Caracas.- Las tarjetas, quizá, decían así: “Sábado, 17 de mayo de 2014. Lugar: Puerto La Cruz. Frente al centro comercial Regina, La Gran Parada”.
Pero tal vez la familia se encargó de invitar a todos “de boca”, como suelen planificarse las fiestas familiares informales. La idea era que el agasajo fuera sorpresa. Que ella, la niña de la casa entrara, radiante, al salón de fiesta: que los viera a todos (familiares, amigos, vecinos). Que entonces soltara una lágrima de alegría. Que los mariachis comenzaran una interpretación. Que ella bailara el vals. Que brindaran por la vida.
Mayo, 17, 2014. Es de noche. El salón decorado, y allí, los familiares, los amigos, los vecinos. Faltan los mariachis. Por eso, a los encargados de llevar a la quinceañera hasta ahí, a una amiga de la agasajada y un conocido de la familia-, les piden que todavía no se bajen del auto, y que den unas vueltas por el sector.
–Para hacer tiempo mientras llegan los músicos– les dicen.
Pero a veces el tiempo tiene vueltas amargas. Llegan a Chuparín, donde se estacionan. Y, todo cambia para siempre: pasan unos motorizados, disparan al carro: hieren a quienes estaban dentro. Los llevan de emergencia a un hospital cercano: allí fallece la quinceañera, la misma madrugada en la que debía celebrar su vida.
Al otro día se supo que los culpables de la tragedia tenían casi la misma edad de la víctima. A las 10:00 am fueron abatidos en un supuesto enfrentamiento con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el cerro El Guarataro. Eran de la banda de “el antony”.
Eran casi niños: uno de 17 años y uno de 15, apodado “el pupy”.
Ellos dos son parte de los 10 adolescentes que murieron el año pasado en Anzoátegui a manos de cuerpos de seguridad del Estado, casi todos (80%) en presuntos enfrenamientos.
Ellos, como otros 411 menores de edad, aparecieron en las páginas de sucesos de El Tiempo involucrados en hechos delictivos. Este último dato sitúa a la entidad a la cabeza de un ránking nada honorable: es donde hay más chamos al margen de la ley.
Los dos jóvenes implicados en el asesinato de la quinceañera, que terminaron muertos contribuyeron a que Anzoátegui esté en el top five de los estados en los que se registró más violencia institucional (agresiones de funcionarios policiales) hacia niños, niñas y adolescentes.
Esas estadísticas dibujan este fenómeno: hay, en Anzoátegui, chamos delincuentes –quizá más que en otras entidades, que son ultimados por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado (ver gráficos)
Perfil difuso
Esos datos los reportó la última investigación divulgada por Cecodap, una organización no gubernamental dedicada a la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia-.
Son cuentas poco esclarecedoras, porque apenas refieren los casos publicados por la prensa venezolana, nueve diarios nacionales y 34 regionales –en Anzoátegui sólo se consideró a El Tiempo-) sobre la forma en que la violencia impacta a la niñez y adolescencia.
“No podemos generalizar, no es la totalidad de los casos”, advierte Carla Villamediana, quien coordinó el estudio.
Es decir, pudieran ser más. Por eso, aunque la fotografía que arroja el registro hemerográfico de Cecodap es difusa, no deja de ser alarmante.
Hay, por ejemplo, números como estos: en 2014 se registraron 126 niños, niñas y adolescentes abatidos en el país a manos de cuerpos de seguridad, de los cuales 108 murieron en enfrentamientos (lo que significa un aumento sustancial, porque en 2013 fueron 70). Y es la segunda causa de asesinatos a jóvenes en el país.
Villamediana acotar: “No en todos los casos se trató de violación de derechos humanos”, y advierte que cada vez hay más chamos involucrados en hechos delictivos: fueron 2 mil 309 en 2014 en todo el país, según el conteo de Cecodap, de esos, 36.03% estuvieron vinculados con robos, 13.25% con narcotráfico y 11.43%, como los abatidos en el caso de la quinceañera, en homicidios.
La región en rojo
En Anzoátegui, de los 10 ultimados por fuerzas del orden, ocho fallecieron en enfrentamientos, uno en una violación de derechos humanos, uno en un hecho accidental. Tenían, en promedio, 16 años.
Esos casos ocurrieron 90% entre Puerto La Cruz y Barcelona, y las instituciones involucradas en esos hechos fueron la Policía Nacional Bolivariana, Polianzoátegui, Polisotillo y el Cicpc.
El contexto en el que ocurrió esa decena de casos no estuvo del todo claro para los periodistas que redactaron las notas, porque la mayoría de las veces contaron con una sola versión: la de la familia o la de los policías”.
“No podemos hacerles seguimiento a los casos. Hay algunos que quedan heridos en enfrentamientos (en Anzoátegui fueron entre cinco y nueve): no sabemos cuáles fallecen luego o quedan con discapacidad. Y no podemos comparar con nada, porque no hay un Anuario de Mortalidad actualizado ”, insiste Villamediana.
Más jóvenes
Los últimos informes anuales del Ministerio Público (MP) refuerzan lo reportado por Cecodap: también muestran un incremento en las acusaciones a adolescentes como autores de hechos delictivos. En 2009 fueron 13 mil 28 chamos y en 2013 se contabilizaron 23 mil 786.
Ni las cuentas de Cecodap, ni las del Ministerio Público sorprenden a Luis Cedeño, sociólogo y director de la ONG Paz Activa, porque, asegura, retratan el perfil del joven delincuente de hoy.
“Entre los 9 y los 11 años ya comienzan a observar conductas delictivas en el entorno, y entre los 12 y 13 están en las bandas. Esas edades han disminuido: comienzan muy temprano, y a los 19 o 20, si llegan, ya tienen mucha experiencia”.
Francisco Javier Gorriño, subcomisario jubilado del Cicpc, abogado y criminólogo, coincide con Cedeño: “Cada vez la edad de iniciación en delitos es menor. Para ellos, matar es una forma de demostrar que son más grandes: les da reconocimiento”.
Aunque sean victimarios, también son víctimas. Carlos Trapani, especialista en derechos de niñez y adolescencia, sostiene: “Hay que entender que muchos de esos chamos están en una pobreza que los arropa y los atrapa, donde hay muchas carencias y muchas ausencias”.
Resistencia familiar
Los allegados a los 10 chamos muertos a manos de las policías en la entidad declararon a El Tiempo que los muchachos eran inocentes. “Es natural que ocurra, es algo de naturaleza humana”, asegura Cedeño. “La querencia está por encima de todo”, dice Gorriño.
Aunque sea así en muchos casos, los especialistas dudan de que todos los caídos ante funcionarios policiales sean realmente delincuentes.
“Hay un porcentaje de inocentes que registran como ´resistencia a la autoridad´. En el interior del país ocurre mucho. Es difícil saber cuáles son los casos de violaciones a derechos humanos, en cuáles fueron enfrentamientos y en cuáles se aplicó el uso proporcional de la fuerza. Habría que hacer esa investigación, no se ha hecho. Algunos se aprovechan de que la familia no denuncia”, sostiene Cedeño.
Por eso el experto recomienda a los familiares denunciar. Es una vía, señala Gorriño, para verificar que el funcionario actuó en legítima defensa: “El enfrentamiento puede demostrarse criminalísticamente, y si no, es un homicidio como cualquier otro. Sé que hay un número importante de policías en prisión por dudas sobre su actuación en presuntos enfrentamientos”.
¿Qué hacer?
Cecodap presentó recomendaciones puntuales al Estado Venezolano, entre ellas: implementar medidas de prevención, con énfasis en adolescencia; especial atención a la población de adolescentes agresores, formación a funcionarios públicos y policiales, brindar patrones de crianza y masculinidad, implementar un desarme efectivo.
Fuente: El Tiempo (Erick Lezama Aranguren)
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