(REDACTA).- Criminólogos y policías cuentan que, en el barrio, el "hierro" es visto como una suerte de "santo protector". Preocupado por la alta disponibilidad para la sociedad civil del instrumento de trabajo del hampa por excelencia, el director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, refiere que más de 95 por ciento de los homicidios que enlutan el país son perpetrados con armas de fuego cortas.
Para más especificidad, ocho de cada diez son asesinados con una 9 milímetros. "El arma que se utiliza con mayor frecuencia en delitos y homicidios en Venezuela, es casualmente la misma que emplean los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional". El desconocimiento de cuántas armas ilegales (y legales) andan por el territorio es, precisamente, parte del problema. En septiembre pasado causó revuelo una aproximación, pese a su amplio margen. Según el entonces presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, Juan José Mendoza (PSUV), entre 9 y 15 millones de pistolas y revólveres legales e ilícitos están en poder de la población civil.
El activista de derechos humanos Rafael Narváez coincide con la cifra, más conservadora, de 6 millones de armas que años atrás difundió Amnistía Internacional, de las cuales 75 por ciento carecía de registro. "Si lo que dijo ese diputado es verdad, es sumamente grave. Pero lo cierto es que no hay un banco confiable de datos sobre cuántas son". Según el especialista, el año pasado el Darfa (encargado de expedir los permisos) habría contabilizado 500 mil portes de arma y 1 millón 500 mil solicitudes.
Grupos focales e investigaciones cualitativas han permitido conocer a los promotores de Paz Activa que un arma es, en zonas populares, un producto de fácil acceso que incluso se ofrece en alquiler. Como en esto, Cedeño lamenta que tampoco haya control de la fábrica y venta de municiones. ¿Qué hacer? Narváez, presidente de la ONG Defensa por los Derechos Civiles, responde sin titubeo que hay que eliminar las armerías. "¿Cómo es posible que sigan funcionando con una complicidad de su fabricante Cavim, si se está tratando de eliminar el porte de armas?", cuestiona, antes de mostrarse de acuerdo con desarmar a la población civil y carcelaria. Por radical que parezca, Cedeño también es de los que piensan que lo ideal sería un desarme total de la población: Que no exista el porte de armas ni siquiera legal; que sea de uso exclusivo de los cuerpos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada, elucubra en un escenario ideal.
En manos comunes A los antisociales los desarma la policía pero, ¿quién hace lo propio con los civiles? "El gran grueso de las armas que circulan ilegalmente está en manos de ciudadanos comunes. No hay ocho millones de delincuentes en el país. Hay un número no definido de personas que tienen armas de forma ilícita y que creen que los van a defender", asevera Cedeño. Y es que hay trecho largo entre la percepción del portador y las estadísticas: un ciudadano común, armado legal o ilegalmente, tiene diez veces más posibilidades de morir con el instrumento en mano, que sin él.
El sociólogo y titular de Paz Activa plantea un esquema de desarme, basado en tres preceptos además de la educación ciudadana: que la entrega sea voluntaria, que se garantice el anonimato y la amnistía legal (la no persecución si el aparato tuviera antecedentes) y su destrucción inmediata y pública y no de acuerdo con una indemnización; precepto incumplido de la legislación vigente en la materia.
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