Luis Manzano, Pablo Herrera y Ronna Rísquez
El diputado a la Asamblea Nacional, Gilber Caro, señaló que un proyectil fuera de las prisiones cuesta 260 bolívares. Destacó que los funcionarios son los principales responsables de estos actos de corrupción.
Caracas. El negocio en las cárceles resulta cada vez más lucrativo para los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Ministerio para el Servicio Penitenciario, pues cualquier producto o munición que entra a las prisiones lleva un precio exagerado.
Ejemplo de esto es el valor que obtiene un proyectil, una vez pasa las supuestas barreras de seguridad, porque de 260 bolívares aumenta a 3.000 cada uno, según explicó el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Gilber Caro.
“Lo bueno y lo malo entra por la puerta de las cárceles y los funcionarios son los responsables. Si meten lo que ellos llaman un bulto, estaríamos hablando de muchísimo dinero, que les resulta muy bien”, sostuvo durante el foro Asamblea Nacional y Seguridad Ciudadana: Leyes Prioritarias, organizado por la ONG Paz Activa.
Añadió que este negocio redondo no es solamente con las armas y municiones, los alimentos, bebidas y cigarrillos les triplican el precio por meterlo hasta el centro penitenciario.
“Una bala es muy fácil de conseguir. Hay que regular los canales desde la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim)”.
Extorsiones desde la cárcel
El abogado penalista, Luis Izquiel, aseguró que desde las prisiones se cometen 90% de las extorsiones, con diferentes modalidades, debido a que los reos tienen celulares, conexión a internet y computadoras portátiles.
En los secuestros, por ejemplo, las llamadas para pedir son hechas por reclusos o jurungan las redes sociales y sacan cuentas de la capacidad económica de la víctima, para cometer el delito.
“La extorsión desde las cárceles golpea mucho al estado Guárico, sobre todo a los comerciantes, que constantemente son víctimas de extorsión”.
Y es que según los especialistas que acudieron al foro, la responsabilidad de que haya celulares, así como otros objetos prohibidos, dentro de los centros penitenciarios es responsabilidad de los funcionarios, que forman parte de la cadena de corrupción.
“Recuerdo que cuando estaba preso, el primer celular que llegó fue en 1998, y lo ayudó a pasar un GNB”, añadió el diputado Gilber Caro.
Carlos Nieto Palma, coordinador General de la ONG Una Ventana a la Libertad, agregó que el Estado ha sido negligente a la hora de solucionar este problema. “Sabemos que sacando los celulares de las cárceles no va a solucionar la crisis, pero va a ayudar mucho”.
Proyecto de ley
Los ponentes se refirieron al proyecto de Ley de Limitación de Telefonía Celular e Internet en los Establecimientos Penitenciarios, aprobado en primera discusión en la AN, y que ayudará a impedir que desde estos recintos se comentan delitos.
El ministerio deberá instalar unos equipos llamados Jammer, que bloquea la señal de celulares y de internet. Para que los reclusos se comuniquen.
Fuente: Crónica Uno
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