Términos como “ofensiva económica”, “guerra económica” o “guerra bacteriológica” son de uso común por parte de los voceros del Gobierno venezolano. Pero el lenguaje belicoso del régimen para referirse a las acciones y reacciones de la política nacional no condice con la cultura de desarme que ahora se quiere implementar en Venezuela.
En sintonía con las nuevas tecnologías, y confiando en la buena voluntad de los portadores de armas, el Gobierno presidido por Nicolás Maduro anunció en la última semana dos nuevas acciones para contrarrestar la delincuencia que azota al país petrolero.
La primera de ellas es el Plan Desarme, cuyo propósito es destruir armas ilegales, y la segunda viene en formato 3.0: una aplicación de celular llamada Patrullaje Inteligente con la que los ciudadanos podrán denunciar presuntos actos delictivos.
Venezuela ostenta el penoso récord de ser el segundo país con más homicidios en la región, siendo superada sólo por Honduras. La tasa de homicidios en el país suramericano es de 53,7 por cada 100.000 habitantes, según el Informe Global de Homicidios 2013 de la Organización de Naciones Unidas.
La cifra es respaldada por los datos que presenta el Observatorio Venezolano de Violencia. De acuerdo con esta ONG venezolana, el país culminó el año 2013 con 24.763 homicidios, que en comparación a los 21.692 decesos ocurridos en el año 2012, representan una variación de 3.071 muertes más entre ambos años.
Sin embargo, en materia de seguridad ciudadana, para 2014 el Gobierno venezolano sólo destinó 1% del presupuesto anual, según el análisis de Transparencia Venezuela.
Desde 1999, año en el que el fallecido Hugo Chávez asumió por primera vez la presidencia, se han implementado al menos 20 planes de seguridad. A pesar de estos esfuerzos, en Venezuela han ocurrido más de 200.000 asesinatos durante los últimos 14 años.
Ante esta realidad, la incertidumbre se cierne sobre las nuevas medidas que se ejecutarán para combatir la inseguridad en el país en el marco del plan nacional de seguridad Gran Misión A Toda Vida Venezuela.
En un acto realizado en el centro de Caracas, el mandatario venezolano Nicolás Maduro firmó el nuevo Plan Desarme, al cual dotó con Bs. 300 millones para la creación de un Fondo Nacional de Desarme, el cual, sin embargo, debía haberse constituido en junio de 2013, cuando entró en vigencia la legislación en la materia.
Y es que esta iniciativa no es novedosa. El anuncio de Maduro se trata más bien de un relanzamiento. La ley en cuestión, llamada Ley De Desarme, fue promovida por el expresidente Hugo Chávez con el fin de derogar una norma existente desde 2002 que, a juicio de los mismos oficialistas, era inaplicable y no correspondía a la realidad venezolana.
Ahora, bajo la remozada norma de desarme, se plantea el desarrollo del plan en 10 de los 24 Estados del país. Serán cuatro las modalidades de entrega de las armas: de manera confidencial voluntaria con y sin incentivo; y de manera no confidencial con y sin incentivos.
Entre las opciones ofrecidas por el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, para todos los que se atrevan a entregar voluntariamente sus armas, está la entrega de medicamentos y el pago de intervenciones quirúrgicas. Incluso están contempladas becas universitarias para las primeras 10 personas que entreguen sus armas voluntariamente.
El primer mandatario venezolano anunció que para complementar esta iniciativa, desde el mes de octubre se incorporaron al Plan Patria Segura 2.000 nuevas patrullas para reforzar los cuadrantes de seguridad activos en el país, en conjunto con el lanzamiento de la aplicación Patrullaje Inteligente, con la que se espera que sean los ciudadanos quienes denuncien hechos irregulares desde sus celulares.
Radio de acción insuficiente
Para el sociólogo y director ejecutivo de la ONG venezolana Paz Activa, Luis Cedeño, el Plan Desarme es sólo uno de los elementos que pudiera garantizar una política exitosa y coherente en términos de disminución de criminalidad y homicidios.
“El plan concebido como desarme voluntario está dirigido a personas portadoras de armas legales o ilegales que las poseen por un tema de defensa personal. No va dirigido al delincuente, a estos sólo los desarma la policía. La estadística va en contra de la persona que tiene el arma, ante un delincuente entrenado y con voluntad: estando armadas, nueve de cada 10 veces la víctima va a terminar muerta frente a un victimario”, explicó Luis Cedeño para PanAm Post.
El director ejecutivo de Paz Activa sostuvo que la entrega voluntaria de armas debe ir acompañada de otras condiciones, como su destrucción pública y la garantía del anonimato para quienes las entreguen, que generalmente son viudas, hermanas y madres de sus antiguos portadores. Reiteró que los esfuerzos para disminuir la criminalidad en el país no deben ser esporádicos, ni ser reactivos, como suelen ser, sino continuos.
No hay cifras oficiales sobre el número de armas que circulan en el país, pero los números más conservadores señalan que al menos hay 3 millones, de las cuales menos de 100.000 son de porte legal. “Para que se note el esfuerzo, se deben al menos inutilizar 200.000 armas anualmente, pero no estamos ni cerca de ese número”, sentenció Cedeño.
Coincide con él el abogado y criminólogo Luis Izquiel, quien declaró para Unión Radio que “tiene que haber una campaña de concienciación para que el Plan Desarme sea efectivo. En Brasil, por ejemplo, las armas no se entregaban a los cuerpos policiales. Actuaron las ONG y la Iglesia [católica] en esas entregas voluntarias. Otro punto para que tenga éxito es que sean destruidas, en Brasil se les daba un martillazo para inutilizarlas”.
El escepticismo continúa en un país donde el índice de impunidad en homicidios alcanza la alarmante cifra de 90%. No hay suficientes funcionarios y las fuerzas de seguridad no están adecuadamente dotadas para hacer frente a criminales mejores armados. La ecuación de la lucha contra la delincuencia en Venezuela tiene más de una incógnita por ser develada.
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