que crece en las ciudades pues, asegura: "No me gusta andar vendiendo, y aquí tengo un sueldito mientras llega la hora de estudiar algo como computación o dibujo", dice mientras se estira en la garita de 2x3 metros desde la que vigila el acceso a un grupo de edificios residenciales en el sureste de Caracas.

"Una de las razones por las que logramos nuevos reclutas para la compañía es porque a muchos les atrae un trabajo en el que nunca hacen mucho y a veces casi nada, y es poco el esfuerzo físico o intelectual que se exige", señala Herminia Araujo, gerente de una empresa de seguridad que actúa en el oriente del país.

En Venezuela operan más de 600 empresas de seguridad que dan empleo a más de 100.000 vigilantes, según cifras que maneja la principal cámara que las agrupa, y una buena parte de ellos son jóvenes, a menudo egresados del servicio militar.

En un municipio de clase media de Caracas, El Hatillo, la policía local cuenta con 87 efectivos pero en la zona trabajan 2.700 guardias privados. “La alcaldía ha debido encuadrar en un pacto de colaboración a unos 200 vigilantes privados”, señala el sociólogo Luis Cedeño, de la organización sobre seguridad Paz Activa.

El telón de fondo es el negocio de la seguridad que hizo crecer en la última década las empresas de blindaje de autos, los servicios de guardaespaldas y las calles cerradas con garitas de vigilancia. Cinco de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en Venezuela, según el ranking de la organización mexicana Seguridad, Justicia y Paz.

La paga es poca

Un joven que ingresa a la empresa de vigilancia gana el salario mínimo (7.500 bolívares, menos de 40 dólares al mes), pero la remuneración puede hasta duplicarse con bonos, por alimentación, guardias nocturnas, transporte y, en algunos casos, puntualidad.

Isabel, joven madre asignada como vigilante a un supermercado, comenta que “un beneficio es que podemos comprar más fácilmente productos escasos, leche, pañales, jabón”. En la Venezuela de los últimos dos años los consumidores dependen del azar cuando van al mercado a buscar dos docenas de productos esenciales, pero los empleados se informan primero de la mercancía que llega.

Jóvenes como Gerardo se quejan de que “el dinero no alcanza” y recuerda que vecinos de su barriada que se dedican a revender alimentos y artículos de higiene subsidiados ganan más dinero, “pero aquí hay más seguridad en que recibirás tu salario los días 15 y último” de cada mes.

Araujo dijo que “cuando ya son más experimentados, no tan jóvenes, los ingresos mejoran para la gente de seguridad porque trabajan por ejemplo como supervisores”, y según Cedeño, “allí incluso hay una descapitalización de las policías, porque los jóvenes migran en busca de remuneración mejor a la que reciben como agentes”.

El problema es el riesgo 

Alfredo, frisando los 30, es un escolta motorizado generalmente asignado a cuidar empresarios, gerentes o expertos que vienen al país en plan de negocios. “El trabajo es en grupo, coordinado con la central, un auto, a veces blindado, una moto o hasta dos con el personaje. El problema es que los malandros te ubiquen y quieran después asaltarte para quitarte un arma o un equipo”, dice.

El gobierno autoriza que vigilantes de ciertas empresas porten revólveres o escopetas, con una munición mínima, pero son pocos y la mayoría dispone sólo de radios o teléfonos.

“Mejor estar sin armas, menos riesgo de que te ataquen. Nosotros observamos, pero si llega un grupo que fuerza el paso y va a asaltar o echa tiros, ¿qué podemos hacer? Encerrarnos y tratar de avisar a la policía”, comenta Oscar, otro guardián de residencias.

El panorama del crimen en Venezuela (un millón de delitos y 19.000 homicidios en este país de 30 millones de habitantes, según las últimas estadísticas oficiales de hace ya varios años), incluye más de 100 policías abatidos cada año solo en la capital, algunos de ellos guardaespaldas, y el asesinato de vigilantes en asaltos, principalmente.

¿Vale la pena el riesgo? Como Gerardo, muchos otros jóvenes vigilantes ven el empleo en seguridad como un puente, como la manera de aguantar una situación que escapa a su manejo mientras las condiciones del país mejoran y pueden asirse a otro oficio, con el que quizá sí soñaban ser desde muy chicos.

Fuente: El Toque

jueves, 1 de octubre de 2015

Serie de Monografías: “Visibilizando el Delito Organizado”



Luisa Berlioz - El Observatorio de Delito Organizado presentó en Caracas, la primera serie de Monografías “Visibilizando el Delito Organizado”, desarrollando cuatro temas: 1. “Como afecta la delincuencia Organizada al Ciudadano” (Autor: Marcos Tarre); 2. Robo y hurto de vehículos en VenezuelaUn enfoque preventivo” (Autor: Javier Ignacio Mayorca); 3. “Materiales de Sangre: extracción y contrabando de materiales estratégicos en Venezuela” (Autor: Fernando Fernández); y 4. “Secuestro Extorsivo y Secuestro Expres” (Autor: Marcos Tarre), según informó Luis Cedeño, Director del Observatorio de Delito Organizado en Venezuela.

“Esta serie de Monografías: “Visibilizando el Delito Organizado”, comenta Cedeño, “tienen una doble funcionalidad: visibilizar estos delitos que apenas ahora las personas están entendiendo su vinculación con el delito organizado, y a su vez educarlos de alguna manera sobre la naturaleza de esos delitos y de cómo no ser parte de ellos ni víctimas de estos en particular”, precisó el Director del Observatorio.

El evento transcurrió durante la mañana y contó con la participación de la Coordinadora del Observatorio de Delito Organizado, Wileyma Meneses y los autores Marcos Tarre, Fernando Fernández y Javier Ignacio Mayorca quienes comentaron en detalle cada una de las publicaciones que conforman esta serie de Monografías “Visibilizando el Delito Organizado”. La clausura del evento estuvo a cargo de Phillipp Gross, Jefe de la Sección Política de la Delegación de la Unión Europea en Caracas.

Luis Cedeño resaltó que esta actividad “está en el centro de la misión del Observatorio y se refieren a aquellos delitos que conocemos pero que existen otros delitos que la mayoría de las personas pareciera no relacionar con el delito organizado. En esta oportunidad estamos hablando de Secuestro y Extorsión, Robo y Hurto de Vehículos pero también estamos hablando del Contrabando de Extracción que son los llamados “materiales de sangre” que son materiales estratégicos que se extraen de forma ilegal en el sur del país. Tenemos la extracción de diamantes, oro y otros materiales menos conocidos como el coltán, materiales estratégicos para la industria de la tecnología y Venezuela tiene una fuente muy importante de ellos.  Lamentablemente no se logran obtener los beneficios a niveles fiscales de estos materiales porque el delito organizado mantiene un mercado ilegal totalmente cooptado a nivel nacional.