jueves, 4 de marzo de 2010

EL NACIONAL - Miércoles 03 de Marzo de 2010. Opinión/6

El Editorial

Una norma bolivariana: La impunidad.

En un reciente estudio dado a conocer por el Observatorio Venezolano de la Violencia, se tomaron en cuenta dos indicadores fundamentales, el total de homicidios y el total de detenciones por homicidios, y luego los parearon para generar un nuevo indicador: el "número de detenciones por homicidio". Lo sorprendente es que se pudo constatar que, en los últimos años, la cifra de detenciones disminuyó significativamente pero el número de homicidios nunca dejó de crecer. Este preocupante comportamiento, según el estudio en cuestión, ha generado una brecha alarmante en 2009, último año de la estadística: 1.491 detenciones contra 16.047 homicidios, es decir, menos de 1 detenido por cada 10 casos. Pero la realidad es aún mucho más compleja: esas 1.491 detenciones no representan un detenido por caso, sino que hay expedientes que probablemente generen más de un detenido. De hecho, la detención no significa una condena. De ahí que, al concluir en firme el proceso legal contra los detenidos, la impunidad por casos de homicidios puede ubicarse por encima de 97%, según las cifras oficiales. De más está decir que para otros tipos de delitos, la impunidad es casi total en el país.
Por otra parte, el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre Venezuela muestra serias preocupaciones con respecto a la seguridad ciudadana. En el documento se revela cómo aumentaron los indicadores de violencia y delincuencia de forma alarmante en los últimos años y se destaca la impunidad como uno de los factores que más contribuyen al fenómeno de la inseguridad. El gobierno bolivariano atribuye la violencia y la inseguridad a la pobreza y la miseria en los barrios. Si es así, entonces Miraflores miente cuando pregona que ha mejorado sustancialmente las condiciones sociales en salud, educación y disminución de la pobreza en Venezuela. Estos grandes avances sociales hubieran derrotado la inseguridad, pero ha resultado lo contrario.
Lo cierto es que la impunidad genera una doble frustración en la sociedad. Un funcionario policial se desmoraliza cuando se da cuenta de que el esfuerzo invertido en atrapar a un criminal se desvanece al ver al poco tiempo al mismo criminal en la calle cometiendo los mismos delitos. De igual manera, los ciudadanos que aportan información a la policía por la vía de la denuncia, no querrán en un futuro volver a hacerlo al percibir la misma situación. Por su parte, el mensaje social que reciben los delincuentes es directo: no hay sanción, sigan con sus fechorías. De forma premeditada el Gobierno ha desmontado las instituciones del Estado, llevándolas a la sumisión absoluta ante el Poder Ejecutivo, fenómeno del cual no escapó el sistema de judicial. Si el sistema de justicia demostrara eficacia en algunos casos (emblemáticos o no) el impacto en la sociedad sería rotundo y contribuiría de forma positiva a la recuperación del Estado de Derecho en el país. Pero eso es pedirle mucho a los militares.

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