lunes, 24 de noviembre de 2014

¿Qué debería contener la Ley contra la Corrupción?

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La lucha contra la corrupción se ha convertido en bandera del discurso político oficial, reiterada en cada intervención por el Presidente de la República Nicolás Maduro. Sin embargo, fue en el cierre de los 365 días de poderes especiales del Primer Mandatario cuando se promulgó la reforma a la Ley que enfrenta más directamente al flagelo.

Mientras se espera que sea difundido el contenido detallado de la modificación, oficializada este viernes en la Gaceta No. 40.544, se conoció a modo de adelanto en la cadena nacional del pasado miércoles que los cambios estarían orientados a contemplar sanciones para el soborno a nivel nacional e internacional, así como a la creación de un Cuerpo y una Policía Nacional contra la Corrupción.

El sociólogo Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, declaró a Globovision.com que la corrupción “es uno de los delitos que más socava las bases de la democracia en cualquier Estado”. En 2013, de hecho, el Observatorio de Delito Organizado de esta agrupación civil realizó una encuesta trienal a 600 familias venezolanas. La mayoría, reseñó, concibe a la corrupción como el principal delito de este tipo ocurrido en el país y 60% opinó que en ella participan “muchos funcionarios públicos”.

En el último informe de Transparencia Internacional, Venezuela fue catalogada como el segundo país de Latinoamérica con niveles más altos de corrupción, al obtener 20 puntos de 100. En la región, solo fue superada por Haití, con 19.

Tres caminos a la solución

El defensor de Derechos Humanos y director de la ONG PROVEA, Marino Alvarado, aplaudió los esfuerzos estatales por controlar y detener los niveles de corrupción en Venezuela. En es marco añadió que, para que sean exitosos, las labores deben orientarse a tres niveles de acción: el preventivo, el de investigación y sanción y el de reparación a las víctimas.

A su juicio, la legislación, y lo anunciado como nuevas variaciones, parecen enfocadas al área sancionatorio, sin abarcar por completo a los otros dos niveles.

Sobre el caso, Cedeño percibió como positivo el enfoque hacia la lucha contra la impunidad para enfrentar los niveles de corrupción, pero añadió que “además de contemplarse en el marco legal, las sanciones deben aplicarse en el área funcional”. Para el sociólogo, “los niveles punitivos sobre un delito no son suficientes para detenerlo y eso se ha probado en Venezuela. Para funcionar debe engranarse la Ley con una verdadera acción de los tribunales”.

De acuerdo con información del Ministerio Público, el país cuenta actualmente con 49 Fiscalías para atender casos de corrupción.

Información como prevención

Con relación al área preventiva, el Presidente de la República indicó que una de las labores del Cuerpo Nacional contra la Corrupción será “difundir campañas preventivas” sobre el tema.

Alvarado añadió que otro de los métodos que deben garantizarse, por ser valorado internacionalmente como forma para reducir posibilidades de corrupción, es la divulgación puntual y completa de la memoria y cuenta de cada institución del Estado. A su juicio, a pesar de que la legislación así lo exige, “al menos 70% de los ministerios no tiene publicados sus últimos informes en su página web y cada vez es más difícil acceder a fuentes oficiales. Esto dificulta la contraloría ciudadana y favorece el ocultismo”.

Mirar a las víctimas

En la Ley contra la Corrupción se establece como parte de la sanción a los señalados de haber cometido un delito la obligación de reivindicar su daño frente al Estado. Como defensor de los Derechos Humanos, el director de PROVEA sugirió añadir una consideración de indemnización a las personas que se convierten en víctimas de algún caso de corrupción. 

“Cuando alguien, por ejemplo, le paga a un juez para que guíe la justicia hacia un sector en particular, a la otra parte se le vulnera su derecho a la justa administración de justicia”.


Globovisión

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