La seguridad ciudadana se entendió en el siglo XX como una estrategia de cómo defender al Estado frente a los embates de los movimientos sociales emergentes que generaron violencia en su momento y en cierta medida los hechos delictivos que se manifestaban y que amenazaban con el funcionamiento de las actividades del día a día de los ciudadanos y de las instituciones. El enfoque ha ido migrando al tener al ciudadano como el centro y beneficiario de la seguridad ciudadana sobre el bienestar del Estado y su estabilidad. La seguridad ciudadana se ha convertido en un servicio y un derecho humano que debe ser satisfecho por el Estado. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha venido desarrollando programas de seguridad y convivencia ciudadana exitosos en varias ciudades del mundo, y ellos definen la seguridad ciudadana de la siguiente manera:
“…la seguridad ciudadana es concebida como un tipo de protección circunscrito a las amenazas provenientes de actos violentos o criminales… las políticas de seguridad que tradicionalmente se centraban casi con exclusividad en la estabilidad estatal y la conservación del régimen, corren y amplían su foco de atención en el bienestar de las personas y los Derechos Humanos…”[1]
La seguridad ciudadana ha adquirido dimensiones multifactoriales que han permitido analizar la problemática fuera del enfoque meramente represivo como ha sido tradicional en Venezuela y en otros países del hemisferio. Se debe ahora dirigir los esfuerzos hacia políticas de prevención que permitan un verdadero impacto en la disminución de lo índices delictivos que vive el país en la actualidad. Esta es nuestra labor eminente y obligatoria para disminuir los niveles de violencia y delincuencia en el país.
Consulta el documento PNUD en este vínculo: http://www.savefile.com/files/2099280
[1] LAC-SURF-PNUD
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