viernes, 19 de marzo de 2010

EL NACIONAL - Viernes 19 de Marzo de 2010. Opinión/A8.

El Editorial

Violencia como política: fracaso del Dibise

Una de las cosas que más llama la atención del venezolano es cómo la violencia se ha convertido en una presencia cotidiana en los últimos once años. Las estadísticas son estremecedoras no sólo porque cuantifican y señalan el límite entre el terror y la muerte para el ciudadano de a pie, sino porque crecen como una plaga que lo devora todo.
Los 67 homicidios en Caracas el pasado fin de semana marcan un nuevo record porque supera la altísima cifra del fin de semana del 31 de diciembre de 2009, que era la más alta. Y ello ocurre en el marco de otro plan de seguridad de los tantos que ha iniciado el Gobierno nacional, esta vez renombrado como "Bicentenario", para darle cierta fuerza histórica. Lo cierto es que el Dispositivo Bicentenario de Seguridad estaba destinado al fracaso desde su concepción. No sabemos si con alevosía, por ignorancia o por ineptitud, involucraron en este plan a la represiva Guardia Nacional Bolivariana, que ha demostrado su ineficacia en labores de seguridad ciudadana en repetidas oportunidades. De allí el enfoque oficial casi exclusivamente represivo y de control, donde el énfasis subyace en las alcabalas y el patrullaje. Tampoco se observa alguna acción en los otros ejes del programa tales como la de disminuir la violencia de sexo y la que existe en escuelas y liceos. El trabajo de prevención, el cual tendría un verdadero impacto en la reducción del delito, es inexistente.
Si analizamos las cifras de este dispositivo bicentenario, encontramos que los resultados son ridículos con respecto a la magnitud del problema. Que se le dé publicidad a la retención de 31 armas de fuego es una burla en un país donde circulan ilegalmente millones de armas. El haber detenido a 3 personas vinculadas a homicidios o incautado 23 gramos de crack no son ni pueden serlo resultados satisfactorios porque la realidad exige cifras más contundentes. En suma, el problema de la inseguridad no se está resolviendo sino que está empeorando. El fracaso de esta iniciativa bicentenaria (como el de las anteriores) es cruel y notorio.
Lo único verdadero es que no existe en realidad la voluntad o el interés rotundo por resolver el problema. Destinar apenas 319 millones de bolívares a un asunto tan grave (que merma al país entre 20% a 30% de su PIB y mantiene a 80% de su población en zozobra) lleva un mensaje muy claro a los venezolanos: no existe ningún interés oficial de detener la delincuencia y la violencia, sino más bien fomentarla. Hay que denunciar que se trata de una política alentada desde el poder: mantener durante once años un discurso bélico extremista, adelantar una carrera armamentista, incitar a la polarización política y la destrucción del otro no son iniciativas promotoras de la paz social y de la convivencia, tan necesarias para la disminución de la violencia delincuencial traducida en miles de homicidios cada año. Y eso lo sabe el Gobierno.

jueves, 4 de marzo de 2010

EL NACIONAL - Miércoles 03 de Marzo de 2010. Opinión/6

El Editorial

Una norma bolivariana: La impunidad.

En un reciente estudio dado a conocer por el Observatorio Venezolano de la Violencia, se tomaron en cuenta dos indicadores fundamentales, el total de homicidios y el total de detenciones por homicidios, y luego los parearon para generar un nuevo indicador: el "número de detenciones por homicidio". Lo sorprendente es que se pudo constatar que, en los últimos años, la cifra de detenciones disminuyó significativamente pero el número de homicidios nunca dejó de crecer. Este preocupante comportamiento, según el estudio en cuestión, ha generado una brecha alarmante en 2009, último año de la estadística: 1.491 detenciones contra 16.047 homicidios, es decir, menos de 1 detenido por cada 10 casos. Pero la realidad es aún mucho más compleja: esas 1.491 detenciones no representan un detenido por caso, sino que hay expedientes que probablemente generen más de un detenido. De hecho, la detención no significa una condena. De ahí que, al concluir en firme el proceso legal contra los detenidos, la impunidad por casos de homicidios puede ubicarse por encima de 97%, según las cifras oficiales. De más está decir que para otros tipos de delitos, la impunidad es casi total en el país.
Por otra parte, el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre Venezuela muestra serias preocupaciones con respecto a la seguridad ciudadana. En el documento se revela cómo aumentaron los indicadores de violencia y delincuencia de forma alarmante en los últimos años y se destaca la impunidad como uno de los factores que más contribuyen al fenómeno de la inseguridad. El gobierno bolivariano atribuye la violencia y la inseguridad a la pobreza y la miseria en los barrios. Si es así, entonces Miraflores miente cuando pregona que ha mejorado sustancialmente las condiciones sociales en salud, educación y disminución de la pobreza en Venezuela. Estos grandes avances sociales hubieran derrotado la inseguridad, pero ha resultado lo contrario.
Lo cierto es que la impunidad genera una doble frustración en la sociedad. Un funcionario policial se desmoraliza cuando se da cuenta de que el esfuerzo invertido en atrapar a un criminal se desvanece al ver al poco tiempo al mismo criminal en la calle cometiendo los mismos delitos. De igual manera, los ciudadanos que aportan información a la policía por la vía de la denuncia, no querrán en un futuro volver a hacerlo al percibir la misma situación. Por su parte, el mensaje social que reciben los delincuentes es directo: no hay sanción, sigan con sus fechorías. De forma premeditada el Gobierno ha desmontado las instituciones del Estado, llevándolas a la sumisión absoluta ante el Poder Ejecutivo, fenómeno del cual no escapó el sistema de judicial. Si el sistema de justicia demostrara eficacia en algunos casos (emblemáticos o no) el impacto en la sociedad sería rotundo y contribuiría de forma positiva a la recuperación del Estado de Derecho en el país. Pero eso es pedirle mucho a los militares.